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LA IZQUIERDA TRAICIONADA

11-12-2023, CATALUÑA, PSOE, SANCHISMO, SUMAR Posted on Lun, noviembre 27, 2023 23:28:25

 “La izquierda traicionada”, este es el título del libro escrito por Guillermo del Valle, impreso en la editorial Península, y que se presenta mañana viernes a las seis y media de la tarde en el Ateneo de Madrid. A raíz de lo que está ocurriendo en nuestro país, considero su publicación de suma actualidad. La traición de la izquierda es poliédrica, y poliédrica es la visión de la obra de Guillermo del Valle. Trata los distintos aspectos en los que la izquierda ha ido abdicando de sus principios y planteamientos. Pero no todos ellos son de la misma actualidad y tampoco se han dado todos de forma tan específica y propia en nuestro país.

El libro que se presenta trata, por supuesto, de ese tránsito producido de la socialdemocracia al socioliberalismo, habla de la globalización y de la Unión Europea, y de la aceptación por una parte de la izquierda de muchos de los postulados del neoliberalismo económico. Pero esa mutación no ha sido ni es propia ni específica de nuestro país, ha sido general en Europa. Por otra parte es una tendencia progresiva, que tuvo su origen en la década de los ochenta y que poco a poco ha ido ganando terreno.

Aunque sea de suma relevancia política, cuando hablo de rabiosa actualidad no me estoy refiriendo a ella. Tampoco a la asunción del populismo, en un intento de dar gato por liebre. Ni siquiera a ese sucedáneo en que hoy se refugia determinada izquierda asumiendo, en una tendencia identitaria, la defensa de ciertas minorías tras haber abandonado casi en su totalidad la lucha por una mayor igualdad entre las clases sociales. De todo ello habla el libro de Guillermo del Valle. Pero no es esto lo que me lleva a considerar como muy oportuna la obra en este momento, sino el abrazo espurio entre izquierda y nacionalismo, que hoy se hace presente en nuestro país con dramática exigencia, la traición, que adquiere tintes trágicos, la cometida por la casi totalidad de la izquierda española haciéndose cómplice de golpistas, secesionistas y filoterroristas.

La izquierda en sus inicios mostró, sí, cierta desconfianza hacia el Estado, de ahí su pretensión de debilitarlo por todos los medios posibles, entre otros, troceándolo y limitando sus competencias. Durante mucho tiempo esta postura parecía plenamente justificada; tal como afirmó Marx, el poder político no era más, que el consejo de administración de los poderes económicos, el guardián de sus intereses.

En España, el sistema político instaurado por la Restauración, basado en el caciquismo y en el turnismo de dos partidos burgueses, marginaba totalmente a las clases populares y las expulsaba del juego político. Eso explica el auge que tuvo en nuestro país, y especialmente en Cataluña, el movimiento anarquista, y la consolidación de tendencias federalistas e incluso cantonalistas. Más tarde, tras el breve periodo de la Segunda República, el Estado se identificó con el franquismo, un régimen dictatorial y opresor, pero que además se proclamaba adalid de la unidad de España. Es lógico que la izquierda tendiese a oponerse y a combatir todo aquello que se identificara con la dictadura, y que en esa dinámica terminase asumiendo o al menos sintiendo simpatía por el nacionalismo.

Tales recelos pueden tener su razón de ser ante un Estado liberal, y por supuesto ante regímenes dictatoriales, pero carecen de todo sentido cuando se trata de un Estado social y democrático de derecho. A una parte de nuestra izquierda le cuesta comprender que el único contrapeso posible al poder económico y a las desigualdades que derivan del mercado se encuentra en el Estado, y que recortarlo o dividirlo solo podía ser regresivo. A partir de la Transición, sin embargo, con la democracia, parecía que todo esto había quedado bastante claro.

Bien es verdad que el PSOE tuvo que lidiar con las veleidades del PSC, que casi siempre tiraba al monte, e IU con las de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y las de ‎Ezker Batua en el País Vasco. Pero ni IU ni el PSOE se dejaron contagiar. La expresión más clara de que respecto a este punto ambas formaciones se mantenían en el lugar adecuado fue el conocido como “plan Ibarretxe”, consistente en un nuevo estatuto cuyo contenido fundamental era el reconocimiento del llamado derecho a decidir (la autodeterminación) del pueblo vasco. En enero de 2005 el Congreso de los Diputados rechazó el nuevo estatuto por 313 votos, 29 a favor y 2 abstenciones. Tanto el PSOE como IU votaron en contra, solo ICV se abstuvo.

Desde hace algunos años, la situación política en España ha cambiado sustancialmente. La izquierda oficial cohabita con el nacionalismo y asume su mismo discurso. Resultan expresivas las palabras pronunciadas tiempo atrás por Antonio Muñoz Molina: «Primero se hizo compatible ser de izquierdas y ser nacionalista. Después se hizo obligatorio. A continuación declararse no nacionalista se convirtió en la prueba de que uno era de derechas. Y en el gradual abaratamiento y envilecimiento de las palabras bastó sugerir educadamente alguna objeción al nacionalismo ya hegemónico para que a uno lo llamaran facha o fascista».

No existe ninguna contradicción, todo lo contrario, en que la izquierda abrace la causa de las naciones o de los pueblos pobres y oprimidos por la dominación colonial; pero cuando en Estados teóricamente avanzados, como Italia o España, el nacionalismo surge en las regiones ricas, enarbolando la bandera de la insolidaridad frente a las más atrasadas, la izquierda difícilmente puede emparejarse con el nacionalismo sin traicionar sus principios. En este ámbito, izquierda y nacionalismo son conceptos excluyentes. ¿Cómo mantener que la Italia del norte, rica y próspera, es explotada por la del sur, que posee un grado de desarrollo económico bastante menor? ¿Cómo sostener que regiones tales como Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha oprimen a otras como Cataluña, País Vasco o Navarra? ¿Puede la izquierda dar cobertura al victimismo de los ricos? ¿No resulta contradictorio escuchar a una fuerza que pretende ser progresista quejarse del déficit fiscal de Cataluña?

Cuando la izquierda defiende la libertad de decidir de los catalanes no es consciente de la contradicción en la que está incurriendo. ¿Serían capaces de mantener que un grupo social, el constituido por los ciudadanos de mayores rentas, tiene el derecho, si lo decidiese por mayoría (la mayoría sería aplastante), de excluirse del sistema público de pensiones, de la sanidad y de la educación pública, por ejemplo, con la correspondiente rebaja proporcional en sus impuestos? El supuesto no es tan forzado como pudiera parecer si tenemos en cuenta que las regiones que proponen la autodeterminación son de las más ricas de España. ¿Cuál sería su postura si, amparada en el derecho a decidir, La Moraleja (una de las urbanizaciones de más alto standing de Madrid) pretendiese (ya lo intentó) independizarse del municipio de Alcobendas (municipio de clase media), creando su propio ayuntamiento?

El discurso nacionalista en los países desarrollados tiene bastante parecido con el que defiende el neoliberalismo económico. El mejor sitio en donde está el dinero es en los bolsillos de los ciudadanos, afirman los liberales; los recursos generados en Cataluña deben quedarse en Cataluña. Tanto las clases altas como las regiones ricas de lo que hablan es de limitar, cuando no de eliminar, la solidaridad, y la equidad social. En definitiva, se trata de reducir a la mínima expresión la función redistributiva del Estado. En los dos casos se considera que los ricos son ricos por sus solos méritos, que la distribución de la renta que hace el mercado es correcta, y que cada uno debe ser dueño de disponer de sus ingresos como le venga en gana. Todo proceso redistributivo, bien sea interpersonal o interterritorial, lo juzgan como un acto de caridad, algo graciable, cuando no un abuso y un expolio. Su sentimiento de encontrarse injustamente atendidos por el Estado no surge de que piensen que están realmente discriminados, sino de que no están lo suficientemente bien tratados, dado su grado de excelencia y superioridad sobre los demás, lo que les hace acreedores a disfrutar de una situación privilegiada. ¿Puede la izquierda comulgar y amparar estos presupuestos?

La izquierda, al menos en un país democrático, no puede estar cimentada en el golpismo o en los que defienden la violencia política, aun cuando ahora no la practiquen al ser conscientes de que estratégicamente no les conviene. Es posible que determinadas tácticas y actuaciones sean aceptables en países subdesarrollados con grandes déficits democráticos y donde se carece de un Estado de derecho y, por lo tanto, en ocasiones no existe otro camino para establecer la libertad y la equidad que sortear el sistema jurídico construido por un poder dictatorial; e incluso, en los casos extremos, utilizar la violencia. Pero ese no es el caso de España. Hace más de cuarenta años que nuestro país -tal como dice la Constitución- es un Estado democrático y de derecho y, aunque con muchos defectos, equivalente al de los otros países europeos. No es posible autoproclamarse de izquierdas cuando se está a favor del retorno al cantonalismo, a los reinos de Taifas, a la tribu, al clan.

La tremenda mutación producida en esta cuestión en la izquierda Española tiene su origen en dos hechos acaecidos casi simultáneamente, el surgimiento de Podemos y la llegada de Pedro Sánchez a la secretaria general del PSOE, y tras ellos las prisas y urgencias de unos y de otros para llegar al gobierno y mantenerse en él por encima de cualquier consideración.

Sánchez provocó una metamorfosis radical en el PSOE. La mejor prueba de ello es que al principio de todo, los órganos del partido, concretamente el Comité Federal -que es la máxima autoridad entre congresos-, cuando intuyó hacia dónde se dirigían los planes del ahora presidente del Gobierno, no dudó en forzarle a dejar la Secretaría General. Lo que Rubalcaba bautizó como gobierno Frankenstein aparecía entonces como un auténtico sacrilegio, algo inimaginable para la casi totalidad de los socialistas.

La prisa por llegar al poder, surgida en parte por una concepción bastante simplista e inmadura de la política, lanzó a Podemos a los brazos de Sánchez y unió su suerte a la del partido socialista, precisamente cuando esta formación política atravesaba su peor momento histórico, integrándose en el gobierno Frankenstein, con lo que no solo blanqueaba a golpistas y filoetarras, sino que se hacía partícipe, incluso de aquellas medidas que chocaban frontalmente con su ideología y tradición. Vieron cómo España tomaba claramente partido a favor de la OTAN en una guerra llena de interrogantes y bastante alejada de nuestro entorno geográfico e histórico. Por mucho que repitan que se encuentra en Europa, los intereses parecen encontrarse más bien en EE. UU. Protestaron, pero aceptaron (los acuerdos de Consejo de Ministros se adoptan por unanimidad y hacen responsables a todos sus miembros), los continuos aumentos de los gastos de defensa y el envío de tropas a Ucrania. Tomaron parte como miembros del Gobierno en la modificación radical de la posición de España respecto al Sáhara, que, por cierto, continúa siendo el misterio mejor guardado. ¿Qué es lo que provocó de la noche a la mañana que Sánchez cambiase la posición sin dar cuenta a nadie?

A ese gobierno Frankenstein no se le puede calificar de progresista, sino más bien de reaccionario, ya que para estar en el poder maneja torticeramente el derecho, y no tiene empacho en aplicarlo de manera desigual a los ciudadanos, librando de la cárcel a aquellos que le apoyan, o cambia el Código Penal eliminando delitos o modificándolos con la misma finalidad.

