ARTICULOS DEL 17/3/2023 AL 9/1/2024 CONTRAPUNTO

 “La izquierda traicionada”, este es el título del libro escrito por Guillermo del Valle, impreso en la editorial Península, y que se presenta mañana viernes a las seis y media de la tarde en el Ateneo de Madrid. A raíz de lo que está ocurriendo en nuestro país, considero su publicación de suma actualidad. La traición de la izquierda es poliédrica, y poliédrica es la visión de la obra de Guillermo del Valle. Trata los distintos aspectos en los que la izquierda ha ido abdicando de sus principios y planteamientos. Pero no todos ellos son de la misma actualidad y tampoco se han dado todos de forma tan específica y propia en nuestro país.

El libro que se presenta trata, por supuesto, de ese tránsito producido de la socialdemocracia al socioliberalismo, habla de la globalización y de la Unión Europea, y de la aceptación por una parte de la izquierda de muchos de los postulados del neoliberalismo económico. Pero esa mutación no ha sido ni es propia ni específica de nuestro país, ha sido general en Europa. Por otra parte es una tendencia progresiva, que tuvo su origen en la década de los ochenta y que poco a poco ha ido ganando terreno.

Aunque sea de suma relevancia política, cuando hablo de rabiosa actualidad no me estoy refiriendo a ella. Tampoco a la asunción del populismo, en un intento de dar gato por liebre. Ni siquiera a ese sucedáneo en que hoy se refugia determinada izquierda asumiendo, en una tendencia identitaria, la defensa de ciertas minorías tras haber abandonado casi en su totalidad la lucha por una mayor igualdad entre las clases sociales. De todo ello habla el libro de Guillermo del Valle. Pero no es esto lo que me lleva a considerar como muy oportuna la obra en este momento, sino el abrazo espurio entre izquierda y nacionalismo, que hoy se hace presente en nuestro país con dramática exigencia, la traición, que adquiere tintes trágicos, la cometida por la casi totalidad de la izquierda española haciéndose cómplice de golpistas, secesionistas y filoterroristas.

La izquierda en sus inicios mostró, sí, cierta desconfianza hacia el Estado, de ahí su pretensión de debilitarlo por todos los medios posibles, entre otros, troceándolo y limitando sus competencias. Durante mucho tiempo esta postura parecía plenamente justificada; tal como afirmó Marx, el poder político no era más, que el consejo de administración de los poderes económicos, el guardián de sus intereses.

En España, el sistema político instaurado por la Restauración, basado en el caciquismo y en el turnismo de dos partidos burgueses, marginaba totalmente a las clases populares y las expulsaba del juego político. Eso explica el auge que tuvo en nuestro país, y especialmente en Cataluña, el movimiento anarquista, y la consolidación de tendencias federalistas e incluso cantonalistas. Más tarde, tras el breve periodo de la Segunda República, el Estado se identificó con el franquismo, un régimen dictatorial y opresor, pero que además se proclamaba adalid de la unidad de España. Es lógico que la izquierda tendiese a oponerse y a combatir todo aquello que se identificara con la dictadura, y que en esa dinámica terminase asumiendo o al menos sintiendo simpatía por el nacionalismo.

Tales recelos pueden tener su razón de ser ante un Estado liberal, y por supuesto ante regímenes dictatoriales, pero carecen de todo sentido cuando se trata de un Estado social y democrático de derecho. A una parte de nuestra izquierda le cuesta comprender que el único contrapeso posible al poder económico y a las desigualdades que derivan del mercado se encuentra en el Estado, y que recortarlo o dividirlo solo podía ser regresivo. A partir de la Transición, sin embargo, con la democracia, parecía que todo esto había quedado bastante claro.

Bien es verdad que el PSOE tuvo que lidiar con las veleidades del PSC, que casi siempre tiraba al monte, e IU con las de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y las de ‎Ezker Batua en el País Vasco. Pero ni IU ni el PSOE se dejaron contagiar. La expresión más clara de que respecto a este punto ambas formaciones se mantenían en el lugar adecuado fue el conocido como “plan Ibarretxe”, consistente en un nuevo estatuto cuyo contenido fundamental era el reconocimiento del llamado derecho a decidir (la autodeterminación) del pueblo vasco. En enero de 2005 el Congreso de los Diputados rechazó el nuevo estatuto por 313 votos, 29 a favor y 2 abstenciones. Tanto el PSOE como IU votaron en contra, solo ICV se abstuvo.

Desde hace algunos años, la situación política en España ha cambiado sustancialmente. La izquierda oficial cohabita con el nacionalismo y asume su mismo discurso. Resultan expresivas las palabras pronunciadas tiempo atrás por Antonio Muñoz Molina: «Primero se hizo compatible ser de izquierdas y ser nacionalista. Después se hizo obligatorio. A continuación declararse no nacionalista se convirtió en la prueba de que uno era de derechas. Y en el gradual abaratamiento y envilecimiento de las palabras bastó sugerir educadamente alguna objeción al nacionalismo ya hegemónico para que a uno lo llamaran facha o fascista».

