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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

AVALES A LAS HIPOTECAS, UN REGALO A LOS BANCOS

ECONOMÍA, GOBIERNO Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Mar, mayo 30, 2023 11:50:36

Es ya un tópico afirmar que las promesas electorales están para no cumplirse, pero pocos añaden que hay que alegrarse de que no se cumplan. Sánchez ha sido siempre muy fecundo en eso de prometer; menos mal que es reacio a cumplir, porque muchos de sus compromisos son pintorescos o perjudiciales. En su desenfreno prometedor ha recurrido incluso a alguna oferta de la oposición, que tampoco en esto ha estado muy acertada. Rajoy había planteado que el Estado avalase en los créditos hipotecarios el 15% del valor del inmueble; Sánchez, para no ser menos, lo eleva al 20 o al 25%.

Variaciones aparte, caen en los mismos errores; aunque hay que reconocer que, formulada por el presidente del Gobierno, la promesa aparece más contradictoria y descabellada. No es preciso devanarse los sesos para llegar a la conclusión de que la medida constituye un obsequio a las entidades financieras, lo que no puede por menos que resultar chocante en un Gobierno que se vanaglorió de gravarlas con un impuesto específico sobre los ingresos que, por cierto, se aparta de los principios más elementales de la Hacienda Pública, que considera que la base imponible deben ser los beneficios.

En cualquier caso, lo que aparecía ya entonces como bastante evidente es que existía una gran probabilidad de que el gravamen terminase repercutiendo sobre los clientes. El Gobierno en la aprobación se comprometió a impedirlo, lo que sin duda era un objetivo imposible, una ingenuidad o un intento de engañar al personal. El 4 de agosto del año pasado publiqué en estas mismas páginas un artículo titulado “Un impuesto a los depósitos bancarios”, en el que mantenía que pretender impedir la transmisión del gravamen era una estupidez o un embuste.

Las entidades financieras tienen múltiples medios de trasladar a los clientes sus cargas, a no ser que se instaure una intervención en el sistema financiero como la que implantó el franquismo, lo que no casa muy bien con estar en la Unión Europea. La banca cuenta, a primera vista, con un mecanismo automático de transmisión del tributo. Solo tiene que no hacer nada, no elevar las retribuciones del pasivo, que es lo contrario que en condiciones normales harían al haber subido el BCE los tipos de interés. En realidad, eso es lo que está ocurriendo actualmente. Los bancos españoles, que son a los que se les ha impuesto el tributo, apenas están subiendo, a diferencia de los extranjeros, la retribución de los depósitos.

Por otra parte, las entidades financieras han acudido a los tribunales. Sería realmente paradójico, pero indignante, que terminasen ganando el recurso y hubiese que devolverles el gravamen que han pagado los clientes. Como se ve, el “Gobierno del progreso” -teóricamente látigo del capital y de los bancos- puede terminar beneficiando considerablemente a estos últimos, por una parte, ingresándoles la recaudación de un impuesto que no han soportado y, por otra, corriendo en buena medida el Estado con el riesgo de los créditos hipotecarios que se concedan. Es lo que sucede cuando se actúa únicamente por demagogia y por rentabilidad política.

Al menos, en esta ocasión Podemos se ha dado cuenta de los efectos negativos de la última medida y se ha opuesto a ella. Bien es verdad que lo ha hecho con la boca pequeña, porque ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, en el que cinco de sus miembros son de esta formación política, y hay que recordar que los acuerdos del Gobierno se toman por unanimidad. Nos hemos acostumbrado a que, a pesar de ello, los ministros tanto de Podemos como del PSOE eludan su responsabilidad, según les convenga, predicando la decisión como tomada en exclusiva por la otra parte del Gobierno, como si ellos estuviesen de meros oyentes.

Sánchez ha vendido la medida como ayuda a los jóvenes, pero en realidad puede ser un regalo envenenado. El aval solo les va a servir para obtener un crédito mayor que, como es lógico, acarreará una cuota de amortización más elevada. Se puede generar un cierto espejismo, empujando al demandante del crédito a suscribir una deuda a la que probablemente no podrá hacer frente, principalmente si es a interés variable, tal como se está viendo en los momentos presentes en los que el BCE ha subido los tipos de interés.

De hecho, la norma, quizás no escrita, de que la banca conceda el crédito hipotecario tan solo por el 70 o el 80% del valor del inmueble es una pauta de prudencia destinada a minimizar el riesgo de impago. Esta forma de actuar se generaliza después de la crisis del 2008, aconsejada en buena medida por la expansión excesiva de las hipotecas y por el vicio de las entidades financieras de conceder créditos por encima del precio de la vivienda.

Conviene recordar la explicación en clave de humor que proporcionaba el profesor e ingeniero Leopoldo Abadía, y que le hizo popular, acerca de la crisis de 2008 a la que bautizó con el nombre de NINJA (‘no income’, ‘no jobs’, ‘no assets’); es decir, sin ingresos, sin empleo fijo, sin propiedades. Remitía a ese tipo de clientes a los que la banca americana concedía hipotecas por encima del monto de tasación de la garantía, situación que había estado en el origen de las hipotecas subprime. Era similar a una parodia representada en la televisión inglesa por dos humoristas, John Fortune y John Bird, que tenía por objeto la interpretación del mismo fenómeno. Ambas caricaturas se referían a los bancos americanos, pero hubieran sido perfectamente aplicables a los españoles.

En esta ocasión no parece que las concesiones de créditos por el cien por cien de la vivienda puedan representar un peligro para la insolvencia de los bancos, ya que el riesgo de mora lo soportará en primer lugar el Estado. Eso no quiere decir que no se produzcan efectos negativos para la sociedad, y más concretamente para el erario público, que tendrá que hacerse cargo de los impagados.

Aunque pueda parecer, y así se quiere vender, que la medida aprobada tiene una finalidad social, y que posee un efecto beneficioso para los demandantes de hipotecas, lo cierto es que en todo caso no serán precisamente las clases bajas las beneficiadas. No hay más remedio que reconocer que en estos momentos en España la compra de una vivienda no está al alcance de todo el mundo, y mucho menos si se está al principio de la vida profesional. Cuando se habla del problema de la vivienda habría que referirse más bien al problema de los salarios. No es tanto que los precios de los inmuebles estén desbocados, cuanto que los salarios en España están excesivamente bajos y, por desgracia en buena parte, ocasionados por una menguada productividad.

Es posible que en otras épocas la especulación fuese un ingrediente esencial en el mercado de la vivienda, pero hoy en día, atendiendo únicamente al coste de la construcción y al valor del suelo que lógicamente es distinto según su situación, el precio estará alejado de las disponibilidades económicas de una gran parte de la población, en especial cuando se encuentren al principio de la vida laboral. Subvencionar la compra no es precisamente ayudar a las clases bajas y a los jóvenes. Es difícil saber de dónde ha sacado el Gobierno los 50.000 beneficiados. Bien es verdad que esa es la marca de la casa: facilitar cifras que después no se cumplen en absoluto.

En España la política de vivienda ha sido siempre regresiva. Quizás como herencia del franquismo. Tanto a través de la construcción pública como mediante deducciones fiscales se ha primado principalmente la compra, cuando se debería haber potenciado el alquiler. En este mercado las Administraciones Públicas tendrían que haber incrementado la oferta bien por la edificación directa bien por la movilización de la acción privada.

El Gobierno, que ahora en campaña electoral tanto cacarea sobre el problema de la vivienda, no ha construido ni una sola casa dedicada al alquiler y, lo que es aún peor, ha legislado de tal manera que ha ahuyentado la iniciativa privada, lo que ocurrirá aún más con la nueva ley recientemente aprobada. Puestos a conceder avales, el Estado debería avalar el alquiler de los más vulnerables o necesitados con la finalidad de conceder seguridad jurídica a los propietarios, movilizando la oferta, de manera que estuviesen dispuestos a alquilar incluso a aquellos que presenten menos seguridad de poder abonar la renta en el futuro.

republica.com 25-5-2023



LA PAZ SOCIAL Y LA PRODIGALIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

ECONOMÍA, GOBIERNO, MERCADO LABORAL, SINDICATOS Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Sáb, mayo 20, 2023 09:56:17

Uno de los sofismas más utilizados por Sánchez y el actual Gobierno es contraponer la crisis del 2008 a la actual. En realidad, no se pretende comparar las crisis en sí, sino las respuestas dadas a ellas por los distintos gobiernos. Según dicen, dos modelos: el de la derecha y el del gobierno de progreso, es decir, el de Frankenstein. Dolor y lágrimas entonces, un camino de rosas en la actualidad.

