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LA IZQUIERDA TRAICIONADA

11-12-2023, CATALUÑA, PSOE, SANCHISMO, SUMAR Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Lun, noviembre 27, 2023 23:28:25

 “La izquierda traicionada”, este es el título del libro escrito por Guillermo del Valle, impreso en la editorial Península, y que se presenta mañana viernes a las seis y media de la tarde en el Ateneo de Madrid. A raíz de lo que está ocurriendo en nuestro país, considero su publicación de suma actualidad. La traición de la izquierda es poliédrica, y poliédrica es la visión de la obra de Guillermo del Valle. Trata los distintos aspectos en los que la izquierda ha ido abdicando de sus principios y planteamientos. Pero no todos ellos son de la misma actualidad y tampoco se han dado todos de forma tan específica y propia en nuestro país.

El libro que se presenta trata, por supuesto, de ese tránsito producido de la socialdemocracia al socioliberalismo, habla de la globalización y de la Unión Europea, y de la aceptación por una parte de la izquierda de muchos de los postulados del neoliberalismo económico. Pero esa mutación no ha sido ni es propia ni específica de nuestro país, ha sido general en Europa. Por otra parte es una tendencia progresiva, que tuvo su origen en la década de los ochenta y que poco a poco ha ido ganando terreno.

Aunque sea de suma relevancia política, cuando hablo de rabiosa actualidad no me estoy refiriendo a ella. Tampoco a la asunción del populismo, en un intento de dar gato por liebre. Ni siquiera a ese sucedáneo en que hoy se refugia determinada izquierda asumiendo, en una tendencia identitaria, la defensa de ciertas minorías tras haber abandonado casi en su totalidad la lucha por una mayor igualdad entre las clases sociales. De todo ello habla el libro de Guillermo del Valle. Pero no es esto lo que me lleva a considerar como muy oportuna la obra en este momento, sino el abrazo espurio entre izquierda y nacionalismo, que hoy se hace presente en nuestro país con dramática exigencia, la traición, que adquiere tintes trágicos, la cometida por la casi totalidad de la izquierda española haciéndose cómplice de golpistas, secesionistas y filoterroristas.

La izquierda en sus inicios mostró, sí, cierta desconfianza hacia el Estado, de ahí su pretensión de debilitarlo por todos los medios posibles, entre otros, troceándolo y limitando sus competencias. Durante mucho tiempo esta postura parecía plenamente justificada; tal como afirmó Marx, el poder político no era más, que el consejo de administración de los poderes económicos, el guardián de sus intereses.

En España, el sistema político instaurado por la Restauración, basado en el caciquismo y en el turnismo de dos partidos burgueses, marginaba totalmente a las clases populares y las expulsaba del juego político. Eso explica el auge que tuvo en nuestro país, y especialmente en Cataluña, el movimiento anarquista, y la consolidación de tendencias federalistas e incluso cantonalistas. Más tarde, tras el breve periodo de la Segunda República, el Estado se identificó con el franquismo, un régimen dictatorial y opresor, pero que además se proclamaba adalid de la unidad de España. Es lógico que la izquierda tendiese a oponerse y a combatir todo aquello que se identificara con la dictadura, y que en esa dinámica terminase asumiendo o al menos sintiendo simpatía por el nacionalismo.

Tales recelos pueden tener su razón de ser ante un Estado liberal, y por supuesto ante regímenes dictatoriales, pero carecen de todo sentido cuando se trata de un Estado social y democrático de derecho. A una parte de nuestra izquierda le cuesta comprender que el único contrapeso posible al poder económico y a las desigualdades que derivan del mercado se encuentra en el Estado, y que recortarlo o dividirlo solo podía ser regresivo. A partir de la Transición, sin embargo, con la democracia, parecía que todo esto había quedado bastante claro.

Bien es verdad que el PSOE tuvo que lidiar con las veleidades del PSC, que casi siempre tiraba al monte, e IU con las de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y las de ‎Ezker Batua en el País Vasco. Pero ni IU ni el PSOE se dejaron contagiar. La expresión más clara de que respecto a este punto ambas formaciones se mantenían en el lugar adecuado fue el conocido como “plan Ibarretxe”, consistente en un nuevo estatuto cuyo contenido fundamental era el reconocimiento del llamado derecho a decidir (la autodeterminación) del pueblo vasco. En enero de 2005 el Congreso de los Diputados rechazó el nuevo estatuto por 313 votos, 29 a favor y 2 abstenciones. Tanto el PSOE como IU votaron en contra, solo ICV se abstuvo.

Desde hace algunos años, la situación política en España ha cambiado sustancialmente. La izquierda oficial cohabita con el nacionalismo y asume su mismo discurso. Resultan expresivas las palabras pronunciadas tiempo atrás por Antonio Muñoz Molina: «Primero se hizo compatible ser de izquierdas y ser nacionalista. Después se hizo obligatorio. A continuación declararse no nacionalista se convirtió en la prueba de que uno era de derechas. Y en el gradual abaratamiento y envilecimiento de las palabras bastó sugerir educadamente alguna objeción al nacionalismo ya hegemónico para que a uno lo llamaran facha o fascista».

No existe ninguna contradicción, todo lo contrario, en que la izquierda abrace la causa de las naciones o de los pueblos pobres y oprimidos por la dominación colonial; pero cuando en Estados teóricamente avanzados, como Italia o España, el nacionalismo surge en las regiones ricas, enarbolando la bandera de la insolidaridad frente a las más atrasadas, la izquierda difícilmente puede emparejarse con el nacionalismo sin traicionar sus principios. En este ámbito, izquierda y nacionalismo son conceptos excluyentes. ¿Cómo mantener que la Italia del norte, rica y próspera, es explotada por la del sur, que posee un grado de desarrollo económico bastante menor? ¿Cómo sostener que regiones tales como Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha oprimen a otras como Cataluña, País Vasco o Navarra? ¿Puede la izquierda dar cobertura al victimismo de los ricos? ¿No resulta contradictorio escuchar a una fuerza que pretende ser progresista quejarse del déficit fiscal de Cataluña?

Cuando la izquierda defiende la libertad de decidir de los catalanes no es consciente de la contradicción en la que está incurriendo. ¿Serían capaces de mantener que un grupo social, el constituido por los ciudadanos de mayores rentas, tiene el derecho, si lo decidiese por mayoría (la mayoría sería aplastante), de excluirse del sistema público de pensiones, de la sanidad y de la educación pública, por ejemplo, con la correspondiente rebaja proporcional en sus impuestos? El supuesto no es tan forzado como pudiera parecer si tenemos en cuenta que las regiones que proponen la autodeterminación son de las más ricas de España. ¿Cuál sería su postura si, amparada en el derecho a decidir, La Moraleja (una de las urbanizaciones de más alto standing de Madrid) pretendiese (ya lo intentó) independizarse del municipio de Alcobendas (municipio de clase media), creando su propio ayuntamiento?

El discurso nacionalista en los países desarrollados tiene bastante parecido con el que defiende el neoliberalismo económico. El mejor sitio en donde está el dinero es en los bolsillos de los ciudadanos, afirman los liberales; los recursos generados en Cataluña deben quedarse en Cataluña. Tanto las clases altas como las regiones ricas de lo que hablan es de limitar, cuando no de eliminar, la solidaridad, y la equidad social. En definitiva, se trata de reducir a la mínima expresión la función redistributiva del Estado. En los dos casos se considera que los ricos son ricos por sus solos méritos, que la distribución de la renta que hace el mercado es correcta, y que cada uno debe ser dueño de disponer de sus ingresos como le venga en gana. Todo proceso redistributivo, bien sea interpersonal o interterritorial, lo juzgan como un acto de caridad, algo graciable, cuando no un abuso y un expolio. Su sentimiento de encontrarse injustamente atendidos por el Estado no surge de que piensen que están realmente discriminados, sino de que no están lo suficientemente bien tratados, dado su grado de excelencia y superioridad sobre los demás, lo que les hace acreedores a disfrutar de una situación privilegiada. ¿Puede la izquierda comulgar y amparar estos presupuestos?

La izquierda, al menos en un país democrático, no puede estar cimentada en el golpismo o en los que defienden la violencia política, aun cuando ahora no la practiquen al ser conscientes de que estratégicamente no les conviene. Es posible que determinadas tácticas y actuaciones sean aceptables en países subdesarrollados con grandes déficits democráticos y donde se carece de un Estado de derecho y, por lo tanto, en ocasiones no existe otro camino para establecer la libertad y la equidad que sortear el sistema jurídico construido por un poder dictatorial; e incluso, en los casos extremos, utilizar la violencia. Pero ese no es el caso de España. Hace más de cuarenta años que nuestro país -tal como dice la Constitución- es un Estado democrático y de derecho y, aunque con muchos defectos, equivalente al de los otros países europeos. No es posible autoproclamarse de izquierdas cuando se está a favor del retorno al cantonalismo, a los reinos de Taifas, a la tribu, al clan.

La tremenda mutación producida en esta cuestión en la izquierda Española tiene su origen en dos hechos acaecidos casi simultáneamente, el surgimiento de Podemos y la llegada de Pedro Sánchez a la secretaria general del PSOE, y tras ellos las prisas y urgencias de unos y de otros para llegar al gobierno y mantenerse en él por encima de cualquier consideración.

