ARTICULOS DEL 17/3/2023 AL 9/1/2024 CONTRAPUNTO

Dicen que la primera víctima de una guerra es la verdad. El juego político debe de ser una encarnizada contienda porque también en él la verdad desaparece. Se sustituye por la demagogia y la dialéctica amigo-enemigo. El amigo siempre tiene razón, el enemigo nunca. Contra él vale todo. Es esa parcialidad la que da al discurso una apariencia tan falsa. Es ese sectarismo el que hace que los ciudadanos desprecien cada vez más a los políticos. Es esa obcecación la que origina que la política pase de ser la actividad humana más noble, tal como afirmaba Platón, a la más repudiada.

El otro día en la Asamblea de la Comunidad de Madrid se produjo un acontecimiento que provoca la hilaridad, una especie de ópera bufa. Toda la oposición, con Mónica García a la cabeza, se lanzaron en tromba contra el vicepresidente del Gobierno de la Comunidad por haber percibido 195 euros como bono social térmico, cuyos destinatarios, según la ley, son las familias numerosas, y parece que la de Osorio lo es.

Hasta aquí quizás nada raro. Es a lo que nos tienen acostumbrados, y lo que les debe de ordenar Sánchez que hagan. Lo cierto es que no aprenden. Son incapaces de hacer una verdadera oposición, y miren ustedes que hay cosas que criticar. Sin embargo, se agarran a nimiedades y se les ve demasiado el plumero y la demagogia. Ellos, proclives a comparecer a todas las manifestaciones y participar en todas las protestas contra el gobierno regional, parece que no tienen nada que decir ante el caos de cercanías o la huelga de los letrados judiciales que, a pesar de que afecte -y mucho- a los ciudadanos madrileños, depende de Sánchez.

No obstante, en esta ocasión el ridículo ha llegado al summum, porque se ha descubierto que la líder de Más Madrid, después de vociferar y dedicar toda clase de epítetos a Osorio, también percibe el importe del bono por tener familia numerosa. A mi entender, no habría nada que recriminarle, si no fuese por el papel inquisitorial previamente adoptado, rasgándose las vestiduras ante la conducta, igualmente legal, del vicepresidente de la Comunidad de Madrid.

Pero la pantomima se acentúa por las explicaciones que ha facilitado. Afirma que no era consciente de ello, que quien cobraba la ayuda era su marido. Muy feminista ella. Un poco a lo Tartufo, manifiesta que se arrepiente y que reconoce su error. Revistiéndose de puritanismo, intenta convencernos de que su comportamiento era muy diferente al de Osorio.

No suelo ocuparme de la política regional de Madrid. No conozco demasiado sus intríngulis, y no me gusta hablar ni escribir de lo que no sé, pero si en esta ocasión me he adentrado algo en ella ha sido porque el circo se ha trasladado más tarde a la política nacional. Distintos miembros del Gobierno, incluso la Ministra de Hacienda, han mostrado su sorpresa porque familias no vulnerables pueden ser beneficiarias de la ayuda, ayuda que por cierto no se financia con impuestos, sino con el recibo de la luz a costa del consumidor. En el fondo sí es un gravamen, solo que bastante regresivo.

Todos los ministros se apresuraron también a escandalizarse de que alguien sin ser pobre hubiese cobrado esa subvención. Es más, invocaron la honestidad y la decencia y no sé cuántas otras zarandajas de carácter pío, de esas que deben quedar circunscritas al campo privado y, como mucho, al ámbito religioso. En política las obligaciones las determinan la ley y el Código Penal. La ministra de Hacienda manifestó, no sé si con descaro o inocencia, que en la finalidad de la norma nunca había estado presente beneficiar a las familias numerosas con suficientes ingresos. La conclusión es evidente: o bien la licenciada en medicina no se había enterado de lo que había aprobado el Consejo de Ministros, (lo que es grave siendo la responsable de los caudales públicos), o bien una vez más el Gobierno se había equivocado al elaborar la norma y había dicho lo que no quería decir.