No existe ninguna contradicción, todo lo contrario, en que la izquierda abrace la causa de las naciones o de los pueblos pobres y oprimidos por la dominación colonial; pero cuando en Estados teóricamente avanzados, como Italia o España, el nacionalismo surge en las regiones ricas, enarbolando la bandera de la insolidaridad frente a las más atrasadas, la izquierda difícilmente puede emparejarse con el nacionalismo sin traicionar sus principios. En este ámbito, izquierda y nacionalismo son conceptos excluyentes. ¿Cómo mantener que la Italia del norte, rica y próspera, es explotada por la del sur, que posee un grado de desarrollo económico bastante menor? ¿Cómo sostener que regiones tales como Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha oprimen a otras como Cataluña, País Vasco o Navarra? ¿Puede la izquierda dar cobertura al victimismo de los ricos? ¿No resulta contradictorio escuchar a una fuerza que pretende ser progresista quejarse del déficit fiscal de Cataluña?

Cuando la izquierda defiende la libertad de decidir de los catalanes no es consciente de la contradicción en la que está incurriendo. ¿Serían capaces de mantener que un grupo social, el constituido por los ciudadanos de mayores rentas, tiene el derecho, si lo decidiese por mayoría (la mayoría sería aplastante), de excluirse del sistema público de pensiones, de la sanidad y de la educación pública, por ejemplo, con la correspondiente rebaja proporcional en sus impuestos? El supuesto no es tan forzado como pudiera parecer si tenemos en cuenta que las regiones que proponen la autodeterminación son de las más ricas de España. ¿Cuál sería su postura si, amparada en el derecho a decidir, La Moraleja (una de las urbanizaciones de más alto standing de Madrid) pretendiese (ya lo intentó) independizarse del municipio de Alcobendas (municipio de clase media), creando su propio ayuntamiento?

El discurso nacionalista en los países desarrollados tiene bastante parecido con el que defiende el neoliberalismo económico. El mejor sitio en donde está el dinero es en los bolsillos de los ciudadanos, afirman los liberales; los recursos generados en Cataluña deben quedarse en Cataluña. Tanto las clases altas como las regiones ricas de lo que hablan es de limitar, cuando no de eliminar, la solidaridad, y la equidad social. En definitiva, se trata de reducir a la mínima expresión la función redistributiva del Estado. En los dos casos se considera que los ricos son ricos por sus solos méritos, que la distribución de la renta que hace el mercado es correcta, y que cada uno debe ser dueño de disponer de sus ingresos como le venga en gana. Todo proceso redistributivo, bien sea interpersonal o interterritorial, lo juzgan como un acto de caridad, algo graciable, cuando no un abuso y un expolio. Su sentimiento de encontrarse injustamente atendidos por el Estado no surge de que piensen que están realmente discriminados, sino de que no están lo suficientemente bien tratados, dado su grado de excelencia y superioridad sobre los demás, lo que les hace acreedores a disfrutar de una situación privilegiada. ¿Puede la izquierda comulgar y amparar estos presupuestos?

La izquierda, al menos en un país democrático, no puede estar cimentada en el golpismo o en los que defienden la violencia política, aun cuando ahora no la practiquen al ser conscientes de que estratégicamente no les conviene. Es posible que determinadas tácticas y actuaciones sean aceptables en países subdesarrollados con grandes déficits democráticos y donde se carece de un Estado de derecho y, por lo tanto, en ocasiones no existe otro camino para establecer la libertad y la equidad que sortear el sistema jurídico construido por un poder dictatorial; e incluso, en los casos extremos, utilizar la violencia. Pero ese no es el caso de España. Hace más de cuarenta años que nuestro país -tal como dice la Constitución- es un Estado democrático y de derecho y, aunque con muchos defectos, equivalente al de los otros países europeos. No es posible autoproclamarse de izquierdas cuando se está a favor del retorno al cantonalismo, a los reinos de Taifas, a la tribu, al clan.

La tremenda mutación producida en esta cuestión en la izquierda Española tiene su origen en dos hechos acaecidos casi simultáneamente, el surgimiento de Podemos y la llegada de Pedro Sánchez a la secretaria general del PSOE, y tras ellos las prisas y urgencias de unos y de otros para llegar al gobierno y mantenerse en él por encima de cualquier consideración.

Sánchez provocó una metamorfosis radical en el PSOE. La mejor prueba de ello es que al principio de todo, los órganos del partido, concretamente el Comité Federal -que es la máxima autoridad entre congresos-, cuando intuyó hacia dónde se dirigían los planes del ahora presidente del Gobierno, no dudó en forzarle a dejar la Secretaría General. Lo que Rubalcaba bautizó como gobierno Frankenstein aparecía entonces como un auténtico sacrilegio, algo inimaginable para la casi totalidad de los socialistas.