Se olvidan de que no era la derecha la que estaba en el poder en 2008, sino el Gobierno “ilusionante” de Zapatero, que fue el primero que se vio obligado a los ajustes, y en una cuantía muy considerable, hasta el punto de dar lugar al surgimiento del movimiento del 15-M. No contemplan tampoco que las crisis puedan ser muy diferentes y, de hecho, la actual es radicalmente distinta de la anterior. Pero es que, además, las consecuencias negativas para los ciudadanos que se han producido en uno y otro caso solo son diferentes en apariencia.

Ya en el artículo de la semana pasada señalaba cómo en esta crisis, mediante la inflación, se producen tantos o más recortes presupuestarios que en la pasada, y me refería en concreto a los empleados públicos, cuyas retribuciones se van a ver mermadas en mayor medida que en la anterior crisis.

Pero es que los ajustes ni en la crisis pasada ni en la actual impactan únicamente en los funcionarios, sino que afectan a la mayor parte de la población; por supuesto, a los trabajadores del sector privado cuyos salarios reales se encuentran entre los que más se han minorado de todos los países de la OCDE. En la anterior crisis, el fuerte desequilibrio creado en el sector exterior por los Gobiernos de Aznar y Zapatero y ante la imposibilidad de depreciar la moneda, fue preciso hacer una devaluación interna de precios y salarios que, como siempre, afectó principalmente a las retribuciones de los trabajadores reduciéndolas de forma significativa. Me temo, sin embargo, que, en la actual y debido al desfase entre precios y salarios, la diminución en términos reales va a ser mayor.

Se acaba de firmar un acuerdo social entre los sindicatos y la CEOE que no tendría que dejar muy contentos a los trabajadores. Constituye una recomendación para que en los futuros convenios sectoriales y de empresa se estipulen incrementos de sueldos de un 4% en 2023, y de un 3% en 2024 y en 2025. Habrá que ver si la tasa de inflación para esos años se comporta con la moderación que el acuerdo prevé, ya que la posibilidad de revalorización se fija como máximo en un punto. No está nada claro que la inflación se vaya a controlar en los próximos ejercicios, cuando los gobiernos están dejando solo al BCE en el control de los precios.

No obstante, el problema central, del que el acuerdo no trata en absoluto, es la revisión de precios para 2022 (incluso para 2021), que fue cuando realmente se produjo el desfase entre los salarios y la inflación. En realidad, este era el verdadero punto conflictivo -del que la CEOE no quería ni oír hablar- y el que estaba obstaculizando el acuerdo.

Resulta muy curioso que una semana después de la manifestación del primero de mayo -en la que los sindicatos, jaleados por algunos ministros, vociferaban contra los empresarios, amenazando con disturbios, conflictos y huelgas- se entreguen a la patronal con armas y bagajes, se avengan a ratificar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores para 2022 y que esta pérdida se consolide para el futuro. Parece ser que todos los gritos del 1 de mayo eran meras bravuconadas. Quizás tuvieran por objetivo preparar la rendición, de manera que esta no apareciese como tal. 

Lo más irónico de la situación es la inmediata comparecencia de Sánchez anunciando que en España, al contrario que en otros países, reina la paz social, resultado del buen hacer del Gobierno. Alguien podría haber añadido que es la paz de los cementerios, la paz por incomparecencia de uno de los contrincantes, la conseguida a base de la debilidad de los sindicatos, que han dejado de ser de clase para convertirse en sindicatos de cámara, palaciegos, que se refugian entre los faldones del Gobierno y que son incapaces de conseguir algo por sí mismos. Parece que la autonomía sindical ha pasado a mejor vida y que las organizaciones sindicales se han convertido de nuevo en correa de transmisión de las fuerzas políticas.

Pero el ajuste en esta crisis, debido a la inflación, no recae únicamente en los recortes presupuestarios o en las retribuciones de los trabajadores, sino en la mayoría de la población a través de otros mecanismos, especialmente mediante la actuación del BCE. El hecho de que los gobiernos le hayan dejado solo en el control de la inflación obstaculiza y retrasa la consecución de este objetivo. La autoridad monetaria se ve obligada a subir una y otra vez los tipos de interés, con graves consecuencias para todos aquellos que están  endeudados a tipos variables, sea mediante hipoteca o no.

Hace unos días, el BCE, siguiendo la senda marcada por la Reserva Federal, subió un cuartillo el tipo de interés. Los bancos centrales, ante las turbulencias financieras ocurridas recientemente, tienen que proceder con suma cautela, pero al mismo tiempo no pueden dejar de actuar, no solo porque sea su misión, sino porque si la subida de tipos tiene efectos muy dañinos para un buen número de ciudadanos, la cronicidad de la inflación los tiene mayores.

Por eso se entiende mal la postura adoptada por las autoridades europeas y los gobiernos de los distintos países actuando como si la inflación no fuese con ellos, dejando su control como cometido exclusivo del BCE. Se produce la paradoja de que este organismo y los gobiernos practican políticas opuestas entre sí. Mientras que el primero, mediante la subida de los tipos de interés, pretende reducir la demanda, los Estados nacionales aplican una política fiscal expansiva que la incrementa.

La actuación de los gobiernos -y en un puesto de honor el de España-, incrementando el déficit, principalmente mediante la aprobación de una serie de gastos sin demasiado sentido, muchas veces ocurrencias, tiene como única finalidad mostrarse magnánimos ante los ciudadanos y obtener así una rentabilidad política. Lo cierto es que se ocultan los efectos negativos que tal política tiene, al obligar al BCE a radicalizar sus actuaciones y permitir que la inflación dure más de lo que sería necesario y conveniente. Lo que a menudo se presenta como política social puede volverse en contra de los ciudadanos cuando se tiene en cuenta el coste de oportunidad y que el saldo es negativo.

Resulta bastante incomprensible que la Comisión tenga suspendidas las normas fiscales en estos momentos. Es posible que haber mantenido la excepcionalidad al principio de la pandemia fuese lógico, pero se debería haber vuelto a la normalidad tan pronto como apareció la inflación, de manera que la política fiscal y la política monetaria actuasen en la misma dirección. Resulta extraña la parsimonia con la que la Comisión se ha tomado el retorno a la disciplina presupuestaria.

La verdad es que también en esta materia la Unión Europea se está cubriendo de gloria. En la pasada crisis se pasó de frenada en el afán de imponer el rigor en los ajustes fiscales, aun cuando no existía inflación. Incluso en los años en los que el BCE se esforzaba en aplicar una política monetaria expansiva con el objetivo de reactivar la economía, y Draghi rogaba a los gobiernos que colaborasen mediante la política fiscal, esta, sin embargo, continuó siendo restrictiva, ya que las autoridades nacionales hicieron oídos sordos, y siguieron más bien las indicaciones de la Comisión. No prestaron ninguna atención a las quejas del presidente del BCE que les recordaba que la política monetaria tenía sus limitaciones a la hora de expandir la actividad económica, tal como había señalado Keynes con la metáfora de que se podía llevar el caballo al abrevadero, pero no se le podía obligar a beber.

Por el contrario, en la actualidad, en presencia de una tasa de inflación muy elevada y alarmante, la Comisión y los gobiernos nacionales mantienen una política fiscal totalmente laxa que dificulta y contradice las actuaciones del BCE dirigidas a controlar los incrementos en los precios. Los gobiernos se guían exclusivamente por el beneficio político que les puede proporcionar una postura pródiga en el gasto público, sin sentirse responsables del coste que las medidas pueden ocasionar en el área monetaria y en los precios.

Europa cae una vez más en una especie de esquizofrenia en la que la actuación de la Comisión y de los Estados nacionales va en dirección contraria a la del instituto emisor. Ese es, entre otros, el peligro cuando se está en una unión que es solo parcial, en la que si bien hay una integración monetaria se carece de ella casi por completo en el ámbito fiscal y presupuestario.

republia.com 18-5-2023



EL PLAN DE DISCIPLINA FISCAL DEL GOBIERNO

ECONOMÍA, GOBIERNO, HACIENDA PÚBLICA Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Lun, mayo 15, 2023 09:18:51

La ministra de Hacienda, que hasta ahora no se ha enterado de casi nada y ha asistido de oyente cuando el Consejo de Ministros tomaba decisiones sobre ingresos y gastos públicos, ha salido de su letargo para comunicarnos que nuestro país se ha adelantado al programa de disciplina fiscal que plantea la Comisión Europea. El papel lo aguanta todo, y por prometer que no quede. Así que nos dice la  señora ministra que el déficit público, que fue del 4,8% en 2022, pasará al 3,9%, 3%, 2,7% y 2,3% para los años 2023, 2024, 2025 y 2026 respectivamente.