Sánchez provocó una metamorfosis radical en el PSOE. La mejor prueba de ello es que al principio de todo, los órganos del partido, concretamente el Comité Federal -que es la máxima autoridad entre congresos-, cuando intuyó hacia dónde se dirigían los planes del ahora presidente del Gobierno, no dudó en forzarle a dejar la Secretaría General. Lo que Rubalcaba bautizó como gobierno Frankenstein aparecía entonces como un auténtico sacrilegio, algo inimaginable para la casi totalidad de los socialistas.

La prisa por llegar al poder, surgida en parte por una concepción bastante simplista e inmadura de la política, lanzó a Podemos a los brazos de Sánchez y unió su suerte a la del partido socialista, precisamente cuando esta formación política atravesaba su peor momento histórico, integrándose en el gobierno Frankenstein, con lo que no solo blanqueaba a golpistas y filoetarras, sino que se hacía partícipe, incluso de aquellas medidas que chocaban frontalmente con su ideología y tradición. Vieron cómo España tomaba claramente partido a favor de la OTAN en una guerra llena de interrogantes y bastante alejada de nuestro entorno geográfico e histórico. Por mucho que repitan que se encuentra en Europa, los intereses parecen encontrarse más bien en EE. UU. Protestaron, pero aceptaron (los acuerdos de Consejo de Ministros se adoptan por unanimidad y hacen responsables a todos sus miembros), los continuos aumentos de los gastos de defensa y el envío de tropas a Ucrania. Tomaron parte como miembros del Gobierno en la modificación radical de la posición de España respecto al Sáhara, que, por cierto, continúa siendo el misterio mejor guardado. ¿Qué es lo que provocó de la noche a la mañana que Sánchez cambiase la posición sin dar cuenta a nadie?

A ese gobierno Frankenstein no se le puede calificar de progresista, sino más bien de reaccionario, ya que para estar en el poder maneja torticeramente el derecho, y no tiene empacho en aplicarlo de manera desigual a los ciudadanos, librando de la cárcel a aquellos que le apoyan, o cambia el Código Penal eliminando delitos o modificándolos con la misma finalidad.

A un gobierno ni siquiera se le puede tildar de democrático cuando acepta el principio de que el fin justifica los medios y en función de ello pretende apoderarse de todos las instituciones del Estado, utilizándolas en su propio provecho; y tampoco se le puede calificar de liberal cuando defiende que la ley no se aplique a todos por igual y que el hecho de tener la mayoría y ser gobierno le permite situarse más allá del ordenamiento jurídico. Y, sin ser democrático y liberal, un Estado no puede ser social.

De cara al futuro surgen los peores augurios. Los acuerdos firmados sin ningún pudor por el PSOE con los partidos separatistas y aplaudidos por Sumar (versión decadente de Podemos) indican claramente que, una vez más, Sánchez está dispuesto a todo con tal de perpetuarse en el poder. Se han echado en manos no ya de nacionalistas, sino de golpistas y filoetarras.

Sin embargo, las autoridades de ambos partidos están eufóricas y exultantes. Todos ellos pletóricos de jactancia y engreimiento. Como no acordarnos de los griegos y lo que entendían por “hibris”, pecado de orgullo y de arrogancia. Plutarco afirmaba: “Los dioses ciegan a quienes quieren perder”, y en palabras atribuidas a Eurípides: “Aquel a quien los dioses desean destruir, primero lo vuelven loco”. El poder ofusca a los humanos. La “hibris” arroja a quienes la padecen al exceso y al endiosamiento, les fuerza a abandonar la justa medida, a sobrepasar los límites.

Desconozco cuál será el futuro de este nuevo Frankenstein, y el de sus dirigentes y acólitos. Y si estarán labrando -como dicen los griegos- su propia perdición. Lo que sí parece probable es que al final de esta aventura la izquierda española va casi a desaparecer, se habrá traicionada a sí misma. En todo caso, se convertirá en otra cosa. De ahí, como afirmaba al principio, la rabiosa actualidad y utilidad de este libro, y también la importancia de que subsistan reductos, aun cuando sean pequeños, tales como el Jacobino, en los que se refugie la lucidez y el pensamiento de la izquierda.

republica.com 23-11-2023



POR ESPAÑA, POR EL INTERÉS DE ESPAÑA, FELONÍA

11-12-2023, CATALUÑA, SANCHISMO Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Mar, noviembre 14, 2023 21:38:16

Hay cuestiones que no necesitan ninguna explicación, son evidentes por sí mismas; pero, en contra de lo que afirmaba Hegel, no toda la realidad es racional. Existen muchas personas que están dispuestas a tragarse las mayores fábulas con tal de no crearse problemas, especialmente si van a favor de sus intereses. Uno tendería a pensar que plantearse el motivo por el que se quiere aprobar una ley de amnistía carece de cualquier lógica. Es una pregunta inútil. La causa, al igual que la de los indultos o la modificación del Código Penal para eliminar el delito de sedición o la rebaja de la malversación, está a la vista. Resulta palmaria.

Desde luego no existe ninguna duda acerca de la motivación de los independentistas. Y está igual de clara que la del resto de los miembros de la alianza Fraankenstein es la permanencia en el gobierno. Sánchez durante la campaña electoral mantuvo tajantemente que él no mentía, solo cambiaba de opinión, y en cierta forma es verdad puesto que no tiene ninguna convicción y solo un único objetivo: el poder. Cambia de criterio según se modifican las circunstancias, pero no las económicas, ni sociales, ni siquiera las políticas, en el sentido noble del término. Las innovaciones que toma en cuenta son tan solo el número de diputados que le faltan para tener mayoría y, por lo tanto, las exigencias que los dueños de esos escaños le reclaman para garantizar su permanencia.

Esa es la única y verdadera razón tanto de la defensa de la amnistía como de todas las concesiones que el gobierno Frankenstein ha venido aceptando hasta ahora. Cualquier otra es pura fantasía, pero así y todo, a tenor de los resultados del 23 de julio, hay que reconocer que han sido muchos los que han dado pábulo al dislate de las falacias construidas. Es por eso por lo que, contra toda lógica, haya que entrar a debatir unos argumentos que son simplemente la excusa para ocultar lo que es evidente, que el único motivo que existe es comprar a cualquier precio el gobierno de la nación, no perder los sillones.

Si Sánchez no hubiese necesitado de todas las excreciones del Frankenstein para mantenerse en el poder no habría habido ni mesa de diálogo, ni indultos, ni la eliminación del delito de sedición, ni modificación del de malversación, ni la Abogacía del Estado hubiese cambiado, de rebelión a sedición, la calificación de lo ocurrido con el “procés”. Seguramente tampoco se hubieran acercado, por lo menos al ritmo y en el número que se ha hecho, los presos de ETA a Euskadi, ni se hubiesen dado las otras concesiones realizadas a los independentistas vascos y catalanes. Es más, si el 23 de julio los resultados no hubiesen sido desfavorables al conjunto Frankenstein, y no tuvieran necesidad de sumar a Puigdemont y a sus huestes, no estaríamos hablando de amnistía, ni de relator, ni de referéndum, ni de condonación de deuda, ni de cupo, ni de “España nos roba”, ni siquiera Francina Armengol sería hoy presidenta de las Cortes, ni se habría convertido el Congreso en una nueva torre de Babel, cometiendo el disparate de hablar varias lenguas cuando todos los diputados se entienden perfectamente en una, que además es la oficial de todos los españoles.

Desde la pura lógica es imposible creer que lo que se pretende es la pacificación de Cataluña. Cataluña, en el sentido a que se refiere el nuevo caudillo, quedó pacificada una vez que se aprobó el 155 y actuó el poder judicial, y sin duda hubiese quedado más aún de haberse aplicado más enérgicamente y durante más tiempo la intervención de la Generalitat, tal como hubiese sido lógico a no ser por la renuencia del PSOE.

Los pactos y las cesiones de Sánchez para lo único que han servido es para dar alas al independentismo, insuflándoles fuerzas y nuevas esperanzas e ilusiones. Los han hecho más fuertes y prepotentes. No es cierto que los resultados del 23 de julio muestren un retroceso del soberanismo. Si los partidos secesionistas obtuvieron peores resultados se debió tan solo a que tratándose de unas elecciones generales una parte de sus partidarios, los más irredentos, se inclinó por el boicot al Estado español y a las elecciones, originando la reducción de la participación en Cataluña, y otra parte pensó que en esta tesitura era más práctico y más eficaz para los intereses soberanistas votar al PSC que a los propios secesionistas.

Esa es también una de las razones de que Sánchez obtuviera un millón de votos más. Otras fueron el trasvase que recibió del resto de partidos que se autodenominan de izquierdas (Podemos, etc.), y la menor abstención en toda España que condujo a que todas las formaciones políticas obtuviesen más votos por escaño. Ello al menos relativiza el argumento de que ese millón de votos, significaba que la sociedad española había ratificado de alguna manera los desmanes de los cuatro años pasados. El castigo electoral aparece de forma más clara cuando se considera el del gobierno Frankenstein en su conjunto. El desgaste es evidente y de ahí la necesidad de acudir a todo lo que se mueve en los suburbios, incluso a Puigdemont, y que Sánchez se someta a todo tipo de afrentas y, con él, humille al conjunto del Estado español. Otra cosa es que el castigo no haya sido suficiente para evitar la formación de otro Frankenstein bastante peor que el anterior.

