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ARTICULOS DEL 17/3/2023 AL 9/1/2024 CONTRAPUNTO

CALVIÑO, EN ECONOMÍA, CUATRO AÑOS PERDIDOS

11-12-2023, ECONOMÍA, HACIENDA PÚBLICA, SANCHISMO Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Jue, enero 04, 2024 19:44:33

Nadia Calviño, en un acto del Partido Socialista gallego, al más puro estilo mitinero -lo que quizás no cuadra mucho con una futura presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI)-, gritó: “Hay que respetar las instituciones. Es de primero de democracia. Cuando el presidente del gobierno llama a alguien para que vaya a la Moncloa, se va. Feijóo está ya llegando tarde”. Si tú me dices ven, lo dejo todo, como en el bolero, o en los versos de Amado Nervo. Bien es verdad que en el orden práctico quizás Feijoo debería ir a Waterloo o a Ginebra a entrevistarse con Puigdemont, que parece ser el que manda en España. Tan es así, que Sánchez reconoce que a lo mejor se ve obligado a entrevistarse con el prófugo antes de la amnistía. Él, simplemente se atreve a expresar un deseo, que preferiría que fuera después.

Calviño en ese mitin quizás estaba pensando en ella misma, cuando acudió presta, casi corriendo, al llamamiento de Sánchez para ser ministra de Economía, sin importarle demasiado que iba a pertenecer a un gobierno Frankenstein, es decir, nombrado por golpistas y filoetarras, y que eso aparecería siempre como un baldón en su carrera, por muchos puestos que con su ayuda escalase en la vida profesional.

En realidad, parece que su objetivo era retornar lo antes posible a la Unión Europea como comisaria. La contrariedad consistió en que se cruzó por medio Borrell y ambos nombramientos resultaban incompatibles. En su carrera, siempre estuvo dispuesta a lanzar la candidatura a los puestos internacionales. Primero fue al Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI; más tarde, a la presidencia del Eurogrupo. En ambas ocasiones, sin éxito. A la tercera -más bien a la cuarta- ha sido la vencida, la presidencia del BEI.  Alegría grande para Calviño, pero también para Sánchez que, no contento con colonizar las instituciones españolas, considera un triunfo de su Gobierno colocar a uno de los suyos en algún puesto internacional.

Pero en política exterior las cosas funcionan de otra manera. Los nombramientos no se realizan por la valía y capacidad del candidato. En ese aspecto no hay demasiada diferencia con los nombramientos nacionales. Tampoco interviene la valoración que se tenga del gobierno proponente. Cuenta, sobre todo, la importancia relativa del Estado de origen y principalmente las contrapartidas que este pueda ofrecer a los otros Estados o a la propia organización. Así ocurrió en el pasado, en 2012, con la ministra de Igualdad de Zapatero, Bibiana Aído, que fue nombrada asesora especial de la ONU gracias a ser España uno de los países que más donó (200 millones de euros) entre 2006 y 2012 a ONU mujeres.

La designación de Calviño ha venido rodeada de asuntos bastante sospechosos, que inducen a pensar que el invento nos va a salir un poco caro. Por una parte, las cesiones en la financiación de Siemens Gamesa en favor de Alemania y la promesa a Francia de flexibilizar la posición de España en el tema de la energía atómica, amén del compromiso de la futura presidenta de que el BEI financiaría proyectos de este tipo de energía.

Por otra parte, y sobre todo, la pérdida de toda posibilidad de que la Agencia antiblanqueo de la Unión Europea se estableciese en Madrid, con lo que se renuncia a una inversión de muchos cientos de millones de euros y a la generación de más de 1.000 empleos directos. Es muy posible que lo que se quiere vender como una buena noticia para España no lo sea tanto, especialmente porque, en contra de lo que se dice, el nombramiento apenas va a repercutir en nuestro país.

La todavía ministra está contenta, ha logrado ese objetivo que se había fijado cuando acudió a la llamada del presidente del Gobierno en ese primer curso de democracia. Todo tiene un precio. A lo largo de estos años ha tenido que aprender mucha más democracia, la trazada por Sánchez en su realidad paralela. Ha sido una buena alumna en la representación y día a día nos ha ido mostrando un panorama económico que muy poco tenía que ver ni con los hechos ni con los datos.

Al escribir en estos últimos meses un libro que acabo de entregar a la editorial El viejo topo, dedicado a analizar desde casi todos los ángulos estos cuatro últimos años aciagos, me he dado cuenta de hasta qué extremo la ministra de Economía (y por supuesto también todo el Gobierno) no ha perdido ocasión para  presentar en un tono absolutamente triunfalista un panorama idílico totalmente alejado de la realidad. Ha calificado a nuestra economía de robusta, la locomotora de Europa; incluso, copiando el lenguaje cheli de Sánchez, nos ha dicho que va como una moto.

Importaba poco no acertar en las previsiones. Ello no minoraba lo más mínimo su jactancia y suficiencia. Este periodo, lejos de caracterizarse por la prosperidad y la bonanza que ha venido describiendo en todo momento la ministra de Economía, han sido cuatro años perdidos. Nos hemos empobrecido. En este lapso de tiempo, la renta per cápita no solo no ha crecido, sino que se ha reducido casi un 4 %.

Se nos dirá que han sido tiempos malos, la epidemia, la guerra, etc. Lo cual es cierto, pero las circunstancias desfavorables han afectado a todos los países. Esta variable, tanto en la eurozona como en la Unión Europea, no solo se ha recuperado, sino que también se ha incrementado un 1 % respecto a los niveles previos a la epidemia. El mismo comportamiento han experimentado las rentas per cápita de Italia y de Francia. Incluso en Alemania, a pesar de ser sin duda al Estado que por su proximidad y dependencia de Rusia más le está afectando la crisis, hoy por hoy se mantiene.

La evolución ha sido mucho mejor en otros países como Portugal (3%), o Grecia (7%) y no digamos en los países que no pertenecen a la Unión Monetaria: Dinamarca y Suiza (4%), Polonia (6%), Hungría (8%), Bulgaria (11%), Rumania (15%). No parece que a estas economías les vaya tan mal fuera de la eurozona. Es una cuestión que sin duda nos deberíamos plantear, pero ello daría para otro artículo.

Como no podía ser de otro modo, la evolución del PIB se encuentra en consonancia con estos datos. España ha sido el país de la Unión Europea que ha tardado más en alcanzar el nivel previo a la epidemia. Según los datos de Eurostat, la eurozona en su conjunto lo logró en el tercer trimestre de 2021, y en ese mismo momento lo lograron Grecia, Austria y Bélgica. La Unión Europea en su conjunto llegó a ese valor en el cuarto trimestre de 2021. Y en idéntica fecha lo recobraron Italia y Francia; Portugal y Alemania en 2022 (primer y segundo trimestre, respectivamente). Holanda es el país que antes lo consiguió, en el tercer trimestre de 2020.

Poco antes de las elecciones generales, el INE había facilitado el dato provisional del crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2023, un 0,5 %, con lo que esta variable no alcanzaba el nivel de finales de 2019. El Gobierno quería anunciar antes de los comicios que España había logrado ya esa meta. Es muy probable que por esa razón, al ofrecer el dato definitivo, se elevó al 0,6 %, con lo que el PIB se situaba en el 99,9 % de la cuantía que tenía en el cuarto trimestre de 2019. Ese uno por mil de diferencia se consideraba insignificante (aunque represente alrededor de 1.300 millones de euros); y así, la ministra de Economía pudo salir triunfante a la palestra a proclamar que la economía española se había situado ya a los niveles precovid.

A finales de septiembre de 2023, el INE revisó las tasas de crecimiento de 2021 y 2022, pasando del 5,5 % al 6,4 % para el primero y del 5,5 % al 5,8 % para el segundo. Incrementos sorprendentes y desproporcionados. Con los nuevos datos, ¡oh, casualidad!, se alcanzó justamente el nivel de 2019 al final de 2022. Mucha casualidad, desde luego, cuando Calviño había cambiado hacía tiempo al director general del INE, porque según parece no era suficientemente complaciente con los deseos del Gobierno. No obstante, eso no cambia nada porque, como se ha señalado, la mayoría de los países habían conseguido ese objetivo mucho antes.

En su cháchara acerca de lo bien que iba la economía española, el Gobierno se ha escudado principalmente en los datos de paro. Datos amañados al no contemplar durante mucho tiempo, entre otros, a los trabajadores en ERTE como parados y después de la reforma laboral, a los fijos discontinuos. Las cifras oficiales ofrecidas por el Gobierno son totalmente incongruentes con la evolución tanto del PIB como de la renta per cápita. En realidad, después de tantos equívocos, cambios y tergiversaciones, el único dato que se puede acercar a la realidad es el de horas semanales trabajadas. Según Eurostat, esta variable no ha recuperado los niveles de 2019 hasta junio de 2023.

El discurso fatuo y jactancioso de la aún ministra de Economía se ha basado también en las cifras de inflación, centrándose en aquellos momentos en que las de nuestra economía estaban por encima de la media. Hay que considerar que los incrementos de los precios son acumulativos, por lo que no pueden circunscribirse a un mes ni a un año. Se precisa contemplar, al menos, el periodo transcurrido desde el comienzo de la crisis hasta hoy. Si en algunos momentos nuestra inflación ha sido más elevada que la media, en otros se ha producido el fenómeno inverso. Precisamente durante los últimos meses nuestros precios se están incrementando a mayor ritmo que los de la eurozona.