Para mayor desconcierto, todos los ministros que han hablado se han reiterado también en modificar la ley e incluir un nivel de renta como una limitación para ser beneficiario de ayudas públicas. Estamos ya curados de espanto y hartos de que se legisle a borbotones, deprisa y corriendo, ad hominem, en función de los acontecimientos y las ocurrencias. En esta ocasión, además, para ser coherentes deberían modificar no sé cuántas leyes y reglamentos, tanto de ámbito estatal como autonómico, puesto que son muchas las ventajas y beneficios de que gozan las familias numerosas, sin referencia alguna a sus ingresos.

Sin pretensión de ser exhaustivos, podríamos citar la deducción de 1.200 a 2.400 euros en el IRPF, exención de tasas en el DNI y en el pasaporte, bonificación en la Seguridad Social al contratar cuidadores, descuentos en los vuelos, Renfe, barcos, museos y centros culturales, bonificación del 50% o 100% en tasas educativas, permiso laboral retribuido por nacimiento de hijo, derecho de preferencia en los procesos públicos de educación regulados por baremos, etc. Si no recuerdo mal, en ninguno de estos casos se tiene en cuenta la renta. Y habría que añadir las múltiples ayudas o bonificaciones autonómicas y municipales. ¿Se van a modificar todas estas normas o es que los señores ministros no se habían enterado de su existencia?

Parece ser que el cabeza de lista del PSOE a la Comunidad de Madrid, va de micrófono en micrófono, mostrando su indignación por que dos políticos han percibido el bono térmico y el eléctrico. Digo yo que su enfado en todo caso se debería dirigir contra su señorito y demás ministros, que son los responsables de la ley.

Por otra parte, quiero pensar que él y aquellos periodistas que también se han rasgado las vestiduras por este suceso no aplicarán ninguna deducción en su declaración del IRPF, ni por planes de pensiones, ni por vivienda, ni las familiares, incluyendo la de guardería, ni las donaciones a las entidades sin fines de lucro, ONG o fundaciones, ni a los sindicatos y partidos políticos, ni los gastos por obras de eficiencia energética, etcétera, etcétera; a las que habría que añadir otras muchas autonómicas, nada, de nada, porque la gran mayoría no hacen ninguna referencia a la renta, y habiendo tantos necesitados…  

Supongo también que cuando este tiempo de atrás se acercasen a repostar a las gasolineras solicitarían que no se les descontasen los 20 céntimos, ya que son ricos; y por el mismo motivo demandarán en la frutería, en la panadería, en la factura de la luz y en la del gas, etc., que no se les descuente el IVA, ya que pertenecen a la clase acomodada. Llevado el argumento al extremo, hay que imaginar que solo utilizarán la educación y la sanidad privada, porque no está bien que siendo adinerados tenga que ser el erario público el que les costee esos gastos.

No todas las actuaciones del Estado se orientan a la distribución de la renta o a la protección social, muchas de ellas tienen como única finalidad incentivar distintos sectores de la realidad económica o impulsar determinadas conductas sociales, y la mayoría de las veces por simplicidad y claridad, incluso por una finalidad práctica, no hay  por qué mezclarlas con la función redistributiva del Estado, que tiene sus cauces y mecanismos propios, tales como el IRPF o los gravámenes sobre el patrimonio y la herencia, y que se pueden usar con toda la intensidad que se desee. Cierto que esto último resulta más incomodo para un gobierno.

Soy más bien reacio a los incentivos fiscales. La mayoría de las veces no estimulan realmente nada y solo sirven para distorsionar la progresividad de los tributos, y lo mismo cabe considerar en cuanto al gasto público. Estimo que una de las medidas más rentables y eficaces consistiría en expurgar y cercenar las distintas partidas presupuestarias y depurar de deducciones los impuestos. Sin embargo, dado el problema demográfico existente en nuestro país, no parece demasiado descabellado promocionar la natalidad y, por tanto, las familias numerosas. Otra cosa sin embargo es que estos teóricos estímulos sean eficaces y cumplan el objetivo de mover a la procreación.

Nunca he compartido la idea de los que quieren introducir el nivel de renta y de riqueza como factor discriminatorio en los bienes y servicios públicos o en todas las subvenciones y transferencias. Soy partidario de que, en materia de gasto público, en la mayoría de los casos el disfrute sea general. Para diferenciar por ingresos ya están los impuestos directos. No tengo ningún reparo en que las rentas altas se beneficien de la sanidad y de la educación pública a condición del que el sistema fiscal sea suficientemente progresivo. Es más, creo que es conveniente puesto que la única forma de que no se deterioren sus prestaciones es que sean también usadas por clases altas. De lo contrario, antes o después se convierten en pura beneficencia.