Al margen de resultados electorales, las cesiones y la pasividad de Sánchez solo han servido para que el independentismo se encuentre más crecido que nunca e imponga en Cataluña, al margen de la ley, todas sus tesis. Poco a poco va recobrando fuerzas (embajadas, educación, boicot al jefe del Estado, leyes inconstitucionales, etc.) y se divide más y más a la sociedad catalana. En ella se puede estar produciendo lo que se daba y aún se debe seguir dando en el País Vasco, por una parte, la hégira hacia el exterior de un cierto número de ciudadanos que no comulgan con el independentismo y se sienten en terreno hostil y, por otra, que el tema político inconscientemente se evite a menudo en las conversaciones particulares con la finalidad de que no surjan conflictos.

No, ni la amnistía ni las cesiones anteriores ni las muchas que se produzcan en el futuro van a ayudar a la reconciliación en Cataluña. Todo lo contrario. Cuanto más ibuprofeno, más hinchazón. Menos aun van a contribuir a la unión de Cataluña con el resto de España. El supremacismo, la arrogancia y la insolencia de los independentistas, unidos a un falso victimismo que exige privilegios económicos frente a las otras regiones menos afortunadas, solo pueden despertar el rechazo en las otras comunidades autónomas. Cada día la brecha entre Cataluña y el País Vasco con el resto de España es mayor. Y es inevitable que se agrande si se continúa por el camino que Sánchez está trazando.

Pero Sánchez, desde sus inicios en la vida pública, se ha esforzado por abrir una escisión mucho mayor en la sociedad española. Habiendo sacado en 2016 los peores resultados de su formación política, lejos de dimitir como Almunia y Rubalcaba, acarició la idea de hacerse a pesar de todo con el gobierno. Sabía que la única posibilidad que tenía era establecer una fosa insalvable con el PP que era el partido que había ganado las elecciones. De ahí el “no es no”. Desde entonces ha utilizado una fantasmagórica división entre izquierda y derecha. Cosa curiosa precisamente cuando la globalización y la Unión Monetaria hacen más difícil distinguir a la una de la otra.

Ha aprovechado el fundamentalismo de siglas existente en la sociedad y en la política españolas, por otra parte sin demasiado contenido ideológico, para establecer un cordón sanitario y una división maniquea de una izquierda y una derecha construidas a su conveniencia.

En la primera, situó partidos tan progresistas como el PNV (“Dios y ley vieja”) o los herederos de CiU (3%), que se han comportado a lo largo de todos los años de democracia como las fuerzas más reaccionarias. Solo hay que repasar las actas del Congreso para darse cuenta de dónde han estado siempre sus intereses: claramente a favor del poder económico y defendiendo la distribución más regresiva de la renta y la riqueza en el orden territorial. A ellos, ha añadido además todas las fuerzas montaraces que aun cuando se llamen de izquierdas malamente pueden serlo teniendo, como principal objetivo, privilegiar a las regiones ricas frente a las pobres, y así mismo a otras formaciones del mismo estilo que justifican el terrorismo y si no lo practican es tan solo porque estratégicamente no lo creen conveniente.

A este maremagno secesionista, agrega también, ese conjunto de confluencias de todo tipo que se denominan progresistas, incluso radicales, y cuyos miembros lo que realmente tienen es un empacho mental muy considerable y un enorme grado de inmadurez e inexperiencia y que, olvidando que vivimos en un mundo globalizado y en la Unión Europea, pueden proponer las medidas más disparatadas y contraproducentes precisamente para los objetivos que dicen perseguir. Buena prueba de ello es que se colocan a favor de las exigencias independentistas frente al Estado de derecho, sin considerar que, en realidad, tales reivindicaciones se reducen a establecer en el orden territorial el supremacismo y las diferencias, del mismo modo que las clases altas lo pretenden en el ámbito personal. En el mejor de los casos este conglomerado se identifica con un bolivarianismo que no ha tenido muy buenos resultados en América Latina, pero que desde luego puede resultar nefasto en Europa.

Y coronando todo ello aparece ese sindicato de intereses y de empleo en que Sánchez ha convertido al partido socialista. Bien es verdad que esa transformación únicamente ha sido posible porque esta formación política  había perdido ya toda musculatura. Muchos años de transición de la socialdemocracia al socialiberalismo y un periodo largo de zapaterismo, presidido por la superficialidad, la frivolidad y la estulticia, han creado las condiciones necesarias para la mutación.

Con todos estos elementos, Sánchez construye su ejército, su gobierno al que llama de progreso y que no pasa de ser un populismo mal avenido. Frente al cual, y separado con una enorme muralla y como única alternativa crea un fantoche al que denomina la derecha y en el que engloba sin distinción alguna todo aquello que se le opone. Lo define como el imperio del mal. Predica de la totalidad los posibles errores o inconveniencias que hayan podido cometer alguno de sus componentes, quizás los más extremistas, como si el extremismo no existiese entre sus filas. Exagera hasta el límite. (véase mi artículo del 10 de agosto publicado en este mismo digital titulado “¿Qué sería de Sánchez sin Vox?”).

Sánchez utiliza todos los medios posibles para acentuar esta división, remontándose si es necesario hasta la guerra civil o hasta Franco. Todos los que no están con él son franquistas o fascistas. Incluso se califica así a todos aquellos que de una u otra manera, en algunos casos a costa de ir a cárcel, lucharon contra la dictadura. Y tales exabruptos parten a menudo de quienes han nacido ya en la democracia.

El presidente del Gobierno, en el Comité Federal del PSOE, proclamó con tono enfático que defiende la amnistía por España, por el interés de España. Esta foto pasará a la historia como uno de los mayores actos de felonía. Ni esta medida ni las otras concesiones que ya se han instrumentado o que se van a implantar favorecerán la concordia. Todo lo contrario, creo que van a incrementar la división en Cataluña, y entre esta Comunidad y el resto de España, e inclusive van a ahondar el fraccionamiento en toda la sociedad española.

Acto de felonía es dar a entender que todo resulta lícito con tal de impedir la alternancia. Es la muerte de la democracia. ¿Por España, por el interés de España? No, por el interés de los golpistas, por la ambición y por la egolatría de Sánchez. Lo que no entiendo muy bien es lo de nuestro vecino Antonio Costa, teniendo mayoría en el Parlamento, en lugar de haber dimitido podría haber aprobado una ley de amnistía. Se habría justificado afirmando que su intención radicaba en no dar ocasión de gobernar a la derecha. Todo por Portugal, por el interés de Portugal.

Republica 10-11-2023



YOLANDA Y LOS EXPERTOS

9, 10, 2023, CATALUÑA, SANCHISMO, SUMAR Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Dom, octubre 22, 2023 21:28:39

La líder de Sumar, tras su gira por Bélgica en aras de rendir pleitesía a un prófugo de la justicia, se supone que, a petición de su señorito, el de las mercedes, se ha dedicado profusamente a crear un grupo de juristas expertos que preparasen el camino a la amnistía que se avecina. Es verdad que casi todos los partidos y gobiernos a la hora de tomar decisiones incómodas o impopulares han constituido a menudo una comisión de expertos tras la que escudarse. Pero en el caso del sanchismo ha sido una marca de la casa y ha empleado esta estratagema con total liberalidad.

El Gobierno sanchista, ante las críticas, se ha escondido siempre detrás de las decisiones técnicas. Esa táctica se hizo presente de una y otra vez durante la pandemia. Todo se les iba en afirmar que ellos lo único que hacían era seguir los criterios de la comunidad científica, la opinión de los expertos. Pero, al mismo tiempo, se negaban reiteradamente a facilitar sus nombres.

A pesar de sus continuas referencias a los científicos y a los criterios sanitarios y epidemiológicos, Illa no fue capaz de dar una explicación ni de presentar un informe consistente sobre la materia. No dejó de ser asombrosa esa continua demanda del ministro de Sanidad: “Hagan caso a la ciencia”, que exclamaba con tono profesoral, mientras el gobierno central nos engañaba a todos con un comité de expertos inexistente. Esta era la ciencia del señor Illa: cambiar de opinión según le interesase al Ejecutivo.

Tan solo cuando el Consejo de la Transparencia le concedió un plazo perentorio de diez días (o, de lo contrario, le amenazaba con recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa) para facilitar los nombres de los miembros de ese comité fantasma de expertos -tras el cual, el ministro filósofo y candidato a la presidencia de la Generalitat se había escondido siempre para revestir de razones sanitarias lo que eran simples decisiones políticas-, se resignaron a decirnos quiénes eran los afortunados que lo componían, o más bien, a decirnos que en realidad ese comité nunca existió y todo quedaba reducido al locuaz Simón, nombrado en su momento a dedo por ser familiar de un ministro del PP, y a los funcionarios de un departamento inexistente desde hacía muchos años.

Pero nada como la explicación ofrecida por Calvo, entonces vicepresidenta del Gobierno: “Funcionarios, expertos cualificados, que tienen ese cargo, especialmente el doctor Simón, por razón de su expertitud”. Ahí es nada, expertitud. Esta palabra debía entrar a formar parte del lenguaje inclusivo.

Y es esa misma expertitud la que debió de utilizar como criterio la ministra de Trabajo a la hora de elegir a los componentes de esa comisión de expertos dedicada a analizar la posible repercusión sobre el empleo del Salario Mínimo Profesional. La ministra de Hacienda también creó su propio grupo de expertos para que dijesen en materia fiscal lo que interesaba al Gobierno. Y es que la finalidad de los expertos está siempre en concluir aquello que desea quien les nombra. De lo contrario, no son tenidos por expertos. Es cierto que, en el caso de Hacienda, cuando aparecieron las conclusiones del informe el Gobierno ya había cambiado de bando y no les hicieron ningún caso. La verdad es que salimos ganando.