En cualquier caso, el dato más relevante para la mayoría de los ciudadanos estriba en la relación precios-salarios, y aquí volvemos a situarnos en una mala posición. Según la OCDE, nuestro país está a la cabeza de la pérdida de poder adquisitivo. Incluso en Italia y en Alemania, con tasas de inflación más elevadas, los salarios reales se han reducido menos que en España.

No obstante, con todo, al juzgar la negligencia y la ineptitud de este Gobierno en la aplicación de la política económica las encontramos en mayor medida no tanto en los resultados obtenidos -de los peores de toda la eurozona-, sino por los recursos públicos que ha destinado, mucho más cuantiosos que los de los otros países. Estos tienen su origen, en primer lugar, en los fondos europeos de recuperación (no deja de ser paradójico que a pesar de ellos, España haya sido el país que, con mucho, más ha tardado en recuperarse) y, en segundo lugar, en el incremento ingente del endeudamiento público adquirido durante estos años, que minora el patrimonio de todos los españoles.

Hace unos días, creo que fue en Espejo público, Calviño dio una vez más muestras de un discurso torticero, y de su intención de dar gato por liebre. Afirmó que habían reducido el endeudamiento público un 15 %, para añadir a continuación -como si la cosa no tuviese importancia- “desde el nivel más alto”. Es decir, que tomaba como referencia el segundo trimestre de 2020 en plena pandemia en el que el PIB se había reducido un 22 %, con lo que cualquier magnitud relacionada a esa variable tenía que elevarse a los cielos. Es una prueba más de cómo el Gobierno falsea los datos.

La realidad, por el contrario, es muy otra, el endeudamiento público desde 2019 ha crecido en más de un 15 % del PIB, porcentaje muy superior al experimentado por la casi totalidad de los países europeos: el de Grecia, 5 %; Portugal, 3 %; Holanda, 3 %; Alemania, 7 %; Austria, 9 %; Bélgica, 10 %, y Francia e Italia, 14 %, etc. La media de la eurozona se ha situado en el 9 %.

Como se puede observar cuando se analizan los datos con cierta seriedad, la realidad económica que nos deja Calviño al marcharse está muy lejos de ese país de las maravillas que continuamente nos ha descrito. Lo malo es que también nos deja a Sánchez, y lo que viene puede ser aun peor. ¿Tierra firme? Tierra quemada.

republica.com 28-12-2023



LA ECONOMÍA ESPAÑOLA, COMO UNA MOTO

ECONOMÍA, GOBIERNO Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Lun, julio 03, 2023 23:58:32

No hay como repetir las cosas varias veces para convertir una mentira en verdad. Ciertamente, el sanchismo es maestro en esta estrategia; es más, consideran que causan más efecto si todos se refieren a lo mismo y con idénticas palabras. Ahora corean la consigna de que la economía española va como una moto; pretenden convencernos de que han sido unos maestros en la instrumentación de la política económica y para ello están dispuestos a utilizar todo tipo de argumentos, aun cuando sean contradictorios o claramente falaces. Incluso pretenden usar el de autoridad, que en todo caso será apto para la filosofía o para la teología, pero no para una disciplina como la economía.

El argumento se hace aun más inoperante cuando la autoridad no tiene mucha autoridad y es simplemente una técnico comercial como otras muchas, una funcionaria -se supone competente- que ha ido pasando por diferentes niveles en el Ministerio de Economía, desde jefe de servicio a subdirectora, terminando de directora general con Pedro Solbes, que en seguida la catapultó a la Comisión Europea. No soy de los que mantienen una admiración bobalicona ante los funcionarios internacionales. No lo considero ningún mérito ni pienso que por el hecho de serlo tengan mayor capacitación técnica que los empleados públicos españoles, solo que cobran un sueldo más abultado, eso sí.

Con anterioridad a su nombramiento como ministra de Economía, el currículum de Nadia Calviño, era muy regularcito: ni escritos ni libros ni conferencias ni títulos en el extranjero ni cátedras ni másteres; en fin, el de una funcionaria, supuestamente idónea y aplicada, pero de ahí a ser una autoridad en economía va un trecho. Los sanchistas, con la finalidad de hinchar el globo, hablan del gran prestigio que Calviño tiene en Europa. Presumo que ni más ni menos que como el resto de los ministros de Economía de los demás países miembros.

Sánchez, dándoselas de ingenioso, ha pretendido jugar con las palabras Nadia y nadie para recriminar al PP que carece de técnicos en la materia. Lo cierto es que lo de nadie resulta más propiamente aplicable a él. Desde que se enfrentó al Comité Federal y, a pesar de ganar luego las primarias, pudo contar con muy poca gente técnica. Tal como él se vanagloriaba, tenía a su lado a la base, a la militancia, pero muy pocos cuadros permanecieron leales.

Para el área de economía tuvo que echar mano de un antiguo guerrista, Manuel Escudero, que entre 1987 y 1991 se encargó dentro del PSOE del denostado programa 2000. Alejado desde hacía tiempo de la política, fue requerido por Sánchez para nombrarle secretario de política económica y empleo en la Ejecutiva federal. Tras la moción de censura y a la hora de formar gobierno, era lógico que se pensase en él como ministro de Economía, pero he aquí que Escudero era perro viejo y optó por el nombramiento de embajador permanente de España en la OCDE, puesto mucho mejor remunerado y sin complicaciones, aparte de la bicoca de residir en ciudad maravillosa como París. En fin, que Pedro Sánchez se quedó sin nadie y tuvo que recurrir a Nadia. Mejor Nadia que nadie.

De todas las formas, la poca o mucha autoridad que Calviño tuviese la perdió al aceptar participar en un gobierno nombrado por los golpistas catalanes y por los herederos de ETA, y aceptar además ser soguilla de Sánchez, siguiéndole el juego en reconstruir una realidad económica de España totalmente ficticia.

Comencemos por afirmar algo que se olvida con frecuencia: que estamos en la Unión Europea y pertenecemos a la Eurozona, con lo que el margen que se deja a los gobiernos de los países miembros es muy reducido. Basta considerar que la política monetaria no depende de los Estados, sino del Banco Central Europeo. Y, en buena medida, en lo tocante a la política fiscal, aunque sea competencia de los gobiernos nacionales, son muchos los condicionantes impuestos por la pertenencia al Euro. Por un lado, porque es lógico que la política fiscal y la política monetaria sean del mismo signo y, por otro, porque el sistema fiscal está coartado por la libre circulación de capitales y el libre cambio.

Se quiera o no, existe un común denominador en las políticas económicas de todos los países miembros. Malamente, por tanto, la economía española puede ir como una moto cuando la del resto está hecha una carraca. Desde luego, ninguno puede alardear de la buena marcha de su economía. No obstante, podrían sentirse orgullosos aquellos que -a pesar de la indigencia general- estén mejor situados, pero ese no es el caso de España, más bien se encuentra a la cola de todos ellos (véase mi artículo publicado en estas mismas páginas el 16 de febrero de 2023, con el título “Nadia en el país de las maravillas”).

Por supuesto, las comparaciones no pueden hacerse atendiendo a un solo dato o a un periodo muy reducido de tiempo. Lo lógico es contemplar lo que ha ocurrido en la economía desde finales de 2019, en que comienza la epidemia hasta los momentos actuales. El Gobierno, sin embargo, centra su discurso en datos concretos, aquellos que le convienen para mantener su tesis triunfalista. En concreto, fijándose en el primer trimestre de 2023, afirma que España está creciendo en mayor medida que los otros países, lo cual es cierto en referencia a Alemania, Francia, Países Bajos, Austria, y en general a los países de mayor renta, pero en menor cuantía que Italia, Portugal, Grecia y de la mayoría de los países del Este, es decir, salvo excepciones, los países de menor nivel económico.

Pero esto no es lo significativo. El dato en realidad relevante es que España ha sido el farolillo rojo de toda la Unión Europea a la hora de recobrar el nivel del PIB previo a la pandemia. A finales de 2022, esa magnitud tan solo fue del 98,73% del que teníamos en 2019, mientras que el resto de países había conseguido ya con anterioridad ese objetivo. Según los datos de Eurostat, la Eurozona en su conjunto lo alcanzó en el tercer trimestre de 2021, y en ese mismo momento lo lograron Grecia, Austria y Bélgica. La Unión Europea de forma global llegó a ese valor en el cuarto trimestre del 2021. Y en idéntica fecha lo recobraron Italia y Francia; Portugal y Alemania en 2022 (primer y segundo trimestre, respectivamente). Holanda es el país que antes lo consiguió, en el tercer trimestre de 2020. Etcétera.

La semana pasada el Gobierno quería anunciar -antes de que se celebrasen las elecciones- que España había alcanzado esa meta, lo que no era posible con la cifra provisional que el INE había facilitado como crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2023, 0,5%. Muy probablemente, por eso, al ofrecer el dato definitivo, se eleva al 0,6%, con lo que el PIB se sitúa en el 99,9% de la cuantía que tenía en el cuarto trimestre de 2019. Ese uno por mil de diferencia se considera insignificante (aunque represente alrededor de 1.300 millones de euros) y así la ministra de Economía ha podido salir triunfante a la palestra a proclamar que la economía española se ha situado ya a los niveles precovid.