Algo parecido hay que decir de las ayudas y prestaciones sociales, aunque aquí lo que más prima es una finalidad práctica, ya que distinguir por la cuantía de renta complica sustancialmente la gestión. Utilizar en todos los casos esta separación conduce a que muchas medidas sean inaplicables o a que su aplicación deje mucho que desear y no se cumplan los objetivos previstos. Cuando se trata de pequeñas ayudas puede ocurrir incluso que, paradójicamente, el coste de la gestión llegue a superar el de universalizar la prestación.

Es una constante de este Gobierno tomar las medidas, muchas veces ocurrencias, sin analizar previamente los obstáculos y conflictos que van a suceder en su implantación. La consecuencia es que en la mayoría de los casos se produce la frustración de los resultados y la imposibilidad de ejercer el control. Salen beneficiados no los verdaderamente necesitados a los que iba dirigida la ayuda, sino los más listillos y avispados, sean o no acreedores a ella. El Gobierno piensa que el problema se soluciona encargando de la gestión a la Agencia Tributaria, pero, en ocasiones, esta entidad tampoco cuenta con la información precisa ya que la que posee se ha diseñado para otros cometidos, el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Además, a este organismo se le aparta de su verdadera función, la gestión de los impuestos y el control del fraude.

Cuando la aplicación de las medidas fracasa hay quien echa la culpa a deficiencias de la Administración y a la burocracia, la responsabilidad, sin embargo, no se encuentra ahí, sino en un diseño imperfecto a la hora de elaborar la norma y  en el desconocimiento de aquellos que legislan.

republica.com 23-3-2023

Escrivá, tras muchas idas y venidas, pasos adelante y pasos atrás, ha presentado su propuesta sobre la reforma de las pensiones. El ministro, que en la AIReF se vanagloriaba de ser independiente y hoy tiene que ser dependiente entre otros de Esquerra y de Bildu, afirma que ha pactado la reforma con la Comisión Europea -que levita y no se entera de nada-, con Podemos y con los sindicatos. No es posible decir que Escrivá haya tenido demasiada suerte en su gestión. Se propuso él mismo para ministro aseverando, primero, que era capaz de establecer un ingreso mínimo vital que uniformase el desmadre que, respecto a esta prestación, tenían las Autonomías -en todas ellas diferente-, y que habían denunciado los organismos internacionales. Y, segundo, que podía reformar la Seguridad Social, haciendo viable el sistema público de pensiones.

En cuanto al primer punto, lo cierto es que no se homogenizó nada y que las Comunidades Autónomas continúan con el mismo desorden. Se creó una prestación estatal, declarada compatible con las anteriores, con lo que ahora la pluralidad se hace incluso mayor. Se elaboro, además, con un diseño que la condenaba desde el principio al fracaso (ver mi artículo publicado en este mismo diario el 23- 4-2021 con el título “La chapuza fiscal de los ERTE y del ingreso mínimo vital”), amén de enfangar la Agencia Tributaria y bloquear la Seguridad Social. Se ha producido un hecho inusitado, desconocido incluso en los peores momentos de la Administración: no hay forma de conseguir una cita y hay que esperar tres o cuatro meses para comenzar a percibir la pensión. Es más, ha aflorado algo escandaloso, todo un mercado negro de citas. En cualquier situación normal se habría provocado el cese inmediato del ministro. Bien es verdad que con el Gobierno Frankenstein no hay nada normal.

Sin embargo, el ministro de seguridad Social y de otras singularidades continúa en su puesto y se le ha seguido encomendando la reforma del sistema público de pensiones. La reforma que ha presentado no reforma nada y, por desgracia, deja las cosas igual o peor que estaban. Mientras se sigan ligando en exclusiva las pensiones a las cotizaciones sociales, difícilmente el problema va a tener solución. Tras muchos dimes y diretes, la propuesta se fundamenta en la subida de las cotizaciones. Para ese viaje no hacían falta tales alforjas. Pero eso sí, se reparte el incremento bien temporalmente bien en distintos conceptos, de manera que su cuantía pase desapercibida, al menos a corto plazo. Los efectos negativos que se puedan producir a medio y a largo ya se verán; y esto es lo peor, “el ya se verá”, es decir, que deja el problema sin resolver.

