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ARTICULOS DEL 17/3/2023 AL 9/1/2024 CONTRAPUNTO

LA EVOCACIÓN DE NICOLÁS, MÁS NECESARIA QUE NUNCA

1-2-2024, PSOE, SINDICATOS Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Mar, enero 09, 2024 18:21:00

Hace un año, tal día como hoy, 4 de enero, falleció Nicolás Redondo Urbieta. Con tal motivo se celebró un homenaje el pasado 14 de diciembre -fecha emblemática-, organizado por la UGT, en la que entre otras actividades se presentó un libro en su honor coordinado por García Santesmases y en el que tengo la satisfacción de haber participado. El tiempo lo diluye todo y existe el peligro de que los intereses presentes terminen escribiendo una nueva historia. Salvar la memoria de personajes como Nicolás Redondo y lo que él representó no solo es un acto de agradecimiento, sino una necesidad para la sociedad contemporánea, y una interpelación a los actuales sindicatos. Es por ello por lo que he creído conveniente dedicar el artículo de esta semana a transcribir mi colaboración en el citado libro:

¿Qué decir en un solo artículo de Nicolás Redondo? De él sería posible escribir no un libro, sino muchos. Se podría hablar de su etapa de niño de la guerra o quizás de su lucha contra el franquismo o de sus relaciones con los socialistas vascos en el exilio o de su nombramiento como secretario general de UGT y de los congresos de 1971, 1973, o de su papel en la Transición, o de su actuación en Suresnes, o de aquellos primeros años de democracia, en los que existía una luna de miel entre el partido y el sindicato, y de otros muchos temas más.

Me centraré, sin embargo, en un único aspecto: la encrucijada en la que se vio inmerso Nicolás -y todo el sindicato con él- cuando el partido hermano llegó al poder. En realidad, se trata del mismo dilema en el que se encuentran en general las formaciones de izquierdas, bien sean políticas o sindicales, cuando un partido de la misma ideología asume el gobierno. En octubre de 1982 el partido socialista gana las elecciones, pero no con una mayoría cualquiera, sino con 202 diputados, cifra que le daba un poder cuasi absoluto; le dejaba prácticamente sin oposición política.

Desde el primer momento, el PSOE de Felipe González se creyó con derecho a erigirse en el referente de todas las izquierdas y de exigir a todas ellas, fuesen las que fuesen, que no practicasen la mínima crítica ni pusiesen ningún obstáculo a la acción de un gobierno de su propia ideología. En el campo político, se acuñó la expresión de “la casa común de la izquierda” y se requería a IU y a otros partidos minoritarios que secundasen su política y sus decisiones; en el campo laboral, las organizaciones sindicales, y con más motivo UGT como sindicato hermano, debían convertirse en la correa de transmisión del Gobierno y legitimar su política.

Fue a ese escenario al que tuvo que enfrentarse Nicolás Redondo como secretario general de UGT. La unidad entre partido y sindicato conducía a la subordinación del segundo al primero, y a que fuesen las necesidades del PSOE -o más bien del Gobierno- las que marcasen la actuación sindical. El hecho de que la mayoría de los afiliados tuviesen la doble militancia colaboraba a ello. Asimismo, era la causa de que muchos miembros del sindicato, incluso situados en puestos importantes de la organización, emigrasen al Gobierno, desempeñando altos cargos en la Administración. Hasta Nicolás y Antón Saracíbar ocuparon un escaño en el Congreso.

Muy pronto se vio que la situación para el sindicato era inviable, si no quería resignarse a ser una prolongación del partido y del Gobierno. El primer momento crítico surgió en 1985 con la aprobación de la Ley sobre la Reforma de las Pensiones. Redondo y Saracíbar se vieron obligados a romper la disciplina del grupo votando en contra de la ley. No obstante, el problema no era puntual, sino estructural: la imposibilidad de servir a dos señores. Nicolás se dio cuenta de que para ser congruente y no caer en una situación de contradicción permanente y de esquizofrenia no podía seguir en el Parlamento, donde se vería obligado, tal como había ocurrido con la ley de las pensiones, a romper la disciplina de voto en otros muchos casos. Así que él y Antón Saracíbar en octubre de 1987 renuncian al acta de diputados.

El matrimonio se había roto y surgieron las discrepancias. Los enfrentamientos entre UGT y el Gobierno se hicieron más intensos, ahondándose la brecha entre partido y sindicato. Por otra parte, la sustitución de Marcelino Camacho por Antonio Gutiérrez facilitaba el entendimiento entre las dos grandes organizaciones sindicales y el avance hacia la unidad de acción que, a su vez, exigía la autonomía sindical y librar a cada uno de los sindicatos de cualquier injerencia política. Sería en estos dos principios en los que Nicolás basaría la nueva doctrina. La única finalidad de una organización sindical debería ser la defensa de los trabajadores, independientemente de la fuerza política que gobernase.