Teniendo en cuenta estas cifras, no nos puede extrañar que nuestro país sea también el único Estado de la Unión Europea que a finales de 2022 no había recuperado la renta per cápita anterior a la pandemia. Somos, por término medio, más pobres que en 2018 cuando Sánchez ganó la moción de censura. De poco puede pavonearse el presidente del Gobierno.

La evolución de estas variables cuestiona seriamente los datos sobre el empleo y el paro que nos facilita, vanagloriándose de ellos, el Gobierno. El Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social han introducido cambios, de manera que las cifras han dejado de ser indicativas. Tan solo las horas semanales trabajadas tienen significación, y esta variable sí es coherente con la evolución del PIB. Según el INE, en el cuarto trimestre de 2022 se trabajó por término medio menos horas semanales que en el mismo periodo de 2019. Estamos aproximadamente (sea cual sea el número de empleados) en un 98% del volumen de trabajo prepandemia.

Si el empleo ha crecido tanto como dice el Gobierno y las horas trabajadas se han reducido, solo puede ser porque se ha repartido el tiempo trabajado, es decir, se ha aumentado el empleo a tiempo parcial. Pero es que, además, la creación de empleo no es tan espectacular como pretenden hacernos creer, incluso es inferior a la de otros países. Si consideramos la tasa de empleo (número de empleados dividido por la población activa) publicada por Eurostat, esta variable en España pasa desde el cuarto trimestre de 2019 al primero de 2023, del 68.3 al 69,9. En otras palabras, ha crecido 1,6%, porcentaje inferior al incremento de la Eurozona que es del 1,7%, y este mismo incremento lo han tenido Italia, Portugal  y Francia, mientras hay otros países que han conseguido un aumento aun mayor: Alemania (1,8), Holanda, (2,5) y Grecia (6,0). No es desde luego para que Sánchez afirme que nuestra economía va como una moto.

El Gobierno se jacta también de que en los últimos meses la tasa de inflación española es inferior a la de las grandes economías de la Eurozona, lo cual es cierto, como cierto es que fue superior en la primera época de la subida de los precios. Por otra parte, nuestro país está muy alejado de la guerra y es lógico que esta y sus efectos le afecten menos. De todas las formas, lo importante para la mayoría de los ciudadanos no es tanto la inflación como el poder adquisitivo de los trabajadores, esto es, la evolución de los salarios reales. España es, según la OCDE, el país de la Eurozona en el que esta variable ha descendido más, si excluimos Holanda, Grecia, Estonia, Lituania y Letonia.

No obstante, con todo, al juzgar la negligencia y la ineptitud de este Gobierno en la aplicación de la política económica las encontramos en mayor medida no tanto en los resultados obtenidos -de los peores de toda la Eurozona-, sino por los recursos públicos que ha destinado, mucho más cuantiosos que los de los otros países. Estos tienen su origen, en primer lugar, en los fondos de recuperación europeos (no deja de ser paradójico que a pesar de ellos, España haya sido el país que, con mucho, más ha tardado en recuperarse); y, en segundo lugar, en el incremento ingente del endeudamiento público adquirido durante estos años, que minora el patrimonio de todos los españoles -un 17% del PIB-, muy superior al experimentado por la casi totalidad de los países europeos: el de Grecia, 5% del PIB; Portugal, 3%; Holanda, 3%; Alemania, 7%; Austria, 9%; Bélgica, 10%, y Francia e Italia, 14%, etc. La media de la Eurozona se ha situado en el 9%.

Con el endeudamiento puede producirse un cierto espejismo. Nos puede parecer que carece de importancia y que la chequera es ilimitada. Es la sensación que en estos momentos da Europa. Pero lo cierto es que los intereses a pagar se multiplican, sobre todo en épocas de inflación como las actuales. Crea dificultades al BCE a la hora de controlar la demanda, con lo que intensificará la subida de tipos de interés impactando muy negativamente sobre la población. El origen de la crisis  de 2008 se encuentra en el enorme incremento del endeudamiento que se produjo en la época de Aznar y Zapatero. Entonces fue el privado, pero hoy las dificultades las puede presentar el público.

Todo ello debe hacernos replantear la conveniencia de solicitar los fondos europeos cuya instrumentación se realiza a través de préstamos. Hasta ahora, los recursos se han concedido mediante transferencias a fondo perdido. No es que por ello no hubiese que atender a la oportunidad y a la eficacia en su manejo, pero la cuestión se hace tanto más relevante en cuanto que vamos a tener que devolverlos. Resulta imprescindible preguntarse si podemos endeudarnos ya más, aunque sea en condiciones de financiación beneficiosa y, sobre todo, si las aplicaciones en los gastos fijados por la Comisión son los que realmente necesitamos de forma más apremiante.

Resumiendo: ¿va la economía española como una moto?, ¿ha sido brillante la política económica aplicada por el Gobierno? Los resultados son peores que en el resto de los países de la Eurozona y los recursos empleados -que en buena parte antes o después habrá que devolver-, mucho más cuantiosos. Vamos, como para que el Gobierno tire cohetes…

republica.com 29-6-2023



AVALES A LAS HIPOTECAS, UN REGALO A LOS BANCOS

ECONOMÍA, GOBIERNO Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Mar, mayo 30, 2023 11:50:36

Es ya un tópico afirmar que las promesas electorales están para no cumplirse, pero pocos añaden que hay que alegrarse de que no se cumplan. Sánchez ha sido siempre muy fecundo en eso de prometer; menos mal que es reacio a cumplir, porque muchos de sus compromisos son pintorescos o perjudiciales. En su desenfreno prometedor ha recurrido incluso a alguna oferta de la oposición, que tampoco en esto ha estado muy acertada. Rajoy había planteado que el Estado avalase en los créditos hipotecarios el 15% del valor del inmueble; Sánchez, para no ser menos, lo eleva al 20 o al 25%.

Variaciones aparte, caen en los mismos errores; aunque hay que reconocer que, formulada por el presidente del Gobierno, la promesa aparece más contradictoria y descabellada. No es preciso devanarse los sesos para llegar a la conclusión de que la medida constituye un obsequio a las entidades financieras, lo que no puede por menos que resultar chocante en un Gobierno que se vanaglorió de gravarlas con un impuesto específico sobre los ingresos que, por cierto, se aparta de los principios más elementales de la Hacienda Pública, que considera que la base imponible deben ser los beneficios.

En cualquier caso, lo que aparecía ya entonces como bastante evidente es que existía una gran probabilidad de que el gravamen terminase repercutiendo sobre los clientes. El Gobierno en la aprobación se comprometió a impedirlo, lo que sin duda era un objetivo imposible, una ingenuidad o un intento de engañar al personal. El 4 de agosto del año pasado publiqué en estas mismas páginas un artículo titulado “Un impuesto a los depósitos bancarios”, en el que mantenía que pretender impedir la transmisión del gravamen era una estupidez o un embuste.

Las entidades financieras tienen múltiples medios de trasladar a los clientes sus cargas, a no ser que se instaure una intervención en el sistema financiero como la que implantó el franquismo, lo que no casa muy bien con estar en la Unión Europea. La banca cuenta, a primera vista, con un mecanismo automático de transmisión del tributo. Solo tiene que no hacer nada, no elevar las retribuciones del pasivo, que es lo contrario que en condiciones normales harían al haber subido el BCE los tipos de interés. En realidad, eso es lo que está ocurriendo actualmente. Los bancos españoles, que son a los que se les ha impuesto el tributo, apenas están subiendo, a diferencia de los extranjeros, la retribución de los depósitos.

Por otra parte, las entidades financieras han acudido a los tribunales. Sería realmente paradójico, pero indignante, que terminasen ganando el recurso y hubiese que devolverles el gravamen que han pagado los clientes. Como se ve, el “Gobierno del progreso” -teóricamente látigo del capital y de los bancos- puede terminar beneficiando considerablemente a estos últimos, por una parte, ingresándoles la recaudación de un impuesto que no han soportado y, por otra, corriendo en buena medida el Estado con el riesgo de los créditos hipotecarios que se concedan. Es lo que sucede cuando se actúa únicamente por demagogia y por rentabilidad política.

Al menos, en esta ocasión Podemos se ha dado cuenta de los efectos negativos de la última medida y se ha opuesto a ella. Bien es verdad que lo ha hecho con la boca pequeña, porque ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, en el que cinco de sus miembros son de esta formación política, y hay que recordar que los acuerdos del Gobierno se toman por unanimidad. Nos hemos acostumbrado a que, a pesar de ello, los ministros tanto de Podemos como del PSOE eludan su responsabilidad, según les convenga, predicando la decisión como tomada en exclusiva por la otra parte del Gobierno, como si ellos estuviesen de meros oyentes.

Sánchez ha vendido la medida como ayuda a los jóvenes, pero en realidad puede ser un regalo envenenado. El aval solo les va a servir para obtener un crédito mayor que, como es lógico, acarreará una cuota de amortización más elevada. Se puede generar un cierto espejismo, empujando al demandante del crédito a suscribir una deuda a la que probablemente no podrá hacer frente, principalmente si es a interés variable, tal como se está viendo en los momentos presentes en los que el BCE ha subido los tipos de interés.

De hecho, la norma, quizás no escrita, de que la banca conceda el crédito hipotecario tan solo por el 70 o el 80% del valor del inmueble es una pauta de prudencia destinada a minimizar el riesgo de impago. Esta forma de actuar se generaliza después de la crisis del 2008, aconsejada en buena medida por la expansión excesiva de las hipotecas y por el vicio de las entidades financieras de conceder créditos por encima del precio de la vivienda.