A un gobierno ni siquiera se le puede tildar de democrático cuando acepta el principio de que el fin justifica los medios y en función de ello pretende apoderarse de todos las instituciones del Estado, utilizándolas en su propio provecho; y tampoco se le puede calificar de liberal cuando defiende que la ley no se aplique a todos por igual y que el hecho de tener la mayoría y ser gobierno le permite situarse más allá del ordenamiento jurídico. Y, sin ser democrático y liberal, un Estado no puede ser social.

De cara al futuro surgen los peores augurios. Los acuerdos firmados sin ningún pudor por el PSOE con los partidos separatistas y aplaudidos por Sumar (versión decadente de Podemos) indican claramente que, una vez más, Sánchez está dispuesto a todo con tal de perpetuarse en el poder. Se han echado en manos no ya de nacionalistas, sino de golpistas y filoetarras.

Sin embargo, las autoridades de ambos partidos están eufóricas y exultantes. Todos ellos pletóricos de jactancia y engreimiento. Como no acordarnos de los griegos y lo que entendían por “hibris”, pecado de orgullo y de arrogancia. Plutarco afirmaba: “Los dioses ciegan a quienes quieren perder”, y en palabras atribuidas a Eurípides: “Aquel a quien los dioses desean destruir, primero lo vuelven loco”. El poder ofusca a los humanos. La “hibris” arroja a quienes la padecen al exceso y al endiosamiento, les fuerza a abandonar la justa medida, a sobrepasar los límites.

Desconozco cuál será el futuro de este nuevo Frankenstein, y el de sus dirigentes y acólitos. Y si estarán labrando -como dicen los griegos- su propia perdición. Lo que sí parece probable es que al final de esta aventura la izquierda española va casi a desaparecer, se habrá traicionada a sí misma. En todo caso, se convertirá en otra cosa. De ahí, como afirmaba al principio, la rabiosa actualidad y utilidad de este libro, y también la importancia de que subsistan reductos, aun cuando sean pequeños, tales como el Jacobino, en los que se refugie la lucidez y el pensamiento de la izquierda.

republica.com 23-11-2023



QUERIDO PEDRO, QUERIDA YOLANDA

11-12-2023, PSOE, SANCHISMO, SUMAR Posted on Lun, noviembre 06, 2023 23:27:33

Sánchez nos ha obsequiado con otro de esos numeritos a los que nos tiene tan acostumbrados. En esta ocasión ha contado con la colaboración de la líder de Sumar, formación que se ha convertido en la prolongación de PSOE. ¿Dónde han quedado los tiempos de la casta? Los medios de comunicación se han apresurado a comparar este acto con el celebrado con una finalidad similar hace aproximadamente cuatro años. Entonces quien concelebraba con el presidente del Gobierno no era Yolanda Díaz, sino Pablo Iglesias.

La representación del 2019 fue mucho más sobria. La razón es que, para el secretario general del PSOE, ese acto comportaba, en el fondo, tragarse un sapo. Al haber perdido diputados en la repetición electoral, se vio forzado a llamar con toda urgencia a Pablo Iglesias para alcanzar un acuerdo. Hasta entonces se había negado totalmente a formar un gobierno de coalición. Prefirió ir a unos nuevos comicios, esperando que mejorasen sus resultados y no tuviese que precisar de los votos de Podemos. Incluso durante la campaña electoral hizo aquella manifestación tan famosa acerca de que no podría dormir por las noches…

El resultado no fue el esperado, perjudicó electoralmente al PSOE y benefició a Podemos, de manera que a Sánchez no le quedó más remedio que llamar corriendo a Pablo Iglesias para llegar urgentemente a un acuerdo. Para los medios de comunicación constituyó una noticia sorprendente, no tanto por el hecho en sí como por la rapidez en instrumentarlo. Y es que entonces la alianza con Podemos facilitaba el consenso con otros grupos parlamentarios que hacían posible la investidura.

En este caso todo es muy distinto. El pacto estaba cantado antes de las elecciones. Yolanda ya estaba entronizada por Sánchez desde la moción de censura. Es más, se había prestado a ser el caballo de Troya para destruir a Podemos, y durante la campaña electoral, Pedro y Yolanda, Yolanda y Pedro, se habían mostrado ya como una misma opción política. Besos, abrazos y un proyecto común, aunque en el fondo nadie supiese en qué consistía ese gobierno “de progreso”. Tan solo intuíamos lo que ahora ya sabemos con certeza: que se trataba de amancebarse con Puigdemont y con el PNV.

El acto del otro día en el museo Reina Sofía de Madrid era algo que se daba por sabido, de hecho, no lo habían ocultado los protagonistas desde el mismo 23 de julio. La negociación ha sido una comedia y la representación, una obra de teatro -el tinglado de la antigua farsa que diría Benavente. Eso sí, con mucho boato ornamental, un acto de pura propaganda. Lo de menos es el contenido, ya que de antemano se sabe que no va a ir a ninguna parte.

Ha sido una ceremonia de distracción porque la verdadera o verdaderas negociaciones para la investidura se están realizando en otros u otros escenarios y sobre materias muy diferentes: amnistía, relator, reconocimiento nacional, autodeterminación, unilateralidad, más dinero para Cataluña y el País Vasco, etcétera. Nada de esto apareció en la función del Reina Sofía. Ni siquiera nos dijeron cómo piensan repartirse los sillones, aunque a buen seguro que lo tienen ya pactado.

El contenido de lo firmado cuenta poco para la investidura, pero me temo que también será papel mojado a lo largo de la legislatura si al final logran constituir gobierno. La situación es distinta a la de los cuatro años pasados. El nuevo gobierno Frankenstein será mucho más deforme y enmarañado que el anterior. Para sacar cualquier ley o decreto ley, amén de las dificultades que les ponga el Senado, van a necesitar todos los votos. No pueden perder ni uno solo de los de sus respectivos componentes, incluso los de los muy progresistas diputados del PNV y de Junts per Cat, y del resto de partidos independentistas. No hay que ser muy suspicaz para pensar que la mayoría de todas estas proposiciones se quedarán en el baúl de los recuerdos, como quedaron en la legislatura pasada entre otras la reforma fiscal y la derogación de la ley mordaza, y eso que el pasado gobierno Frankenstein no ha tenido las limitaciones y los obstáculos con los que va a enfrentarse este.

Es ya un tópico afirmar que los programas electorales están para no cumplirse. En esta ocasión se trata de un programa de gobierno, pero de un gobierno perniquebrado que para dar cualquier paso va a precisar de otros veintidós escaños pertenecientes a grupos con intereses muy distintos, y además necesitará mantener unidos a los diputados de esa amalgama de fuerzas dispares que constituye Sumar. La probabilidad de que todo lo acordado el otro día quede en mero proyecto es muy alta, si además se tiene en cuenta que muchas de las propuestas inciden en las competencias de las autonomías, la mayoría de ellas en manos del PP y, si no, las restantes en las de partidos independentistas tan celosos de sus atribuciones.

Resulta por tanto extraña la postura de tantos y tantos periodistas y tertulianos que han entrado al trapo, dedicándose a comentar todas estas medidas como si realmente se fuesen a llevar a cabo y apartando la atención de lo que en este momento realmente importa, que es la amenaza que se cierne sobre nuestro Estado de derecho y sobre la igualdad entre las regiones y provincias, en cuya quiebra malamente se puede asentar cualquier programa progresista. Por mi parte, pretendo no caer en el mismo error y renunciaré a comentar las propuestas contenidas en el pacto, aunque, desde luego, me apetecería detenerme en alguna de ellas, pero ya habrá tiempo de hacerlo si es que al fin tienen visos de aprobarse. Pero a lo que no me resisto es a la tentación de comentar los discursos absurdamente triunfalistas del presidente y de la vicepresidenta del Gobierno, tanto más cuanto que en ese supuesto progresismo se apoya la justificación que emplean para el pacto y el blanqueo de los golpistas.

Sin duda, la representación -preparada al milímetro, adornada con todo tipo de efectos secundarios y dotada de la mejor coreografía (ministros, miembros de las ejecutivas, todos los que son algo en ambas formaciones políticas)- poseía una doble finalidad: por una parte, desviar la atención de los temas políticos actualmente más polémicos y que por el momento no interesa airear, pero, por otra, hacer una vez más una loa de lo bien que lo ha hecho este Gobierno y de lo progresista que es, por lo que tiene todo el derecho a seguir gobernando.

En los discursos a los que tanto Sánchez como Yolanda nos tienen acostumbrados, todo es lo mejor, grandioso, fabuloso, histórico. Para Sánchez, desde hace cinco años se inició una era nueva en España, se superó la ignominia y la reacción y comenzó el progreso. En el gobierno Frankenstein todo han sido éxitos y eso que, según dijo Sánchez, le han tocado tiempos difíciles. Se escuda detrás de la epidemia y la guerra. Pero la epidemia ha afectado a todos los países y ningún gobierno ha realizado una gestión de la crisis sanitaria tan desastrosa como el español. La prueba más palpable es que la economía española se desplomó en el 2020 como la de ningún otro país.

La crisis económica que hemos padecido estuvo sin duda inducida por la pandemia y por las medidas obligatorias que, a consecuencia de ella, impusieron los gobiernos sobre la actividad económica. Fue una crisis económica forzada por agentes exteriores a la propia economía. Como resultado de ello, en el segundo trimestre de 2020, todos los países tuvieron tasas negativas del PIB como jamás se habían conocido.

Entre abril y junio de 2020 el PIB de la eurozona sufrió una caída del 12,1%, tras haber experimentado ya un descenso del 3,6% en el primer trimestre. En la Unión Europea, estos decrementos fueron del 11,9 % y del 3,2%, respectivamente. Por su parte, el PIB de Francia se redujo en esas mismas fechas el 13,8 y el 5,9%; en Italia el 12,4 y el 5,4%; en Bélgica se hundió el 12,2 y el 3,5%; en Alemania el 12,2 y el 3,5%; en Portugal, 14, y 3,8%.  Y a la cabeza de todos, España con un descenso en el segundo trimestre del PIB del 18,5%., tanto más grave en cuanto que en el trimestre anterior (como consecuencia de los últimos quince días de marzo, sometido el país al estado de alarma y al confinamiento) ya se había reducido el 5,2%. Es decir, que desde el 31 de diciembre de 2019 hasta junio de 2020 el PIB español perdió el 23% de su valor o, lo que es igual, quedó reducido a sus tres cuartas partes.

En 2020 nuestro país fue el que más se hundió económicamente de toda la UE e incluso de los treinta y siete países de la OCDE. España rompió todos los moldes. Este descenso lastró el desarrollo posterior de la economía, haciendo que fuésemos los últimos de la UE en alcanzar los niveles de 2019. Según los datos de Eurostat, la eurozona en su conjunto los alcanzó en el tercer trimestre de 2021, y en ese mismo momento lo lograron Grecia, Austria y Bélgica. La UE de forma global llegó a ese valor en el cuarto trimestre del 2021. Y en idéntica fecha lo recobraron Italia y Francia; Portugal y Alemania en 2022 (primer y segundo trimestre, respectivamente); Holanda es el país que antes lo consiguió, en el tercer trimestre de 2020. España, aun admitiendo las correcciones un tanto desorbitadas que hizo el INE para el 2021 y 2022 (del 5,5% al 5,8% y del 5,5% al 6,4%), fue al final de ese último año cuando lo alcanzó. Sin la corrección habría sido en el segundo trimestre de 2023, incluso, siendo estrictos, en el tercero.

Teniendo en cuenta estas cifras, no nos puede extrañar que nuestro país sea también el único Estado de la UE que a finales de 2022 no había recuperado la renta per cápita anterior a la pandemia. Somos, por término medio, más pobres que en 2018 cuando Sánchez ganó la moción de censura. De poco puede pavonearse el presidente del Gobierno.