La prisa por llegar al poder, surgida en parte por una concepción bastante simplista e inmadura de la política, lanzó a Podemos a los brazos de Sánchez y unió su suerte a la del partido socialista, precisamente cuando esta formación política atravesaba su peor momento histórico, integrándose en el gobierno Frankenstein, con lo que no solo blanqueaba a golpistas y filoetarras, sino que se hacía partícipe, incluso de aquellas medidas que chocaban frontalmente con su ideología y tradición. Vieron cómo España tomaba claramente partido a favor de la OTAN en una guerra llena de interrogantes y bastante alejada de nuestro entorno geográfico e histórico. Por mucho que repitan que se encuentra en Europa, los intereses parecen encontrarse más bien en EE. UU. Protestaron, pero aceptaron (los acuerdos de Consejo de Ministros se adoptan por unanimidad y hacen responsables a todos sus miembros), los continuos aumentos de los gastos de defensa y el envío de tropas a Ucrania. Tomaron parte como miembros del Gobierno en la modificación radical de la posición de España respecto al Sáhara, que, por cierto, continúa siendo el misterio mejor guardado. ¿Qué es lo que provocó de la noche a la mañana que Sánchez cambiase la posición sin dar cuenta a nadie?

A ese gobierno Frankenstein no se le puede calificar de progresista, sino más bien de reaccionario, ya que para estar en el poder maneja torticeramente el derecho, y no tiene empacho en aplicarlo de manera desigual a los ciudadanos, librando de la cárcel a aquellos que le apoyan, o cambia el Código Penal eliminando delitos o modificándolos con la misma finalidad.

A un gobierno ni siquiera se le puede tildar de democrático cuando acepta el principio de que el fin justifica los medios y en función de ello pretende apoderarse de todos las instituciones del Estado, utilizándolas en su propio provecho; y tampoco se le puede calificar de liberal cuando defiende que la ley no se aplique a todos por igual y que el hecho de tener la mayoría y ser gobierno le permite situarse más allá del ordenamiento jurídico. Y, sin ser democrático y liberal, un Estado no puede ser social.

De cara al futuro surgen los peores augurios. Los acuerdos firmados sin ningún pudor por el PSOE con los partidos separatistas y aplaudidos por Sumar (versión decadente de Podemos) indican claramente que, una vez más, Sánchez está dispuesto a todo con tal de perpetuarse en el poder. Se han echado en manos no ya de nacionalistas, sino de golpistas y filoetarras.

Sin embargo, las autoridades de ambos partidos están eufóricas y exultantes. Todos ellos pletóricos de jactancia y engreimiento. Como no acordarnos de los griegos y lo que entendían por “hibris”, pecado de orgullo y de arrogancia. Plutarco afirmaba: “Los dioses ciegan a quienes quieren perder”, y en palabras atribuidas a Eurípides: “Aquel a quien los dioses desean destruir, primero lo vuelven loco”. El poder ofusca a los humanos. La “hibris” arroja a quienes la padecen al exceso y al endiosamiento, les fuerza a abandonar la justa medida, a sobrepasar los límites.

Desconozco cuál será el futuro de este nuevo Frankenstein, y el de sus dirigentes y acólitos. Y si estarán labrando -como dicen los griegos- su propia perdición. Lo que sí parece probable es que al final de esta aventura la izquierda española va casi a desaparecer, se habrá traicionada a sí misma. En todo caso, se convertirá en otra cosa. De ahí, como afirmaba al principio, la rabiosa actualidad y utilidad de este libro, y también la importancia de que subsistan reductos, aun cuando sean pequeños, tales como el Jacobino, en los que se refugie la lucidez y el pensamiento de la izquierda.

republica.com 23-11-2023

Sánchez nos ha obsequiado con otro de esos numeritos a los que nos tiene tan acostumbrados. En esta ocasión ha contado con la colaboración de la líder de Sumar, formación que se ha convertido en la prolongación de PSOE. ¿Dónde han quedado los tiempos de la casta? Los medios de comunicación se han apresurado a comparar este acto con el celebrado con una finalidad similar hace aproximadamente cuatro años. Entonces quien concelebraba con el presidente del Gobierno no era Yolanda Díaz, sino Pablo Iglesias.

La representación del 2019 fue mucho más sobria. La razón es que, para el secretario general del PSOE, ese acto comportaba, en el fondo, tragarse un sapo. Al haber perdido diputados en la repetición electoral, se vio forzado a llamar con toda urgencia a Pablo Iglesias para alcanzar un acuerdo. Hasta entonces se había negado totalmente a formar un gobierno de coalición. Prefirió ir a unos nuevos comicios, esperando que mejorasen sus resultados y no tuviese que precisar de los votos de Podemos. Incluso durante la campaña electoral hizo aquella manifestación tan famosa acerca de que no podría dormir por las noches…

El resultado no fue el esperado, perjudicó electoralmente al PSOE y benefició a Podemos, de manera que a Sánchez no le quedó más remedio que llamar corriendo a Pablo Iglesias para llegar urgentemente a un acuerdo. Para los medios de comunicación constituyó una noticia sorprendente, no tanto por el hecho en sí como por la rapidez en instrumentarlo. Y es que entonces la alianza con Podemos facilitaba el consenso con otros grupos parlamentarios que hacían posible la investidura.