Yolanda Díaz repite en expertitud y ha elegido a sus juristas de cámara con la finalidad de que justifiquen lo injustificable, que una amnistía a los golpistas del 1 de octubre es constitucional y útil. En realidad, el dictamen, tal como pomposamente lo llaman, se dirige a demostrar más lo segundo que lo primero. Claro que debemos preguntarnos, ¿útil para quién?

He desconfiado siempre de las comisiones de expertos independientes porque nunca son tan independientes como aseguran y su condición de expertos siempre resulta discutible. Casi siempre son profesores de estudios superiores, de los miles y miles que hay en España, provenientes de los cientos y cientos de las facultades que han surgido al abrigo de las autonomías y de los negocios privados. Los profesores universitarios se han multiplicado como las setas. Hasta nuestro ínclito presidente del Gobierno lo ha sido, con doctorado incluido, eso sí, donado, de la misma forma que antes lo habían recibido gratuitamente los miembros que componían el tribunal que le calificó.

En esto de la amnistía no nos podían defraudar y, aunque lo denominen pomposamente dictamen, es ideológico más que jurídico. A pesar de ello, ninguna formación política ha querido reconocer su paternidad. Los socialistas han renegado de él puesto que Conde Pumpido no había dado aún el visto bueno. Tampoco les ha gustado a los golpistas, porque, para independentistas, ellos, y no quieren que nadie les quite el protagonismo. Ya han constituido su propio grupo de expertos

Más extraño ha sido el caso de Sumar -y más concretamente el de Yolanda Díaz- que, después de estar varias semanas anunciando a bombo y plantillo el gran acontecimiento, rebajaron el tono y lo convirtieron tan solo en el dictamen de unos juristas. O bien el jefe de la Moncloa les dio un toque y les dijo que convenía esperar, o bien pensaron que era más diplomático y sagaz hacer pasar todo ello como un trabajo exclusivamente técnico.  Si el motivo fue esto último, hay que reconocer que constituyó un intento vano porque no hay que ser muy ducho en la materia para darse cuenta de que el susodicho dictamen no destaca por su solidez jurídica.

Aparte de ser farragoso, y donde todo parece confuso y desordenado, a efectos de demostrar que la amnistía es acorde con la Constitución del 78 se basa de forma sustancial en primer lugar en que la Ley de 1977 y el Decreto-ley de 1976 no fueron derogados ni tácita ni expresamente por la Constitución y, en segundo lugar, en que después de aprobarse esta se han concedido amnistías fiscales.

En cuanto a lo primero nadie ha puesto en duda que fuesen compatibles con la Constitución del 78 las amnistías aprobadas con anterioridad. Más bien fueron precisamente su antesala, y la condición para iniciar una etapa política nueva. Una exigencia ante el corte jurídico e institucional que se producía en ese momento. Pero precisamente por ello no parece que una nueva amnistía pueda ni deba darse en la época posconstitucional, en la que no se ha producido por ahora ningún cambio ni de régimen ni de sistema. A no ser que lo que se pretenda sea precisamente eso, el cambio.

En cuanto al segundo argumento, los señores juristas, casi todos ellos de derecho penal, parecen ignorar el carácter de las mal llamadas amnistías fiscales, que representan tan solo una regularización de la situación tributaria. No llegan ni a la categoría de indulto, porque, si bien se conmutan a determinados contribuyentes las sanciones a las que podían haberse hecho acreedores por la ocultación de determinados bienes o activos, casi siempre es a cambio de una contraprestación dineraria, aunque de menor cuantía que el monto que les pudiera haber correspondido pagar si hubiese sido la administración tributaria la que hubiera descubierto la infracción y, de lo que es más importante, con la condición de que hayan sido ellos mismos los que confiesen su situación irregular, afloren los bienes o activos hasta entonces ocultos y empiecen a tributar adecuadamente por ellos.

Como se puede apreciar, nada que ver con una amnistía penal. Quizás, puestos a realizar comparaciones, en todo caso debiéramos referirnos a la colaboración que a menudo establece el Ministerio Fiscal con los acusados a los que rebaja la petición de condena y, lógicamente, de la pena a cambio de su confesión o de descubrir determinados hechos hasta entonces opacos. En ambos casos se produce un “do ut des”.

Sin duda, la parte más extensa del llamado dictamen es la ideológica que parte, con frecuencia, de supuestos totalmente falsos como el de que desde 2013 existe un conflicto entre Cataluña y el Estado español. Los independentistas no son Cataluña. Y el único conflicto que existe es, como en toda cuestión penal, entre la ley y unos delincuentes que no dejan de serlo por muy numerosos que sean, y por mucho que se les indulte.

Tampoco se puede identificar, tal como hacen los llamados expertos, la no militancia de nuestra Constitución con el llamado derecho a decidir que, aunque se le denomine con este eufemismo, no deja de ser derecho a la autodeterminación que nuestra Carta Magna no reconoce a ningún territorio nacional y que la ONU solo  contempla para las colonias; y no parece que nadie pueda calificar de tal a Cataluña.

Los expertos nos ilustran acerca de lo que es ciertamente una obviedad. Que la elaboración del derecho penal es competencia del Parlamento y que en esa función mantiene un amplio margen. Nadie puede negarlo, pero tampoco que esa discrecionalidad política está limitada por la propia Constitución y, sobre todo, que si a las Cortes les corresponde elaborar las leyes a los jueces les corresponde aplicarlas. Mal que a algunos les pese.

Pero en eso radica la división de poderes, aunque precisamente de ella es de la que reniegan algunos. En todo régimen populista el ejecutivo, después de controlar al legislativo -lo que le suele resultar casi siempre bastante fácil-, coloca en su diana al judicial que, para el bien de los ciudadanos en España no se identifica con los profesores universitarios, aunque siempre existe un intento del poder político para introducirlos por la puerta de atrás. Cuarto turno, juristas de reconocido prestigio, etc.

Toda la segunda parte del famoso dictamen pretende ser una enmienda a la actuación del poder judicial, a jueces, a fiscales, y sobre todo a los planteamientos del Tribunal Supremo (TC). Los expertos juristas son muy dueños de mantener esa crítica, como algunos también estamos en nuestro derecho de pensar que sus esfuerzos argumentales no llegan ni a arañar lo más mínimo la solidez jurídica de la sentencia. Que a mi entender es impecable y tumbativa, excepto al final, cuando la conclusión lógica debería haber sido el delito de rebelión y, sin embargo, dando un salto en el vacío se inclina por la sedición. (Ver en estas mismas páginas mi artículo de 17 de noviembre de 2019 titulado Sí, hubo golpe de Estado).

La sentencia, después de aceptar la tesis de la Fiscalía acerca de que la violencia en la rebelión no tiene por qué ser física, sino que puede ser también compulsiva, y tras demostrar que esta se había dado profusamente en el procés, abandona esta calificación y se desliza a la sedición. Razón: que, tal como argumentó Calvo, Pedro Sánchez era ya presidente del Gobierno y que cuando calificó como rebelión lo acaecido en Cataluña no lo era. Ahora estaba ya en el Gobierno y sustentado por los propios golpistas. No tiene por tanto nada de extraño que pretendiese influir lo más posible en la sentencia, primero obligando a la Abogacía del Estado a cambiar la calificación y, segundo, queriendo predisponer a alguno de los jueces más adeptos a que se inclinasen por el fallo más benigno.

El propósito de que la sentencia se ratificase por unanimidad hizo el resto. Bien sabía Marchena la multitud de juristas expertillos que, al servicio de todo tipo de intereses, intentarían desacreditar al Tribunal. Pero, paradójicamente, de esa manera creo yo que se facilitó la posibilidad de críticas, porque lo que era un delito claro de rebelión resultaba más complicado encajarlo dentro de la sedición. Una vez más, se cumplió que la unanimidad no era más que la dictadura de la minoría.

En contra de lo que dice Sánchez, lo que contuvo el golpe y lo sigue conteniendo hasta ahora es el Código penal y fue la aplicación del Código penal lo que hizo huir a Puigdemont en un maletero de coche. Los expertos juristas quieren borrar todo eso con la amnistía, y empezar una historia nueva. Lo de borrar es imposible. Los secesionistas pretendieron arrebatarnos la soberanía sobre Cataluña al resto de los españoles. Es un hecho que difícilmente puede desvanecerse ni olvidarse. Lo de la historia nueva no parece que ni Puigdemont ni Oriol Junqueras lo quieran. Ni tampoco parece que lo permita la Constitución y, además, seguramente nos conduciría a la catástrofe.

republica.es 19-10-2023



¿POR QUÉ LO LLAMAN GENEROSIDAD CUANDO QUIEREN DECIR SOBORNO?

9, 10, 2023, CATALUÑA, SANCHISMO Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Lun, octubre 16, 2023 21:09:02

Sánchez cambia los nombres. A la impunidad la llama desjudicialización y ahora a la amnistía la denomina generosidad. Se ha vuelto generoso de repente. Solo a partir del 23 de julio. Parece que la generosidad tiene una relación directa con el número de votos que se necesitan para obtener la mayoría. Sánchez precisa de muchos (cincuenta y cinco), así que se ve obligado a ser muy generoso. Por eso le llaman Pedro el de las mercedes. Parangonando así al primer Trastamara, Enrique II, que recibió tal calificativo por la cantidad de dádivas que tuvo que entregar a los nobles para que le coronasen en detrimento de su hermano Pedro, al que unos han dado en llamar el cruel y otros el justiciero.