Las pensiones han sido siempre una de las dianas preferidas del neoliberalismo económico, donde se han cruzado el sectarismo doctrinal de los enemigos de lo público con los intereses de las entidades financieras que pretenden promocionar sus fondos. Los ataques se han transmitido a los medios de comunicación social, y todos, en mayor o menor medida, desde hace treinta años ponen en duda la viabilidad del sistema y anuncian apocalípticamente su quiebra.

Para acometer la verdadera reforma es preciso, antes de nada, destruir los tópicos y bulos que rodean el tema y, desde luego, este ministro y este Gobierno son incapaces de ello. El primer mito es la aseveración de que la actualización por el IPC de las pensiones representa una subida. Desde las filas neoliberales se echan las manos a la cabeza proclamando que la regularización poco menos que es inasumible por el Tesoro o, en todo caso, que pondrá en un serio aprieto a las finanzas públicas.

El Gobierno tampoco colabora a deshacer el entuerto cuando se jacta de subir las prestaciones y en un acto de propaganda partidista lo presenta como algo extraordinario y graciable, y reprocha a la derecha haberlas bajado, lo cual no es cierto porque el único que las congeló (es decir, las minoró en términos reales) fue Zapatero. Actualizar las pensiones por el IPC es simplemente mantenerlas en el mismo valor en que estaban y no se necesita de ninguna financiación adicional porque si con la subida de los precios se incrementan los gastos del Estado, también en igual o mayor medida lo hacen los ingresos. Otra cosa es que este exceso de recaudación se quiera emplear en otros menesteres.

En múltiples ocasiones he mantenido la tesis de que en sentido estricto no se puede calificar a la inflación de impuesto de los pobres, por la sencilla razón de que en los momentos actuales no constituye un impuesto, dado que el dinero no es creado ni total ni principalmente por el Estado. Sin embargo, si consideramos únicamente a los pensionistas y no se actualizasen las prestaciones por el IPC, sí seria posible hablar de un gravamen a los jubilados, ya que las prestaciones en términos reales se reducirían al tiempo que debido a la inflación, los ingresos del Estado aumentarían y el Gobierno se serviría de ese incremento para otras finalidades. Y puestos a fijarnos en los pobres, no creo que haya muchos con mayor derecho para este título que la mayoría de los pensionistas.

Para defender que los jubilados son unos agraciados se argumenta a menudo que la pensión media está por encima del salario medio, lo que puede ser cierto, pero ello no es indicativo de nada, puesto que se están comparando cosas heterogéneas, los jubilados han llegado al final de su vida laboral y no tienen ninguna posibilidad de conseguir por sí mismos una mejora en su nivel profesional y económico, mientras que en el salario medio se engloban las retribuciones de todos aquellos que se están incorporando al mercado de trabajo y por ello se les abrirán múltiples oportunidades de prosperar laboral y profesionalmente. Mucho más significativo es constatar que la pensión media se incrementa año tras año, debido precisamente a que las cuantías de las prestaciones de los que entran en el sistema (se jubilan) son mayores que las de los que salen (defunciones), lo que indica que por término medio los salarios aumentan en mayor medida que las pensiones.

Se afirma que hay que acometer la reforma para hacer frente a un mayor número de pensionistas que se incorporarán de aquí al 2050, y para actualizar las pensiones por el IPC. La primera finalidad puede ser cierta, pero no la segunda, que en cualquier caso cuenta, tal como se ha dicho, con financiación propia, la que resulta del hecho de que, con la inflación, los ingresos crecen en igual o en mayor medida que los gastos.