Esta evolución del PIB cuestiona abiertamente todos los planteamientos gloriosos que acerca del empleo se nos han venido haciendo a lo largo de todos estos años. La afirmación de la ministra de Trabajo acerca de que, en esta crisis, a pesar de producirse un descenso muy superior del PIB que en la anterior, la reducción del empleo ha sido menor resulta difícil de entender, puesto que existe una correlación casi perfecta entre ambas variables. Para explicar la desviación se puede recurrir a distintos criterios, ninguno de ellos positivos (ver mi artículo titulado “Crecimiento económico y cifras de desempleo” de 1 de diciembre de 2022 en estas mismas páginas).

La explicación más inmediata radica en la inadecuación de los datos estadísticos. En mayo del 2020 en plena pandemia las personas en ERTE ascendían a 3,6 millones. ¿Cuál hubiese sido el porcentaje real de paro si a la cifra oficial -3,8 millones-, se le sumasen los 3,6 millones que se encontraban en ese mes en ERTE? En realidad, después de tantos equívocos, cambios y tergiversaciones, el único dato que se puede acercar a la realidad es el de horas semanales trabajadas. La evolución de esta variable sí es acorde con la del crecimiento de la economía. Según el INE, en el cuarto trimestre de 2022 se trabajó por término medio seiscientos treinta millones de horas semanales, mientras que en el mismo periodo de 2019 se alcanzaron los seiscientos cuarenta millones. Se estaba, por tanto -sean más o menos los empleados- a un 98% de conseguir el volumen de trabajo prepandemia.

El Gobierno ha orientado también su triunfalismo a decirnos que la inflación en España es más reducida que en el resto de países. Si no nos fijamos en un solo dato y consideramos el periodo completo, la cosa no está tan clara. En España, desde 2019 hasta finales de 2022, el índice de precios al consumo armonizado por la UE se ha incrementado un 13%, igual que en Portugal, menos que en Alemania (18%) y que en Italia (17%), pero más que en Francia (12%) y en Grecia (11%). En cualquier caso, el dato más significativo se encuentra en la relación precios-salarios, que es lo que más importa a la mayoría de los ciudadanos. Y aquí volvemos a situarnos en una mala posición. Según la OCDE, nuestro país está a la cabeza de la pérdida de poder adquisitivo. Incluso en Italia y en Alemania, con tasas de inflación más elevadas, los salarios reales se han reducido menos que en España.

Si a esta disminución (casi del 6% por término medio) añadimos la subida de los intereses y su impacto en los créditos hipotecarios, nos enfrentamos con recortes económicos a los ciudadanos que nada tienen que envidiar a los de la pasada crisis. El Gobierno no puede desentenderse de la inflación endosando la responsabilidad exclusivamente al BCE. La política fiscal también juega e influye, y mucho, sobre los precios.

Podríamos ofrecer más y más  cifras y extendernos en otros muchos temas tales como los resultados negativos ocasionados por el nefasto diseño del salario mínimo interprofesional, la deficiente cobertura del seguro de desempleo, la desastrosa política de vivienda que está hundiendo el mercado del alquiler y poniendo en graves dificultades a las clases más necesitadas, el incremento de la pobreza, la catastrófica gestión de la Seguridad Social y del SEPE, que convierten en una odisea cualquier gestión que se quiera realizar en estos servicios, las ocurrencias en el gasto y en las prestaciones derrochando ineficazmente recursos públicos, una incompetente y caótica política fiscal y tributaria, los desastres en la asistencia a los emigrantes etc. etc. etc.

Desde luego, los resultados dejan poco espacio para el orgullo, pero todo ello adquiere mayor gravedad si consideramos los recursos públicos que se han utilizado, mucho más cuantiosos que los de los otros países. En primer lugar, los fondos de recuperación europeos, de los que se desconoce su paradero y que se ignoran en qué se han gastado. No deja de ser paradójico que, a pesar de ellos, España haya sido el país que, con mucho, más ha tardado en recuperarse y volver a los niveles de 2019; y, en segundo lugar, en el incremento ingente del endeudamiento público contraído durante estos años, que minora el patrimonio de todos los españoles –más de un 15% del PIB-, muy superior al experimentado por la casi totalidad de los países europeos.

Todo ello no es para que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz saquen pecho, coloquen sus cuatro años de gobierno (cinco para Sánchez) en un altar y pretendan que los adoremos. Contra toda evidencia, intentan hacernos creer que con ellos comenzaron la bonanza y el progresismo. Lo más grave es que nos amenazan con otra legislatura de lo mismo (más bien, de algo peor incluso), y tachan de glorioso el día que firmaron el acuerdo. Memorable, sí, memorable será el día que lo rubriquen con Puigdemont y con Esquerra. Que los hados nos ayuden.

republica.com 2-11-2023



COMPRAR  EL GOBIERNO CORROMPIENDO LAS INSTITUCIONES Y LA DEMOCRACIA

CATALUÑA, CORRUPCIÓN, GOBIERNO, PSOE Posted on Mar, octubre 10, 2023 11:49:03

Al sanchismo no se le puede negar su capacidad de crear relatos y, aún más, su habilidad para poner de acuerdo a todos los heraldos con la finalidad de que repitan una y otra vez la misma consigna. Para algunos nos puede resultar ridículo contemplar ese mimetismo, pero no hay que suponer que hace su efecto en una gran parte de la población.

Para desprestigiar a Feijóo han puesto en circulación un mantra: la soledad del presidente del PP. La verdad es que la contestación no resulta demasiado difícil. Más vale estar solo que mal acompañado y la compañía de golpistas y filoterroristas no es precisamente para envidiar. Aitor Esteban, a quien no le gustó el zarandeo que recibió en la sesión de investidura, va diciendo por ahí que Feijóo así no va hacer amigos. El problema es que el PNV ha hecho algunas amistades que le pueden costar caras y que están a punto de desbancarles. Ya se lo dijo el candidato mirando a Bildu.

Por otra parte, la soledad de Feijóo es muy relativa. Tiene mayoría absoluta en el Senado. Los populares controlan casi todas las autonomías y ayuntamientos y, como consecuencia, la Federación Española de Municipios y Provincias. En estos momentos, Feijóo cuenta con su partido unido como una piña y en el PP no parece que haya fisuras, por mucho que los sanchistas se empeñen en lanzar bulos y rumores asegurando lo contrario.

A pesar de la altanería y autosuficiencia con la que se presenta Sánchez, su situación no es precisamente muy cómoda. Sus amistades, aparte de no ser recomendables, no son muy fiables y están enfrentadas entre sí. Todas ellas unidas por el mismo pegamento, los intereses. A pesar de que Benavente por boca de Crispín afirma un poco cínicamente “Que mejor que crear afectos es crear intereses”, las amalgamas basadas en conveniencias son siempre bastante enmarañadas.

El nuevo Frankenstein que Sánchez quiere construir, además de ser monstruoso y deforme como su nombre indica, está lleno de grietas y de contiendas internas. El PNV contra Bildu, y viceversa; Esquerra y Junts enfrentados, y Sumar parece un polvorín a punto de estallar. Pero es que el mismo PSOE no está tan unido como parece. Es verdad que Sánchez ha establecido en el partido un régimen autocrático, ha creado una estructura férrea, cambiando las reglas de juego y colocando en todos los puestos importantes hombres de su confianza, pero da la sensación de que su adhesión no es tanto por convencimiento como por conveniencia, y el edificio no es tan sólido como todo el mundo se figura.

Sánchez ha ido tan lejos en sus propósitos y en sus cesiones que ha provocado que muchos antiguos dirigentes y militantes hayan alzado su voz. Por más que el sanchismo haya pretendido descalificarles, tildándoles de carrozas y situándoles en la prehistoria, hay que suponer que sus manifestaciones algún eco han tenido que despertar en muchos afiliados y simpatizantes, sobre todo en aquellos que ahora no ocupan ningún cargo público. Pero es que, además, el 28 de mayo constituyó una auténtica hecatombe para el PSOE, perdiendo casi todo el poder territorial.

Sánchez ha pretendido tapar la debacle convocando elecciones generales el 23 de julio y hay que reconocer que sus resultados -o más que estos la falta de escrúpulos y las posibilidades de formar de nuevo un gobierno Frankenstein- han hecho olvidar momentáneamente el fracaso autonómico y municipal. Pero resulta difícil calcular cuánto van a durar esta euforia y este entusiasmo que pretende transmitir Moncloa. Si al final se logra formar gobierno, el efecto será muy positivo para el núcleo duro que rodea a Sánchez. Habrán mantenido sus puestos de trabajo, pero qué dirán los cientos e incluso miles de militantes que han perdido sus cargos en el ámbito territorial. Parece bastante inevitable que, como el exalcalde de Valladolid, echen la culpa a los acuerdos de Sánchez con los independentistas. A este le han recolocado en el Parlamento y por eso se ha callado, o mejor dicho ha empezado a graznar, pero todos no caben en el Congreso o en el Senado.

Sánchez pretende justificar ante las bases las cesiones que va a realizar ahora con los soberanistas con el argumento de que después de haber perdido gran parte del poder territorial no pueden renunciar al gobierno central. Sería quedarse sin nada. Pero la mayoría de los militantes pueden llegar a la conclusión de que a ellos en concreto que Sánchez se mantenga en el gobierno hipotecado a los independentistas no les soluciona demasiado y de que las futuras cesiones puedan volver a ser tan escandalosas en sus territorios que ante unas nuevas elecciones autonómicas o municipales no solo no ganen, sino que terminen perdiendo lo poco que les queda.

Muchos comentaristas se preguntan por qué se ha producido esa diferencia en resultados entre el 28 de mayo y el 23 de julio. La razón me parece evidente: en mayo no intervenían ni el País Vasco ni Cataluña; en julio, sí. No es solo que estos dos territorios no celebrasen elecciones autonómicas en la primera fecha, la razón principal se encuentra en que en unas elecciones generales -aunque se pierdan, y Sánchez las perdió en julio- se puede mantener la representación de que se ha vencido siempre que se esté dispuesto a pactar a cualquier precio con los secesionistas de todos los pelajes y conseguir de esta manera el poder. Pero en Castilla y León, Extremadura, Aragón, Murcia, Madrid, etc., no hay independentistas con los que pactar.

A pesar de las apariencias, puede ser que el partido socialista -si exceptuamos Moncloa, Ferraz y aquellos que viven colgados a sus ubres- no sea tan monolítico como se quiere dar a entender, y que si nos desplazamos al ámbito territorial las grietas pueden ser más profundas. El mismo hecho de que Ferraz y Zapatero hayan forzado a que todos los secretarios provinciales firmasen un manifiesto apoyando los futuros pactos es señal de que no están nada seguros de que la unión se mantenga.   

Pero que nadie se engañe, las grietas no son tantas y tan profundas  como para que aquellos que mantienen poder –como es el caso de los diputados nacionales- se rebelen. Por eso, la llamada del PP a romper la disciplina del voto no tenía ninguna viabilidad práctica. Su único sentido podría encontrarse en lo testimonial, colocando ante la cara de todos los diputados socialistas su complicidad con el sanchismo y su enorme contradicción, al ser representantes de extremeños, castellanos, andaluces, etc. En cualquier caso, el momento más adecuado para que algún diputado socialista se descolgase no era la votación pasada, sino las próximas, especialmente si se llega a votar una ley de amnistía. Pero tampoco hay que esperarlo.