Esas promesas hechas en este momento -a unos meses de las elecciones generales y planteadas por un gobierno que muy posiblemente no esté en el poder los próximos años y si lo está, dará igual porque donde dijo digo, dirá diego- son un mero brindis al sol y una pompa de humo, mera propaganda electoral que parece ser lo que pretende hacer la señora Montero. De ahí que sea interesante analizar su discurso. Nos dice que este ajuste presupuestario se realizará sin recortes en el gasto público, tan solo mediante el incremento de los ingresos como consecuencia del mayor crecimiento económico y del empleo. Esto es, que aprovecha la ocasión para repetirnos el relato triunfalista del presidente del Gobierno y de la ministra Calviño acerca de lo bien que van la economía y el mercado de trabajo, todo gracias a los esfuerzos y la sabiduría de este Ejecutivo de progreso.

Centrémonos de momento en la feliz idea de que el ajuste se está haciendo sin recortes en el gasto público. A pesar de los muy profundos conocimientos de Hacienda Pública que posee la ministra, es posible que no haya caído (o a lo mejor sí, solo que pretende hacernos el truco del trilero) en que la inflación incrementa de forma casi automática los ingresos públicos y en que, si no se eleva el gasto en la misma cuantía, se produce un recorte en términos reales en todas aquellas partidas que no se hayan revalorizado.

Por ejemplo, al haberse elevado en líneas generales estos años el sueldo de los empleados públicos en un porcentaje bastante menor que los precios, se están sometiendo tales retribuciones a un ajuste superior al que efectuó Zapatero en esta partida, que fue el más cuantioso de los aplicados durante la pasada crisis financiera; por término medio un 5% en todos los conceptos y que se consolidó en los años posteriores, hasta el momento actual. El de Rajoy fue, en contra de lo que se dice, mucho menor, únicamente se eliminó la paga extraordinaria de Navidad de 2012, supresión que no se transmitió a los años siguientes, y además se devolvió más tarde.

No deja de ser paradójico que el mismo gobierno que conmina a los empresarios para que suban los salarios del sector privado se niegue a subir los del público. Y paradójico es también que los sindicatos se manifiesten codo a codo con los ministros en contra de la CEOE, pero no reclamen al Gobierno que adecue los sueldos de los empleados públicos a la inflación.

Aun cuando la ilusión monetaria pretenda ocultarlo, el recorte que van a sufrir en sus retribuciones los funcionarios -y que va a ser bastante mayor que el que padecieron en la crisis financiera (entonces apenas había inflación)- se repite en la mayoría de las restantes partidas del gasto público: subvenciones, seguro de desempleo, inversiones, etc. Quizás el único capítulo en el que de forma clara se puede mantener que no se ha producido este fenómeno sea en el de pensiones, ya que se actualizaron de acuerdo con la subida de los precios. A pesar de las muchas críticas surgidas por esta revalorización, hay que decir que no se ha hecho nada extraordinario, simplemente no utilizar el recorte en esta partida para ajustar el déficit público tal como se ha hecho con las demás.

España ha reducido en dos años el déficit fiscal a la mitad: del 10,1% del PIB en 2020 al 4,8% en 2022. No es verdad que este ajuste fiscal, según afirma la ministra, se haya realizado sin recortes en las partidas de gastos. Hemos visto que, debido a la inflación, los ha habido y los continúa habiendo. Reconocerlos -y que se realizan escondidos mediante la subida de los precios- no es óbice, sin embargo, para aceptar que al mismo tiempo el Gobierno se ha prodigado en ocurrencias adoptadas sin demasiada lógica que, a su vez, han podido colaborar al desequilibrio presupuestario.

La ministra doctora en medicina explica esta reducción del déficit exclusivamente por el incremento de los ingresos, provenientes, según el discurso oficial, de “un sólido crecimiento económico, superior al de los países de la Unión Europea, y al dinamismo en la creación de empleo, con un récord en la afiliación a la Seguridad Social”. Veamos lo que hay de verdad y de falacia en este relato. Ya hemos visto que lo de exclusivamente sobra porque debido a la inflación se están produciendo recortes en ciertas partidas de gasto. Citar aquí la creación de empleo y el aumento en la afiliación a la Seguridad Social no tiene demasiado sentido porque, al margen del caos que se ha creado con las estadísticas, solo influirán en los ingresos públicos y, por lo tanto, en el déficit si esos datos están acompañados de crecimiento económico, y en tal caso resulta redundante. En el supuesto contrario, si lo único que se hace es repartir el trabajo y un número mayor de trabajadores produce lo mismo, no tienen por qué incrementarse los recursos de Hacienda.

Fijémonos, por tanto, en las variaciones del crecimiento o decrecimiento económico, que sin duda sí intervienen en el déficit público y, además, al expresarse este como porcentaje del PIB lo hacen por dos vías. La primera, directamente al aumentar o disminuir el denominador; la segunda, al variar el numerador, es decir el valor absoluto del saldo presupuestario, mediante la mayor o menor recaudación, según el PIB aumente o disminuya.

Como acabamos de afirmar, esta dependencia se produce en los dos sentidos, tanto cuando la economía crece como cuando disminuye. Si en 2021 y en 2022, el PIB español se ha incrementado (el crecimiento robusto del que habla el Gobierno) y, más que en la mayoría de los países europeos, es tan solo porque en 2020 se desplomó más que ninguno de ellos (un 11,3 % en términos reales), de tal manera que, a pesar de estos dos últimos años de crecimiento, España es el único país de la Unión Europea (UE) que aún no ha recuperado los niveles económicos previos a la crisis. Es un récord del que este Gobierno no puede estar orgulloso.

Todo ello tiene también su traslación a las finanzas públicas. Si en dos años (2021 y 2022) el déficit público se ha reducido casi a la mitad, es porque en 2020 había adquirido una cuantía difícilmente sostenible (10,1%), mayor que el de todas las economías de la UE, muy por encima de la media (6,7%); y siendo Grecia (9,9%), Italia (9,5%) y Francia (9,0%), los países que más se le acercaban.

Pienso que esto tampoco es para que el Gobierno se ponga medallas. Es más, a finales del año pasado el déficit público de España estaba a la cabeza de la Unión Europea, solo superado por los de Italia, Hungría y Malta. En cuanto al stock de deuda pública, se sitúa también en cuarto lugar (el 113,2%), por debajo únicamente de Grecia (171,3%), Italia (144,4%) y Portugal (113,9%).

Estas cifras son las que servirán de base a la Comisión para establecer la senda de ajustes presupuestarios, si es que se aprueban sus planteamientos. España está ya clasificada como país de alto riesgo en materia de estabilidad presupuestaria. El hecho adquiere más importancia desde el momento en el que Alemania está mostrando su desacuerdo con los planteamientos de la Comisión y exige que el futuro ajuste sea asimétrico, en porcentajes anuales mayores para aquellos países como España que presentan una situación mucho más delicada en sus cuentas públicas.

El Gobierno, como ya está en campaña electoral, ha querido adelantarse a la decisión de la UE presentando una senda de ajustes fiscales poco creíbles, al ser también poco consistentes las tasas de crecimiento sobre los que se basan. Hay que suponer que estas serán más moderadas una vez que se hayan alcanzado los niveles anteriores a la pandemia (es lo que les ha ocurrido al resto de países), en especial si la inflación permanece en niveles altos y el BCE se ve obligado a mantener una política monetaria restrictiva. Los mismos ajustes fiscales, si se llevasen a cabo, colaborarían a moderar las tasas de crecimiento.

Lo disparatado de las cifras aparece de forma más clara cuando se promete crear en cuatro años 1,1 millones de empleos, a tiempo completo, y llevar la tasa de paro al 9,8% en 2026. El Gobierno debe de pensar que no hay nada malo en prometer. La gente termina por no acordarse. De hecho, en 2022 era más ambicioso, aseguraba que los empleos creados alcanzarían los 1,5 millones y que sería en 2025 cuando la tasa de paro descendería del 10%. Lo que sí parece claro es que ni el mismo Gobierno se cree las previsiones, puesto que ya está pergeñando una posible vía para salir del atolladero. El más lenguaraz es el ministro de la Seguridad Social. Ha lanzado la idea de que los gastos sociales podrían tener la consideración de inversión pública.