En este caso todo es muy distinto. El pacto estaba cantado antes de las elecciones. Yolanda ya estaba entronizada por Sánchez desde la moción de censura. Es más, se había prestado a ser el caballo de Troya para destruir a Podemos, y durante la campaña electoral, Pedro y Yolanda, Yolanda y Pedro, se habían mostrado ya como una misma opción política. Besos, abrazos y un proyecto común, aunque en el fondo nadie supiese en qué consistía ese gobierno “de progreso”. Tan solo intuíamos lo que ahora ya sabemos con certeza: que se trataba de amancebarse con Puigdemont y con el PNV.

El acto del otro día en el museo Reina Sofía de Madrid era algo que se daba por sabido, de hecho, no lo habían ocultado los protagonistas desde el mismo 23 de julio. La negociación ha sido una comedia y la representación, una obra de teatro -el tinglado de la antigua farsa que diría Benavente. Eso sí, con mucho boato ornamental, un acto de pura propaganda. Lo de menos es el contenido, ya que de antemano se sabe que no va a ir a ninguna parte.

Ha sido una ceremonia de distracción porque la verdadera o verdaderas negociaciones para la investidura se están realizando en otros u otros escenarios y sobre materias muy diferentes: amnistía, relator, reconocimiento nacional, autodeterminación, unilateralidad, más dinero para Cataluña y el País Vasco, etcétera. Nada de esto apareció en la función del Reina Sofía. Ni siquiera nos dijeron cómo piensan repartirse los sillones, aunque a buen seguro que lo tienen ya pactado.

El contenido de lo firmado cuenta poco para la investidura, pero me temo que también será papel mojado a lo largo de la legislatura si al final logran constituir gobierno. La situación es distinta a la de los cuatro años pasados. El nuevo gobierno Frankenstein será mucho más deforme y enmarañado que el anterior. Para sacar cualquier ley o decreto ley, amén de las dificultades que les ponga el Senado, van a necesitar todos los votos. No pueden perder ni uno solo de los de sus respectivos componentes, incluso los de los muy progresistas diputados del PNV y de Junts per Cat, y del resto de partidos independentistas. No hay que ser muy suspicaz para pensar que la mayoría de todas estas proposiciones se quedarán en el baúl de los recuerdos, como quedaron en la legislatura pasada entre otras la reforma fiscal y la derogación de la ley mordaza, y eso que el pasado gobierno Frankenstein no ha tenido las limitaciones y los obstáculos con los que va a enfrentarse este.

Es ya un tópico afirmar que los programas electorales están para no cumplirse. En esta ocasión se trata de un programa de gobierno, pero de un gobierno perniquebrado que para dar cualquier paso va a precisar de otros veintidós escaños pertenecientes a grupos con intereses muy distintos, y además necesitará mantener unidos a los diputados de esa amalgama de fuerzas dispares que constituye Sumar. La probabilidad de que todo lo acordado el otro día quede en mero proyecto es muy alta, si además se tiene en cuenta que muchas de las propuestas inciden en las competencias de las autonomías, la mayoría de ellas en manos del PP y, si no, las restantes en las de partidos independentistas tan celosos de sus atribuciones.

Resulta por tanto extraña la postura de tantos y tantos periodistas y tertulianos que han entrado al trapo, dedicándose a comentar todas estas medidas como si realmente se fuesen a llevar a cabo y apartando la atención de lo que en este momento realmente importa, que es la amenaza que se cierne sobre nuestro Estado de derecho y sobre la igualdad entre las regiones y provincias, en cuya quiebra malamente se puede asentar cualquier programa progresista. Por mi parte, pretendo no caer en el mismo error y renunciaré a comentar las propuestas contenidas en el pacto, aunque, desde luego, me apetecería detenerme en alguna de ellas, pero ya habrá tiempo de hacerlo si es que al fin tienen visos de aprobarse. Pero a lo que no me resisto es a la tentación de comentar los discursos absurdamente triunfalistas del presidente y de la vicepresidenta del Gobierno, tanto más cuanto que en ese supuesto progresismo se apoya la justificación que emplean para el pacto y el blanqueo de los golpistas.

Sin duda, la representación -preparada al milímetro, adornada con todo tipo de efectos secundarios y dotada de la mejor coreografía (ministros, miembros de las ejecutivas, todos los que son algo en ambas formaciones políticas)- poseía una doble finalidad: por una parte, desviar la atención de los temas políticos actualmente más polémicos y que por el momento no interesa airear, pero, por otra, hacer una vez más una loa de lo bien que lo ha hecho este Gobierno y de lo progresista que es, por lo que tiene todo el derecho a seguir gobernando.