Lo de las mercedes en realidad no era muy exacto porque no se trataba desde luego de dádivas, sino de pagar un precio por la corona. Tampoco en sentido estricto a lo de Sánchez se le puede dar el apelativo de generosidad porque está comprando algo, la Moncloa. El precio que se abona no es personal, sino público, lo sufragamos todos los españoles; primero, violentando hasta el máximo el Estado de derecho, pero también con dinero si no, los independentistas catalanes dejarían de serlo, porque detrás de las banderas, las entidades, los hechos diferenciales y hasta de la lengua lo que aparece enseguida es el “España nos roba”.

A las negociaciones de la investidura se intenta incorporar el acuerdo sobre los presupuestos y, por lo tanto, pensemos lo peor: se van a introducir las cesiones dinerarias que se piensa otorgar a Cataluña y al País Vasco (regiones sojuzgadas) a costa de extremeños, andaluces, castellanos, aragoneses, etc., que, como se sabe, son pueblos opresores.

Con los indultos Sánchez habló de concordia, de reconciliación y de entendimiento. No empleó la palabra generosidad y, sin embargo, esta palabra hubiera sido entonces más apropiada que ahora porque, aunque también se trataba de pagar un precio, en aquellas circunstancias Sánchez -es decir, el Estado- otorgaba el perdón, perdón que los independentistas no estuvieron nunca dispuestos a reconocer ni a pedir formalmente. Querían lo que ahora van a conseguir con la amnistía, que sean Sánchez y el Estado los que les pidan perdón a ello, pues, como dice el presidente del gobierno, ha sido un conflicto político que nunca tendría que haber derivado en una acción judicial.

La amnistía es el reconocimiento de que el Estado se había equivocado, de que la Constitución es odiosa y despótica y que los llamados golpistas no cometieron delito alguno, sino que habían defendido sus derechos y los del pueblo catalán, frente a un Estado que les había perseguido injustamente. Es más, que aquellos que habían aplicado la Constitución y las leyes que de ella se derivan habían actuado de forma inicua y abusiva.

Andan los juristas, constructivistas o no, buscando el encaje de la amnistía en la Constitución. Algunos defienden que como nada se dice de ella en la Carta Magna no existe impedimento para que las Cortes la aprueben. Tampoco se dice nada de la esclavitud, de la tortura o de la ley del Talión y no por eso se puede afirmar que la Constitución las permita. Durante su tramitación en 1978 se presentaron cuatro enmiendas para introducirla y las cuatro fueron rechazadas. Lo que sí se incorporó fue la prohibición de indultos generales. Es difícil de entender que se niegue lo menos y se pueda llegar a autorizar lo más.

Pero es que, además, la constitucionalidad o no de la amnistía no se puede juzgar en abstracto, sin tener en cuenta qué es lo que se va amnistiar. En este caso es imposible que lo recogiese la Constitución. Sería como ir contra ella misma. Es como si afirmara que el régimen que establece es opresor y por lo tanto debiera prever la amnistía para aquellos que en el futuro se rebelen contra el despotismo.

La amnistía cabe interpretarla o bien como la terminación de una guerra interna (conflicto, dicen los soberanistas) y en la que se establece un armisticio, olvidando todas las injusticias y responsabilidades en que se haya podido incurrir tanto en un bando como en el otro, o bien que haya que cambiar las reglas de juego porque las hasta ahora existentes eran injustas y por lo tanto inocentes los que se hubiesen rebelado contra ellas.

Tal es sin duda el planteamiento de los golpistas, pero esto poco tiene que ver con la generosidad y con el perdón. Se trata más bien de absolver a los que se condenó y de condenar a los que condenaron y a las leyes que aplicaron, es decir, a la propia Constitución, pero por eso resulta difícil, por no decir imposible, encontrar en esta la autorización de la amnistía.

A menudo la amnistía va unida a una ley de punto final en la que se reconoce la culpabilidad mutua. Ya lo dijo Sánchez cuando los indultos: “En Cataluña todos somos responsables”. Pero es que, paradójicamente, los golpistas no quieren oír hablar de final ni de que ellos son culpables. No tienen que arrepentirse de nada. Están dispuestos a volverlo a hacer. No renuncian ni a la independencia ni a la unilateralidad. Habrá que preguntarse entonces lo mismo que deberíamos haber hecho con los indultos: ¿para qué?

¿Para superar la condición jurídica que se había creado en Cataluña? Fue lo que dijo Sánchez en Granada y nada menos que delante de la presidenta de la Comisión y del presidente del Consejo Europeo. En realidad, no importa demasiado el escenario dada la levedad en que se mueven en la actualidad los dirigentes de la Unión Europea.

Lo cierto es que no ha habido dos bandos, ni una contienda, ni cambio de régimen, ni ninguna necesidad de punto final. Solo se ha producido un golpe de Estado por parte de un gobierno y unas autoridades autonómicas que cometieron traición, rebelándose contra el Estatuto de su propia Comunidad y contra la Constitución, en función de los cuales habían sido nombrados, y la reacción lógica de un Estado defendiéndose. No hay dos bandos culpables, solo uno que además de robar al Estado -es decir, a todos los españoles-, emplearon lo robado para ir en contra de más de la mitad de los catalanes y del resto de España.

Hablemos claro. Tal como afirmó el Tribunal Supremo refiriéndose a los indultos, sería una autoamnistía, porque los implicados, los beneficiarios, van a ser quienes al mismo tiempo la aprueben. Vayamos al fondo, dejemos al lado la reconciliación, la concordia, la paz y otras zarandajas. Esto no va de eso. Tampoco va de horizonte ni de la pluralidad ni de cursilerías parecidas. Lo único que está en juego es la compra del gobierno de España, su única finalidad es lograr que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz continúen de presidente y vicepresidenta de un Ejecutivo hipotecado.

Al alto cargo que adjudicase un contrato de obras públicas y recibiese a cambio una casa o un chalet, ¿no le tildaríamos de corrupto?, ¿y no consideraríamos tal a quien concediese subvenciones a cambio de obtener financiación para su partido? Sánchez consiguió llegar a la presidencia del gobierno por primera vez con 85 diputados utilizando torticeramente el tema de la corrupción. Y con corrupción pretende mantenerla. ¿No llamaremos cohecho al acto de conceder la amnistía como pago y como contrapartida para adquirir la Moncloa? Es difícil no ver que se comienza a entrar peligrosamente en el ámbito del derecho penal. Quizás podemos encontrarnos ante uno de los mayores casos de corrupción acaecidos en los últimos cuarenta años. Preguntémonos por qué lo llaman generosidad cuando quieren decir soborno.

republica.com 12-10-2023



COMPRAR  EL GOBIERNO CORROMPIENDO LAS INSTITUCIONES Y LA DEMOCRACIA

CATALUÑA, CORRUPCIÓN, GOBIERNO, PSOE Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Mar, octubre 10, 2023 11:49:03

Al sanchismo no se le puede negar su capacidad de crear relatos y, aún más, su habilidad para poner de acuerdo a todos los heraldos con la finalidad de que repitan una y otra vez la misma consigna. Para algunos nos puede resultar ridículo contemplar ese mimetismo, pero no hay que suponer que hace su efecto en una gran parte de la población.

Para desprestigiar a Feijóo han puesto en circulación un mantra: la soledad del presidente del PP. La verdad es que la contestación no resulta demasiado difícil. Más vale estar solo que mal acompañado y la compañía de golpistas y filoterroristas no es precisamente para envidiar. Aitor Esteban, a quien no le gustó el zarandeo que recibió en la sesión de investidura, va diciendo por ahí que Feijóo así no va hacer amigos. El problema es que el PNV ha hecho algunas amistades que le pueden costar caras y que están a punto de desbancarles. Ya se lo dijo el candidato mirando a Bildu.

Por otra parte, la soledad de Feijóo es muy relativa. Tiene mayoría absoluta en el Senado. Los populares controlan casi todas las autonomías y ayuntamientos y, como consecuencia, la Federación Española de Municipios y Provincias. En estos momentos, Feijóo cuenta con su partido unido como una piña y en el PP no parece que haya fisuras, por mucho que los sanchistas se empeñen en lanzar bulos y rumores asegurando lo contrario.

A pesar de la altanería y autosuficiencia con la que se presenta Sánchez, su situación no es precisamente muy cómoda. Sus amistades, aparte de no ser recomendables, no son muy fiables y están enfrentadas entre sí. Todas ellas unidas por el mismo pegamento, los intereses. A pesar de que Benavente por boca de Crispín afirma un poco cínicamente “Que mejor que crear afectos es crear intereses”, las amalgamas basadas en conveniencias son siempre bastante enmarañadas.

El nuevo Frankenstein que Sánchez quiere construir, además de ser monstruoso y deforme como su nombre indica, está lleno de grietas y de contiendas internas. El PNV contra Bildu, y viceversa; Esquerra y Junts enfrentados, y Sumar parece un polvorín a punto de estallar. Pero es que el mismo PSOE no está tan unido como parece. Es verdad que Sánchez ha establecido en el partido un régimen autocrático, ha creado una estructura férrea, cambiando las reglas de juego y colocando en todos los puestos importantes hombres de su confianza, pero da la sensación de que su adhesión no es tanto por convencimiento como por conveniencia, y el edificio no es tan sólido como todo el mundo se figura.