Sánchez debe decir lo de don Quijote a Sancho: “tan largo me lo fiais”. Los empleos anunciados se situarán al lado de los pisos que se van a construir y junto a tantas promesas más. No obstante, alguien debería recordar al presidente del Gobierno que Tirso de Molina en El Burlador de Sevilla da un sentido distinto a la frase de Alonso Quijano: “No hay plazo que no llegue / ni deuda que no se pague. Mientras el mundo viva / no es justo que diga nadie: / ¡Cuán largo me lo fiais! / Siendo tan breve el cobrarse”. 

Lo que ocurre es que tal vez Sánchez piense que cuando haya que pagar él ya no estará en el gobierno y será otro el que tenga que enfrentarse con la deuda, y si no es así, ya se le ocurrirá algo, que a trilero no le gana nadie.

republica.com 11-5-2023



LA SAREB Y LAS VIVIENDAS A GOGÓ

GOBIERNO Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Dom, mayo 07, 2023 23:18:01

El presidente del Gobierno se ha acostumbrado a sacar conejos de la chistera. Lo que sucede es que cada vez se le escapan antes y se ve en la obligación de sacar uno nuevo, de manera que el personal se está habituando al numerito de magia y ya no se lo toma en serio. Eso es lo que ha ocurrido en el mes de abril. El día 14 representantes de Esquerra y Bildu anunciaron modificaciones a la ley de vivienda que se encontraba estacionada desde hacía un año en el Congreso y que empeoraban sustancialmente el proyecto de ley que en su día había aprobado el Gobierno. Hay quien dice que parte del Ejecutivo estaba en contra, que Sánchez la tenía parada y que al final había dado vía libre a los cambios para restañar la fractura que se había creado en la coalición con la ley del sí es sí. En Sánchez todo es instrumental.

Sea como fuere, la ley, tal como va a quedar, no hay por dónde cogerla (ver mi artículo de la semana pasada) y las críticas han sido generalizadas, han venido de todas partes excepto del bloque de la investidura y de los medios de comunicación afines. Tan es así que el presidente del Gobierno se ha visto en la tesitura de retornar a los trucos de prestidigitador y a sacarse otro truco de la manga. De pronto, como el que no quiere la cosa, nos anunció la construcción de cincuenta mil viviendas para alquiler social.

El hecho ya resultaba un poco chungo por el momento en el que se realizaba, cuando está terminando la legislatura, y porque reincidía sobre otras promesas efectuadas por los gobiernos de Sánchez durante estos cinco años, sin que se haya construido ni una sola vivienda para esta finalidad. Pero la broma adquiere una intensidad mucho mayor cuando se explicita el plan y se nos dice de dónde piensan sacarlas: de la SAREB.

Conviene antes que nada decir algo sobre la SAREB para no incurrir en ciertos errores a los que nos tienen acostumbrados algunos políticos, que terminan cayendo claramente en la demagogia. Por ejemplo, a principios del año pasado, Iñigo Errejón escribía un tuit en el que criticaba al Gobierno porque, según él, acababa de aprobar la adquisición por un euro de un agujero de treinta y cinco mil millones de euros, y añadía que esa cantidad era el 43% del gasto sanitario del año 2021 en España.

Al Gobierno se le puede criticar por muchas cosas, pero no por esa operación que consistía tan solo en adaptar jurídica y contablemente lo que ya era una realidad, porque las pérdidas de treinta y cinco mil millones eran imputables desde el principio al Estado al haber avalado este todas las deudas. Pero no adelantemos acontecimientos. En esta digresión pretendía únicamente señalar que la demagogia es muy mala consejera, sobre todo si se suma a la ignorancia.

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria (denominada habitualmente como SAREB) se creó en 2012 en gran medida a instancias de la Unión Europea como condición para recibir los cincuenta mil millones de euros del rescate bancario. El objeto: adquirir los activos tóxicos -en su mayoría inmobiliarios, cerca de doscientos mil- de las entidades financieras en crisis -nueve cajas de ahorro- y venderlos más tarde según fuese posible en el mercado.

El accionariado estaba compuesto por el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con el 45,9% y el resto de las acciones distribuidas entre nueve entidades bancarias y compañías de seguros. La adquisición de los activos tóxicos se realizó mediante bonos asegurados por el Tesoro español y que podían hacerse líquidos en el BCE. El motivo por el que se decidió que la participación del Estado no sobrepasase el 50% del capital radicaba en la conveniencia de que la sociedad no se tipificase como entidad pública y de que sus pérdidas y deudas no se incorporasen a las cuentas del Estado, con la finalidad de no incrementar el déficit y el endeudamiento público.

Resulto extraño que Eurostat admitiese entonces que la SAREB se clasificase como sociedad privada, porque si bien es cierto que el Estado no poseía la mayoría del capital, no lo era menos que avalaba todas sus operaciones. Sin embargo, diez años después la oficina estadística de la Unión Europea dio marcha atrás y ordenó al Reino de España que considerase a la sociedad como entidad estatal y, por lo tanto, que contabilizase sus pérdidas como endeudamiento público. Desde ese momento no tenía ningún sentido que el Estado a través del FROB no tuviese la mayoría del capital, de manera que ejerciese plenamente y de forma clara la dirección de la sociedad, de ahí que comprase por un euro las acciones necesarias. Las pérdidas habían sido siempre imputables al Estado, asumiese la mayoría o no, puesto que la deuda estaba avalada. Esa es la razón de la operación que a Iñigo Errejón le escandalizaba tanto. Y es que la ignorancia es muy atrevida y puede resultar muy peligrosa cuando quien la posee ostenta un cargo público.

Durante estos diez años de existencia, no sé si bien o mal, la SAREB ha intentado realizar el mayor número de activos posible; de hecho, parece ser que, de los doscientos mil iniciales, quedan menos de cincuenta mil, que son a los que se ha referido Sánchez. Conviene recordar que si la SAREB recibió el nombre de “banco malo” es porque los activos que se vio obligada a comprar eran tóxicos y de difícil realización. Podemos imaginar de qué calidad serán los que quedan por vender después de diez años.

Sánchez suele anunciar sus promesas a bombo y platillo hablando de millones de euros, pero sin ninguna concreción y sin facilitar información alguna, con lo que, aunque se sospeche que las medidas carecen de toda identidad y consistencia, es difícil mostrar su vaciedad, solo se puede constatar al cabo de los años cuando se ve que no se ha hecho nada. En esta ocasión las cosas son distintas, porque la información, le guste o no al presidente del Gobierno, es pública, con lo que casi toda la prensa ha venido desgranando la falacia del anuncio y cómo se identifica con el timo del “toco mocho”.

Se sabe que de las cincuenta mil viviendas anunciadas quince mil no están construidas. Solo existe el suelo, que es como si no existiese nada, porque habrá que ver dónde está ubicado. Seguramente hay otras formas de conseguir terrenos donde construir las viviendas y situados mucho mejor, allí donde están las necesidades. Otro grupo está constituido por catorce mil que están ocupadas. Se supone que de dos clases: aquellas que se encuentran alquiladas legalmente y las que están arrebatadas de forma ilegal. En ninguno de los dos tipos se puede decir que las viviendas estén disponibles para paliar nuevas necesidades; en todo caso sería simplemente normalizar las que se encuentren en situación irregular. Por otra parte, sería una paradoja que un gobierno que está propiciando la ocupación vaya a practicar los desahucios.

Por último, según dicen, están las 21.000 viviendas que se quieren traspasar a las Comunidades Autónomas. ¡Menudo regalito! En este lote debe de haber de todo y en situación bastante inservible, desde casas o urbanizaciones a medio terminar, a otras totalmente abandonadas y deterioradas, y la mayoría situadas muy lejos de donde se ubican las necesidades. Ha habido medios de comunicación que se han entretenido en catalogar la naturaleza, la situación y el estado de las distintas viviendas. El resultado no ha podido ser más decepcionante.

Ya a primera vista, el anuncio de Sánchez en Sevilla aparece como un timo, pero su envergadura se agranda cuando consideramos que la SAREB tiene que liquidarse en 2027 y habrá quien piense mal y se le ocurra que la medida, además de tener una finalidad electoral, en realidad no pretende solucionar el problema de la vivienda sino el de la SAREB, trasladando toda la morralla con la que en estos momentos cuenta a las Comunidades Autónomas.