En los discursos a los que tanto Sánchez como Yolanda nos tienen acostumbrados, todo es lo mejor, grandioso, fabuloso, histórico. Para Sánchez, desde hace cinco años se inició una era nueva en España, se superó la ignominia y la reacción y comenzó el progreso. En el gobierno Frankenstein todo han sido éxitos y eso que, según dijo Sánchez, le han tocado tiempos difíciles. Se escuda detrás de la epidemia y la guerra. Pero la epidemia ha afectado a todos los países y ningún gobierno ha realizado una gestión de la crisis sanitaria tan desastrosa como el español. La prueba más palpable es que la economía española se desplomó en el 2020 como la de ningún otro país.

La crisis económica que hemos padecido estuvo sin duda inducida por la pandemia y por las medidas obligatorias que, a consecuencia de ella, impusieron los gobiernos sobre la actividad económica. Fue una crisis económica forzada por agentes exteriores a la propia economía. Como resultado de ello, en el segundo trimestre de 2020, todos los países tuvieron tasas negativas del PIB como jamás se habían conocido.

Entre abril y junio de 2020 el PIB de la eurozona sufrió una caída del 12,1%, tras haber experimentado ya un descenso del 3,6% en el primer trimestre. En la Unión Europea, estos decrementos fueron del 11,9 % y del 3,2%, respectivamente. Por su parte, el PIB de Francia se redujo en esas mismas fechas el 13,8 y el 5,9%; en Italia el 12,4 y el 5,4%; en Bélgica se hundió el 12,2 y el 3,5%; en Alemania el 12,2 y el 3,5%; en Portugal, 14, y 3,8%.  Y a la cabeza de todos, España con un descenso en el segundo trimestre del PIB del 18,5%., tanto más grave en cuanto que en el trimestre anterior (como consecuencia de los últimos quince días de marzo, sometido el país al estado de alarma y al confinamiento) ya se había reducido el 5,2%. Es decir, que desde el 31 de diciembre de 2019 hasta junio de 2020 el PIB español perdió el 23% de su valor o, lo que es igual, quedó reducido a sus tres cuartas partes.

En 2020 nuestro país fue el que más se hundió económicamente de toda la UE e incluso de los treinta y siete países de la OCDE. España rompió todos los moldes. Este descenso lastró el desarrollo posterior de la economía, haciendo que fuésemos los últimos de la UE en alcanzar los niveles de 2019. Según los datos de Eurostat, la eurozona en su conjunto los alcanzó en el tercer trimestre de 2021, y en ese mismo momento lo lograron Grecia, Austria y Bélgica. La UE de forma global llegó a ese valor en el cuarto trimestre del 2021. Y en idéntica fecha lo recobraron Italia y Francia; Portugal y Alemania en 2022 (primer y segundo trimestre, respectivamente); Holanda es el país que antes lo consiguió, en el tercer trimestre de 2020. España, aun admitiendo las correcciones un tanto desorbitadas que hizo el INE para el 2021 y 2022 (del 5,5% al 5,8% y del 5,5% al 6,4%), fue al final de ese último año cuando lo alcanzó. Sin la corrección habría sido en el segundo trimestre de 2023, incluso, siendo estrictos, en el tercero.

Teniendo en cuenta estas cifras, no nos puede extrañar que nuestro país sea también el único Estado de la UE que a finales de 2022 no había recuperado la renta per cápita anterior a la pandemia. Somos, por término medio, más pobres que en 2018 cuando Sánchez ganó la moción de censura. De poco puede pavonearse el presidente del Gobierno.

Esta evolución del PIB cuestiona abiertamente todos los planteamientos gloriosos que acerca del empleo se nos han venido haciendo a lo largo de todos estos años. La afirmación de la ministra de Trabajo acerca de que, en esta crisis, a pesar de producirse un descenso muy superior del PIB que en la anterior, la reducción del empleo ha sido menor resulta difícil de entender, puesto que existe una correlación casi perfecta entre ambas variables. Para explicar la desviación se puede recurrir a distintos criterios, ninguno de ellos positivos (ver mi artículo titulado “Crecimiento económico y cifras de desempleo” de 1 de diciembre de 2022 en estas mismas páginas).

La explicación más inmediata radica en la inadecuación de los datos estadísticos. En mayo del 2020 en plena pandemia las personas en ERTE ascendían a 3,6 millones. ¿Cuál hubiese sido el porcentaje real de paro si a la cifra oficial -3,8 millones-, se le sumasen los 3,6 millones que se encontraban en ese mes en ERTE? En realidad, después de tantos equívocos, cambios y tergiversaciones, el único dato que se puede acercar a la realidad es el de horas semanales trabajadas. La evolución de esta variable sí es acorde con la del crecimiento de la economía. Según el INE, en el cuarto trimestre de 2022 se trabajó por término medio seiscientos treinta millones de horas semanales, mientras que en el mismo periodo de 2019 se alcanzaron los seiscientos cuarenta millones. Se estaba, por tanto -sean más o menos los empleados- a un 98% de conseguir el volumen de trabajo prepandemia.