Conviene recordar la explicación en clave de humor que proporcionaba el profesor e ingeniero Leopoldo Abadía, y que le hizo popular, acerca de la crisis de 2008 a la que bautizó con el nombre de NINJA (‘no income’, ‘no jobs’, ‘no assets’); es decir, sin ingresos, sin empleo fijo, sin propiedades. Remitía a ese tipo de clientes a los que la banca americana concedía hipotecas por encima del monto de tasación de la garantía, situación que había estado en el origen de las hipotecas subprime. Era similar a una parodia representada en la televisión inglesa por dos humoristas, John Fortune y John Bird, que tenía por objeto la interpretación del mismo fenómeno. Ambas caricaturas se referían a los bancos americanos, pero hubieran sido perfectamente aplicables a los españoles.

En esta ocasión no parece que las concesiones de créditos por el cien por cien de la vivienda puedan representar un peligro para la insolvencia de los bancos, ya que el riesgo de mora lo soportará en primer lugar el Estado. Eso no quiere decir que no se produzcan efectos negativos para la sociedad, y más concretamente para el erario público, que tendrá que hacerse cargo de los impagados.

Aunque pueda parecer, y así se quiere vender, que la medida aprobada tiene una finalidad social, y que posee un efecto beneficioso para los demandantes de hipotecas, lo cierto es que en todo caso no serán precisamente las clases bajas las beneficiadas. No hay más remedio que reconocer que en estos momentos en España la compra de una vivienda no está al alcance de todo el mundo, y mucho menos si se está al principio de la vida profesional. Cuando se habla del problema de la vivienda habría que referirse más bien al problema de los salarios. No es tanto que los precios de los inmuebles estén desbocados, cuanto que los salarios en España están excesivamente bajos y, por desgracia en buena parte, ocasionados por una menguada productividad.

Es posible que en otras épocas la especulación fuese un ingrediente esencial en el mercado de la vivienda, pero hoy en día, atendiendo únicamente al coste de la construcción y al valor del suelo que lógicamente es distinto según su situación, el precio estará alejado de las disponibilidades económicas de una gran parte de la población, en especial cuando se encuentren al principio de la vida laboral. Subvencionar la compra no es precisamente ayudar a las clases bajas y a los jóvenes. Es difícil saber de dónde ha sacado el Gobierno los 50.000 beneficiados. Bien es verdad que esa es la marca de la casa: facilitar cifras que después no se cumplen en absoluto.

En España la política de vivienda ha sido siempre regresiva. Quizás como herencia del franquismo. Tanto a través de la construcción pública como mediante deducciones fiscales se ha primado principalmente la compra, cuando se debería haber potenciado el alquiler. En este mercado las Administraciones Públicas tendrían que haber incrementado la oferta bien por la edificación directa bien por la movilización de la acción privada.

El Gobierno, que ahora en campaña electoral tanto cacarea sobre el problema de la vivienda, no ha construido ni una sola casa dedicada al alquiler y, lo que es aún peor, ha legislado de tal manera que ha ahuyentado la iniciativa privada, lo que ocurrirá aún más con la nueva ley recientemente aprobada. Puestos a conceder avales, el Estado debería avalar el alquiler de los más vulnerables o necesitados con la finalidad de conceder seguridad jurídica a los propietarios, movilizando la oferta, de manera que estuviesen dispuestos a alquilar incluso a aquellos que presenten menos seguridad de poder abonar la renta en el futuro.

republica.com 25-5-2023



LA PAZ SOCIAL Y LA PRODIGALIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

ECONOMÍA, GOBIERNO, MERCADO LABORAL, SINDICATOS Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Sáb, mayo 20, 2023 09:56:17

Uno de los sofismas más utilizados por Sánchez y el actual Gobierno es contraponer la crisis del 2008 a la actual. En realidad, no se pretende comparar las crisis en sí, sino las respuestas dadas a ellas por los distintos gobiernos. Según dicen, dos modelos: el de la derecha y el del gobierno de progreso, es decir, el de Frankenstein. Dolor y lágrimas entonces, un camino de rosas en la actualidad.

Se olvidan de que no era la derecha la que estaba en el poder en 2008, sino el Gobierno “ilusionante” de Zapatero, que fue el primero que se vio obligado a los ajustes, y en una cuantía muy considerable, hasta el punto de dar lugar al surgimiento del movimiento del 15-M. No contemplan tampoco que las crisis puedan ser muy diferentes y, de hecho, la actual es radicalmente distinta de la anterior. Pero es que, además, las consecuencias negativas para los ciudadanos que se han producido en uno y otro caso solo son diferentes en apariencia.

Ya en el artículo de la semana pasada señalaba cómo en esta crisis, mediante la inflación, se producen tantos o más recortes presupuestarios que en la pasada, y me refería en concreto a los empleados públicos, cuyas retribuciones se van a ver mermadas en mayor medida que en la anterior crisis.

Pero es que los ajustes ni en la crisis pasada ni en la actual impactan únicamente en los funcionarios, sino que afectan a la mayor parte de la población; por supuesto, a los trabajadores del sector privado cuyos salarios reales se encuentran entre los que más se han minorado de todos los países de la OCDE. En la anterior crisis, el fuerte desequilibrio creado en el sector exterior por los Gobiernos de Aznar y Zapatero y ante la imposibilidad de depreciar la moneda, fue preciso hacer una devaluación interna de precios y salarios que, como siempre, afectó principalmente a las retribuciones de los trabajadores reduciéndolas de forma significativa. Me temo, sin embargo, que, en la actual y debido al desfase entre precios y salarios, la diminución en términos reales va a ser mayor.

Se acaba de firmar un acuerdo social entre los sindicatos y la CEOE que no tendría que dejar muy contentos a los trabajadores. Constituye una recomendación para que en los futuros convenios sectoriales y de empresa se estipulen incrementos de sueldos de un 4% en 2023, y de un 3% en 2024 y en 2025. Habrá que ver si la tasa de inflación para esos años se comporta con la moderación que el acuerdo prevé, ya que la posibilidad de revalorización se fija como máximo en un punto. No está nada claro que la inflación se vaya a controlar en los próximos ejercicios, cuando los gobiernos están dejando solo al BCE en el control de los precios.

No obstante, el problema central, del que el acuerdo no trata en absoluto, es la revisión de precios para 2022 (incluso para 2021), que fue cuando realmente se produjo el desfase entre los salarios y la inflación. En realidad, este era el verdadero punto conflictivo -del que la CEOE no quería ni oír hablar- y el que estaba obstaculizando el acuerdo.

Resulta muy curioso que una semana después de la manifestación del primero de mayo -en la que los sindicatos, jaleados por algunos ministros, vociferaban contra los empresarios, amenazando con disturbios, conflictos y huelgas- se entreguen a la patronal con armas y bagajes, se avengan a ratificar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores para 2022 y que esta pérdida se consolide para el futuro. Parece ser que todos los gritos del 1 de mayo eran meras bravuconadas. Quizás tuvieran por objetivo preparar la rendición, de manera que esta no apareciese como tal. 

Lo más irónico de la situación es la inmediata comparecencia de Sánchez anunciando que en España, al contrario que en otros países, reina la paz social, resultado del buen hacer del Gobierno. Alguien podría haber añadido que es la paz de los cementerios, la paz por incomparecencia de uno de los contrincantes, la conseguida a base de la debilidad de los sindicatos, que han dejado de ser de clase para convertirse en sindicatos de cámara, palaciegos, que se refugian entre los faldones del Gobierno y que son incapaces de conseguir algo por sí mismos. Parece que la autonomía sindical ha pasado a mejor vida y que las organizaciones sindicales se han convertido de nuevo en correa de transmisión de las fuerzas políticas.

Pero el ajuste en esta crisis, debido a la inflación, no recae únicamente en los recortes presupuestarios o en las retribuciones de los trabajadores, sino en la mayoría de la población a través de otros mecanismos, especialmente mediante la actuación del BCE. El hecho de que los gobiernos le hayan dejado solo en el control de la inflación obstaculiza y retrasa la consecución de este objetivo. La autoridad monetaria se ve obligada a subir una y otra vez los tipos de interés, con graves consecuencias para todos aquellos que están  endeudados a tipos variables, sea mediante hipoteca o no.

Hace unos días, el BCE, siguiendo la senda marcada por la Reserva Federal, subió un cuartillo el tipo de interés. Los bancos centrales, ante las turbulencias financieras ocurridas recientemente, tienen que proceder con suma cautela, pero al mismo tiempo no pueden dejar de actuar, no solo porque sea su misión, sino porque si la subida de tipos tiene efectos muy dañinos para un buen número de ciudadanos, la cronicidad de la inflación los tiene mayores.

Por eso se entiende mal la postura adoptada por las autoridades europeas y los gobiernos de los distintos países actuando como si la inflación no fuese con ellos, dejando su control como cometido exclusivo del BCE. Se produce la paradoja de que este organismo y los gobiernos practican políticas opuestas entre sí. Mientras que el primero, mediante la subida de los tipos de interés, pretende reducir la demanda, los Estados nacionales aplican una política fiscal expansiva que la incrementa.