Resulta sorprendente que el sanchismo hable de transfuguismo, como asombroso es que Yolanda Díaz afirme que el transfuguismo es la mayor de las corrupciones, frase que Sánchez ha repetido. La primera no ha tenido ningún empacho no ya en romper la disciplina de voto, sino en traicionar abiertamente a la formación política que le había hecho ministra y vicepresidente segunda del Gobierno. El segundo capitaneó el transfuguismo de 15 diputados socialistas (entre los que se encontraba la actual ministra de Defensa) en la votación de la investidura de Rajoy. En cualquier caso, se equivocan de diana: la mayor corrupción no está ni mucho menos en lo que se denomina transfuguismo, se encuentra en comprar y conseguir el gobierno pervirtiendo las instituciones y la democracia.

republica.com 5-10-2023



EL QUE SE MUEVE SÍ SALE EN LA FOTO

GOBIERNO, PSOE Posted on Mar, septiembre 26, 2023 00:17:10

La portavoz del PSOE -y no sé si también ministra de Hacienda- perdió una ocasión magnifica de callarse. Le ocurre siempre igual. Habla, habla y habla y está dispuesta a manifestar que una cosa es verde, aunque todo el mundo esté viendo que es roja. No tiene ningún pudor. Pero constituye una marca de la casa, una característica del sanchismo. Todos suelen repetir la misma consigna, consigna que consiste casi siempre en predicar de los otros lo que con mucha más razón se les puede achacar a ellos.

Estos días han repetido hasta la náusea que Aznar era un golpista y que había llamado a la rebelión. En la exageración llegan hasta el ridículo, porque simpático no es que sea, pero de ahí a golpista va un buen trecho. Sobre todo, uno no sale del estupor, cuando ve que con toda desfachatez hablan de golpismo aquellos que llevan gobernando con los golpistas cinco años, a costa de haberles colmado de mercedes y que en este momento están negociando una nueva legislatura en la que, según parece, van a  comprometerse en concesiones increíbles. Es más, alguien podría sospechar que es el propio sanchismo el que está preparando el golpe al proyectar hacerse con el gobierno a base de transgredir la Constitución con los medios que le proporciona el haber conseguido un Tribunal Constitucional a su medida.

La señora Montero dijo eso de que en este PSOE el que se mueve sí sale en la foto. Precisamente lo fue a decir el día antes de que expulsasen a Nicolás Redondo, sin expediente alguno, sin Comisión de garantías ni nada, y tan solo por el ordeno y mando del caudillo.

No es preciso que me detenga a elogiar la historia política de Nico y de su familia. Es de todos conocida. Diré tan solo que había que amar mucho unas siglas y tener bastantes agallas para ser militante del PSOE en el País Vasco en los años del plomo, y que nadie puede reprocharle que se le revuelvan las tripas al ver la frivolidad con que esas siglas se ligan ahora con los herederos de los que amenazaban de muerte a él y a su familia. Añadire que me uno con agrado a la petición hecha desde estas mismas páginas por Pablo Sebastián para que se convoque un homenaje a Nicolás Redondo Terreros.

Pero, dicho esto, no puedo por menos que referirme a un hecho que me ha parecido desconcertante. Se trata del comentario de Felipe González: “Su padre me convocó una huelga general y no se me ocurrió expulsarle”. No sé qué hay que admirar más si la falta de memoria o la arrogancia. Nicolás Redondo Urbieta convocó no una huelga general, sino tres: diciembre de 1988, julio de 1992 y enero de 1994. Y todas con bastante seguimiento. Supongo que González se refería exclusivamente a la del 14 de diciembre de 1988, que paralizó el país. No se le ocurrió expulsarle porque le habría resultado totalmente imposible.

El éxito de la huelga fue tan grande que lo que sí se le ocurrió a González fue dimitir, y estuvo a punto de hacerlo y de encomendar el gobierno a Narcís Serra. Al final le convencieron de que quien aguanta gana. Eso es lo único que sabe muy bien Sánchez, que una vez que se abandona el poder es difícil recuperarlo. Felipe aguantó, pero no tuvo más remedio que sentarse a negociar con los sindicatos. No podía expulsarlo, pero hizo algo peor, que fue, años después, intrigar con los bancos para que cortasen la financiación a la PSV, por lo que esta tuvo que quebrar y con ello logró que el sindicato entrara en crisis.

El carácter absolutamente caudillista que impera en el actual PSOE y el desprecio que mantiene por la legalidad y las formas no puede servir tampoco para que dibujemos -como algunos pretenden- un escenario idílico del PSOE de Felipe González. En esos tiempos se perseguía también al disidente, ya fuese en el partido o en la Administración. Doy testimonio de ello. No sé en otras latitudes, pero en nuestro país los partidos no se han caracterizado por su buen funcionamiento democrático. Cosa bien distinta es que el sanchismo haya roto todos los moldes y sobrepasado todas las barreras y líneas rojas.

Entiendo perfectamente la tristeza y en cierto modo la desesperación de personas como Felipe González, Alfonso Guerra y otros muchos más que han estado implicados en la Transición y en estos cuarenta años de democracia, al ver con qué frivolidad unos alfeñiques ponen en solfa todo el sistema político y conspiran contra una Carta Magna que, con todos sus defectos, ha mantenido la estabilidad política y económica durante un largo periodo de tiempo. Como afirmó Guerra en el homenaje a Laborda: “Vivimos en un mundo desde la política en el que se relega a los capitanes con destreza y experiencia a permanecer en la orilla mientras se entrega el gobierno a los grumetes”. ¿Cómo no entenderles cuando se pretende tirar por la borda todo aquello que en buena medida ha dado sentido a sus vidas?

Ahora bien, no estaría mal tampoco que hiciesen algo de examen de conciencia y se interrogasen si en cierta manera no han sido ellos un poco culpables de la situación insólita a la que hemos llegado. Sánchez y sus adláteres no han surgido por generación espontánea. Hay que preguntarse si en el PSOE antiguo no estaba ya el germen del monstruo actual; si, como decía el banderillero de Juan  Belmonte, también el PSOE ha llegado al sanchismo mediante el zapaterismo, degenerando, degenerando… Aunque hay que reconocer que la degeneración comenzó ya con el felipismo.

Pero abramos el abanico porque la decadencia no se ha producido exclusivamente en el PSOE. Ha surgido en todos los partidos. Hace tiempo vengo afirmando que la Ley de Gresham de la economía (“la moneda mala expulsa a la buena”) donde mejor se cumple es en la política. Y de aquellos polvos vienen estos lodos. Las trampas con que nos estamos encontrando ahora tienen su origen mucho tiempo atrás.

Quizás el primer error cometido se encuentre en la propia Constitución que, a diferencia de la alemana, se definió como no militante y consiente la existencia de partidos políticos que defienden abiertamente la ruptura de España. Asimismo permite que determinadas Comunidades gocen de ciertos privilegios (a los que llaman fueros) en materia presupuestaria y fiscal, propios de la Edad Media. A ello tal vez haya que añadir la propia ley electoral, que otorga una representación mayor de la que corresponde a los partidos nacionalistas y no impuso su presencia en un número mínimo de provincias para poder tener diputados en el Parlamento español, medida que hubiese sido necesaria para que los intereses de todos los parlamentarios coincidan con el interés general de la nación y evitar así que el Congreso se convierta en una subasta en la que se puja por votos a cambio de privilegios localistas.

Durante los muchos años que el sistema ha girado alrededor del bipartidismo, los partidos nacionalistas de Cataluña y del País Vasco, mediante la cesión de sus votos en las Cortes Generales, obtuvieron pingües privilegios y consolidaron sus posiciones en sus respectivas Comunidades Autónomas. Tanto el PSOE como el PP, cuando estaban en el gobierno, les dejaron actuar libremente en sus territorios a cambio de contar con su apoyo en el Parlamento nacional. Poco a poco, en parte mediante un fuerte adoctrinamiento, en parte mediante un continuo trasvase de competencias y en parte debido a la pasividad de los gobiernos centrales, Cataluña y el País Vasco han ido conformándose como Estados independientes, si no de iure, sí de facto, de tal modo que al final los separatistas terminan creyendo que también lo son de pleno derecho.

No obstante, hay que reconocer que todo ello se mantuvo durante muchos años dentro de un orden, guardando cierta medida. Tanto González como Aznar pensaron que siempre se iban a respetar los límites. Craso error. Cuando se dan los vacíos legales siempre surge el peligro. Ha bastado con la llegada de un aventurero sin escrúpulos para que, colándose por los agujeros existentes, tirase el tablero y pusiese todo patas arriba. Sánchez, al igual que los mandatarios de algunas repúblicas autocráticas de América Latina, piensa que la democracia se reduce a las urnas. La elección da derecho a todo, todo se puede cambiar de acuerdo con los intereses del caudillo. Montero afirmó que en este PSOE el que se mueve sí sale en la foto. Difícil, porque lo que ocurre es que no hay foto en la que salir, porque la única foto es la de Pedro Sánchez.

republica.com 21-9-2023



HAY QUE BUSCAR UN ENCAJE PARA CATALUÑA ¿OTRA VEZ?

CATALUÑA, GOBIERNO, PSOE, SANCHISMO Posted on Sáb, septiembre 16, 2023 11:16:11

En esa especie de locura en la que se mueve hoy la política española, Feijóo, después del mitin de Puigdemont en Bruselas, ha propuesto un pacto para el encaje territorial de Cataluña. Lo de “virtus in medio” pierde al presidente del PP. Hay temas en los que el medio no es posible. Llevo más de 45 años oyendo que hay que buscar un encaje para Cataluña. Uno de los principios que informaron la Constitución de 1978 fue el de encajar no solo a Cataluña, sino también a todos los nacionalistas en España.

El tema, sin duda, viene de lejos. Una vez más, hay que recordar la intervención de Ortega y Gasset en el Congreso de los Diputados en el debate sobre el Estatuto de Cataluña. Entresaco un párrafo de un texto mucho más amplio que transcribí en el artículo publicado en este mismo diario el 27 de febrero de 2020, titulado “Ortega y Gasset y la mesa de diálogo de Sánchez”:

“…Se nos ha dicho: «Hay que resolver el problema catalán y hay que resolverlo de una vez para siempre, de raíz. La República fracasaría si no lograse resolver este conflicto que la monarquía no acertó a solventar… ¿Qué es eso de proponernos conminativamente que resolvamos de una vez para siempre y de raíz un problema, sin parar en las mientes de si ese problema, él por sí mismo, es soluble, soluble en esa forma radical y fulminante?… Yo sostengo que el problema catalán, como todos los parejos a él, que han existido y existen en otras naciones, es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar, y al decir esto, conste que significo con ello, no sólo que los demás españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que conllevarse con los demás españoles…”.

El problema es que, como también afirma Ortega, el nacionalismo particularista (es su nomenclatura) nunca ha querido conllevarse, sino que ambiciona separarse políticamente del resto de los españoles.

A lo largo de estos años, la Constitución de 1978 se ha estirado como si fuera un chicle para proporcionar más y más encaje a los independentistas, hasta el extremo de que desde hace tiempo estas minorías tienen más derechos que la propia mayoría. A pesar de todo ello, los nacionalistas no se han sentido nunca a gusto y han pedido siempre más y más. Pero ha sido con Sánchez -y sus ambiciones- cuando las cesiones han dado un salto cualitativo, pactando en 2018 con aquellos que acababan de dar un golpe de Estado, y quedando el gobierno de España en cierta forma a su albur.