Sánchez ha ido tan lejos en sus propósitos y en sus cesiones que ha provocado que muchos antiguos dirigentes y militantes hayan alzado su voz. Por más que el sanchismo haya pretendido descalificarles, tildándoles de carrozas y situándoles en la prehistoria, hay que suponer que sus manifestaciones algún eco han tenido que despertar en muchos afiliados y simpatizantes, sobre todo en aquellos que ahora no ocupan ningún cargo público. Pero es que, además, el 28 de mayo constituyó una auténtica hecatombe para el PSOE, perdiendo casi todo el poder territorial.

Sánchez ha pretendido tapar la debacle convocando elecciones generales el 23 de julio y hay que reconocer que sus resultados -o más que estos la falta de escrúpulos y las posibilidades de formar de nuevo un gobierno Frankenstein- han hecho olvidar momentáneamente el fracaso autonómico y municipal. Pero resulta difícil calcular cuánto van a durar esta euforia y este entusiasmo que pretende transmitir Moncloa. Si al final se logra formar gobierno, el efecto será muy positivo para el núcleo duro que rodea a Sánchez. Habrán mantenido sus puestos de trabajo, pero qué dirán los cientos e incluso miles de militantes que han perdido sus cargos en el ámbito territorial. Parece bastante inevitable que, como el exalcalde de Valladolid, echen la culpa a los acuerdos de Sánchez con los independentistas. A este le han recolocado en el Parlamento y por eso se ha callado, o mejor dicho ha empezado a graznar, pero todos no caben en el Congreso o en el Senado.

Sánchez pretende justificar ante las bases las cesiones que va a realizar ahora con los soberanistas con el argumento de que después de haber perdido gran parte del poder territorial no pueden renunciar al gobierno central. Sería quedarse sin nada. Pero la mayoría de los militantes pueden llegar a la conclusión de que a ellos en concreto que Sánchez se mantenga en el gobierno hipotecado a los independentistas no les soluciona demasiado y de que las futuras cesiones puedan volver a ser tan escandalosas en sus territorios que ante unas nuevas elecciones autonómicas o municipales no solo no ganen, sino que terminen perdiendo lo poco que les queda.

Muchos comentaristas se preguntan por qué se ha producido esa diferencia en resultados entre el 28 de mayo y el 23 de julio. La razón me parece evidente: en mayo no intervenían ni el País Vasco ni Cataluña; en julio, sí. No es solo que estos dos territorios no celebrasen elecciones autonómicas en la primera fecha, la razón principal se encuentra en que en unas elecciones generales -aunque se pierdan, y Sánchez las perdió en julio- se puede mantener la representación de que se ha vencido siempre que se esté dispuesto a pactar a cualquier precio con los secesionistas de todos los pelajes y conseguir de esta manera el poder. Pero en Castilla y León, Extremadura, Aragón, Murcia, Madrid, etc., no hay independentistas con los que pactar.

A pesar de las apariencias, puede ser que el partido socialista -si exceptuamos Moncloa, Ferraz y aquellos que viven colgados a sus ubres- no sea tan monolítico como se quiere dar a entender, y que si nos desplazamos al ámbito territorial las grietas pueden ser más profundas. El mismo hecho de que Ferraz y Zapatero hayan forzado a que todos los secretarios provinciales firmasen un manifiesto apoyando los futuros pactos es señal de que no están nada seguros de que la unión se mantenga.   

Pero que nadie se engañe, las grietas no son tantas y tan profundas  como para que aquellos que mantienen poder –como es el caso de los diputados nacionales- se rebelen. Por eso, la llamada del PP a romper la disciplina del voto no tenía ninguna viabilidad práctica. Su único sentido podría encontrarse en lo testimonial, colocando ante la cara de todos los diputados socialistas su complicidad con el sanchismo y su enorme contradicción, al ser representantes de extremeños, castellanos, andaluces, etc. En cualquier caso, el momento más adecuado para que algún diputado socialista se descolgase no era la votación pasada, sino las próximas, especialmente si se llega a votar una ley de amnistía. Pero tampoco hay que esperarlo.

Resulta sorprendente que el sanchismo hable de transfuguismo, como asombroso es que Yolanda Díaz afirme que el transfuguismo es la mayor de las corrupciones, frase que Sánchez ha repetido. La primera no ha tenido ningún empacho no ya en romper la disciplina de voto, sino en traicionar abiertamente a la formación política que le había hecho ministra y vicepresidente segunda del Gobierno. El segundo capitaneó el transfuguismo de 15 diputados socialistas (entre los que se encontraba la actual ministra de Defensa) en la votación de la investidura de Rajoy. En cualquier caso, se equivocan de diana: la mayor corrupción no está ni mucho menos en lo que se denomina transfuguismo, se encuentra en comprar y conseguir el gobierno pervirtiendo las instituciones y la democracia.

republica.com 5-10-2023



EL DISCURSO GOLPISTA DE SÁNCHEZ

CATALUÑA, PODEMOS, SANCHISMO Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Dom, octubre 01, 2023 22:33:45

Dicen que los que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma opinión. Será por eso por lo que Sánchez al llegar a la Moncloa lo primero que hizo fue alardear de que iba a cambiar el colchón. Tal vez quería hacer ostentación de que él no tenía nada que ver con Rajoy, ni con la derecha. Pero lo cierto es que, sin embargo, a lo largo de todos estos años no le ha importado encamarse con los independentistas -más bien ya golpistas. Y el refrán parece que funciona, porque él y sus acólitos han ido poco a poco asimilando el discurso de aquellos, hasta el punto de que apenas se encuentra ya diferencia entre ellos.

Casi todos los comentaristas afirman que el resultado de las últimas elecciones indica que en la ciudadanía de Cataluña se ha reducido la proporción de soberanistas. Discrepo. Lo que ha ocurrido es que un número importante de independentistas reconoce a Sánchez como uno de los suyos y, teniendo en cuenta que se trataba de elecciones generales, pensaron que votarle a él era más práctico que hacerlo a otras formaciones independentistas.

El otro día en la ONU, en Nueva York -los anuncios importantes siempre los hace en el extranjero- Sánchez afirmó que, tal como había pensado siempre: “La crisis política de Cataluña nunca debió derivar en una acción judicial”. Dejemos al margen lo de “siempre” porque es bien sabido que Sánchez no es que tenga doble, sino múltiples personalidades, en función de cuáles sean sus intereses en cada momento. Fijémonos, sin embargo, en la frase en sí misma, que constituye una enmienda a la totalidad de la democracia. Él y sus adláteres ya habían repetido antes una expresión parecida, aunque con un matiz distinto: “Hay que desjudicializar la política”. Esta última frase indica un proyecto para el futuro. La manifestada en la ONU implica algo más, es una condena de todo el pasado. Aunque, en cualquier caso, de alguna forma el sentido de ambas es el mismo: declarar que ni la ley ni el derecho pintan nada en la política, y la justicia menos.

Habrá que preguntarse qué se pensaría de alguien que defendiese que no hay que judicializar el sistema fiscal y por lo tanto que a los defraudadores no se les deberían aplicar la ley y las sanciones, sino que la Agencia Tributaria tendría que dedicarse a parlamentar y platicar con ellos. Crear una mesa de diálogo.

Y ahora que los sindicatos están tan identificados con el Gobierno y defendieron los indultos de los golpistas, me pregunto cómo se pondrían si a alguien se le ocurriese afirmar que no hay que judicializar la actividad laboral y reclamase que se eliminara la jurisdicción de trabajo y el derecho laboral para reducir todo al diálogo y a la negociación.

Y, por último, sería interesante ver la reacción del Gobierno y sus  correligionarias feministas si alguien se atreviese a plantear que hay que desjudicializar las relaciones de pareja y la violencia de género para reducirlas a un problema doméstico y que, dado que los métodos penales y de represión no funcionan, habría que sustituirlos por la concordia y el diálogo. Nada de aconsejar a las mujeres que denuncien al agresor, sino todo lo contrario, que se sienten a negociar con él.

Pedro Sánchez afirmó también que, siendo líder de la oposición, cuando el fiscal general José Manuel Maza, ya fallecido, abrió la puerta a todas estas causas judiciales a través de la Audiencia Nacional, trasladó su malestar al señor Rajoy. No merece la pena detenerse en la verdad o la falsedad de este hecho. La hemeroteca lo contradice en múltiples ocasiones, ya que en el pasado son muy variadas sus declaraciones públicas que van en dirección contraria. No obstante, esta manifestación es perfectamente indicativa del concepto que Pedro Sánchez tiene de la justicia. En su fantasía la protesta la dirige al presidente del Gobierno de entonces suponiendo que tanto la Audiencia Nacional como la Fiscalía están a sus órdenes. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso…

Después de las afirmaciones del presidente del Gobierno no nos puede extrañar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) haya accedido a estudiar los recursos de los nueve condenados a penas de prisión en el juicio del procés. Ni puede sorprendernos que sea precisamente ahora. Será toda la justicia europea la que debe de estar hecha un lío. Si es el mismo presidente del Gobierno el que dice que el proceso judicial no procedía, ¿qué van a decir los tribunales extranjeros?