La actuación de los gobiernos -y en un puesto de honor el de España-, incrementando el déficit, principalmente mediante la aprobación de una serie de gastos sin demasiado sentido, muchas veces ocurrencias, tiene como única finalidad mostrarse magnánimos ante los ciudadanos y obtener así una rentabilidad política. Lo cierto es que se ocultan los efectos negativos que tal política tiene, al obligar al BCE a radicalizar sus actuaciones y permitir que la inflación dure más de lo que sería necesario y conveniente. Lo que a menudo se presenta como política social puede volverse en contra de los ciudadanos cuando se tiene en cuenta el coste de oportunidad y que el saldo es negativo.

Resulta bastante incomprensible que la Comisión tenga suspendidas las normas fiscales en estos momentos. Es posible que haber mantenido la excepcionalidad al principio de la pandemia fuese lógico, pero se debería haber vuelto a la normalidad tan pronto como apareció la inflación, de manera que la política fiscal y la política monetaria actuasen en la misma dirección. Resulta extraña la parsimonia con la que la Comisión se ha tomado el retorno a la disciplina presupuestaria.

La verdad es que también en esta materia la Unión Europea se está cubriendo de gloria. En la pasada crisis se pasó de frenada en el afán de imponer el rigor en los ajustes fiscales, aun cuando no existía inflación. Incluso en los años en los que el BCE se esforzaba en aplicar una política monetaria expansiva con el objetivo de reactivar la economía, y Draghi rogaba a los gobiernos que colaborasen mediante la política fiscal, esta, sin embargo, continuó siendo restrictiva, ya que las autoridades nacionales hicieron oídos sordos, y siguieron más bien las indicaciones de la Comisión. No prestaron ninguna atención a las quejas del presidente del BCE que les recordaba que la política monetaria tenía sus limitaciones a la hora de expandir la actividad económica, tal como había señalado Keynes con la metáfora de que se podía llevar el caballo al abrevadero, pero no se le podía obligar a beber.

Por el contrario, en la actualidad, en presencia de una tasa de inflación muy elevada y alarmante, la Comisión y los gobiernos nacionales mantienen una política fiscal totalmente laxa que dificulta y contradice las actuaciones del BCE dirigidas a controlar los incrementos en los precios. Los gobiernos se guían exclusivamente por el beneficio político que les puede proporcionar una postura pródiga en el gasto público, sin sentirse responsables del coste que las medidas pueden ocasionar en el área monetaria y en los precios.

Europa cae una vez más en una especie de esquizofrenia en la que la actuación de la Comisión y de los Estados nacionales va en dirección contraria a la del instituto emisor. Ese es, entre otros, el peligro cuando se está en una unión que es solo parcial, en la que si bien hay una integración monetaria se carece de ella casi por completo en el ámbito fiscal y presupuestario.

republia.com 18-5-2023



EL PLAN DE DISCIPLINA FISCAL DEL GOBIERNO

ECONOMÍA, GOBIERNO, HACIENDA PÚBLICA Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Lun, mayo 15, 2023 09:18:51

La ministra de Hacienda, que hasta ahora no se ha enterado de casi nada y ha asistido de oyente cuando el Consejo de Ministros tomaba decisiones sobre ingresos y gastos públicos, ha salido de su letargo para comunicarnos que nuestro país se ha adelantado al programa de disciplina fiscal que plantea la Comisión Europea. El papel lo aguanta todo, y por prometer que no quede. Así que nos dice la  señora ministra que el déficit público, que fue del 4,8% en 2022, pasará al 3,9%, 3%, 2,7% y 2,3% para los años 2023, 2024, 2025 y 2026 respectivamente.

Esas promesas hechas en este momento -a unos meses de las elecciones generales y planteadas por un gobierno que muy posiblemente no esté en el poder los próximos años y si lo está, dará igual porque donde dijo digo, dirá diego- son un mero brindis al sol y una pompa de humo, mera propaganda electoral que parece ser lo que pretende hacer la señora Montero. De ahí que sea interesante analizar su discurso. Nos dice que este ajuste presupuestario se realizará sin recortes en el gasto público, tan solo mediante el incremento de los ingresos como consecuencia del mayor crecimiento económico y del empleo. Esto es, que aprovecha la ocasión para repetirnos el relato triunfalista del presidente del Gobierno y de la ministra Calviño acerca de lo bien que van la economía y el mercado de trabajo, todo gracias a los esfuerzos y la sabiduría de este Ejecutivo de progreso.

Centrémonos de momento en la feliz idea de que el ajuste se está haciendo sin recortes en el gasto público. A pesar de los muy profundos conocimientos de Hacienda Pública que posee la ministra, es posible que no haya caído (o a lo mejor sí, solo que pretende hacernos el truco del trilero) en que la inflación incrementa de forma casi automática los ingresos públicos y en que, si no se eleva el gasto en la misma cuantía, se produce un recorte en términos reales en todas aquellas partidas que no se hayan revalorizado.

Por ejemplo, al haberse elevado en líneas generales estos años el sueldo de los empleados públicos en un porcentaje bastante menor que los precios, se están sometiendo tales retribuciones a un ajuste superior al que efectuó Zapatero en esta partida, que fue el más cuantioso de los aplicados durante la pasada crisis financiera; por término medio un 5% en todos los conceptos y que se consolidó en los años posteriores, hasta el momento actual. El de Rajoy fue, en contra de lo que se dice, mucho menor, únicamente se eliminó la paga extraordinaria de Navidad de 2012, supresión que no se transmitió a los años siguientes, y además se devolvió más tarde.

No deja de ser paradójico que el mismo gobierno que conmina a los empresarios para que suban los salarios del sector privado se niegue a subir los del público. Y paradójico es también que los sindicatos se manifiesten codo a codo con los ministros en contra de la CEOE, pero no reclamen al Gobierno que adecue los sueldos de los empleados públicos a la inflación.

Aun cuando la ilusión monetaria pretenda ocultarlo, el recorte que van a sufrir en sus retribuciones los funcionarios -y que va a ser bastante mayor que el que padecieron en la crisis financiera (entonces apenas había inflación)- se repite en la mayoría de las restantes partidas del gasto público: subvenciones, seguro de desempleo, inversiones, etc. Quizás el único capítulo en el que de forma clara se puede mantener que no se ha producido este fenómeno sea en el de pensiones, ya que se actualizaron de acuerdo con la subida de los precios. A pesar de las muchas críticas surgidas por esta revalorización, hay que decir que no se ha hecho nada extraordinario, simplemente no utilizar el recorte en esta partida para ajustar el déficit público tal como se ha hecho con las demás.

España ha reducido en dos años el déficit fiscal a la mitad: del 10,1% del PIB en 2020 al 4,8% en 2022. No es verdad que este ajuste fiscal, según afirma la ministra, se haya realizado sin recortes en las partidas de gastos. Hemos visto que, debido a la inflación, los ha habido y los continúa habiendo. Reconocerlos -y que se realizan escondidos mediante la subida de los precios- no es óbice, sin embargo, para aceptar que al mismo tiempo el Gobierno se ha prodigado en ocurrencias adoptadas sin demasiada lógica que, a su vez, han podido colaborar al desequilibrio presupuestario.

La ministra doctora en medicina explica esta reducción del déficit exclusivamente por el incremento de los ingresos, provenientes, según el discurso oficial, de “un sólido crecimiento económico, superior al de los países de la Unión Europea, y al dinamismo en la creación de empleo, con un récord en la afiliación a la Seguridad Social”. Veamos lo que hay de verdad y de falacia en este relato. Ya hemos visto que lo de exclusivamente sobra porque debido a la inflación se están produciendo recortes en ciertas partidas de gasto. Citar aquí la creación de empleo y el aumento en la afiliación a la Seguridad Social no tiene demasiado sentido porque, al margen del caos que se ha creado con las estadísticas, solo influirán en los ingresos públicos y, por lo tanto, en el déficit si esos datos están acompañados de crecimiento económico, y en tal caso resulta redundante. En el supuesto contrario, si lo único que se hace es repartir el trabajo y un número mayor de trabajadores produce lo mismo, no tienen por qué incrementarse los recursos de Hacienda.

Fijémonos, por tanto, en las variaciones del crecimiento o decrecimiento económico, que sin duda sí intervienen en el déficit público y, además, al expresarse este como porcentaje del PIB lo hacen por dos vías. La primera, directamente al aumentar o disminuir el denominador; la segunda, al variar el numerador, es decir el valor absoluto del saldo presupuestario, mediante la mayor o menor recaudación, según el PIB aumente o disminuya.

Como acabamos de afirmar, esta dependencia se produce en los dos sentidos, tanto cuando la economía crece como cuando disminuye. Si en 2021 y en 2022, el PIB español se ha incrementado (el crecimiento robusto del que habla el Gobierno) y, más que en la mayoría de los países europeos, es tan solo porque en 2020 se desplomó más que ninguno de ellos (un 11,3 % en términos reales), de tal manera que, a pesar de estos dos últimos años de crecimiento, España es el único país de la Unión Europea (UE) que aún no ha recuperado los niveles económicos previos a la crisis. Es un récord del que este Gobierno no puede estar orgulloso.

Todo ello tiene también su traslación a las finanzas públicas. Si en dos años (2021 y 2022) el déficit público se ha reducido casi a la mitad, es porque en 2020 había adquirido una cuantía difícilmente sostenible (10,1%), mayor que el de todas las economías de la UE, muy por encima de la media (6,7%); y siendo Grecia (9,9%), Italia (9,5%) y Francia (9,0%), los países que más se le acercaban.