El asunto ha sido tan descarado y risible que el presidente del Gobierno se ha visto obligado a sacar un nuevo conejo de la chistera y tan solo dos días después anunciaba que va a construir otras cuarenta y tres mil viviendas más, utilizando cuatro mil millones de los fondos de recuperación europea. De nuevo, la situación se presta a la comicidad. No por el anuncio en sí mismo. En varios artículos he mantenido que la construcción de viviendas en alquiler, junto con la sanidad y la justicia, podrían haber constituido destinos claros y coherentes de los fondos europeos, en lugar de las múltiples ocurrencias en las que se están empleando.

La comicidad del anuncio se encuentra en hacerlo dos días después de haber prometido las cincuenta mil de la SAREB. Noventa y tres mil viviendas públicas en una semana, y además al término de la legislatura, cuando casi en cinco años Sánchez no ha construido ni una sola y cuando en ninguna de las múltiples presentaciones de los fondos europeos -todas ellas adornadas de la digitalización o el cambio climático- se ha mencionado la construcción de viviendas públicas como objetivo.

Pero el chiste no ha terminado aún, unos días después, en el Senado el presidente del Gobierno se vuelve a desmelenar y anuncia otras 20.000 viviendas; en este caso se remite a terrenos de Defensa. Pero una cosa es el suelo y otra las casas. Estas hay que construirlas. Bien es verdad que por prometer que no quede, ya van 113.000 en pocos días, y a lo mejor no hemos terminado. Viviendas a gogó. Sánchez va pregonando por ahí que es el número uno en gestión, en su lógica debe de serlo  porque identifica la gestión con la creación de los entes de razón. 

republica.com 4-5-2023



UNA LEY DE VIVIENDA MUY DAÑINA PARA LOS INQUILINOS

ECONOMÍA, ECONOMÍA DEL BIENESTAR, GOBIERNO Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Vie, abril 28, 2023 20:57:41

No me detendré en la consideración de cómo esta ley de vivienda menoscaba gravemente los derechos de los propietarios. Parece evidente. Pertenece a los peores modelos de corte populista, casi franquista, hacer recaer sobre los arrendadores el coste que solo al Estado corresponde y que debería trasladar a su vez a todos los ciudadanos de forma equitativa mediante un sistema fiscal justo, en lugar de hacerlo sobre un único sector de manera aleatoria, en una suerte de lotería negativa. (Ver mi artículo en este mismo diario digital del 30 de marzo de este año).

Ahora, sin embargo, pretendo fijarme más bien en lo que parece una obviedad que frente a los que, con un discurso populista, mantienen que esta ley soluciona el problema de la vivienda en España, hay que decir que más bien lo agravará y con mucha probabilidad, de seguir vigente, en poco tiempo destruirá casi por completo el mercado del alquiler. Porque esta ley, aunque parezca paradójico, va en contra de los arrendatarios, de todos aquellos que no tienen capacidad económica para comprar un piso.

Se produce un cierto espejismo al considerar únicamente los intereses a corto plazo de los que ya poseen en la actualidad un contrato de alquiler, y no tener en cuenta los de todos aquellos que de ahora en adelante necesitarán arrendar un piso, entre los que también habrá que incluir a los actuales inquilinos que, antes o después, tendrán que renovar el contrato o firmar uno nuevo.

Resulta bastante lógico suponer que, una vez aprobada la ley, teniendo en cuenta las limitaciones que se van a imponer en los precios, la inseguridad jurídica ante posibles cambios futuros y las dificultades en los desahucios, serán muchos los propietarios que se retiren del mercado tan pronto como puedan. A ello habrá que añadir que será muy difícil que los grupos económicos (sean buitres o no) se decidan a invertir en el sector de la vivienda en España. La consecuencia no puede ser otra más que la reducción sustancial de la oferta, con la consiguiente subida de precios en los nuevos contratos; e incluso, aun cuando se esté dispuesto a pagar un precio elevado, será muy difícil encontrar una nueva vivienda.

Aquellos que se arriesguen a arrendar tendrán sin duda en cuenta las limitaciones que van a tener posteriormente para la actualización del precio mientras esté en vigor el contrato, por lo que elevarán el valor del alquiler mensual incorporando en las condiciones iniciales las restricciones que suponen que va a tener en el futuro. Es más, es muy probable que incorporen un plus por el mayor riesgo que asumirán, tanto por la inseguridad jurídica derivada de los continuos cambios normativos como por la posibilidad de que el arrendatario se niegue a pagar las mensualidades teniendo en cuenta que será muy difícil y tardío el desahucio.

Aún se producirá otro efecto más pernicioso, es muy posible que para minimizar este último riesgo los arrendadores sometan a los futuros inquilinos a un examen severo de su situación social y económica exigiéndoles toda clase de garantías y desecharán a todos los candidatos de los que piensen que puedan tener dificultades económicas en el futuro. Serán, por tanto, los más necesitados los que queden totalmente excluidos del mercado.

Con esta ley solo van a salir ganando aquellos que, amparándose en la impunidad, estén dispuestos a aprovecharse y, necesitándolo o no, ocupen las viviendas bien directamente por la patada en la puerta, bien dejando de pagar el alquiler. Con esta norma se incrementan las dificultades para los desahucios, introduciendo la anarquía en el mercado del alquiler, en el que se impondrá, ni siquiera el más fuerte, sino el más sinvergüenza. En realidad, es una incitación a que los arrendatarios dejen de pagar la mensualidad.

Algo de esto ya está sucediendo en la actualidad, las medidas que se han ido tomando para beneficiar teóricamente al arrendatario, la benevolencia con los ocupas y la inseguridad creada a los arrendadores que desconfían de los futuros cambios, solo han servido para elevar los precios y enrarecer el mercado del alquiler. La ley que ahora se intenta aprobar intensificará con mucho esta tendencia e incrementará el número de inquilinos morosos. Resultará una tentación muy grande, en momentos de dificultades económicas, dejar de pagar el alquiler con la seguridad de que al menos en dos años no les va a pasar absolutamente nada por ello.

Una vez más este Gobierno elabora una norma que va a tener efectos contrarios a los que se propone o, al menos, a los que nos quiere hacer creer que persigue. Primero fue la ley del sí es sí. Después, la modificación del Código Penal en los delitos de sedición y malversación, y ahora esta ley de la vivienda que, lejos de solucionar el problema, va a destruir el mercado del alquiler, alquiler que es la única forma en la que la vivienda puede estar al alcance de todos los ciudadanos, ya que, dado el nivel de salarios en España, la compra va a estar siempre vedada a una parte importante de la población.

Sánchez, ya inmerso en plena campaña electoral, afirmó que con esta ley la vivienda pasa de ser un problema a ser un derecho. Lo cierto es que desde que se aprobó la Constitución el acceso a la vivienda ha sido siempre un derecho frente a los poderes públicos, derecho del que la mayoría de los gobiernos han hecho oídos sordos, con lo que se ha transformado en un problema y un problema muy serio. Tras cinco años de gobierno, el sanchismo no ha hecho absolutamente nada para corregirlo, apenas ha construido viviendas sociales. Por el contrario, las medidas aprobadas han ido en dirección opuesta, han reducido la oferta, y con la nueva ley los problemas se van a multiplicar de forma sustancial.

Bien es verdad que hay muchas probabilidades de que esta ley no llegue nunca a aplicarse. Es un brindis al sol, un instrumento más de propaganda del sanchismo. Tras cinco años en el poder, lo lógico sería que Sánchez hubiese rendido cuentas de lo que ha hecho y no se prodigase en promesas de lo que supuestamente va a hacer. Este proyecto de ley tiene el mismo origen que ese plan para movilizar las casas del SAREB, del cual quizás hablaremos otro día. Es una pompa de jabón que puede deshacerse en breve sin dejar rastro. Tiene una finalidad meramente electoral.

No obstante, existe un motivo más que ha conducido a Sánchez a aprobar ahora esta ley. Era una reclamación permanente de sus socios catalanes. El Gobierno catalán había aprobado por su cuenta una ley de la vivienda que anuló el Tribunal Constitucional por invadir competencias estatales. Necesitaban que el Estado elaborase una nueva norma que legitimase y diese cobertura a lo que se había legislado en Cataluña y que el Constitucional había echado abajo.

Tal vez se encuentre aquí la explicación de un hecho difícil de entender, el de que haya sido a los representantes de Esquerra y Bildu a los que se les haya encargado la presentación de la ley. Bien es verdad que a continuación, salieron en tropel tanto los mandatarios de Podemos como los ministros del PSOE para apuntarse un tanto con lo que piensan que va a tener rentabilidad electoral. En cualquier caso, deberíamos estar ya acostumbrados a que mientras esté Sánchez, y aunque parezca paradójico, Esquerra, Bildu y formaciones similares que quieren disgregar a España mantengan un fuerte protagonismo en el gobierno del Estado.