La reforma puede ser necesaria, pero esta, como las anteriores, será fallida ya que continúa sosteniendo que las prestaciones de jubilación deben sufragarse exclusivamente mediante las cotizaciones. No hay ninguna razón para que las pensiones deban costearse de manera distinta que la sanidad, la educación, la dependencia, el derecho a la vivienda, la justicia, etc. De hecho, hace años la sanidad pública se encontraba dentro de la Seguridad Social y también se pretendía financiar con cotizaciones. No obstante, por mera convención política y práctica, y no por ninguna razón metafísica, se la apartó de ese sector de la Administración para trasladarla al Estado y más tarde a las Autonomías.

Hay un principio de la Hacienda Pública que parece no cumplirse en esta ocasión, es el de no afectación, es decir, que la totalidad de los ingresos deben sostener todos los gastos. El problema a plantear no consiste en ver cómo se van a financiar las pensiones, sino que la cuestión tiene que ser más amplia, sino en saber cómo se va a sufragar, sí, el gasto en pensiones, pero también la sanidad, la dependencia, etc.

Para argumentar que el sistema es inviable se pretende contraponer al número de trabajadores, el de pensionistas y, planteado así y dada la evolución que se prevé de la población, puede ser que estén en lo cierto, pero no hay ninguna razón para que la financiación del sistema recaiga únicamente sobre los trabajadores y que no colaboren las rentas de capital, mediante otros impuestos. No tiene sentido que el déficit que se produce en la Seguridad Social se compense con préstamos del Estado y no con aportaciones a fondo perdido, como se hacía antes de inventar ese mecanismo erróneo y aciago de la separación de fuentes. Sería sin duda una de las fórmulas por las que el resto de los tributos podría participar en el sostenimiento de las pensiones, si se quiere mantener la convención de dos realidades diferentes, Estado y Seguridad Social.

Por otra parte, en esta ecuación hay que introducir una nueva variable, la productividad. El mismo número de trabajadores, por ejemplo, pueden producir el doble, si la productividad también se ha duplicado. Lo importante no es cuantos son los que producen, sino cuanto se produce. Es el producto o la renta nacional (más bien la renta per cápita) la magnitud a tener en cuenta a la hora de plantearse la capacidad de imposición y, en cierta medida, si resulta sostenible, no solo el sistema público de pensiones, sino toda la economía del bienestar y en general todos los servicios y bienes públicos. Durante décadas la productividad ha crecido sustancialmente en España, pero en los últimos años esta variable se ha detenido y es ahí donde debería centrarse la preocupación acerca de la financiación del Estado social.

La reforma planteada por Escrivá mantiene a la Seguridad Social enclaustrada tras los barrotes de la división de fuentes, por lo que está condenada a malograrse. Se fundamenta, en principio, en la subida de los ingresos, lo que puede ser muy acertado, pero no así la elección del gravamen escogido, las cotizaciones sociales, porque, por una parte, es un impuesto al trabajo y tiene el riesgo de que se desincentive el empleo y, por otra, su progresividad es muy reducida al recaer tan solo sobre las rentas del trabajo.

El incremento de la recaudación tiene que dirigirse por otros derroteros, abarcando un abanico más amplio de tributos, es decir, acometiendo una reforma fiscal en profundidad que este Gobierno en absoluto está dispuesto a emprender. Por otro lado, tampoco hay que descartar que la reducción de determinados gastos públicos colabore a financiar la consolidación del Estado de bienestar. No ciertamente la minoración de la cuantía de las pensiones, sino de otras muchas partidas de los presupuestos que sería conveniente cribar.

La reforma que ha aprobado este Gobierno es más bien una profecía porque se legisla para 2029, incluso para 2050. Es un brindis al sol. En realidad una osadía porque nadie sabe quién ocupará en ese momento el Ejecutivo. El Gobierno se jacta de haber blindado para el futuro el poder adquisitivo de los jubilados. Falso. No es posible garantizar nada. Una ley con otra ley se cambia. En realidad, Sánchez ha dado una patada hacia delante. Salir del paso. Pretende cumplir un requisito frente a Europa, que en la actualidad está en las nubes, y contentar al mismo tiempo, al personal de cara a las próximas elecciones. En el futuro ya veremos. Si hay otro gobierno, que se las componga, y si él gana tiene cuatro años por delante para enmascarar entuertos, sobre todo en los primeros años cuando se esté muy lejos de otros comicios. Lo que se ha aprobado no es una reforma, es un parche.

republica.com 16-3-2023