Tras las elecciones del 23-J y la entrada en escena de Puigdemont, las exigencias se han elevado al máximo y se demuestra una vez más que los independentistas no quieren ningún encaje. Después de la elección de la mesa del Congreso, todas las voces del PSOE -incluyendo los tertulianos afectos-, siguiendo la consigna, se lanzaron a pregonar la idea de que se había pagado un precio muy reducido. Disiento. Lo primero que hay que cuestionar es por qué la totalidad de españoles deben pagar un precio a una minoría independentista tan solo para que la señora Armengol sea la presidenta del Congreso, como primer paso para que lo sea Sánchez del Gobierno de España. Uno tendería a pensar que la constitución de la mesa es un problema de mayorías y pactos dentro de las distintas ideologías y no un mercado turco de favores.

La segunda cuestión es que el precio no tiene nada de barato. El tema de la amnistía ha desplazado de la tribuna pública todo lo anterior, pero las concesiones realizadas para algo tan simple como elegir los miembros que deben dirigir la Cámara han sido cuantiosas y de alto coste. Comenzando por la designación de la propia presidenta de la mesa, desalojando a Batet para poner en su lugar a Armengol, a fin de dar gusto a los separatistas. No es que precisamente Batet fuese sospechosa de probidad o de falta de disciplina. Pertenece al PSC y en sus tiempos defendió ardorosamente el derecho a decidir. Eso ya nos puede dar una idea de por dónde se mueve la actual presidenta, cuando los soberanistas la prefieren, aunque ciertamente nos debería bastar su trayectoria en el gobierno balear. El diario El País -siempre predispuesto a blanquear los actos de Sánchez- defendió que su nombramiento era un guiño a la España periférica. ¿Quizás a Extremadura, Andalucía, Murcia, Galicia, a Cantabria, a Asturias? No creo. ¿A Baleares que la acaba de echar? Imposible. Solo al País Vasco y a Cataluña. Sus primeros actos como presidenta de las Cortes indican de manera bastante fehaciente cuál va a ser su trayectoria: dogmática y sectaria.

Pero es que, además, el lote exigido por los independentistas ha ido mucho más lejos. Las cesiones han sido múltiples, pero todas van dirigidas al mismo objetivo: a situarse en mejor posición de cara a una nueva declaración unilateral de independencia. En esa línea consideran esencial que el Gobierno español los reconozca como nación frente a Europa. De ahí la importancia que dan al uso de las lenguas cooficiales.

Uno de los problemas que tiene el nacionalismo surgido en el siglo XIX es que, en los tiempos actuales, resulta difícil -en muchos casos imposible- determinar el contorno de la teórica nación. ¿Dónde empieza y dónde acaba?, ¿qué es lo que los distingue de los demás?: los famosos hechos diferenciales. Acudir a la entidad étnica (y al RH) está muy mal visto después de la Segunda Guerra Mundial, de manera que los distintos nacionalismos no tuvieron más remedio que refugiarse en la entidad cultural. Pero hoy en día, tras la globalización, la integración financiera y comercial, la movilidad de las personas y los negocios resulta muy difícil mantener la ligazón con el terruño y encontrar la llamada identidad cultural. Las distintas cavilaciones y las teóricas naciones se difuminan y solo permanecen las entidades políticas y jurídicas, es decir, los Estados.

¿Quiénes son los catalanes?, ¿los que ahora habitan en la Comunidad Autónoma, aunque acaben de llegar, o todos los nacidos en Cataluña vivan donde vivan? ¿Por qué van a poder votar los catalanes residentes en Costa Rica y no los residentes en Madrid? ¿Quién es el sujeto de ese derecho a decidir que se invoca? ¿Cuál es criterio a seguir? ¿Los nacidos en la Comunidad Autónoma de Cataluña, definida curiosamente de acuerdo con la Constitución del 78, formada por cuatro provincias, con los límites que estableció el ordenamiento jurídico en 1833?, ¿o más bien los residentes en ella, sean oriundos de donde sean? ¿Y por qué no escoger a todos los países catalanes o al antiguo Reino de Aragón, con lo que seguramente el resultado sería muy distinto?, ¿o cada provincia tomada individualmente? ¿Qué ocurriría si la mayoría en Barcelona y Tarragona se pronunciase en contra de la escisión, aunque la mayoría de la Comunidad se mostrase a favor?, ¿se independizarían tan solo Lérida y Gerona? ¿Y qué sería de los municipios que se pronunciasen en contra de lo decidido por sus correspondientes provincias?…

Al nacionalismo solo le queda como elemento identitario el lenguaje. Es por eso por lo que le concede tanta importancia, por lo que lo convierte en un concepto casi ontológico. Lo asimila con el espíritu del pueblo. De ahí que pretenda que el catalán sea hegemónico en Cataluña y, en consecuencia, su lucha en contra del castellano; de ahí que planteen como un acto de reafirmación que el Gobierno español reclame el catalán como idioma oficial en Europa; de ahí que exijan también la autorización para poder utilizar, casi como un acto de desafío y de forma inmediata, las lenguas cooficiales en el Congreso.

El último recurso identitario que les queda a los nacionalistas es la lengua. Esta deja de ser para ellos un simple instrumento de comunicación y, como tal, con una finalidad práctica y subordinada a conseguir el fin para el que ha nacido que es entrar en relación con los otros  seres humanos. Desde esta ultima perspectiva, el uso de distintos idiomas en el Parlamento va a suponer un atraso.

Es de sobra conocido ese pasaje de la Biblia (Génesis 11; 1-9) que narra la construcción de la torre de Babel y cómo Yahvé, ofendido por la osadía de los que querían llegar hasta el cielo, se dijo a sí mismo: “Hablan un solo idioma, podrán lograr todo lo que se propongan, mejor será que confundamos su lengua, y hagamos que tengan que explicarse en distintos idiomas, de manera que no se entiendan entre sí”.  En el relato bíblico -y se supone que las diferentes civilizaciones antiguas eran del mismo criterio-, las distintas lenguas, lejos de ser un lujo, una riqueza,  un avance, son un impedimento.

Dado que según el artículo tercero de la Constitución, los españoles tenemos el derecho y el deber de conocer el castellano como lengua oficial del Estado. La introducción de las lenguas cooficiales en el Congreso no va a ayudar precisamente a la comunicación entre los parlamentarios, y menos aún entre estos y la gran mayoría de los epañoles. Cualquiera que haya usado la traducción simultánea sabe que por muy buenos que sean los traductores, cosa que no es frecuente, su uso se convierte en un auténtico incordio, la comprensión se hace mucho más difícil y se pierden cantidad de matices.

Todo aquel que considere que lo que está diciendo es importante y que pretenda que su mensaje se escuche, sea nacionalista o no, terminará hablando en español. Pasado el furor del momento y el acto de reivindicación que los soberanistas suponen que representa intuyo las lenguas cooficiales se van a usar muy poco. La hacienda pública española se va a gastar un montón de dinero sin ninguna utilidad, excepto para Sánchez y sus ansias de permanecer en la Moncloa. Para vergüenza de los señores diputados (y como testimonio de la poca utilidad de las sesiones parlamentarias cuando se impone la apisonadora de una mayoría absoluta forjada en los pasillos), a menudo el hemiciclo se queda casi vacío. ¿Podemos imaginarnos lo que ocurrirá si se mantiene el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso? Lo más seguro es que, pasado el fervorín de los primeros momentos y excepto algún hooligan, todo el mundo antes o después termine empleando el castellano.

Ahora bien, las cesiones realizadas para la constitución de la cámara van más allá. Se dirigen también a que el Estado (Gobierno y Congreso) reconozcan que Cataluña ha sido y es una región oprimida y que ha soportado de España toda clase de oprobios y persecuciones. Eso es lo que se pretende con la creación en el Congreso de dos comisiones de investigación orientadas una a investigar la posible ilegalidad de haber espiado a los independentistas mediante el programa Pegasus, y la otra a esclarecer la supuesta complicidad de los servicios secretos españoles en los atentados de las Ramblas de Barcelona. De ambas quizás hablemos otro día, pero digamos al menos ahora que su simple constitución es un acto incomprensible de humillación por parte del Estado.  

republica.com 14-9-2023



ALGO FALLA EN NUESTRO SISTEMA POLÍTICO

APUNTES POLÍTICOS, PSOE, SANCHISMO Posted on Dom, septiembre 03, 2023 09:00:22

Sánchez se caracteriza, aparte de por otras cosas, por cambiar de opinión –según él, no por mentir- con frecuencia y por defender un día con la misma pasión aquello que el día anterior había denigrado. Juega a su favor la escasa memoria  de la mayoría de los españoles, a pesar de que andemos para arriba y para abajo con la memoria histórica y la memoria democrática. En esta ocasión, el presidente del Gobierno y sus mariachis han arremetido duramente contra Feijóo, recriminándole su intención de presentarse a la investidura porque, según dicen, carece de los apoyos necesarios, lo que no puede por menos que sorprendernos si consultamos la hemeroteca y nos fijamos en todos los exabruptos que el propio Sánchez lanzó contra Rajoy después de las elecciones de 2015, cuando el presidente del PP manifestó que no iba a someterse al debate de investidura, al considerarla fallida de antemano.

Y ciertamente lo era, desde el mismo momento en el que el PSOE de Sánchez se negó no ya a negociar, sino ni siquiera a sentarse a dialogar con él. No daban los números, a no ser que se pactase con los independentistas catalanes y afines, que estaban ya preparando un golpe de Estado, lo que era inasumible para el PP, para Ciudadanos e incluso para el PSOE de entonces, es decir, para todos aquellos que no tuviesen tan pocos escrúpulos como Sánchez. Sánchez sí acariciaba ya la idea, lo que explica que facilitase al PNV un puesto en la mesa del Senado, al tiempo que prestaba tanto a Esquerra como a CiU los diputados suficientes (y eso que no estaba muy sobrado de ellos) para que pudieran constituir grupo parlamentario. Lo mismo que ha hecho ahora.

En aquel momento a Sánchez todo se le iba en decir que era el tiempo de Rajoy y que después vendría el suyo. Así nos hizo perder un mes a todos hasta que se ofreció al Rey, mintiendo y asegurándole que tenía los apoyos necesarios, lo que al final se comprobó que era falso, al resultar fracasada la investidura. A pesar de ello, no abandonó su objetivo de llegar a la presidencia del gobierno, aunque ya era evidente que solo tenía un camino, la alianza Frankenstein. La historia es de sobra conocida y cómo esta pretensión chocó con el Comité Federal de su partido, etc. Lo cierto es que estuvo mareando la perdiz durante varios meses, se entrevistó hasta con las asociaciones de vecinos e hizo perder el tiempo a toda España. Curiosamente, ahora la bancada sanchista arremete contra Feijóo porque, según ellos, nos hace perder el tiempo.

Los días previos a la ronda de entrevistas, ante el grupo parlamentario del PSOE, Sánchez, en tono profesoral tal como le gusta adoptar, manifestó que no era tiempo (eso de ser o no ser el tiempo le priva) de presionar a la Corona, en una clara intención de acusar a Feijóo de hacerlo, cuando lo cierto es que eran él y sus seguidores los que pretendían chantajear a la Casa Real asegurando que solo había un posible candidato. Callaban que en todo caso hoy, eso solo es viable pasando, entre otras cosas, por la amnistía a los malversadores y golpistas catalanes del procés, por el referéndum de autodeterminación y rompiendo la solidaridad y la política de redistribución entre las regiones de España. Es más, una vez que Felipe VI había tomado la decisión (si no Sánchez directamente, sí sus monaguillos), han arremetido contra el jefe del Estado, alegando que había sobrepasado sus funciones y que borboneaba.