Pienso que esto tampoco es para que el Gobierno se ponga medallas. Es más, a finales del año pasado el déficit público de España estaba a la cabeza de la Unión Europea, solo superado por los de Italia, Hungría y Malta. En cuanto al stock de deuda pública, se sitúa también en cuarto lugar (el 113,2%), por debajo únicamente de Grecia (171,3%), Italia (144,4%) y Portugal (113,9%).

Estas cifras son las que servirán de base a la Comisión para establecer la senda de ajustes presupuestarios, si es que se aprueban sus planteamientos. España está ya clasificada como país de alto riesgo en materia de estabilidad presupuestaria. El hecho adquiere más importancia desde el momento en el que Alemania está mostrando su desacuerdo con los planteamientos de la Comisión y exige que el futuro ajuste sea asimétrico, en porcentajes anuales mayores para aquellos países como España que presentan una situación mucho más delicada en sus cuentas públicas.

El Gobierno, como ya está en campaña electoral, ha querido adelantarse a la decisión de la UE presentando una senda de ajustes fiscales poco creíbles, al ser también poco consistentes las tasas de crecimiento sobre los que se basan. Hay que suponer que estas serán más moderadas una vez que se hayan alcanzado los niveles anteriores a la pandemia (es lo que les ha ocurrido al resto de países), en especial si la inflación permanece en niveles altos y el BCE se ve obligado a mantener una política monetaria restrictiva. Los mismos ajustes fiscales, si se llevasen a cabo, colaborarían a moderar las tasas de crecimiento.

Lo disparatado de las cifras aparece de forma más clara cuando se promete crear en cuatro años 1,1 millones de empleos, a tiempo completo, y llevar la tasa de paro al 9,8% en 2026. El Gobierno debe de pensar que no hay nada malo en prometer. La gente termina por no acordarse. De hecho, en 2022 era más ambicioso, aseguraba que los empleos creados alcanzarían los 1,5 millones y que sería en 2025 cuando la tasa de paro descendería del 10%. Lo que sí parece claro es que ni el mismo Gobierno se cree las previsiones, puesto que ya está pergeñando una posible vía para salir del atolladero. El más lenguaraz es el ministro de la Seguridad Social. Ha lanzado la idea de que los gastos sociales podrían tener la consideración de inversión pública.

Sánchez debe decir lo de don Quijote a Sancho: “tan largo me lo fiais”. Los empleos anunciados se situarán al lado de los pisos que se van a construir y junto a tantas promesas más. No obstante, alguien debería recordar al presidente del Gobierno que Tirso de Molina en El Burlador de Sevilla da un sentido distinto a la frase de Alonso Quijano: “No hay plazo que no llegue / ni deuda que no se pague. Mientras el mundo viva / no es justo que diga nadie: / ¡Cuán largo me lo fiais! / Siendo tan breve el cobrarse”. 

Lo que ocurre es que tal vez Sánchez piense que cuando haya que pagar él ya no estará en el gobierno y será otro el que tenga que enfrentarse con la deuda, y si no es así, ya se le ocurrirá algo, que a trilero no le gana nadie.

republica.com 11-5-2023



UNA LEY DE VIVIENDA MUY DAÑINA PARA LOS INQUILINOS

ECONOMÍA, ECONOMÍA DEL BIENESTAR, GOBIERNO Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Vie, abril 28, 2023 20:57:41

No me detendré en la consideración de cómo esta ley de vivienda menoscaba gravemente los derechos de los propietarios. Parece evidente. Pertenece a los peores modelos de corte populista, casi franquista, hacer recaer sobre los arrendadores el coste que solo al Estado corresponde y que debería trasladar a su vez a todos los ciudadanos de forma equitativa mediante un sistema fiscal justo, en lugar de hacerlo sobre un único sector de manera aleatoria, en una suerte de lotería negativa. (Ver mi artículo en este mismo diario digital del 30 de marzo de este año).

Ahora, sin embargo, pretendo fijarme más bien en lo que parece una obviedad que frente a los que, con un discurso populista, mantienen que esta ley soluciona el problema de la vivienda en España, hay que decir que más bien lo agravará y con mucha probabilidad, de seguir vigente, en poco tiempo destruirá casi por completo el mercado del alquiler. Porque esta ley, aunque parezca paradójico, va en contra de los arrendatarios, de todos aquellos que no tienen capacidad económica para comprar un piso.

Se produce un cierto espejismo al considerar únicamente los intereses a corto plazo de los que ya poseen en la actualidad un contrato de alquiler, y no tener en cuenta los de todos aquellos que de ahora en adelante necesitarán arrendar un piso, entre los que también habrá que incluir a los actuales inquilinos que, antes o después, tendrán que renovar el contrato o firmar uno nuevo.

Resulta bastante lógico suponer que, una vez aprobada la ley, teniendo en cuenta las limitaciones que se van a imponer en los precios, la inseguridad jurídica ante posibles cambios futuros y las dificultades en los desahucios, serán muchos los propietarios que se retiren del mercado tan pronto como puedan. A ello habrá que añadir que será muy difícil que los grupos económicos (sean buitres o no) se decidan a invertir en el sector de la vivienda en España. La consecuencia no puede ser otra más que la reducción sustancial de la oferta, con la consiguiente subida de precios en los nuevos contratos; e incluso, aun cuando se esté dispuesto a pagar un precio elevado, será muy difícil encontrar una nueva vivienda.

Aquellos que se arriesguen a arrendar tendrán sin duda en cuenta las limitaciones que van a tener posteriormente para la actualización del precio mientras esté en vigor el contrato, por lo que elevarán el valor del alquiler mensual incorporando en las condiciones iniciales las restricciones que suponen que va a tener en el futuro. Es más, es muy probable que incorporen un plus por el mayor riesgo que asumirán, tanto por la inseguridad jurídica derivada de los continuos cambios normativos como por la posibilidad de que el arrendatario se niegue a pagar las mensualidades teniendo en cuenta que será muy difícil y tardío el desahucio.

Aún se producirá otro efecto más pernicioso, es muy posible que para minimizar este último riesgo los arrendadores sometan a los futuros inquilinos a un examen severo de su situación social y económica exigiéndoles toda clase de garantías y desecharán a todos los candidatos de los que piensen que puedan tener dificultades económicas en el futuro. Serán, por tanto, los más necesitados los que queden totalmente excluidos del mercado.

Con esta ley solo van a salir ganando aquellos que, amparándose en la impunidad, estén dispuestos a aprovecharse y, necesitándolo o no, ocupen las viviendas bien directamente por la patada en la puerta, bien dejando de pagar el alquiler. Con esta norma se incrementan las dificultades para los desahucios, introduciendo la anarquía en el mercado del alquiler, en el que se impondrá, ni siquiera el más fuerte, sino el más sinvergüenza. En realidad, es una incitación a que los arrendatarios dejen de pagar la mensualidad.

Algo de esto ya está sucediendo en la actualidad, las medidas que se han ido tomando para beneficiar teóricamente al arrendatario, la benevolencia con los ocupas y la inseguridad creada a los arrendadores que desconfían de los futuros cambios, solo han servido para elevar los precios y enrarecer el mercado del alquiler. La ley que ahora se intenta aprobar intensificará con mucho esta tendencia e incrementará el número de inquilinos morosos. Resultará una tentación muy grande, en momentos de dificultades económicas, dejar de pagar el alquiler con la seguridad de que al menos en dos años no les va a pasar absolutamente nada por ello.

Una vez más este Gobierno elabora una norma que va a tener efectos contrarios a los que se propone o, al menos, a los que nos quiere hacer creer que persigue. Primero fue la ley del sí es sí. Después, la modificación del Código Penal en los delitos de sedición y malversación, y ahora esta ley de la vivienda que, lejos de solucionar el problema, va a destruir el mercado del alquiler, alquiler que es la única forma en la que la vivienda puede estar al alcance de todos los ciudadanos, ya que, dado el nivel de salarios en España, la compra va a estar siempre vedada a una parte importante de la población.

Sánchez, ya inmerso en plena campaña electoral, afirmó que con esta ley la vivienda pasa de ser un problema a ser un derecho. Lo cierto es que desde que se aprobó la Constitución el acceso a la vivienda ha sido siempre un derecho frente a los poderes públicos, derecho del que la mayoría de los gobiernos han hecho oídos sordos, con lo que se ha transformado en un problema y un problema muy serio. Tras cinco años de gobierno, el sanchismo no ha hecho absolutamente nada para corregirlo, apenas ha construido viviendas sociales. Por el contrario, las medidas aprobadas han ido en dirección opuesta, han reducido la oferta, y con la nueva ley los problemas se van a multiplicar de forma sustancial.

Bien es verdad que hay muchas probabilidades de que esta ley no llegue nunca a aplicarse. Es un brindis al sol, un instrumento más de propaganda del sanchismo. Tras cinco años en el poder, lo lógico sería que Sánchez hubiese rendido cuentas de lo que ha hecho y no se prodigase en promesas de lo que supuestamente va a hacer. Este proyecto de ley tiene el mismo origen que ese plan para movilizar las casas del SAREB, del cual quizás hablaremos otro día. Es una pompa de jabón que puede deshacerse en breve sin dejar rastro. Tiene una finalidad meramente electoral.

No obstante, existe un motivo más que ha conducido a Sánchez a aprobar ahora esta ley. Era una reclamación permanente de sus socios catalanes. El Gobierno catalán había aprobado por su cuenta una ley de la vivienda que anuló el Tribunal Constitucional por invadir competencias estatales. Necesitaban que el Estado elaborase una nueva norma que legitimase y diese cobertura a lo que se había legislado en Cataluña y que el Constitucional había echado abajo.