Resultan ingenuas las esperanzas manifestadas por algunos periodistas acerca de que ante los continuos enfrentamientos que se están produciendo dentro de la alianza Frankenstein, esta puede romperse. Como mucho, es posible que esto ocurra inmediatamente antes de las elecciones, pero no nos puede quedar ninguna duda de que, una vez pasados los comicios, si dan los números para ello, se volverá a constituir la misma alianza. No hay que engañarse, Sánchez no va solo, lleva equipaje. Aceptar a Sánchez implica asumir el lote completo.

republica.com 26-4-2023



SÁNCHEZ SE VANAGLORIA DE SU BUENA GESTIÓN

GOBIERNO Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Lun, abril 24, 2023 10:18:43

La política se está convirtiendo cada vez más en publicidad y propaganda. Pero en esto, como en todo, hay grados. El sanchismo ha hecho de la mentira y de la apariencia las columnas sobre las que se asienta su estrategia. Hace poco más de una semana en Segovia, presentando a la candidata del PSOE a la alcaldía de esa ciudad, Sánchez dibujó un panorama idílico de la economía española y de los muchos logros del Gobierno.

Como demostración, acudió a lo ocurrido durante la Semana Santa. Citó los excelentes índices de ocupación hotelera, las terrazas a rebosar y las playas hasta la bandera. Todo ello -continuó afirmando el presidente del Gobierno- es un éxito de país y un fracaso estruendoso de los que siempre invocan el catastrofismo, y por supuesto estos buenos resultados nacen de los méritos de este Gobierno. No se precisa más para constatar la consistencia y el rigor con los que Sánchez realiza los análisis económicos, a través de las terrazas y las playas. Deben de ser los mismos que empleó para elaborar su tesis doctoral.

El presidente del Gobierno acudió a su teoría favorita, la de que frente a una crisis económica existen dos modelos de respuesta, la instrumentada por el PP en el 2008 y la que está empleando actualmente el PSOE. Es un argumento que repiten miméticamente todos sus ministros, en especial las vicepresidentas primera y segunda. Lo que no consideran ninguno de ellos es, primero, que las crisis nunca son iguales y esta nada tiene que ver con la anterior y, segundo, que quien gobernaba en  2008 y hasta el 2011 eran el PSOE y Zapatero, y desde luego la respuesta que dieron frente a la crisis no fue muy brillante. Allí surgió el 15-M, del cual se creen herederos casi todos los que se sientan hoy en el Consejo de Ministros.

No obstante, en algo se parecen ambas crisis, y es que el Gobierno de Zapatero se empeñó en negarla, en ignorar los problemas económicos y en tildar de catastrofistas a los que tenían la osadía de defender lo contrario. Conviene recordar el debate en televisión entre Pedro Solbes y Manuel Pizarro, y los brotes verdes de Elena Salgado. El Gobierno de Sánchez está haciendo lo mismo.

La forma más sencilla de juzgar si la respuesta a una crisis es o no la adecuada, es compararla con la dada por otros países con las mismas características, tanto más cuanto que estamos, nos guste o no, en la Unión Europea y en la Eurozona. Al realizar este análisis respecto a la anterior crisis, nuestro país no sale especialmente mal parado. Los problemas de Grecia y Portugal fueron bastante mayores, y los de Italia, e incluso los de Francia, similares.

Hay que reconocer a Rajoy el mérito de resistir todas las presiones tanto externas como internas, incluso del poder económico, para que pidiera el rescate. Y hay que contemplar también la herencia envenenada que recibió de los Gobiernos de Aznar y Zapatero con muchos ejercicios de un déficit exterior desbocado y, en consecuencia, una economía hipotecada frente al extranjero por un endeudamiento privado totalmente desaforado, con lo que la devaluación interna, además de ser impuesta por Europa, era totalmente necesaria.

Pero pasemos a la crisis actual. Es verdad que en  2020 el PIB de todos los países se desplomó, pero, gracias a los méritos de este Gobierno, el nuestro en términos reales descendió nada menos que un 11,3%, mientras que el del resto de los países (no solo de UE, sino de toda la OCDE) lo hacía en porcentajes más reducidos: Italia, 9,1%; Grecia, 9%; Portugal, 8,3%; Francia, 7,9%; Alemania, 4,1%, etcétera.

Aquí se encuentra, en gran medida, la causa de que España sea el único país de la Unión Europea que no ha recuperado el PIB que tenía antes de la pandemia. Ello echa por tierra la postura triunfalista que de forma habitual adopta este Gobierno cuando puntualmente, en un año o un mes crecemos más que otros países. Si en alguna ocasión ocurre así, obedece exclusivamente a que con anterioridad, en otros periodos nuestro PIB ha descendido más, es decir, que partimos de un nivel más bajo. En resumen en el conjunto del periodo 2019-2022 el crecimiento de nuestra economía ha sido inferior al del resto de Europa.

El hecho de que no hayamos recuperado aún el PIB de 2019 desmiente todo el discurso de Sánchez acerca de la creación de empleo. Es difícil creer que pueda incrementarse la ocupación cuando la economía no ha crecido. Tanto Yolanda Díaz como Escrivá han distorsionado mediante los ERTE, los fijos discontinuos, etc., las estadísticas sobre el empleo y el paro, hasta el punto de que ya resulta difícil saber cuáles son las cifras verdaderas. A lo que hay que añadir, además, los trabajos a tiempo parcial. Los únicos datos fiables son los de las horas semanales trabajadas y estas en España, a diferencia del resto de los otros países–sean cuales sean los empleados y los afiliados a la Seguridad Social–, al final del 2022 (630,20 millones) eran inferiores a las trabajadas semanalmente a finales de 2019 (639,96 millones). No hay razones para que Sánchez se vanaglorie.

En Segovia, Sánchez presumió también de la reforma laboral. Yolanda Díaz lo hace todos los días. Deberíamos recordar a la ministra de Trabajo entrando en loor de multitudes en el congreso de  CC.OO., y afirmar con toda la firmeza que le era posible, que la ley de Rajoy se derogaría sí o sí. Lo cierto es que la parte más importante y cruenta de esta se ha mantenido. No se han tocado ni la cuantía de las indemnizaciones, ni los salarios de tramitación, ni la facilidad para despedir, ya sea de forma individual, ya de manera colectiva mediante los ERE. Es más, a través de la potenciación de los ERTE se ha permitido a los empresarios el despido temporal sin indemnización, pero que al mismo tiempo ha significado una enorme carga para el erario público. (Ver mi artículo publicado en este diario digital el 6- 1-2022 con el título “La reforma laboral y el despido”).

También en Segovia, Sánchez alardeó de la multiplicación del número de contratos indefinidos, y a esa teórica estabilidad en el empleo atribuyó, de forma un tanto mágica, el hecho de que se haya podido pagar la revalorización de las pensiones. Resulta extraño llamar indefinidos a unos contratos cuando en un año un mismo trabajador firma varios de ellos. El cambio de nombre no modifica la naturaleza de las cosas. En cuanto a la actualización de las pensiones, si se ha podido acometer, es simplemente porque la inflación al igual que aumenta la cuantía de las prestaciones eleva la recaudación de los ingresos.

Con todo, lo más ocurrente de la intervención de Sánchez en Segovia estuvo en denominar a la oposición “la liga de la crispación y del ruido”, mientras que se titula a sí mismo y a su Gobierno “la liga de la gestión”. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Si alguien encarna la crispación, es el actual presidente del Gobierno. Toda su acción política se ha basado en la confrontación y en la creación de un enemigo al que anatematizar y censurar. Y si hay algo que, entre otras peculiaridades, caracteriza al sanchismo, es ser prácticamente nulo para la gestión.

Haber primado en los nombramientos de cargos públicos la proximidad política o la afinidad de amistad y parentesco prescindiendo de la capacidad y profesionalidad ha conducido a que un gran número de servicios públicos estén bloqueados o en situación caótica. Se producen listas de espera y demoras en casi todas las oficinas. En múltiples ocasiones resulta imposible conseguir cita para ser atendido. Quizás uno de los mayores escándalos se produce en la Seguridad social y en el SEPE, en los que es quimérico poder realizar cualquier trámite, y que para percibir la primera pensión o darse de alta en el seguro de desempleo hay que esperar varios meses.