La decisión tomada por el Rey, sin embargo, fue totalmente lógica, no porque Feijóo encabezase la lista más votada -aunque hasta ahora haya sido siempre así-, ya que de ser este el criterio sobraría el paseíllo a la Zarzuela, la designación sería automática. La auténtica razón es que en ese momento contaba con 172 adhesiones, todas ellas contrastadas por el monarca en sus encuentros con las fuerzas políticas que habían ido a visitarle. Número si bien no suficiente para la investidura (la mayoría está en 176), sí muy por encima de las que contaba Sánchez, tan solo las de Sumar y Bildu, aparte de las suyas.

Ello no obsta para que todos sospechemos que la investidura de Feijóo fracasará y que con bastante probabilidad la de Sánchez saldrá adelante, aunque sin que eso represente precisamente un honor o mérito, sino un tremendo estigma que será por lo único por lo que pasará a la historia, cuestión que parece interesarle tanto. En cualquier caso, la decisión del Rey, como es lógico, no puede basarse en sospechas o informaciones de prensa, ni siquiera en la palabra del propio candidato asegurando que cuenta con tales o cuales apoyos. De lo contrario, volveríamos a lo anterior, sobrarían los paseíllos de todos los partidos por el palacio de la Zarzuela. Sería suficiente con que fuesen al ver al Rey aquellos aspirantes que creyesen disponer de los votos precisos.

Si se produce la visita al jefe del Estado de todos los partidos políticos con representación en el Congreso es para que este pueda constatar por sí mismo las adhesiones. Y con ello entramos en un tema escabroso. Parece ser que hay cuatro fuerzas políticas que se niegan a ir a ver al monarca. Supongamos que vaya Sánchez a visitar al jefe del Estado y le diga: “Mire usted (nunca le llamaría majestad, con tal de que no le trate de tú nos conformamos), cuento con los apoyos de Bildu, del BNG, de Esquerra y de Junts per Catalunya. Se lo digo yo, porque ellos no quieren venir a verle, pero no se lo tome como cosa personal, ni siquiera como un desprecio a la monarquía. A quien realmente aborrecen es a España y al Estado y si se niegan a visitarle es porque usted es el jefe del Estado. Aunque da igual, yo le aseguro que puedo contar con ellos en la investidura, les voy a dar todo lo que pidan.” ¿Seria esto valido?

Imaginemos que en una boda se presentase ante el cura o el juez solo la novia o el novio y le indicase: “Perdone usted, pero el otro cónyuge no accede a venir a verle, aunque yo testifico que quiere casarse conmigo”. O que en la compraventa de una casa se presentara ante el notario únicamente el comprador afirmando que la otra parte tiene alergia a las formalidades pero que es igual, porque él garantiza que está dispuesto a venderle la casa. ¿Sería posible que en la vida civil aceptásemos estos comportamientos o algunos parecidos?

En la política damos por buenas situaciones que nunca toleraríamos en otros ámbitos sociales. El otro día el juramento a la Constitución por parte de los señores diputados se convirtió en un festival circense. Cada uno empleó la fórmula que le pareció oportuna, viniese o no viniese a cuento, fuese o no fuese congruente. Supongamos que alguien invocando la libertad de expresión reclamase su derecho a realizar la declaración de la renta con el impreso y formulario que considere conveniente, o que en la celebración de un matrimonio ante la pregunta de si aceptas a la otra persona por marido o por mujer uno contestase, por ejemplo, “clarinete” y el otro “naturaca”, como si se tratase de un sainete de Arninches. No creo que pudiésemos dar por bueno ninguno de estos comportamientos y tantos otros que podríamos citar como ejemplo. La vida social y las actuaciones públicas exigen formalidades que no se pueden evitar. ¿Por qué sin embargo admitimos el caos en las maneras y en las prácticas políticas? Algo falla en nuestro sistema democrático.

Nuestra Constitución, y en general la Transición, fue extremadamente generosa con los partidos nacionalistas. A diferencia de las de otros países, nuestra carta magna no es militante, es decir, que admite la existencia de formaciones políticas que defiendan la posible independencia de un determinado territorio, pero siempre que sea por métodos legales y por los procedimientos que marca la propia Constitución. Pero una cosa es defender el derecho de expresión y el respeto a las minorías y otra cosa es que esas minorías terminen teniendo más derechos que las mayorías.

Con la cesión de diputados por parte del PSOE y de Sumar a los independentistas catalanes, va a resultar que PNV, Bildu, Esquerra y Junts per Catalunya, que han obtenido en conjunto escasamente un millón y medio de votos, van a contar con cuatro grupos parlamentarios, igual que el PP, el PSOE, Vox y Sumar, que lograron casi 22 millones. Y si este cálculo lo aplicamos a la estructura territorial, llegamos a la conclusión de que la voz que tienen en el Congreso el País Vasco y Cataluña es infinitamente mayor que la del resto de las Autonomías, ya que poseen para ellas solas el 50% de los grupos parlamentarios, amén de participar en la proporción que les corresponde del otro 50%. Alguien que no conociese nada de la realidad política y territorial de España y leyese las actas del Congreso de diputados podría llegar quizás a la conclusión de que nuestro país se reduce poco más que a Cataluña y al País Vasco. Algo falla en nuestro sistema político.

Hay dos hechos que añaden mayor gravedad a la situación actual. El primero es que los nacionalistas casi en su totalidad se han convertido en independentistas y la gran mayoría o bien han dado un golpe de Estado -y lo que es más importante dicen a quien quiera oírles que en cuanto puedan volverán a hacerlo- o bien no condenan el terrorismo y no tienen ningún empacho en rendir homenajes a los etarras. El segundo hecho es la existencia al frente del PSOE de un aventurero que para ser presidente del gobierno no solo permite que esta minoría tenga mucha más voz en el Congreso que la mayoría, sino que está dispuesto a poner a sus pies la gobernabilidad de España.

La decisión de Feijóo de presentarse a la investidura, aun cuando sabemos que muy posiblemente será fallida, es tan respetable como la de Rajoy de no acudir en 2015. Es entendible que el presidente actual del PP, aun cuando con toda probabilidad no pueda conseguir los cuatro votos que le faltan, quiera, por una parte, explicar su programa de gobierno en las Cortes al tiempo que manifiesta la impostura sobre la que se va a asentar la candidatura de Sánchez; y, por otra parte, aspire a poner cuanto antes el reloj en marcha hacia unas supuestas elecciones, dejando el mínimo tiempo posible a la negociación del PSOE con los independentistas.

Pero por eso mismo lo que tiene difícil explicación es que haya demandado, o al menos haya aceptado, un retraso tal a la hora de fijar la fecha para la sesión de su investidura, como no sea para evitar que una previsible repetición de elecciones se celebrase en Navidad. Pero entonces debería haber quedado claro que ese era el motivo y no porque el candidato del PP necesitase tiempo para negociar, y desde luego mucho menos con los golpistas y con los fugados de la justicia. Existe la impresión de que la nueva dirección del PP está asumiendo el falaz discurso del sanchismo acerca de la soledad y del aislamiento. Hay ciertas amistades que en lugar de sumar restan y son tóxicas. El baldón radica no en estar separados de ellas, sino en amancebarse con ellas asumiendo su discurso y sus planteamientos. La vergüenza es la que deberían sentir aquellos diputados que aunque sea tan solo por unos días tengan que incorporarse a su grupo parlamentario. Algo falla en nuestro sistema político cuando para ser presidente del gobierno tienes que encamarte con prófugos, golpistas y filoterroristas.

Ante la futura sesión de investidura de Feijóo, quizás lo único que tenga sentido sea ese llamamiento no solo al grupo parlamentario socialista, sino en general a todo el hemiciclo a que existan cuatro hombres justos que den un paso hacia adelante e impidan el bochorno de que el gobierno de España dependa de un prófugo de la justicia acusado de delitos tan graves como el de sedición y el de malversación de caudales públicos. No es una llamada al transfuguismo, como nos quieren hacer ver desde el sanchismo, sino más bien una llamada a la vergüenza y a la dignidad y a que se separen del auténtico transfuguismo: el de todos aquellos que han abandonado los valores y las ideas. Pero me temo que, como en Sodoma y Gomorra, (allí se trataba de diez) no va a haber ni cuatro ni tres ni uno siquiera que dé un paso hacia adelante. Algo falla en nuestro sistema democrático porque, como hace mucho tiempo escribió Montesquieu, si los gobernantes son buenos, mejor que mejor, pero en cualquier caso hay que diseñar unas leyes y unos procedimientos que les impidan no serlo.

republica.com 31-8-2023



SIMONÍA Y FRAUDE ELECTORAL

GOBIERNO, PSOE, SINDICATOS Posted on Lun, agosto 21, 2023 17:04:26

Leo con asombro la relajada y amable entrevista que Esther Jaén ha realizado a Unai Sordo en el The Objective del día 5 de este mes de agosto. Mi sorpresa no radica tanto en el tono benévolo de la periodista como en que el entrevistado parece más el portavoz de un gobierno que el secretario general de un sindicato de clase. Sus loas a las políticas del Ejecutivo sobrepasan con mucho las de Calviño, Escrivá y Yolanda Díaz juntas.

Me gustaría contestar a muchas de las aseveraciones que en materia económica se hacen en la entrevista, pero otro es el objetivo que me he propuesto en este artículo. Me libera de lo primero el hecho de que en múltiples ocasiones me he referido en diversos artículos publicados en este medio a la evolución de la economía española, desmontando creo yo la política triunfalista del Gobierno y, por lo que parece ahora, también de CC. OO. Citaré tan solo dos de ellos: el del 16 de febrero de 2023, titulado “Nadia en el país de las maravillas”  y el del 29 de junio de este mismo año que lleva por título “La economía española, como una moto”.

A menudo se dice que citarse a uno mismo constituye una pedantería. Puede ser cierto cuando se efectúa como argumento de autoridad. Desde luego, en mi caso nada más lejos de esa finalidad. En primer lugar, porque, a diferencia de Nadia, no me tengo por tal y, en segundo término, porque no me han gustado nunca demasiado ese tipo de argumentos. Mi propósito se orienta, por un lado, a evitar en lo posible reiteraciones y, por otro, ya que ante la limitación de espacio de un artículo muchas afirmaciones por fuerza tienen que quedar sin aclarar, creo yo que ello en parte puede solucionarse citando otros artículos en los que la idea está mucho más desarrollada.

Pero volviendo a la entrevista y a mi extrañeza, diré que hasta cierto punto es habitual el triunfalismo de un gobierno. Aznar y zapatero se empeñaron en decirnos que todo iba fenomenal y nos armaron una buena. Lo que ya no es tan frecuente es que sea el secretario general de un sindicato de clase el que adopte esta postura. En cualquier caso, tal como anteriormente decía, me quiero referir en este artículo únicamente a una de las expresiones de Unai Sordo, y que Esther Jaén coloca como titular y frontispicio de la entrevista: “Llamar Frankenstein al Gobierno es llamárselo al país. España es así. Plural”.

España puede ser plural. Pienso que no mucho más que otros países, pero sus ciudadanos no son golpistas ni filoterroristas ni en general están huidos de la justicia. Tampoco son simpatizantes de ellos. No lo son ni siquiera la gran mayoría de los que hayan podido votar al PSOE o a Sumar. Estoy convencido de que muchos lo han hecho tapándose las narices y quizás ante la falsa idea de que daban su adhesión a un gobierno progresista.