Tal vez se encuentre aquí la explicación de un hecho difícil de entender, el de que haya sido a los representantes de Esquerra y Bildu a los que se les haya encargado la presentación de la ley. Bien es verdad que a continuación, salieron en tropel tanto los mandatarios de Podemos como los ministros del PSOE para apuntarse un tanto con lo que piensan que va a tener rentabilidad electoral. En cualquier caso, deberíamos estar ya acostumbrados a que mientras esté Sánchez, y aunque parezca paradójico, Esquerra, Bildu y formaciones similares que quieren disgregar a España mantengan un fuerte protagonismo en el gobierno del Estado.

Resultan ingenuas las esperanzas manifestadas por algunos periodistas acerca de que ante los continuos enfrentamientos que se están produciendo dentro de la alianza Frankenstein, esta puede romperse. Como mucho, es posible que esto ocurra inmediatamente antes de las elecciones, pero no nos puede quedar ninguna duda de que, una vez pasados los comicios, si dan los números para ello, se volverá a constituir la misma alianza. No hay que engañarse, Sánchez no va solo, lleva equipaje. Aceptar a Sánchez implica asumir el lote completo.

republica.com 26-4-2023



LA CESTA DE LA COMPRA Y LA LIMITACION DE PRECIOS

ECONOMÍA Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Dom, abril 09, 2023 21:10:25

En mi artículo de la semana pasada, me refería a cómo el Estado social debe intervenir en el mercado, pero no para destruirlo, sino para perfeccionarlo, y ponía el ejemplo de las medidas contraproducentes que se proponen para el mercado del alquiler. Terminaba, no obstante, afirmando que el mismo error se intentaba aplicar a algún otro mercado, y prometía tratarlo en una próxima ocasión. Pues bien, esta semana podríamos fijarnos en el sector alimentario.

Antes que nada, conviene aclarar una idea muy difundida, pero que no está clara en absoluto. Como ejemplo de éxito, se cita la intervención en el mercado del gas para limitar el precio. En realidad, esto no es así. La excepción ibérica afecta únicamente al mercado de la electricidad y solo al regulado, no al libre. El precio real del gas no se toca. Lo que se limita es el valor que se emplea para el gas, pero solo a efectos de calcular el precio de la electricidad. Es en este último mercado en el que se va a producir la diferencia entre el precio de venta y el de coste. Diferencia que ya se está repercutiendo sobre el consumidor, tanto en el mercado regulado como en el libre. Bien es verdad que la aplicación a la factura se hará poco a poco, con lo que en el presente aparece un supuesto beneficio (que es el efecto que se pretende), pero será en el futuro cuando se termine pagando principalmente.

Conviene tener presente, por tanto, que la intervención se realiza en el mercado de la electricidad, que en parte está ya regulado, constituye un oligopolio de oferta y recae sobre un producto totalmente homogéneo para el consumidor, con independencia de cuál haya sido su origen y de la fuente empleada para producirlo.

Nada que ver con la limitación que se intenta imponer en la cesta de la compra en la que la oferta está muy fraccionada, puesto que no se puede considerar únicamente a las cadenas de supermercados, sino que hay que incluir al pequeño comercio. Y, además, también existe una gran diversidad en los productos, ya que, aun cuando quede reducido su número a los que se incluirán en el lote que se controle, existirá una infinidad de variedades en cado uno de ellos. Por ejemplo, qué tipo de pan, de leche, de pasta, de aceite, etcétera, escogemos.

Vivimos en una sociedad de consumo en la que la pluralidad de los productos y sus diferencias son grandes. Escoger los de un tipo y no los de otro, distorsionará sin duda el mercado y podría perjudicar a los no seleccionados. Incluso sería posible que ocasionara el desabastecimiento de los elegidos, puesto que los distintos agentes de la cadena de producción podrían encauzarse hacia los bienes no incluidos en la cesta.

A su vez, la enorme pluralidad y variedad de los agentes que participan en la oferta originaría una gran complejidad en la implantación de la medida. En la propuesta se piensa únicamente en los supermercados, pero considerar solo a estos y postergar a la gran multitud de pequeños comercios, significaría dañarlos desplazando la demanda hacia las grandes cadenas.

La gran dificultad en la gestión permanecería aun si la medida que se llegue a tomar fuese similar a la adoptada con los carburantes. Ya en esta ocasión las complicaciones en la ejecución fueron muy considerables. Que se lo digan a las gasolineras. Pero los problemas se elevarían a la enésima potencia si lo aplicásemos a la cesta de la compra en la que la oferta está mucho más fraccionada, tanto en agentes como en bienes.

Es bastante frecuente que este Gobierno tome medidas -más bien ocurrencias-, sin preguntarse acerca de cuáles van a ser los obstáculos y las dificultades en su gestión y sin que se planifique cómo se van a solucionar los problemas o si, por el contrario, la medida debe modificarse antes de aprobarla, o incluso cambiarse por otra.

Conviene no confundir este control de precios con determinadas prácticas como la adoptada en Francia (y otras similares) por la que las grandes cadenas acuerdan constituir cada una de ellas una cesta de la compra con precios limitados, que pueden ser distintas en cada caso. En realidad, se trata simplemente de un mecanismo de publicidad y propaganda a través del cual los grandes supermercados realizan sus ofertas para atraerse clientes. De lo contrario, se podría afirmar que las rebajas que periódicamente efectúan los comercios constituyen un control de precios.

La actuación pública sobre el mercado de bienes de primera necesidad debe orientarse por otros derroteros. En primer lugar, potenciando la competencia y reprimiendo cualquier atisbo de manipulación del mercado. Si la concurrencia funcionara adecuadamente, sería prácticamente imposible que los precios no se adecuasen a los costes.

Por otra parte, no se debe desechar la idea de que en caso de una inflación grave como la actual, el Estado deba tomar la decisión de bajar los impuestos indirectos, particularmente el IVA, y por supuesto no crear otros nuevos por muy ecológicos que sean. Los detractores de esta medida arguyen que la rebaja no se traslada a los consumidores. Pero esa transmisión se realizará en tanta mayor medida cuanto mayor sea la competencia, y hay que pensar que, en este mercado, por el gran número de agentes que intervienen, el grado de concurrencia debe ser alto, sobre todo si el Estado articula los medios necesarios. Otra cosa es que quizás no se note la minoración de la inflación, debido a que al mismo tiempo existen otras variables que hacen que los precios se incrementen. El saldo puede ser cero o negativo, aunque hay que considerar que la subida sería mucho mayor si no se hubiese efectuado la reducción impositiva.

Hay que decir, además, que la actuación del Estado no termina ahí. Debe compensar la bajada de los impuestos indirectos con una subida de los directos. De lo contrario, la política fiscal irá en dirección contraria a la política monetaria. El BCE eleva los tipos de interés con la finalidad de reducir la demanda y de este modo controlar la inflación. Una política expansiva, bien sea por la bajada de impuestos o por un incremento del gasto público sin compensación, incrementará la demanda contrarrestando así las medidas de políticas monetarias y retrasando sustancialmente el éxito en el control de la inflación.

Hay algo que nos resistimos a aceptar, que la inflación representa un empobrecimiento, al menos parcial, sobre todo porque la subida de los precios en gran medida ha tenido su origen fuera de nuestro territorio, es decir, a través de bienes de importación. Alguien tiene que hacerse cargo de este menoscabo en los ingresos. Los gobiernos, desde luego, no quieren reconocer esta realidad, y mucho menos hacerla pública. Prefieren presentar una visión optimista, mostrarse magnánimos, pródigos, capaces de evitar que se produzca coste alguno, y sin tener que tomar ninguna medida dolorosa. Las dejan todas para el BCE. Es más, esta entidad se verá obligada a adoptar medidas más duras y más prolongadas precisamente para compensar la laxitud fiscal de los gobiernos.

Que nadie se equivoque. Los efectos de la política monetaria pueden ser tanto o más cruentos que los de la política fiscal, no solo por el encarecimiento de las hipotecas, sino de todo el crédito, lo que terminará afectando a la actividad y al empleo. Las medidas de política monetaria presentan, por añadidura, la desventaja de que no se puede discriminar sobre quiénes o qué grupo se hace recaer el coste. La política fiscal, por el contrario, admite más flexibilidad y a través de ella es posible establecer qué colectivo debe soportar el empobrecimiento. Se da así la paradoja de que los gobiernos adoptan determinadas medidas fiscales, bien de bajada de impuestos o de incremento del gasto, pensando que benefician a la población, cuando en realidad la están perjudicando al prolongar la escalada en la elevación de los precios y al obligar al BCE a continuar con la subida de los tipos de interés.

republica.com 6-4-2023



EL ESTADO NO DESTRUYE EL MERCADO, LO PERFECCIONA

ECONOMÍA Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Dom, abril 02, 2023 23:33:36

Gratiam non tollit naturam, sed perficit eam. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Es bastante conocida esta tesis de la Teología escolástica. Su autor, Santo Tomás de Aquino, se colocaba así en medio de los que creían, como Pelagio, que el hombre por sus propias fuerzas puede salvarse, y de los seguidores de Gotescalco de Orbais, antecesor de Lutero, que defendía la predestinación y la idea de que la salvación proviene exclusivamente de Dios, sin que las obras del hombre puedan inclinar la balanza en un sentido u otro.

