No me detendré en la consideración de cómo esta ley de vivienda menoscaba gravemente los derechos de los propietarios. Parece evidente. Pertenece a los peores modelos de corte populista, casi franquista, hacer recaer sobre los arrendadores el coste que solo al Estado corresponde y que debería trasladar a su vez a todos los ciudadanos de forma equitativa mediante un sistema fiscal justo, en lugar de hacerlo sobre un único sector de manera aleatoria, en una suerte de lotería negativa. (Ver mi artículo en este mismo diario digital del 30 de marzo de este año).
Ahora, sin embargo, pretendo fijarme más bien en lo que parece una obviedad que frente a los que, con un discurso populista, mantienen que esta ley soluciona el problema de la vivienda en España, hay que decir que más bien lo agravará y con mucha probabilidad, de seguir vigente, en poco tiempo destruirá casi por completo el mercado del alquiler. Porque esta ley, aunque parezca paradójico, va en contra de los arrendatarios, de todos aquellos que no tienen capacidad económica para comprar un piso.
Se produce un cierto espejismo al considerar únicamente los intereses a corto plazo de los que ya poseen en la actualidad un contrato de alquiler, y no tener en cuenta los de todos aquellos que de ahora en adelante necesitarán arrendar un piso, entre los que también habrá que incluir a los actuales inquilinos que, antes o después, tendrán que renovar el contrato o firmar uno nuevo.
Resulta bastante lógico suponer que, una vez aprobada la ley, teniendo en cuenta las limitaciones que se van a imponer en los precios, la inseguridad jurídica ante posibles cambios futuros y las dificultades en los desahucios, serán muchos los propietarios que se retiren del mercado tan pronto como puedan. A ello habrá que añadir que será muy difícil que los grupos económicos (sean buitres o no) se decidan a invertir en el sector de la vivienda en España. La consecuencia no puede ser otra más que la reducción sustancial de la oferta, con la consiguiente subida de precios en los nuevos contratos; e incluso, aun cuando se esté dispuesto a pagar un precio elevado, será muy difícil encontrar una nueva vivienda.
Aquellos que se arriesguen a arrendar tendrán sin duda en cuenta las limitaciones que van a tener posteriormente para la actualización del precio mientras esté en vigor el contrato, por lo que elevarán el valor del alquiler mensual incorporando en las condiciones iniciales las restricciones que suponen que va a tener en el futuro. Es más, es muy probable que incorporen un plus por el mayor riesgo que asumirán, tanto por la inseguridad jurídica derivada de los continuos cambios normativos como por la posibilidad de que el arrendatario se niegue a pagar las mensualidades teniendo en cuenta que será muy difícil y tardío el desahucio.
Aún se producirá otro efecto más pernicioso, es muy posible que para minimizar este último riesgo los arrendadores sometan a los futuros inquilinos a un examen severo de su situación social y económica exigiéndoles toda clase de garantías y desecharán a todos los candidatos de los que piensen que puedan tener dificultades económicas en el futuro. Serán, por tanto, los más necesitados los que queden totalmente excluidos del mercado.
Con esta ley solo van a salir ganando aquellos que, amparándose en la impunidad, estén dispuestos a aprovecharse y, necesitándolo o no, ocupen las viviendas bien directamente por la patada en la puerta, bien dejando de pagar el alquiler. Con esta norma se incrementan las dificultades para los desahucios, introduciendo la anarquía en el mercado del alquiler, en el que se impondrá, ni siquiera el más fuerte, sino el más sinvergüenza. En realidad, es una incitación a que los arrendatarios dejen de pagar la mensualidad.
Algo de esto ya está sucediendo en la actualidad, las medidas que se han ido tomando para beneficiar teóricamente al arrendatario, la benevolencia con los ocupas y la inseguridad creada a los arrendadores que desconfían de los futuros cambios, solo han servido para elevar los precios y enrarecer el mercado del alquiler. La ley que ahora se intenta aprobar intensificará con mucho esta tendencia e incrementará el número de inquilinos morosos. Resultará una tentación muy grande, en momentos de dificultades económicas, dejar de pagar el alquiler con la seguridad de que al menos en dos años no les va a pasar absolutamente nada por ello.
Una vez más este Gobierno elabora una norma que va a tener efectos contrarios a los que se propone o, al menos, a los que nos quiere hacer creer que persigue. Primero fue la ley del sí es sí. Después, la modificación del Código Penal en los delitos de sedición y malversación, y ahora esta ley de la vivienda que, lejos de solucionar el problema, va a destruir el mercado del alquiler, alquiler que es la única forma en la que la vivienda puede estar al alcance de todos los ciudadanos, ya que, dado el nivel de salarios en España, la compra va a estar siempre vedada a una parte importante de la población.
Sánchez, ya inmerso en plena campaña electoral, afirmó que con esta ley la vivienda pasa de ser un problema a ser un derecho. Lo cierto es que desde que se aprobó la Constitución el acceso a la vivienda ha sido siempre un derecho frente a los poderes públicos, derecho del que la mayoría de los gobiernos han hecho oídos sordos, con lo que se ha transformado en un problema y un problema muy serio. Tras cinco años de gobierno, el sanchismo no ha hecho absolutamente nada para corregirlo, apenas ha construido viviendas sociales. Por el contrario, las medidas aprobadas han ido en dirección opuesta, han reducido la oferta, y con la nueva ley los problemas se van a multiplicar de forma sustancial.
Bien es verdad que hay muchas probabilidades de que esta ley no llegue nunca a aplicarse. Es un brindis al sol, un instrumento más de propaganda del sanchismo. Tras cinco años en el poder, lo lógico sería que Sánchez hubiese rendido cuentas de lo que ha hecho y no se prodigase en promesas de lo que supuestamente va a hacer. Este proyecto de ley tiene el mismo origen que ese plan para movilizar las casas del SAREB, del cual quizás hablaremos otro día. Es una pompa de jabón que puede deshacerse en breve sin dejar rastro. Tiene una finalidad meramente electoral.
No obstante, existe un motivo más que ha conducido a Sánchez a aprobar ahora esta ley. Era una reclamación permanente de sus socios catalanes. El Gobierno catalán había aprobado por su cuenta una ley de la vivienda que anuló el Tribunal Constitucional por invadir competencias estatales. Necesitaban que el Estado elaborase una nueva norma que legitimase y diese cobertura a lo que se había legislado en Cataluña y que el Constitucional había echado abajo.
Tal vez se encuentre aquí la explicación de un hecho difícil de entender, el de que haya sido a los representantes de Esquerra y Bildu a los que se les haya encargado la presentación de la ley. Bien es verdad que a continuación, salieron en tropel tanto los mandatarios de Podemos como los ministros del PSOE para apuntarse un tanto con lo que piensan que va a tener rentabilidad electoral. En cualquier caso, deberíamos estar ya acostumbrados a que mientras esté Sánchez, y aunque parezca paradójico, Esquerra, Bildu y formaciones similares que quieren disgregar a España mantengan un fuerte protagonismo en el gobierno del Estado.
Resultan ingenuas las esperanzas manifestadas por algunos periodistas acerca de que ante los continuos enfrentamientos que se están produciendo dentro de la alianza Frankenstein, esta puede romperse. Como mucho, es posible que esto ocurra inmediatamente antes de las elecciones, pero no nos puede quedar ninguna duda de que, una vez pasados los comicios, si dan los números para ello, se volverá a constituir la misma alianza. No hay que engañarse, Sánchez no va solo, lleva equipaje. Aceptar a Sánchez implica asumir el lote completo.
republica.com 26-4-2023