El problema no está en la pluralidad, sino en un fenómeno anómalo y totalmente desquiciante que se está produciendo en nuestra democracia. La mezcla de partidos nacionales que, al menos en teoría, se mueven en el eje izquierda-derecha, con otros denominados partidos nacionalistas en los que esta contraposición tiene un sentido totalmente accesorio, mientras que su casi exclusiva finalidad es la defensa de sus territorios que, en la mayoría de los casos, como es lógico, va en detrimento del resto. Sus diputados no van a las Cortes a defender el interés general, sino tan solo el interés particular de determinadas regiones.

Si el nacionalismo se extrapolase a todas las Comunidades, se habría terminado la contienda ideológica en la política y sería sustituida por la lucha territorial. La coexistencia de estas dos clases de formaciones políticas origina que en aquellas Autonomías en las que no existen partidos nacionalistas los ciudadanos se ven en una situación de inferioridad, puesto que en el Congreso o en el Senado no habrá nadie que anteponga sus intereses por encima de cualquier otra cosa. Paradójicamente, los votos entregados a los partidos nacionales se terminarán empleando en la compra de las formaciones nacionalistas y consecuentemente en contra de los intereses de los que votaron por ideología (acertada o erróneamente) y no lo hicieron en función de querencias territoriales.

Desde la Transición, con la finalidad de atraer a los nacionalistas (vano intento), se ha dado a estos un trato de favor. Es más, cuando el partido ganador (bien fuese el PSOE o el PP) no tenía mayoría absoluta reclamaban el apoyo de una formación nacionalista, que se lo prestaba, pero siempre con un precio. Eso ha hecho que a lo largo de estos años los desequilibrios territoriales se hayan ido incrementando, mientras el Estado ha sido incapaz de corregirlos. Cataluña y el País Vasco han salido altamente beneficiadas situándose entre las Comunidades con mayores rentas, sin que por su parte contribuyan apenas a la solidaridad interterritorial.

Sin embargo, estas disfunciones -al menos hasta el 2008- se mantuvieron siempre dentro de un orden y ningún partido nacional (PSOE, PP e IU) sobrepasó nunca respecto al independentismo las líneas rojas. Bien es verdad que el PSOE tuvo que lidiar con las veleidades del PSC, que casi siempre tiraba al monte, e IU con las de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y las de Madrazo y ‎Ezker Batua en el País Vasco. La expresión más clara de esta contención fue el Plan Ibarretxe, consistente en un nuevo estatuto cuyo contenido fundamental era el reconocimiento del llamado derecho a decidir (la autodeterminación) del pueblo vasco. En enero de 2005 el Congreso de los Diputados rechazó el nuevo estatuto por 313 votos, 29 a favor y 2 abstenciones. Tanto el PSOE como IU votaron en contra, solo ICV se abstuvo.

No obstante, en los últimos años se han producido tres acontecimientos que han distorsionado por completo el escenario político y agravado la desigualdad territorial. El primero consiste en la metamorfosis acaecida en el ámbito nacionalista, en el que todos han pasado a ser independentistas. En la mayoría de los casos se ha ido más allá. En Cataluña dieron un golpe de Estado y declararon unilateralmente la independencia; en el País Vasco y Navarra se ha fortalecido Bildu, formación política continuadora de ETA, sino en sus acciones violentas sí en el relato. Ya no se trataba de pactar con nacionalistas, sino con delincuentes o defensores de delincuentes.

El segundo suceso radica en la progresiva convergencia ideológica entre izquierda y derecha. La globalización, la Unión Europea (EU) y fundamentalmente la Moneda Única, van borrando progresivamente las diferencias. La UE, a pesar de englobar bastantes elementos del Estado de bienestar, se ha construido fundamentalmente en materia económica sobre principios liberales y con unos parámetros en los que resulta casi imposible mantener una ideología socialdemócrata y mucho menos ponerla en práctica.

Ante esta nueva situación, la izquierda ha ido abandonando en buena medida la lucha social para refugiarse como quehacer propio en determinados objetivos que sin embargo son transversales: conseguir la igualdad objetiva entre hombres y mujeres, la protección de los derechos de los homosexuales y de los emigrantes, la lucha frente al cambio climático, incluso el animalismo, etc. En esa lista, al menos en España, se ha incorporado la defensa del nacionalismo, como si sus derechos fuesen los que están siendo atacados y no fuesen ellos los que agreden las libertades de todos los demás.

La tercera circunstancia consiste en la aparición de un aventurero llamado Pedro Sánchez, dispuesto a todo por conseguir el poder. Con los resultados del partido socialista más bajos de la historia, se propuso llegar a la presidencia del gobierno por el único sistema que le resultaba posible, saltándose todas las barreras y líneas rojas.

Estos tres acontecimientos han creado en España un escenario político nuevo basado en contradicciones y desequilibrios que progresivamente se va deteriorando y, a su vez, va consolidando una radical injusticia. Los votos cosechados entre los ciudadanos de unas Comunidades terminan beneficiando a los independentistas de otras, con el consiguiente menoscabo de los intereses de los primeros. Puede ocurrir que los ciudadanos de Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Madrid, etc.  contemplen que los votos que han dado al PSOE o a Sumar se emplean a favor de los independentistas vascos o catalanes y en su perjuicio.

Relata la historia que uno de los vicios más extendidos en el cristianismo durante la Edad Media era el de simonía, la compra de beneficios o cargos eclesiásticos. El nombre proviene de Los Hechos de los apóstoles en los que un personaje denominado Simón el Mago quedó tan impresionado por el poder taumatúrgico de San Pedro que deseó comprar tal facultad, y que fue condenado por el apóstol en estos términos: «¡Que tu dinero perezca contigo, ya que creíste que el don de Dios se podía comprar por dinero”.

Sánchez ha instaurado la simonía política, lleva desde el principio comprando el gobierno con todo tipo de mercedes, solo que paga con dinero ajeno, el dinero de todos los españoles, y con los bienes y derechos de los ciudadanos de todas las Autonomías. El hecho de que los recursos y los votos con los que se compra el gobierno Frankenstein provengan de toda España no hace a todo el país Frankenstein, tal como afirma el secretario general de CC. OO. ni responsable de la simonía ni de los abusos cometidos contra la democracia. Más bien los hace paganos a la fuerza de la fiesta. ¿Qué ocurriría si esos acuerdos se sometiesen a referéndum?

A la mayoría de los votantes del PSOE y de Sumar se les ha pedido el voto en clave de izquierdas-derechas: un gobierno del progreso frente a la involución, al retroceso, a la caverna. Pero en cuanto han pasado las elecciones el escenario ha cambiado. Todo el juego se centra en el precio que tendrá que pagar Sánchez a los independentistas para gobernar, precio que terminará sufragando el resto de los españoles.

Pensemos en un extremeño, un andaluz o un gallego que se creyó ese relato de que venía la reacción, y que le iban a despojar de todos sus derechos. En suma, que se retrocedería al franquismo -bien es verdad que la mayoría ni siquiera lo habrá conocido. Y en función de todo ello votó al bloque que se denominaba de progreso. Pero he aquí que comienza a ver que, una vez transcurridos los comicios, lo primero que se discute es si se condona la deuda de 70 mil millones de euros a una de las Comunidades más ricas de España, condonación que, lógicamente, se haría a costa de la totalidad de los españoles.

Asimismo, empieza a constatar que en las negociaciones se está tratando también la posibilidad de extrapolar a Cataluña el modelo del cupo aplicado al País Vasco, con lo que se dañaría gravemente la función redistributiva del Estado. Tal vez -y aparentemente con menos ambición, pero con resultados similares-, se plantea como alternativa un nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas basado en el axioma catalán de que “España nos roba”, y que en román paladino quiere decir acabemos con la solidaridad interterritorial, que las regiones pobres sean cada vez más pobres y las ricas cada vez más ricas.

Otros temas que se están mercadeando sotto voce quizás sean más abstractos para el extremeño o el castellanomanchego de nuestro ejemplo, pero no por eso son menos importantes. Se dé cuenta o no, está sobre el tablero si se les priva de un derecho básico: la soberanía sobre todo el territorio nacional (y de todo lo que conlleva de participación en la decisión democrática). Se cuestiona si esta va a quedar cercenada por los privilegios a determinadas Comunidades Autónomas.  También está en juego la igualdad en las posibilidades de empleo y si el idioma va a constituir una frontera infranqueable; o si el Estado (es decir, todos los españoles) pierde las competencias sobre los puertos, los aeropuertos, etc. Incluso si el Tribunal Supremo va a tener algo que decir en Cataluña.

Sánchez afirma que denunciar todo esto es enfrentar a los territorios entre sí, pero lo que en realidad pone a unas regiones contra otras es incrementar sus diferencias para conseguir el gobierno de la nación y para permanecer en él. Se habla continuamente de la desigualdad entre hombres y mujeres, pero habría que preguntarse si en España el mayor desnivel económico no se produce entre los que viven en una u otra Comunidad.

Hay muchas voces, acaso bien intencionadas, que arguyen que esto son peticiones del oyente y que después no se llevan a la práctica. La verdad es que decían lo mismo de los indultos, de la eliminación del delito de sedición y de la rebaja del de malversación, o de otras muchas actuaciones que parecían inverosímiles al principio; y también afirmaban que no se iban a realizar nunca y, sin embargo, después se han hecho realidad.

En la entrevista citada, Sordo asegura que los acuerdos se harán dentro de la legalidad y el Gobierno reitera que se respetará la Constitución. Pero la Constitución puede interpretarse de manera muy flexible (sobre todo cuando se cuenta con un Tribunal Constitucional colonizado y a la medida), y las leyes se pueden cambiar. ¿Qué pensaría el secretario general de Comisiones si, por ejemplo, se aprobase un tipo único para el IRPF desarmando al gravamen de toda progresividad y privándole de su carácter redistributivo? Sería legal, al igual que sería legal si el Gobierno y las Cortes eliminasen el seguro de desempleo. Pero por ello no dejaría de ser una iniquidad.

Muchas actuaciones, medidas o hechos son injustos, abusivos o despóticos, y en bastantes casos constituyen un claro fraude, aunque no contradigan directamente la Constitución y las leyes. El diccionario de la Real Academia establece como primera acepción de fraude: “Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete“. No habla para nada de Constitución ni de leyes. ¿Acaso no se pueden calificar de fraude electoral los acuerdos que va a firmar Sánchez? Perjudican a casi todos los que le han ofrecido el voto, voto que se les ha pedido recurriendo al eje izquierda-derecha y ahora los utiliza en beneficio de los independentistas para comprar su permanencia en el gobierno.

república.com 17-8-2023



¿QUÉ SERÍA DE SÁNCHEZ SIN VOX?

PARTIDOS POLÍTICOS, PSOE Posted on Lun, agosto 14, 2023 09:42:13

Si no existiese Vox, Sánchez debería haberlo inventado, del mismo modo que ha forjado Sumar. Gracias a Vox es presidente del Gobierno y parece que gracias a Vox, y a pesar de su última declaración, va a continuar siéndolo. Todo extremismo es malo; todo fanatismo, nefasto. El maximalismo, sea del signo que sea, suele conducir a resultados contrarios a los que se buscan. El origen de Vox se encuentra en el PP, en la parte más montaraz del Partido Popular que, frente al sectarismo de Zapatero, querían la revancha. Consideraban que la política de Rajoy, basada en buena medida en la moderación y el centrismo, no saciaba sus ansias de desquite.