El Gobierno ha orientado también su triunfalismo a decirnos que la inflación en España es más reducida que en el resto de países. Si no nos fijamos en un solo dato y consideramos el periodo completo, la cosa no está tan clara. En España, desde 2019 hasta finales de 2022, el índice de precios al consumo armonizado por la UE se ha incrementado un 13%, igual que en Portugal, menos que en Alemania (18%) y que en Italia (17%), pero más que en Francia (12%) y en Grecia (11%). En cualquier caso, el dato más significativo se encuentra en la relación precios-salarios, que es lo que más importa a la mayoría de los ciudadanos. Y aquí volvemos a situarnos en una mala posición. Según la OCDE, nuestro país está a la cabeza de la pérdida de poder adquisitivo. Incluso en Italia y en Alemania, con tasas de inflación más elevadas, los salarios reales se han reducido menos que en España.

Si a esta disminución (casi del 6% por término medio) añadimos la subida de los intereses y su impacto en los créditos hipotecarios, nos enfrentamos con recortes económicos a los ciudadanos que nada tienen que envidiar a los de la pasada crisis. El Gobierno no puede desentenderse de la inflación endosando la responsabilidad exclusivamente al BCE. La política fiscal también juega e influye, y mucho, sobre los precios.

Podríamos ofrecer más y más  cifras y extendernos en otros muchos temas tales como los resultados negativos ocasionados por el nefasto diseño del salario mínimo interprofesional, la deficiente cobertura del seguro de desempleo, la desastrosa política de vivienda que está hundiendo el mercado del alquiler y poniendo en graves dificultades a las clases más necesitadas, el incremento de la pobreza, la catastrófica gestión de la Seguridad Social y del SEPE, que convierten en una odisea cualquier gestión que se quiera realizar en estos servicios, las ocurrencias en el gasto y en las prestaciones derrochando ineficazmente recursos públicos, una incompetente y caótica política fiscal y tributaria, los desastres en la asistencia a los emigrantes etc. etc. etc.

Desde luego, los resultados dejan poco espacio para el orgullo, pero todo ello adquiere mayor gravedad si consideramos los recursos públicos que se han utilizado, mucho más cuantiosos que los de los otros países. En primer lugar, los fondos de recuperación europeos, de los que se desconoce su paradero y que se ignoran en qué se han gastado. No deja de ser paradójico que, a pesar de ellos, España haya sido el país que, con mucho, más ha tardado en recuperarse y volver a los niveles de 2019; y, en segundo lugar, en el incremento ingente del endeudamiento público contraído durante estos años, que minora el patrimonio de todos los españoles –más de un 15% del PIB-, muy superior al experimentado por la casi totalidad de los países europeos.

Todo ello no es para que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz saquen pecho, coloquen sus cuatro años de gobierno (cinco para Sánchez) en un altar y pretendan que los adoremos. Contra toda evidencia, intentan hacernos creer que con ellos comenzaron la bonanza y el progresismo. Lo más grave es que nos amenazan con otra legislatura de lo mismo (más bien, de algo peor incluso), y tachan de glorioso el día que firmaron el acuerdo. Memorable, sí, memorable será el día que lo rubriquen con Puigdemont y con Esquerra. Que los hados nos ayuden.

republica.com 2-11-2023

La líder de Sumar, tras su gira por Bélgica en aras de rendir pleitesía a un prófugo de la justicia, se supone que, a petición de su señorito, el de las mercedes, se ha dedicado profusamente a crear un grupo de juristas expertos que preparasen el camino a la amnistía que se avecina. Es verdad que casi todos los partidos y gobiernos a la hora de tomar decisiones incómodas o impopulares han constituido a menudo una comisión de expertos tras la que escudarse. Pero en el caso del sanchismo ha sido una marca de la casa y ha empleado esta estratagema con total liberalidad.

El Gobierno sanchista, ante las críticas, se ha escondido siempre detrás de las decisiones técnicas. Esa táctica se hizo presente de una y otra vez durante la pandemia. Todo se les iba en afirmar que ellos lo único que hacían era seguir los criterios de la comunidad científica, la opinión de los expertos. Pero, al mismo tiempo, se negaban reiteradamente a facilitar sus nombres.

A pesar de sus continuas referencias a los científicos y a los criterios sanitarios y epidemiológicos, Illa no fue capaz de dar una explicación ni de presentar un informe consistente sobre la materia. No dejó de ser asombrosa esa continua demanda del ministro de Sanidad: “Hagan caso a la ciencia”, que exclamaba con tono profesoral, mientras el gobierno central nos engañaba a todos con un comité de expertos inexistente. Esta era la ciencia del señor Illa: cambiar de opinión según le interesase al Ejecutivo.

Tan solo cuando el Consejo de la Transparencia le concedió un plazo perentorio de diez días (o, de lo contrario, le amenazaba con recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa) para facilitar los nombres de los miembros de ese comité fantasma de expertos -tras el cual, el ministro filósofo y candidato a la presidencia de la Generalitat se había escondido siempre para revestir de razones sanitarias lo que eran simples decisiones políticas-, se resignaron a decirnos quiénes eran los afortunados que lo componían, o más bien, a decirnos que en realidad ese comité nunca existió y todo quedaba reducido al locuaz Simón, nombrado en su momento a dedo por ser familiar de un ministro del PP, y a los funcionarios de un departamento inexistente desde hacía muchos años.