No puede por menos que causar hilaridad recordar ahora las palabras de Borrell, cuando era ministro de Exteriores de Pedro Sánchez, quejándose de que los gobiernos de Rajoy no habían sabido combatir adecuadamente el discurso de los golpistas en el extranjero, y comprometiéndose a que los gobiernos de Sánchez se dedicarían con ahínco a esta tarea. Borrell, al margen de cuáles fuesen sus intenciones, tendría que haber inferido que un gobierno que debía el poder a los golpistas sería incapaz de refutar sus prédicas. Después de estos años, se puede comprobar que no solo es que no las haya rebatido, sino que ha terminado asumiendo su mismo discurso.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se ha dirigido al Gobierno español para que conteste las alegaciones de los demandantes antes del 14 de enero próximo. ¡Oh, paradoja!, en realidad la solicitud se dirige a los propios demandantes. Porque en esas fechas, e incluso ya ahora, serán Puigdemont y Oriol Junqueras los que estarán detrás del Ejecutivo, y por lo tanto responderán las preguntas.

Hasta ahora el TEDH ha rechazado todos los recursos del procés. Después de la postura de Sánchez y de la de una vicepresidenta del Gobierno yendo a Bruselas a rendir pleitesía a un prófugo no parece  probable que en el futuro haga lo mismo.

republica.com 28-9-2023



HAY QUE BUSCAR UN ENCAJE PARA CATALUÑA ¿OTRA VEZ?

CATALUÑA, GOBIERNO, PSOE, SANCHISMO Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Sáb, septiembre 16, 2023 11:16:11

En esa especie de locura en la que se mueve hoy la política española, Feijóo, después del mitin de Puigdemont en Bruselas, ha propuesto un pacto para el encaje territorial de Cataluña. Lo de “virtus in medio” pierde al presidente del PP. Hay temas en los que el medio no es posible. Llevo más de 45 años oyendo que hay que buscar un encaje para Cataluña. Uno de los principios que informaron la Constitución de 1978 fue el de encajar no solo a Cataluña, sino también a todos los nacionalistas en España.

El tema, sin duda, viene de lejos. Una vez más, hay que recordar la intervención de Ortega y Gasset en el Congreso de los Diputados en el debate sobre el Estatuto de Cataluña. Entresaco un párrafo de un texto mucho más amplio que transcribí en el artículo publicado en este mismo diario el 27 de febrero de 2020, titulado “Ortega y Gasset y la mesa de diálogo de Sánchez”:

“…Se nos ha dicho: «Hay que resolver el problema catalán y hay que resolverlo de una vez para siempre, de raíz. La República fracasaría si no lograse resolver este conflicto que la monarquía no acertó a solventar… ¿Qué es eso de proponernos conminativamente que resolvamos de una vez para siempre y de raíz un problema, sin parar en las mientes de si ese problema, él por sí mismo, es soluble, soluble en esa forma radical y fulminante?… Yo sostengo que el problema catalán, como todos los parejos a él, que han existido y existen en otras naciones, es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar, y al decir esto, conste que significo con ello, no sólo que los demás españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que conllevarse con los demás españoles…”.

El problema es que, como también afirma Ortega, el nacionalismo particularista (es su nomenclatura) nunca ha querido conllevarse, sino que ambiciona separarse políticamente del resto de los españoles.

A lo largo de estos años, la Constitución de 1978 se ha estirado como si fuera un chicle para proporcionar más y más encaje a los independentistas, hasta el extremo de que desde hace tiempo estas minorías tienen más derechos que la propia mayoría. A pesar de todo ello, los nacionalistas no se han sentido nunca a gusto y han pedido siempre más y más. Pero ha sido con Sánchez -y sus ambiciones- cuando las cesiones han dado un salto cualitativo, pactando en 2018 con aquellos que acababan de dar un golpe de Estado, y quedando el gobierno de España en cierta forma a su albur.

Tras las elecciones del 23-J y la entrada en escena de Puigdemont, las exigencias se han elevado al máximo y se demuestra una vez más que los independentistas no quieren ningún encaje. Después de la elección de la mesa del Congreso, todas las voces del PSOE -incluyendo los tertulianos afectos-, siguiendo la consigna, se lanzaron a pregonar la idea de que se había pagado un precio muy reducido. Disiento. Lo primero que hay que cuestionar es por qué la totalidad de españoles deben pagar un precio a una minoría independentista tan solo para que la señora Armengol sea la presidenta del Congreso, como primer paso para que lo sea Sánchez del Gobierno de España. Uno tendería a pensar que la constitución de la mesa es un problema de mayorías y pactos dentro de las distintas ideologías y no un mercado turco de favores.

La segunda cuestión es que el precio no tiene nada de barato. El tema de la amnistía ha desplazado de la tribuna pública todo lo anterior, pero las concesiones realizadas para algo tan simple como elegir los miembros que deben dirigir la Cámara han sido cuantiosas y de alto coste. Comenzando por la designación de la propia presidenta de la mesa, desalojando a Batet para poner en su lugar a Armengol, a fin de dar gusto a los separatistas. No es que precisamente Batet fuese sospechosa de probidad o de falta de disciplina. Pertenece al PSC y en sus tiempos defendió ardorosamente el derecho a decidir. Eso ya nos puede dar una idea de por dónde se mueve la actual presidenta, cuando los soberanistas la prefieren, aunque ciertamente nos debería bastar su trayectoria en el gobierno balear. El diario El País -siempre predispuesto a blanquear los actos de Sánchez- defendió que su nombramiento era un guiño a la España periférica. ¿Quizás a Extremadura, Andalucía, Murcia, Galicia, a Cantabria, a Asturias? No creo. ¿A Baleares que la acaba de echar? Imposible. Solo al País Vasco y a Cataluña. Sus primeros actos como presidenta de las Cortes indican de manera bastante fehaciente cuál va a ser su trayectoria: dogmática y sectaria.

Pero es que, además, el lote exigido por los independentistas ha ido mucho más lejos. Las cesiones han sido múltiples, pero todas van dirigidas al mismo objetivo: a situarse en mejor posición de cara a una nueva declaración unilateral de independencia. En esa línea consideran esencial que el Gobierno español los reconozca como nación frente a Europa. De ahí la importancia que dan al uso de las lenguas cooficiales.

Uno de los problemas que tiene el nacionalismo surgido en el siglo XIX es que, en los tiempos actuales, resulta difícil -en muchos casos imposible- determinar el contorno de la teórica nación. ¿Dónde empieza y dónde acaba?, ¿qué es lo que los distingue de los demás?: los famosos hechos diferenciales. Acudir a la entidad étnica (y al RH) está muy mal visto después de la Segunda Guerra Mundial, de manera que los distintos nacionalismos no tuvieron más remedio que refugiarse en la entidad cultural. Pero hoy en día, tras la globalización, la integración financiera y comercial, la movilidad de las personas y los negocios resulta muy difícil mantener la ligazón con el terruño y encontrar la llamada identidad cultural. Las distintas cavilaciones y las teóricas naciones se difuminan y solo permanecen las entidades políticas y jurídicas, es decir, los Estados.

¿Quiénes son los catalanes?, ¿los que ahora habitan en la Comunidad Autónoma, aunque acaben de llegar, o todos los nacidos en Cataluña vivan donde vivan? ¿Por qué van a poder votar los catalanes residentes en Costa Rica y no los residentes en Madrid? ¿Quién es el sujeto de ese derecho a decidir que se invoca? ¿Cuál es criterio a seguir? ¿Los nacidos en la Comunidad Autónoma de Cataluña, definida curiosamente de acuerdo con la Constitución del 78, formada por cuatro provincias, con los límites que estableció el ordenamiento jurídico en 1833?, ¿o más bien los residentes en ella, sean oriundos de donde sean? ¿Y por qué no escoger a todos los países catalanes o al antiguo Reino de Aragón, con lo que seguramente el resultado sería muy distinto?, ¿o cada provincia tomada individualmente? ¿Qué ocurriría si la mayoría en Barcelona y Tarragona se pronunciase en contra de la escisión, aunque la mayoría de la Comunidad se mostrase a favor?, ¿se independizarían tan solo Lérida y Gerona? ¿Y qué sería de los municipios que se pronunciasen en contra de lo decidido por sus correspondientes provincias?…

Al nacionalismo solo le queda como elemento identitario el lenguaje. Es por eso por lo que le concede tanta importancia, por lo que lo convierte en un concepto casi ontológico. Lo asimila con el espíritu del pueblo. De ahí que pretenda que el catalán sea hegemónico en Cataluña y, en consecuencia, su lucha en contra del castellano; de ahí que planteen como un acto de reafirmación que el Gobierno español reclame el catalán como idioma oficial en Europa; de ahí que exijan también la autorización para poder utilizar, casi como un acto de desafío y de forma inmediata, las lenguas cooficiales en el Congreso.

El último recurso identitario que les queda a los nacionalistas es la lengua. Esta deja de ser para ellos un simple instrumento de comunicación y, como tal, con una finalidad práctica y subordinada a conseguir el fin para el que ha nacido que es entrar en relación con los otros  seres humanos. Desde esta ultima perspectiva, el uso de distintos idiomas en el Parlamento va a suponer un atraso.

Es de sobra conocido ese pasaje de la Biblia (Génesis 11; 1-9) que narra la construcción de la torre de Babel y cómo Yahvé, ofendido por la osadía de los que querían llegar hasta el cielo, se dijo a sí mismo: “Hablan un solo idioma, podrán lograr todo lo que se propongan, mejor será que confundamos su lengua, y hagamos que tengan que explicarse en distintos idiomas, de manera que no se entiendan entre sí”.  En el relato bíblico -y se supone que las diferentes civilizaciones antiguas eran del mismo criterio-, las distintas lenguas, lejos de ser un lujo, una riqueza,  un avance, son un impedimento.