El semillero se encuentra también en unos periodistas o unos medios de comunicación que, acostumbrados a mandar y a mangonear en el PP con Aznar, ante la postura más digna e independiente de Rajoy se confabularon para criticarle y llamarle Maricomplejines. El caldo de cultivo en el que nació Vox se halla igualmente en el propio Aznar, que no supo mantenerse en su sitio e interfirió más de lo debido en el partido tras dejar de ser su presidente. Sirvió siempre de contrapunto a la política de Rajoy, y se esforzó por hacer notar que en buena medida era su dedo el que le había designado como presidente del partido y que, como consecuencia de ello, le correspondía el papel de reina madre.

En el sector más reaccionario del PP ha pervivido la nostalgia de la etapa de Aznar, lo que no deja de ser curioso porque, en mi opinión, en ese periodo se conformaron gobiernos bastante nefastos, aun cuando se juzguen desde una óptica conservadora. Las cesiones de Aznar a los nacionalistas en la primera legislatura -principalmente a CiU en el pacto del Majestic-, tras hablar catalán en la intimidad, fueron de lo más humillantes y dañinos para el Estado. Baste citar las transferencias realizadas a las comunidades en materia fiscal con autonomía normativa incluida. Se introdujeron en los territorios españoles los mismos defectos de dumping fiscal que la Unión Europea había creado entre los países miembros.

Aznar nos incorporó a la Unión Monetaria con las graves taras y desequilibrios que ha comportado y continúa comportando para la economía española. No hay, ciertamente, espacio para extenderse en este punto. Digamos tan solo que todos aquellos que se han esforzado en exaltar los muchos beneficios que para España ha tenido la pertenencia a la moneda única deberían echar un vistazo a la marcha de la economía polaca, que ha permanecido fuera del euro y no parece existir entre sus ciudadanos y mandatarios demasiado interés por entrar.

Las apariencias a menudo son distintas de la realidad. Esto se cumple casi siempre en el ámbito social y político en el que el poder del relato de los medios de comunicación es tan importante, y no digamos en el área económica en la que los resultados quizá solo se vean muchos años después. El memorable eslogan de que “España va bien” ocultaba en su fondo un agujero negro: la enorme tara de que el crecimiento de todos estos años era a crédito, es decir, con préstamos del exterior.

Aznar en 1996 heredó una economía bastante saneada. Las cuatro devaluaciones de los últimos años (tres Solchaga y una Solbes) habían corregido los desequilibrios creados por nuestra pertenencia al Sistema Monetario Europeo. La progresiva generación de un elevado diferencial de inflación con respecto a otros países, principalmente con Alemania, generaron de nuevo esos desequilibrios: déficits en nuestra balanza por cuenta corriente, con el consiguiente endeudamiento en el exterior. La diferencia era que a partir del año 2000 ya no era posible la devaluación, el euro lo impedía.

Esta misma política desafortunada fue seguida por Zapatero, que también se jactaba de que nuestra renta per cápita había superado a la italiana, sin considerar que el edificio estaba basado en un equilibrio totalmente inestable y que se derrumbaría, como así ocurrió en 2007 con la llegada de la crisis. Se habla de esta crisis como si fuera única, aunque tal vez lo único común en todos los países fuera el detonante, que provocó el miedo en los mercados.  Sin embargo cada país tenía sus propios desequilibrios. En Grecia, el déficit y el endeudamiento público; en nuestro país, el déficit y el endeudamiento exterior de carácter privado.

Si he hecho este inciso tan largo es porque me parecía importante dejar clara la herencia envenenada que recibió Rajoy. No digo que no cometiese errores. En mis artículos semanales, durante sus seis años en el poder critiqué frecuentemente las medidas que el gobierno tomaba, pero eso no obsta para reconocer la difícil encrucijada que heredó tanto en el ámbito económico como en el territorial, y que si Zapatero hubiese seguido gobernando el resultado habría sido bastante más adverso; y lo que incluso es más relevante, que el Ejecutivo que le ha sucedido ha sido peor. En este último caso no podemos hablar de un gobierno de progreso sino de un gobierno de, incompetentes, prepotentes e independentistas, que dejarán hipotecada la economía española para mucho tiempo. La valoración no se puede hacer en términos de izquierdas o derechas -cuya diferenciación dentro de la Unión Europea es bastante reducida-, sino de legalidad, democracia e idoneidad.

Mal negocio se hicieron a sí mismos los que desde el partido popular se dedicaron a desgastar a Rajoy. El primer efecto negativo para ellos fue la constitución de un nuevo partido a la derecha del PP (precisamente en el que ahora militan la mayoría de los críticos), que dividió el voto conservador. Ciertamente las figuras más significativas de la contestación no dieron el salto a la hora de la verdad, pero sus actuaciones y manifestaciones incentivaron a que otros lo diesen. La aparición de una nueva formación política, Vox, sirvió también como plataforma para atraer a personas y asociaciones en posiciones más bien extremistas y que hasta entonces habían estado fuera de la política oficial.

El simple surgimiento de este nuevo partido origina, de acuerdo con la ley electoral, que el mismo número de votos se traduzca en un número menor de escaños. Ya en 2019, la suma de votos conseguidos por el PP, Ciudadanos y Vox fue de 10.354.337, más o menos igual que los que obtuvo Aznar en el año 2000, que le valieron la mayoría absoluta, y unos pocos menos que Rajoy en 2011 (10.867.344), con los que también consiguió mayoría absoluta y el gobierno. Pero, sin duda, la conclusión aparece de forma más clara en las elecciones celebradas recientemente el 23 de julio, en las que Ciudadanos no se presentó y la suma de votos logrados por PP y Vox alcanzó la cifra de 11.135. 584, superior a la obtenida por Aznar y Rajoy en el año 2000 y 2011, respectivamente.

Paradójicamente, la mera existencia de Vox va a permitir, por tanto, que continúe gobernando el PSOE. Si detrás de la constitución de Vox se encuentra la reacción de algunos frente a lo que ellos creían que era una postura permisiva de Rajoy con los separatistas, y más concretamente con el golpismo catalán, (la derechita cobarde) el resultado obtenido con el nuevo partido es precisamente el contrario, han hecho posible un gobierno Frankenstein, que se ha sostenido a base de chalaneos y concesiones soberanistas.

Pero la utilización que Sánchez ha hecho y quiere seguir haciendo de Vox va mucho más allá. Ha pretendido -y en parte lo ha logrado- que muchos ciudadanos vean a este partido como un monstruo que va a quitarles todos sus derechos civiles, políticos y económicos. Lo ha anatematizado e intenta que cualquier pacto que el PP pueda hacer con él aparezca como un atentado contra la democracia. No deja de tener gracia que esta consideración salga de aquellos que han negociado con golpistas condenados, herederos de terroristas y piensan hacerlo ahora con prófugos de la justicia y, lo que es peor, a los que han hecho todo tipo de concesiones. En los momentos actuales, mientras critican duramente los pactos del PP con Vox, el PSC está negociando y llegando a pactos con Esquerra y con los hombres de Puigdemont en todos los ayuntamientos catalanes, y Chivite llegará a presidenta de la Comunidad de Navarra mediante el acuerdo con Bildu.

Por muy mala opinión que se tenga de Vox, nadie puede decir de ellos que han dado un golpe de Estado o que defienden la violencia política, o que proponen de forma ilegal un cambio de la Constitución o que sus principales dirigentes están huidos de la justicia. No creo que sean fascistas, como tampoco considero comunistas a los miembros de Podemos por mucho que algunos de ellos se empeñen en calificarse de ese modo. Creo que hoy en día habría que salir con el farol de Diógenes de Sinope para poder encontrar de verdad un fascista o un comunista.

Pero dicho todo esto, lo cierto es que los dirigentes de Vox no han estado hasta el momento muy finos y que se lo han puesto bastante fácil a Sánchez. En mi opinión, uno de los defectos más llamativos de esta formación política se encuentra en la chulería de muchos de sus dirigentes, casi fanfarronería, que a menudo les hace antipáticos y siempre resulta contraproducente en campaña electoral. En estas elecciones ha habido múltiples anécdotas que Sánchez y su brigada mediática han sabido aprovechar adecuadamente.

No resulta demasiado político amenazar en medio de unos comicios con aplicar el artículo 155 a Cataluña. No hay porque dudar de que sea una medida constitucional y como tal perfectamente defendible, pero no parece que en estos momentos haya suficientes motivos ni sobre todo el consenso político preciso para que sea viable. Da la impresión de que se trata más bien de una balandronada que de otra cosa. De cualquier modo, no constituye creo yo una afirmación muy prudente en plena campaña electoral. Es posible que esta intimidación haya colaborado a los buenos resultados que tanto el PSOE como los Comunes han obtenido en Cataluña.

No existe ninguna razón para tildar de homófobos a los concejales de una corporación municipal por el hecho de que consideren inapropiado que la bandera LGTBI (al igual que cualquier otra que no sea oficial) ondee en un edificio público, ni es lógico afirmar que tal planteamiento viola los derechos de los homosexuales. Pero difícilmente puede extrañarnos que el sanchismo haya aprovechado la ocasión en plena campaña electoral. Quizás Vox lo debería haber tenido en cuenta.

Los sanchistas y su brigada mediática se esfuerzan en presentar a Vox como una amenaza contra las mujeres. Estar en contra de las listas cremallera o defender que a igual delito corresponda la misma pena no parece que represente un ataque al género femenino. Son opiniones tan respetables como las contrarias. Incluso hay muchas mujeres que defienden estos postulados. No obstante, lo que sí es cierto es que Vox hace de ello un problema casi metafísico, con lo que ayuda al relato tendencioso de Sánchez. Se pierde en un debate nominalista acerca de si se trata de violencia de género o violencia doméstica, en lugar de reducirlo a una cuestión de derecho penal.

Estos hechos y otros parecidos han dado ocasión a que, exagerándolos, el sanchismo haya elaborado acerca de Vox una leyenda negra. Al margen de que esta formación defienda posiciones más o menos equivocadas, no es desde luego razonable que se la quiera comparar con los defensores del terrorismo, con los golpistas o con los prófugos de la justicia. Sin embargo, Vox no ha hecho nada para combatir esta campaña de desprestigio. Parece más bien indicar que se sienten a gusto con el papel que se les estaba asignando. Han tendido a plantear de forma provocadora los problemas más polémicos. Sus dirigentes a menudo han actuado se diría que satisfechos, como enfants terribles. Da la impresión de que se sentían orgullosos de ello.

Esa estrategia de desacreditar al partido popular a través de la demonización de Vox ha estado presente también, qué duda cabe, a la hora de fijar la fecha de las elecciones generales. El pasado 1 de junio, tan solo dos días después de que fuesen convocadas por Sánchez, escribí un artículo en este diario digital en el que incluía entre las razones por las que creía yo que se había escogido una fecha tan extraña y atípica la de embarrar la campaña electoral haciéndola coincidir con la constitución de los gobiernos de las autonomías y ayuntamientos y, por tanto, con los pactos inevitables del PP con Vox.

Se pensaba que serviría para ahondar en el relato de que el PP está unido ineludiblemente a Vox, al tiempo que se anatematizaba más y más a este último. La cosa podría haber sido muy distinta si se hubiese esperado a diciembre para convocar elecciones, ya que la sociedad española hubiera podido comprobar quizás que no ocurría nada grave por el hecho de que el PP gobernase en algunos sitios mediante acuerdos con Vox.

Lo que no podía suponer yo entonces es que la jugada le saliese tan bien a Sánchez, debido precisamente a la colaboración de Vox, que ha entablado las negociaciones en las comunidades de una manera en extremo montaraz y tozuda. Pero para hablar más extensamente de estos pactos necesitaríamos como mínimo otro artículo. Quizás en el futuro.

republica.com 10-8-2923



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