Pero nada como la explicación ofrecida por Calvo, entonces vicepresidenta del Gobierno: “Funcionarios, expertos cualificados, que tienen ese cargo, especialmente el doctor Simón, por razón de su expertitud”. Ahí es nada, expertitud. Esta palabra debía entrar a formar parte del lenguaje inclusivo.

Y es esa misma expertitud la que debió de utilizar como criterio la ministra de Trabajo a la hora de elegir a los componentes de esa comisión de expertos dedicada a analizar la posible repercusión sobre el empleo del Salario Mínimo Profesional. La ministra de Hacienda también creó su propio grupo de expertos para que dijesen en materia fiscal lo que interesaba al Gobierno. Y es que la finalidad de los expertos está siempre en concluir aquello que desea quien les nombra. De lo contrario, no son tenidos por expertos. Es cierto que, en el caso de Hacienda, cuando aparecieron las conclusiones del informe el Gobierno ya había cambiado de bando y no les hicieron ningún caso. La verdad es que salimos ganando.

Yolanda Díaz repite en expertitud y ha elegido a sus juristas de cámara con la finalidad de que justifiquen lo injustificable, que una amnistía a los golpistas del 1 de octubre es constitucional y útil. En realidad, el dictamen, tal como pomposamente lo llaman, se dirige a demostrar más lo segundo que lo primero. Claro que debemos preguntarnos, ¿útil para quién?

He desconfiado siempre de las comisiones de expertos independientes porque nunca son tan independientes como aseguran y su condición de expertos siempre resulta discutible. Casi siempre son profesores de estudios superiores, de los miles y miles que hay en España, provenientes de los cientos y cientos de las facultades que han surgido al abrigo de las autonomías y de los negocios privados. Los profesores universitarios se han multiplicado como las setas. Hasta nuestro ínclito presidente del Gobierno lo ha sido, con doctorado incluido, eso sí, donado, de la misma forma que antes lo habían recibido gratuitamente los miembros que componían el tribunal que le calificó.

En esto de la amnistía no nos podían defraudar y, aunque lo denominen pomposamente dictamen, es ideológico más que jurídico. A pesar de ello, ninguna formación política ha querido reconocer su paternidad. Los socialistas han renegado de él puesto que Conde Pumpido no había dado aún el visto bueno. Tampoco les ha gustado a los golpistas, porque, para independentistas, ellos, y no quieren que nadie les quite el protagonismo. Ya han constituido su propio grupo de expertos

Más extraño ha sido el caso de Sumar -y más concretamente el de Yolanda Díaz- que, después de estar varias semanas anunciando a bombo y plantillo el gran acontecimiento, rebajaron el tono y lo convirtieron tan solo en el dictamen de unos juristas. O bien el jefe de la Moncloa les dio un toque y les dijo que convenía esperar, o bien pensaron que era más diplomático y sagaz hacer pasar todo ello como un trabajo exclusivamente técnico.  Si el motivo fue esto último, hay que reconocer que constituyó un intento vano porque no hay que ser muy ducho en la materia para darse cuenta de que el susodicho dictamen no destaca por su solidez jurídica.

Aparte de ser farragoso, y donde todo parece confuso y desordenado, a efectos de demostrar que la amnistía es acorde con la Constitución del 78 se basa de forma sustancial en primer lugar en que la Ley de 1977 y el Decreto-ley de 1976 no fueron derogados ni tácita ni expresamente por la Constitución y, en segundo lugar, en que después de aprobarse esta se han concedido amnistías fiscales.

En cuanto a lo primero nadie ha puesto en duda que fuesen compatibles con la Constitución del 78 las amnistías aprobadas con anterioridad. Más bien fueron precisamente su antesala, y la condición para iniciar una etapa política nueva. Una exigencia ante el corte jurídico e institucional que se producía en ese momento. Pero precisamente por ello no parece que una nueva amnistía pueda ni deba darse en la época posconstitucional, en la que no se ha producido por ahora ningún cambio ni de régimen ni de sistema. A no ser que lo que se pretenda sea precisamente eso, el cambio.

En cuanto al segundo argumento, los señores juristas, casi todos ellos de derecho penal, parecen ignorar el carácter de las mal llamadas amnistías fiscales, que representan tan solo una regularización de la situación tributaria. No llegan ni a la categoría de indulto, porque, si bien se conmutan a determinados contribuyentes las sanciones a las que podían haberse hecho acreedores por la ocultación de determinados bienes o activos, casi siempre es a cambio de una contraprestación dineraria, aunque de menor cuantía que el monto que les pudiera haber correspondido pagar si hubiese sido la administración tributaria la que hubiera descubierto la infracción y, de lo que es más importante, con la condición de que hayan sido ellos mismos los que confiesen su situación irregular, afloren los bienes o activos hasta entonces ocultos y empiecen a tributar adecuadamente por ellos.