La capacidad y buena gestión del Gobierno se trasluce también en la forma de elaborar las leyes, puesto que, en todas ellas, como diría el presidente del Gobierno, se presentan efectos no deseados. Del mismo modo se aprecia en el diseño de las ayudas públicas, que se realiza sin tener en cuenta las dificultades y obstáculos que van a presentarse en su concesión, con lo que sus resultados terminan llegando a muchos menos beneficiarios de los que al comienzo se anunciaban y no precisamente a los más necesitados, que suelen coincidir con los que no saben cómo cumplir los requisitos exigidos. La excelente gestión del Ejecutivo aparece también de forma diáfana en el manejo de los fondos europeos, que nadie sabe dónde están, de qué manera se están empleando ni a qué finalidades se destinan.

Pero, sobre todo, donde más resplandece la pericia sin igual de este Gobierno es en la aplicación de la política económica. A pesar de su discurso triunfalista, la realidad es que España es el único país de la Unión Europea que no ha recuperado el PIB que tenía antes de la pandemia. Del mismo modo, a diferencia del resto de los países, la renta per cápita es inferior a la de 2018, los salarios reales se han reducido y los trabajadores han perdido poder adquisitivo, al tiempo que el endeudamiento público ha crecido más de un 15% del PIB, por encima del de cualquier otra economía europea. A su vez, el empleo efectivo, que marca las horas trabajadas, se encuentra por debajo de 2019. Y todo ello a pesar de estar recibiendo un montante importante de recursos de los fondos de recuperación. Curiosamente, el único país que no se ha recuperado es el nuestro. No parece que todo esto sea como para que Sánchez y su Gobierno saquen pecho y se sientan orgullosos de su gestión.

republica 20-4-2023



LA SEGUNDA MARCA DEL SANCHISMO

GOBIERNO, PARTIDOS POLÍTICOS, PODEMOS Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Dom, abril 16, 2023 10:04:36

Desconfío de los profetas, de los personalismos, de aquellos que piensan que todo comienza en ellos y acaba en ellos. Por eso no he podido por menos que contemplar con suspicacia el lema que presidía el otro día el acto de Magariños: “Empieza todo”. La verdad es que todo en la operación Sumar es raro, comenzando por su origen, que no ha sido otro más que el dedo de Pablo Iglesias señalando a Yolanda Díaz como cabeza de lista de Podemos a las próximas elecciones generales, al tiempo que la nombraba (más que designarla) vicepresidenta segunda del Gobierno, y le proporcionaba la plataforma adecuada para el proyecto que ahora intenta emprender. Parece evidente que sin esta nominación no existiría Sumar.

Se ha producido así la paradoja de que los medios e instrumentos para el ataque a Podemos hayan salido de esta misma formación política. La plataforma, movimiento o lo que sea Sumar, es una copia milimétrica del Podemos de los inicios, y lo único que en ella tiene solidez es lo que se ha hurtado o se piensa fagocitar de la formación morada. Los medios de comunicación han aireado que en Magariños habían participado quince asociaciones políticas, pero lo cierto es que la casi totalidad de ellas apenas tienen consistencia. Solo IU, incluyendo al PCE, y los Comunes de Cataluña poseen alguna entidad, y los dos estaban en la órbita de Podemos.

Es comprensible por tanto el cabreo que tienen los líderes de Podemos, se sienten traicionados, ya que parece que se pretenda desbancarlos y se ha convocado a otros partidos, como Más País o Compromís, de ámbito regional, pero que se presentarán a las elecciones municipales y autonómicas como sus contrincantes. Se  entiende también que los mandatarios de la formación morada, antes de entrar a formar parte del proyecto, planteen sus exigencias. No es lógico que a todos los integrantes se les trate de igual forma. No puede ser lo mismo Podemos, que hoy por hoy  tiene treinta y cinco diputados, que Más País que solo cuenta con dos escaños o Compromís que tiene uno, o la gran mayoría de las formaciones que no tienen representación parlamentaria.

En Sumar también son extravagantes todos los pasos que se han dado hasta ahora: los vaivenes, las idas y venidas, el sí pero no, el dejarse querer y, por supuesto, el primer acto público de la presunta candidata, en Valencia, primera confesión -aun cuando se tuviese interés en mantener la incógnita- de que se tenía la intención de seguir adelante con el proyecto. Pero, eso sí, de forma totalmente contraria a lo que cabía esperar, dado que Yolanda Díaz ocupa una cartera ministerial gracias a y en nombre de la formación morada.

La candidata a presidenta, con el pretexto de realizar un acto para exhibir una nueva política dirigido principalmente a las mujeres, convocó en Valencia a Ada Colau, a Mónica Oltra, a Mónica García y a Fátima Hamed, todas ellas muy buenas compañías y líderes de formaciones políticas competidoras o al menos independientes de Podemos, mientras paradójicamente no se invitaba ni a Ione Belarra ni a Irene Montero.

Casi un año después, en el Matadero de Madrid la ministra de Trabajo presenta oficialmente el proyecto al que se asigna ya un nombre, “Sumar”, aunque existe el peligro de que sea más bien restar, porque se pidió expresamente que no  asistiesen al acto los líderes de los partidos políticos, aquellos que en teoría debían incorporarse a la nueva organización, lo que sin duda también resulta sorprendente, y más aún que no asistiesen los de Podemos, puesto que era Podemos la que la había sacado del anonimato. Mantuvo enfáticamente que la cosa no iba de partidos políticos, lo que resultaba también incongruente tratándose de un acto orientado a crear una candidatura para las próximas elecciones generales (ver mi artículo publicado en este diario el 8-9-2022 titulado “Sumar o restar”).

Al acto de Matadero le ha seguido el de Magariños, donde Yolanda Díaz ha anunciado -según ella, humildemente- que se presentará a presidenta del Gobierno. Resulta también chocante porque lo que menos parecía haber en ese acto era humildad. Todo en él rezumaba soberbia y triunfalismo. Proclamó también que se trata de instrumentar una nueva política. Esto último, sin embargo, no es nada raro porque todos los que pretenden crear un partido anuncian una nueva política. Lo extraño comienza cuando esta se define como dialogar, dialogar y dialogar y, sin embargo, parece que resulta imposible hacerlo con los mandatarios de la formación que la ha lanzado al estrellato.

La nueva candidata a la presidencia afirmó que no depende de nadie y que no quiere que nadie la tutele. Lo cual continúa siendo raro porque, nos guste o no, todos dependemos de alguien. Ella ha dependido de Podemos y de Pablo Iglesias para ser ministra, vicepresidenta segunda e incluso para la designación a la candidatura que ahora anuncia. Es creíble que ya no quiera la tutela de Pablo Iglesias, pero habrá quien se pregunte si no es porque tiene la de Sánchez.

Que el presidente del Gobierno ha extendido su mano protectora sobre ella es bastante evidente. Solo hay que considerar el papel preponderante que le asignó en la moción de censura. Parecía decir esta es mi hija muy amada. Esta actitud aparece de forma más clara, si se consideran las encuestas bien amañadas de Tezanos en las que se infravaloran los resultados de Podemos. No hay demasiadas dudas de que detrás de la actual apoteosis de la ministra de Trabajo se aprecia la alargada mano de Sánchez.

El parecido entre Yolanda y Sánchez es demasiado grande; su discurso, bastante parejo. Los dos participan del mismo triunfalismo, y de la misma capacidad para distorsionar la realidad. Pero es que, además, el presidente del Gobierno sabe que su única posibilidad para repetir la próxima legislatura se encuentra en reeditar la alianza Frankenstein. Necesitan por tanto que las formaciones a su izquierda obtengan buenos resultados, tanto más si, como es previsible, los socialistas pierden representación. Concretamente, hay quien cree que el plan de Sánchez se centra en la esperanza de que Sumar pueda movilizar a los posibles abstencionistas que en otras ocasiones votaron al PSOE.

El razonamiento no parece demasiado convincente, puesto que los que abandonan al PSOE lo hacen movidos, en buena medida, por el coqueteo mantenido por esta formación con los golpistas y filoetarras, y en esta cuestión tanto Podemos como los que se vislumbran como componentes de Sumar son tanto o más responsables. No parece verosímil, en consecuencia, que reciban los votos de los que han decidido no dárselos al partido socialista. Resulta difícil creer que se vaya a escoger la segunda marca cuando se ha rechazado la primera.