Dado que según el artículo tercero de la Constitución, los españoles tenemos el derecho y el deber de conocer el castellano como lengua oficial del Estado. La introducción de las lenguas cooficiales en el Congreso no va a ayudar precisamente a la comunicación entre los parlamentarios, y menos aún entre estos y la gran mayoría de los epañoles. Cualquiera que haya usado la traducción simultánea sabe que por muy buenos que sean los traductores, cosa que no es frecuente, su uso se convierte en un auténtico incordio, la comprensión se hace mucho más difícil y se pierden cantidad de matices.

Todo aquel que considere que lo que está diciendo es importante y que pretenda que su mensaje se escuche, sea nacionalista o no, terminará hablando en español. Pasado el furor del momento y el acto de reivindicación que los soberanistas suponen que representa intuyo las lenguas cooficiales se van a usar muy poco. La hacienda pública española se va a gastar un montón de dinero sin ninguna utilidad, excepto para Sánchez y sus ansias de permanecer en la Moncloa. Para vergüenza de los señores diputados (y como testimonio de la poca utilidad de las sesiones parlamentarias cuando se impone la apisonadora de una mayoría absoluta forjada en los pasillos), a menudo el hemiciclo se queda casi vacío. ¿Podemos imaginarnos lo que ocurrirá si se mantiene el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso? Lo más seguro es que, pasado el fervorín de los primeros momentos y excepto algún hooligan, todo el mundo antes o después termine empleando el castellano.

Ahora bien, las cesiones realizadas para la constitución de la cámara van más allá. Se dirigen también a que el Estado (Gobierno y Congreso) reconozcan que Cataluña ha sido y es una región oprimida y que ha soportado de España toda clase de oprobios y persecuciones. Eso es lo que se pretende con la creación en el Congreso de dos comisiones de investigación orientadas una a investigar la posible ilegalidad de haber espiado a los independentistas mediante el programa Pegasus, y la otra a esclarecer la supuesta complicidad de los servicios secretos españoles en los atentados de las Ramblas de Barcelona. De ambas quizás hablemos otro día, pero digamos al menos ahora que su simple constitución es un acto incomprensible de humillación por parte del Estado.  

republica.com 14-9-2023



YOLANDA Y EL PROFUGO

CATALUÑA, PODEMOS, SANCHISMO Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Dom, septiembre 10, 2023 19:32:14

En política no vale todo y una etiqueta de izquierdas o de comunista (¿dónde estarán ahora los comunistas?) no puede tapar ni mucho menos justificar la deshonestidad. Viene esto a cuenta de dos noticias que hacen referencia a la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno. La primera se encuentra en que se ha negado a entrevistarse con Feijóo. Está en su derecho, aun cuando haya sido el ganador de las elecciones y le hayan votado ocho millones largos de españoles. En la presente tesitura para los miembros del Gobierno Frankenstein parece que si no son catalanes no cuentan, incluso aunque sean gallegos como Yolanda, y no todos los catalanes puesto que el PP ha obtenido en Cataluña más votos que Puigdemont, pero estos son de segunda clase, no son independentistas. También está en su derecho de mandar en su lugar a la portavoz de su formación, persona “brillante” y “muy conocida”. Aunque es posible que algunos vean en este último gesto cierta -por no decir mucha- arrogancia.

La otra noticia que también afecta a la señora vicepresidenta segunda del Gobierno es que se ha desplazado a Bélgica a entrevistarse con Puigdemont. Es el contraste entre ambas noticias el que genera bochorno e indignación. No creo que la líder de Sumar se atreva a justificar la diferencia aduciendo que Feijóo es el presidente de un partido de derechas, porque la historia política desde la Transición ha dejado bien a las claras que son CiU  -del que Junts per Catalunya es heredero- y el PNV (Dios y ley vieja) los dos partidos más conservadores del arco parlamentario, no solo porque han defendido siempre la desigualdad territorial, sino también porque se han situado invariablemente al lado de los intereses de las clases altas.

Con Feijóo se puede tener discrepancias políticas. Yo las tengo, y muchas, principalmente en materia fiscal. Claro que desde finales de los ochenta también las mantengo con los gobiernos socialistas, que en esta materia no han hecho una política muy distinta de la del PP. Con el Gobierno Frankenstein seguramente también las tendría si lograse saber cuál es la política que pretenden seguir. En cualquier caso, lo que no se puede decir de Feijóo es que sea un delincuente ni un huido de la justicia. A pesar de haber tenido cuatro mayorías absolutas en Galicia, no ha pretendido nunca valerse de ellas para rebelarse contra el Estado español, ni ha defraudado al erario público miles de millones de euros.

Puigdemont es un chisgarabís, que llegó de rebote a la presidencia de la Generalitat, que convocó un referéndum ilegal y que, después de proclamar por miedo a ser tenido por botifler la república catalana, se escapó en el maletero de un coche para no comparecer ante la justicia dejando a sus compañeros a los pies de los caballos. Causa sonrojo y estupor contemplar a toda una vicepresidenta del Gobierno español acudir a Bruselas a prestarle homenaje, precisamente el día previo al que va a comparecer en público a imponer sus condiciones. Aun cuando ella lo ha desmentido, es difícil no sospechar que detrás de este viaje no se encuentre (tras los muchos arrumacos que se prodigaron durante la campaña electoral) el presidente del Gobierno, que no se atrevió a dar un desplante al líder del partido que había ganado las elecciones y que tampoco se atreve ahora a ir a Belgica. Para ambos menesteres tiene a Yolanda Díaz, que ha demostrado sobradamente sus dotes para el papel de escudero.

La situación en los momentos actuales es tan escandalosa que ha merecido un editorial del Washington Post afirmando que «España es rehén de una facción de extremistas regionales disidentes» que, a pesar de su escasa representación, se van hacer con la gobernabilidad del Estado. Muestra además su preocupación por la intervención de Rusia, ya que Puigdemont pidió ayuda al gobierno de Putin para romper los lazos con España.

No es la primera vez que desde el extranjero contemplan con prevención la deriva populista que está experimentando nuestro sistema político, hasta el punto de preguntarse si España no es un Estado fallido.  Por citar algunos casos, en octubre de 2020 el francés Benoît Pellistrandi, miembro de la Real Academia de la Historia, subía a la web del centro de estudios Telos un artículo titulado “¿España fracasada?”. A su vez, el diario suizo Neue Zurcher Zeitung publicó una tribuna de Friedrich Leopold Sell, catedrático de Economía en la Universidad Bundeswehr de Munich, con el siguiente título: “¿Es España un Estado fallido y cómo deberá tratar la UE a este miembro?”.

El economista alemán ponía en el punto de mira al Gobierno secesionista catalán, que se encuentra en rebeldía permanente frente al Estado español, siendo ello posible por la pasividad, si no complicidad, del Gobierno de Pedro Sánchez, que precisa de los independentistas para mantenerse en el poder. A su vez, Pellistrandi señalaba también a los separatistas catalanes y los consideraba la clave fundamental de la estabilidad parlamentaria del Gobierno central. Incluso, el profesor francés apuntaba la victoria simbólica que obtuvieron vetando la presencia del Rey en Barcelona.

La visita de Yolanda Díaz a Bruselas no puede por menos que  causar sofoco y vergüenza. Solo semejante a la indignidad protagonizada por el otrora su jefe político y mentor- mal que le pese- Pablo Iglesias, cuando comparó una de las escenas más sombrías de nuestra historia, la triste hégira que tuvieron que emprender casi medio millón de españoles tras la Guerra Civil con un vodevil que causa sonrojo y risa, la fuga de Puigdemont escondido en el maletero de un coche, después de habernos obsequiado con un auténtico sainete de “síes” y “noes” hasta terminar declarando una república independiente, vergonzante. La diferencia es tan notable que resulta difícil explicar cómo alguien en su sano juicio podía plantearla, a no ser que hubiera sucumbido al sectarismo independentista.

El antagonismo más radical se encuentra en que los exiliados republicanos habían sido objeto de un golpe de Estado y huían de una dictadura militar, mientras que ha sido el propio Puigdemont el que ha dado el golpe y se fugo de la justicia de una sociedad democrática, con sus defectos, sin duda, pero equiparable a la de los principales países europeos, por lo menos si no se destruye o adultera por el populismo y el secesionismo. La disparidad es esencial. Entre víctimas y delincuentes. Víctimas de un régimen sanguinario y delincuentes en una sociedad tan garantista que no consiente juzgarles en rebeldía y les permite presentarse como candidatos a todas las elecciones, y en una Europa tan llena de contradicciones que les reconoce, por lo menos hasta ahora, como eurodiputados.

En algún artículo he afirmado que quizás quien más se parezca a Sánchez sea Yolanda Díaz. Da la sensación de que está dispuesta a todo por mantenerse en el poder. Parece que es a ella a quien le interesa más que no haya repetición electoral. Su inestable coalición podría peligrar. París bien vale una misa. La líder de Sumar piensa tragarse todas las misas necesarias, incluso funerales, porque de entierro se trata lo que hizo con Podemos. Se tenga la opinión que se tenga de esta formación política, es difícil no experimentar repugnancia ante la conducta seguida respecto a ella por la hasta ahora vicepresidenta segunda del Gobierno. En fin, tampoco son tan raros en política este tipo de comportamientos. Ya los describió hace varios siglos Maquiavelo en su Príncipe. Solo hay que pedirle que por favor no hable después de progreso, ni de izquierdas ni de política social. Hablemos de poder, solo de poder y de sillones.

republica.com 7-9-2023