Como se puede apreciar, nada que ver con una amnistía penal. Quizás, puestos a realizar comparaciones, en todo caso debiéramos referirnos a la colaboración que a menudo establece el Ministerio Fiscal con los acusados a los que rebaja la petición de condena y, lógicamente, de la pena a cambio de su confesión o de descubrir determinados hechos hasta entonces opacos. En ambos casos se produce un “do ut des”.

Sin duda, la parte más extensa del llamado dictamen es la ideológica que parte, con frecuencia, de supuestos totalmente falsos como el de que desde 2013 existe un conflicto entre Cataluña y el Estado español. Los independentistas no son Cataluña. Y el único conflicto que existe es, como en toda cuestión penal, entre la ley y unos delincuentes que no dejan de serlo por muy numerosos que sean, y por mucho que se les indulte.

Tampoco se puede identificar, tal como hacen los llamados expertos, la no militancia de nuestra Constitución con el llamado derecho a decidir que, aunque se le denomine con este eufemismo, no deja de ser derecho a la autodeterminación que nuestra Carta Magna no reconoce a ningún territorio nacional y que la ONU solo  contempla para las colonias; y no parece que nadie pueda calificar de tal a Cataluña.

Los expertos nos ilustran acerca de lo que es ciertamente una obviedad. Que la elaboración del derecho penal es competencia del Parlamento y que en esa función mantiene un amplio margen. Nadie puede negarlo, pero tampoco que esa discrecionalidad política está limitada por la propia Constitución y, sobre todo, que si a las Cortes les corresponde elaborar las leyes a los jueces les corresponde aplicarlas. Mal que a algunos les pese.

Pero en eso radica la división de poderes, aunque precisamente de ella es de la que reniegan algunos. En todo régimen populista el ejecutivo, después de controlar al legislativo -lo que le suele resultar casi siempre bastante fácil-, coloca en su diana al judicial que, para el bien de los ciudadanos en España no se identifica con los profesores universitarios, aunque siempre existe un intento del poder político para introducirlos por la puerta de atrás. Cuarto turno, juristas de reconocido prestigio, etc.

Toda la segunda parte del famoso dictamen pretende ser una enmienda a la actuación del poder judicial, a jueces, a fiscales, y sobre todo a los planteamientos del Tribunal Supremo (TC). Los expertos juristas son muy dueños de mantener esa crítica, como algunos también estamos en nuestro derecho de pensar que sus esfuerzos argumentales no llegan ni a arañar lo más mínimo la solidez jurídica de la sentencia. Que a mi entender es impecable y tumbativa, excepto al final, cuando la conclusión lógica debería haber sido el delito de rebelión y, sin embargo, dando un salto en el vacío se inclina por la sedición. (Ver en estas mismas páginas mi artículo de 17 de noviembre de 2019 titulado Sí, hubo golpe de Estado).

La sentencia, después de aceptar la tesis de la Fiscalía acerca de que la violencia en la rebelión no tiene por qué ser física, sino que puede ser también compulsiva, y tras demostrar que esta se había dado profusamente en el procés, abandona esta calificación y se desliza a la sedición. Razón: que, tal como argumentó Calvo, Pedro Sánchez era ya presidente del Gobierno y que cuando calificó como rebelión lo acaecido en Cataluña no lo era. Ahora estaba ya en el Gobierno y sustentado por los propios golpistas. No tiene por tanto nada de extraño que pretendiese influir lo más posible en la sentencia, primero obligando a la Abogacía del Estado a cambiar la calificación y, segundo, queriendo predisponer a alguno de los jueces más adeptos a que se inclinasen por el fallo más benigno.

El propósito de que la sentencia se ratificase por unanimidad hizo el resto. Bien sabía Marchena la multitud de juristas expertillos que, al servicio de todo tipo de intereses, intentarían desacreditar al Tribunal. Pero, paradójicamente, de esa manera creo yo que se facilitó la posibilidad de críticas, porque lo que era un delito claro de rebelión resultaba más complicado encajarlo dentro de la sedición. Una vez más, se cumplió que la unanimidad no era más que la dictadura de la minoría.

En contra de lo que dice Sánchez, lo que contuvo el golpe y lo sigue conteniendo hasta ahora es el Código penal y fue la aplicación del Código penal lo que hizo huir a Puigdemont en un maletero de coche. Los expertos juristas quieren borrar todo eso con la amnistía, y empezar una historia nueva. Lo de borrar es imposible. Los secesionistas pretendieron arrebatarnos la soberanía sobre Cataluña al resto de los españoles. Es un hecho que difícilmente puede desvanecerse ni olvidarse. Lo de la historia nueva no parece que ni Puigdemont ni Oriol Junqueras lo quieran. Ni tampoco parece que lo permita la Constitución y, además, seguramente nos conduciría a la catástrofe.

republica.es 19-10-2023