Dicen que Yolanda Díaz no está dispuesta a pactar con Podemos hasta después de las elecciones municipales y autonómicas. Motivo: la creencia de que los resultados de esta última formación serán muy malos, lo que proporcionaría a Sumar ventaja en la negociación. Sin embargo, esta argumentación hace aguas. Primero, porque no parece que alguien que elude presentarse a la contienda por carecer de medios y que por lo tanto aún no se ha medido en las urnas pueda entrar a juzgar los buenos o malos resultados de otras formaciones que al menos han entrado en liza. Segundo, porque si es verdad que Sumar no se va a presentar a esas elecciones, sí lo van a hacer muchas de las formaciones políticas que teóricamente van a conformarlo y no creo que sus resultados sean mucho mejores que los de Podemos; incluso algunas como los Comunes e IU es posible que lo hagan componiendo coalición con la formación morada. Esto último confirma una vez más que todo lo que hace referencia a Sumar es raro, muy raro.

Pero es que, además de raro, va a resultar conflictivo. Con Podemos o sin Podemos los problemas comenzarán cuando haya que hacer las listas para las generales. Mientras la cuestión se mueva en discursos y arengas, el entusiasmo y el fervor serán unánimes; ahora bien, la cosa cambiará cuando cada uno reclame su trozo de pastel. Muchos comensales para una mesa tan pequeña.

republica 13-4-2023



LA CESTA DE LA COMPRA Y LA LIMITACION DE PRECIOS

ECONOMÍA Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Dom, abril 09, 2023 21:10:25

En mi artículo de la semana pasada, me refería a cómo el Estado social debe intervenir en el mercado, pero no para destruirlo, sino para perfeccionarlo, y ponía el ejemplo de las medidas contraproducentes que se proponen para el mercado del alquiler. Terminaba, no obstante, afirmando que el mismo error se intentaba aplicar a algún otro mercado, y prometía tratarlo en una próxima ocasión. Pues bien, esta semana podríamos fijarnos en el sector alimentario.

Antes que nada, conviene aclarar una idea muy difundida, pero que no está clara en absoluto. Como ejemplo de éxito, se cita la intervención en el mercado del gas para limitar el precio. En realidad, esto no es así. La excepción ibérica afecta únicamente al mercado de la electricidad y solo al regulado, no al libre. El precio real del gas no se toca. Lo que se limita es el valor que se emplea para el gas, pero solo a efectos de calcular el precio de la electricidad. Es en este último mercado en el que se va a producir la diferencia entre el precio de venta y el de coste. Diferencia que ya se está repercutiendo sobre el consumidor, tanto en el mercado regulado como en el libre. Bien es verdad que la aplicación a la factura se hará poco a poco, con lo que en el presente aparece un supuesto beneficio (que es el efecto que se pretende), pero será en el futuro cuando se termine pagando principalmente.

Conviene tener presente, por tanto, que la intervención se realiza en el mercado de la electricidad, que en parte está ya regulado, constituye un oligopolio de oferta y recae sobre un producto totalmente homogéneo para el consumidor, con independencia de cuál haya sido su origen y de la fuente empleada para producirlo.

Nada que ver con la limitación que se intenta imponer en la cesta de la compra en la que la oferta está muy fraccionada, puesto que no se puede considerar únicamente a las cadenas de supermercados, sino que hay que incluir al pequeño comercio. Y, además, también existe una gran diversidad en los productos, ya que, aun cuando quede reducido su número a los que se incluirán en el lote que se controle, existirá una infinidad de variedades en cado uno de ellos. Por ejemplo, qué tipo de pan, de leche, de pasta, de aceite, etcétera, escogemos.

Vivimos en una sociedad de consumo en la que la pluralidad de los productos y sus diferencias son grandes. Escoger los de un tipo y no los de otro, distorsionará sin duda el mercado y podría perjudicar a los no seleccionados. Incluso sería posible que ocasionara el desabastecimiento de los elegidos, puesto que los distintos agentes de la cadena de producción podrían encauzarse hacia los bienes no incluidos en la cesta.

A su vez, la enorme pluralidad y variedad de los agentes que participan en la oferta originaría una gran complejidad en la implantación de la medida. En la propuesta se piensa únicamente en los supermercados, pero considerar solo a estos y postergar a la gran multitud de pequeños comercios, significaría dañarlos desplazando la demanda hacia las grandes cadenas.

La gran dificultad en la gestión permanecería aun si la medida que se llegue a tomar fuese similar a la adoptada con los carburantes. Ya en esta ocasión las complicaciones en la ejecución fueron muy considerables. Que se lo digan a las gasolineras. Pero los problemas se elevarían a la enésima potencia si lo aplicásemos a la cesta de la compra en la que la oferta está mucho más fraccionada, tanto en agentes como en bienes.

Es bastante frecuente que este Gobierno tome medidas -más bien ocurrencias-, sin preguntarse acerca de cuáles van a ser los obstáculos y las dificultades en su gestión y sin que se planifique cómo se van a solucionar los problemas o si, por el contrario, la medida debe modificarse antes de aprobarla, o incluso cambiarse por otra.

Conviene no confundir este control de precios con determinadas prácticas como la adoptada en Francia (y otras similares) por la que las grandes cadenas acuerdan constituir cada una de ellas una cesta de la compra con precios limitados, que pueden ser distintas en cada caso. En realidad, se trata simplemente de un mecanismo de publicidad y propaganda a través del cual los grandes supermercados realizan sus ofertas para atraerse clientes. De lo contrario, se podría afirmar que las rebajas que periódicamente efectúan los comercios constituyen un control de precios.

La actuación pública sobre el mercado de bienes de primera necesidad debe orientarse por otros derroteros. En primer lugar, potenciando la competencia y reprimiendo cualquier atisbo de manipulación del mercado. Si la concurrencia funcionara adecuadamente, sería prácticamente imposible que los precios no se adecuasen a los costes.

Por otra parte, no se debe desechar la idea de que en caso de una inflación grave como la actual, el Estado deba tomar la decisión de bajar los impuestos indirectos, particularmente el IVA, y por supuesto no crear otros nuevos por muy ecológicos que sean. Los detractores de esta medida arguyen que la rebaja no se traslada a los consumidores. Pero esa transmisión se realizará en tanta mayor medida cuanto mayor sea la competencia, y hay que pensar que, en este mercado, por el gran número de agentes que intervienen, el grado de concurrencia debe ser alto, sobre todo si el Estado articula los medios necesarios. Otra cosa es que quizás no se note la minoración de la inflación, debido a que al mismo tiempo existen otras variables que hacen que los precios se incrementen. El saldo puede ser cero o negativo, aunque hay que considerar que la subida sería mucho mayor si no se hubiese efectuado la reducción impositiva.

Hay que decir, además, que la actuación del Estado no termina ahí. Debe compensar la bajada de los impuestos indirectos con una subida de los directos. De lo contrario, la política fiscal irá en dirección contraria a la política monetaria. El BCE eleva los tipos de interés con la finalidad de reducir la demanda y de este modo controlar la inflación. Una política expansiva, bien sea por la bajada de impuestos o por un incremento del gasto público sin compensación, incrementará la demanda contrarrestando así las medidas de políticas monetarias y retrasando sustancialmente el éxito en el control de la inflación.

Hay algo que nos resistimos a aceptar, que la inflación representa un empobrecimiento, al menos parcial, sobre todo porque la subida de los precios en gran medida ha tenido su origen fuera de nuestro territorio, es decir, a través de bienes de importación. Alguien tiene que hacerse cargo de este menoscabo en los ingresos. Los gobiernos, desde luego, no quieren reconocer esta realidad, y mucho menos hacerla pública. Prefieren presentar una visión optimista, mostrarse magnánimos, pródigos, capaces de evitar que se produzca coste alguno, y sin tener que tomar ninguna medida dolorosa. Las dejan todas para el BCE. Es más, esta entidad se verá obligada a adoptar medidas más duras y más prolongadas precisamente para compensar la laxitud fiscal de los gobiernos.

Que nadie se equivoque. Los efectos de la política monetaria pueden ser tanto o más cruentos que los de la política fiscal, no solo por el encarecimiento de las hipotecas, sino de todo el crédito, lo que terminará afectando a la actividad y al empleo. Las medidas de política monetaria presentan, por añadidura, la desventaja de que no se puede discriminar sobre quiénes o qué grupo se hace recaer el coste. La política fiscal, por el contrario, admite más flexibilidad y a través de ella es posible establecer qué colectivo debe soportar el empobrecimiento. Se da así la paradoja de que los gobiernos adoptan determinadas medidas fiscales, bien de bajada de impuestos o de incremento del gasto, pensando que benefician a la población, cuando en realidad la están perjudicando al prolongar la escalada en la elevación de los precios y al obligar al BCE a continuar con la subida de los tipos de interés.

republica.com 6-4-2023



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