Tal vez podríamos secularizar esta tesis de la doctrina católica y aplicarlo de este modo al mundo económico y político. Su formulación sería algo así: el Estado social no destruye la economía de mercado, sino que la perfecciona. La teoría socialdemócrata se situaría de esta manera en medio entre el laissez faire, laissez passer del liberalismo económico, que mantiene que el Estado no debe intervenir en la economía, y aquellos que anatematizan el mercado y pretenden que el Estado lo sustituya.

Desde hace más de treinta años el neoliberalismo económico ha venido imponiéndose, desplazando a la socialdemocracia y reduciendo el papel del Estado en la economía. La integración de los mercados y la globalización bloquean a los Estados nacionales haciéndoles impotentes, al menos en parte, para corregir los defectos del juego de la oferta y la demanda.

La libre circulación de capitales dificulta gravemente una política fiscal progresiva. El libre cambio en aras de la competitividad tiende a homogeneizar los mercados de trabajo al nivel que rige en los países cuyos salarios son menores y que cuentan con las peores condiciones laborales. Va imponiéndose la teoría de que el mercado es perfecto y no necesita la intervención del Estado.

Frente a la crisis de la teoría socialdemócrata, la izquierda, tal como Darwin predicaba de las especies, ha ido adaptándose a las nuevas circunstancias. Por una parte, traslada la mayoría de sus preocupaciones desde la cuestión social y de la diferencia de clases a otros temas tales como el feminismo, la ecología o la defensa de ciertas minorías como los homosexuales o los que quieren cambiarse de sexo, e incluso sobre el bienestar animal.

Por otra parte, cuando deciden ocuparse de la desigualdad social o de las necesidades de las clases más deprimidas, al verse, en cierta manera, impotentes o al menos con grandes obstáculos debido al nuevo orden económico, intentan entrar en el mercado como elefante en una cacharrería. No tienden a corregirlo, sino a destruirlo o a dañarlo gravemente, con lo que la situación, lejos de mejorar, empeora.

En España se ha confundido la socialdemocracia con el populismo. Las características de este último consisten en dar respuestas fáciles a problemas complejos. Parte de la izquierda prescinde de las nuevas condiciones y de los límites que imponen, de modo que los remedios propuestos y adoptados terminan siendo en el mejor de los casos inútiles o imposibles de plasmar en la práctica; en el peor, contraproducentes. Además, como no puede ser de otro modo, las medidas siempre son parciales, parches que entran en contradicción con el resto.

La solución más inmediata y más simple que suele plantearse es la fijación de los precios de forma directa y por decreto, pero suele ser también la más fallida y a menudo perjudicial. El precio iguala la demanda y la oferta, y limitarlos arbitrariamente y por la fuerza conduce en una economía de mercado a desajustes y a veces al racionamiento. Por otra parte, amén de los efectos adversos que se puedan seguir, es una medida difícil de implementar en las actuales circunstancias, con lo que la mayoría de las ocasiones acaba siendo una chapuza. La dificultad será mayor cuanto mayor sea el número de agentes que intervienen en el mercado y mayor la variabilidad y diversidad del artículo o artículos a limitar el precio, y mayor sea la cantidad de bienes sustitutivos que existan. La instrumentación será más fácil en presencia de un monopolio y de uno o dos artículos muy homogéneos.

Sería interesante recorrer los distintos mercados de bienes y servicios en los que en estos momentos se tiene la tentación de intervenir de forma equivocada y distorsionante. En esa lista aparece en primer lugar y en puesto de honor, el de la vivienda. En España la crisis de 2008 desquició este sector económico, aunque sería más indicado afirmar que la perturbación se produjo en los ocho años anteriores con la burbuja inmobiliaria, con las hipotecas subprime o con instrumentos parecidos, y que en  2008 simplemente estallaron los desequilibrios creados con anterioridad.

Lo cierto es que las dificultades sociales originadas fueron muy graves y la tentación de intervenir en el mercado para garantizar el derecho a la vivienda estipulado en la Constitución, grande y lógica. Solo que se tiende a hacer de la peor forma posible, prohibiendo los desahucios y controlando el precio del alquiler. Creo que la manera mejor de rebatir un argumento es conducirlo al absurdo. Así que siguiendo esta tesis habrá que preguntarse por qué se propone limitar el precio del alquiler y no el de compra. La razón no es difícil de encontrar, todo el mundo, hasta los más intervencionistas, comprenden los enormes problemas y efectos negativos que se producirían al aplicarlo a la compra venta. Pero es que a otro nivel las distorsiones serán idénticas con los alquileres.

La excesiva regulación en contra de los arrendadores, especialmente dificultando los desalojos en caso de impago, puede tener un efecto contraproducente porque reducirá la oferta, con lo que se producirá escasez y se elevará el precio. Además, los propietarios serán mucho más selectivos a la hora de alquilar desechando a todos aquellos que piensen que si fuesen morosos sería muy difícil desahuciarlos; serán precisamente las clases más necesitadas las que tendrán una enorme dificultad para encontrar vivienda (ver mis artículos en este digital de los días 26-1-2023 y 20-9-2018).

El mercado de la vivienda es, sin duda, uno de los que más necesitan la intervención pública -pero para depurarlo, no para trastocarlo-, intervención que debería orientarse no tanto a facilitar la compra venta como el alquiler. Tendría que ser en él donde se centrara la mayor parte de las ayudas públicas. Dado el nivel salarial en nuestro país, es una evidencia que la compra de una vivienda está muy lejos de estar al alcance para una gran mayoría de los ciudadanos, precisamente los pertenecientes a las clases de renta más bajas, a los jóvenes, etcétera.

Durante mucho tiempo se ha cometido el error de que la construcción de vivienda oficial que ha llevado a cabo el sector público se haya dirigido a la compra y no al alquiler, dándose la paradoja de que bastantes agraciados hayan tenido que renunciar por no tener medios económicos con los que acceder a la adquisición. Por otro lado, las necesidades de las personas no son iguales a lo largo de toda la vida, luego es lógico que la ayuda pública no sea permanente, ni que se tenga la posibilidad de vender la casa con altos beneficios cuando ya no se necesita. Por la misma razón, los incentivos, también los fiscales, deberían dirigirse al alquiler y no a la compra.

El empeño de los gobiernos y de los bancos por potenciar la propiedad ha conducido en muchos casos a la concesión de créditos a quienes después no podían pagarlos. Fue una de las principales causas de la crisis del 2008. Incluso hay que preguntarse si, aunque en un grado quizás menor, recientemente no se está repitiendo los errores de entonces y si de nuevo los estudios de solvencia no se han hecho con tipos de interés que probablemente no podrán tener continuidad en el tiempo.

La vivienda, al ser una necesidad social y un derecho constitucional, exige la intervención del Estado en el mercado del alquiler, pero hay que saber muy bien de qué manera hacerlo para mejorarlo y no poner palos en las ruedas de su funcionamiento, que empeoren la situación. Dado que la demanda viene dada por las necesidades sociales, la actuación de los poderes públicos se debe orientar a potenciar la oferta y nunca a tomar medidas que puedan restringirla.

La forma más inmediata de actuación sin duda es la inversión pública en vivienda social destinada al alquiler, dotando los fondos necesarios, cuyo coste debe soportarse de forma equitativa por todos los ciudadanos según su capacidad y mediante un sistema fiscal progresivo, y no de forma aleatoria y arbitraria como una lotería negativa sobre los arrendadores que, además de injusto, es contraproducente porque restringiría la oferta y la haría muy selectiva, exigiendo tales condiciones que haría imposible el arrendamiento de los que se pudieran considerar vulnerables.

Es más, la actuación del Estado debería encaminarse también a incentivar la iniciativa privada, y tal vez la mejor forma de hacerlo sería dotar de seguridad jurídica a los pequeños propietarios (casi la totalidad de la oferta) para motivarles a arrendar, librándoles de del miedo a no percibir el alquiler y a la imposibilidad, o al menos a las graves dificultades, para el desahucio. Cuando se trata de personas a las que se considera vulnerables y por lo tanto no se crea conveniente el desalojo, son los poderes públicos los que habrían de dar una solución habitacional de inmediato y si no pueden, tendrían que hacerse, mientras tanto, cargo del alquiler, puesto que es el Estado el que impone el no desahucio. Sin embargo, las medidas tomadas hasta ahora o que se proponen van en dirección contraria.

Por otra parte, no se puede ignorar que este mercado está muy fraccionado y que existe una gran heterogeneidad en los pisos que se alquilan, aun cuando se encuentren en la misma zona o barrio. Con ascensor o sin ascensor, reformado o sin reformar, calefacción central o individual, con portería física o sin ella, si pertenece o no a una urbanización o tiene recinto cerrado y con qué servicios, calidad y año de construcción, etc. Resulta una gran simplicidad limitarse al precio por metro cuadrado. Además ¿qué se entiende por zona tensionada? Todo ello se presta a una gran arbitrariedad y a que se generen múltiples desequilibrios y perturbaciones. Si se pretende una cierta equidad, la gestión se hace complicadísima, casi inviable.

Ciertamente, el mercado del alquiler no es el único en el que se  está pretendiendo que el sector público intervenga de forma muy poco acertada. Se da también en algunos otros cuyas propuestas sería muy conveniente analizar, pero tendrá que ser en un próximo artículo.

republica  30-3-2023