La tensión entre partido y sindicato llegó al máximo con la huelga general del 14 de diciembre de 1988. Cuando se convocó, la sorpresa -y por qué no decirlo, el desasosiego- recorrió la familia socialista. Y en cierta manera este desconcierto llegó también a la prensa. Previamente al día de la huelga, tanto El País como Diario 16 publicaron sendas entrevistas con Nicolás Redondo. La primera la realizó Sol Alameda el veinte de noviembre; la segunda, José Luis Gutiérrez y Juan Carlos Escudier, publicada el veintisiete del mismo mes. Ambas se interesaban por la causa del cambio que se había producido en el secretario general de la UGT. Se preguntaban, al igual que otros muchos, cómo era posible que quien en cierto modo se había entendido con Suárez plantease una huelga general a un gobierno de izquierdas.

La respuesta de Nicolás era siempre la misma: las circunstancias se habían modificado. Con UCD la prioridad era consolidar la democracia. Exigía un ejercicio de responsabilidad de todos los agentes políticos y sociales. Por otra parte, la situación de la economía había variado mucho. La crisis había pasado y era el momento de que los trabajadores participasen de la tarta. En todo caso, él no había cambiado, en clara alusión a que eran los otros los que habían evolucionado. Lo cual resultó totalmente cierto, eran el Gobierno y la Ejecutiva del PSOE -además, en consonancia con otras formaciones socialistas europeas-, los que habían abandonado la socialdemocracia para asumir lo que se llamó el “social liberalismo”. No es que Nicolás Redondo se hubiese echado al monte. Él permaneció siempre en la socialdemocracia. Solo hay que leer sus discursos, o las entrevistas, comenzando por las dos citadas.

En los aledaños del Gobierno y de la Ejecutiva del PSOE no se terminaban de creer la nueva situación. No entendían que un sindicato socialista declarase una huelga general a un gobierno también socialista. Así que acuñaron una explicación simplista y pedestre. Todo se debía al resentimiento de Nicolás Redondo porque en Suresnes no se le nombró secretario general, sino que fue Felipe González el designado. La interpretación entraba dentro de la campaña de desprestigio y descrédito que precedió a la huelga. No obstante, la teoría era sin duda descabellada, la trayectoria de Nicolás dejaba bien claro que él siempre había apostado por la actividad sindical, y fue él además el que hizo posible -en contra, por ejemplo, de Pablo Castellano- el nombramiento de Felipe González. En cualquier caso, resulta esclarecedor lo que solía afirmar Nicolás cuando se le hablaba de Suresnes. Manifestaba que él facilitó el nombramiento de Isidoro, no de Felipe González, queriendo indicar con ello que no reconocía al Isidoro de otras épocas en el Felipe González de ahora.

Es de sobra conocido el éxito que tuvo la huelga general. Creó un modelo para la acción sindical aun fuera de nuestras fronteras. Hizo tambalearse al Gobierno, le obligó a pactar y se consiguió gran parte de las reivindicaciones sociales. En el aparato del PSOE y en el Gobierno no se aceptó nada bien la derrota. Calificaron la huelga de política, lo que estaba muy alejado de la realidad; aunque hay que reconocer que la excepcional mayoría con que contaba el partido socialista originó que apenas tuviese oposición política y que algunos, muy a pesar de la voluntad y del deseo de Nicolás Redondo, atribuyesen ese papel a la contestación sindical.

Hay quienes fueron más allá, manifestando así la agresividad y el resentimiento que se originaron en los altos estratos del partido y del Gobierno contra Nicolás. Carlos Solchaga atribuyó la pérdida por parte del PSOE de las elecciones de 1996 a las críticas deslegitimadoras de UGT, como si el partido socialista no hubiese hecho suficientes méritos para cosechar por sí mismo el fracaso.

Almunia abominó de la nueva situación creada y se preguntaba: “Quién es Nicolás Redondo para decirnos lo que es y no es de izquierda, cuando él se ha quedado viejo y muy antiguo para definirla”. Y Javier Solana, en la misma línea, reprochaba a Nicolás que por frustración y por envidia no hubiese sabido adaptarse y hubiese querido mandar en Felipe.

En realidad, los que no habían sabido adaptarse a la nueva situación eran ellos, que continuaban pensando que la labor del sindicato debía reducirse a ser un instrumento de la actuación política del partido. El mérito de Nicolás consistió en que, gracias a él y a los que con él colaboraron, se consagró una nueva doctrina sindical basada en los dos principios básicos, la autonomía sindical y la unidad de acción. Sus líneas fundamentales quedaron materializadas en su intervención en el XXXV Congreso, de abril de 1990. A partir de entonces, apareció de forma clara que la acción sindical era distinta de la acción política. Ser sindicato de clase no significaba ser cautivo de un partido. Es más, el sindicato debía ser transversal y estar abierto a los militantes de todas las formaciones políticas, aunque manteniendo siempre una inclinación a favor de los trabajadores y de las clases bajas.

A pesar de que a nivel teórico esta doctrina parece consagrada, la tentación a la involución surge tan pronto gobierna una formación de izquierdas. La tendencia a cobijarse bajo las alas protectoras del gobierno puede ser demasiado fuerte; la comodidad, grande, y nadie garantiza que tanto en el ejecutivo como en el sindicato no haya etapas en las que se desee la involución. La actuación de Nicolás Redondo y de todos los que le acompañaron puede servir de ejemplo para que el retroceso no se produzca o, al menos, no se consolide.

republica.com 4-1-2024



SIMONÍA Y FRAUDE ELECTORAL

GOBIERNO, PSOE, SINDICATOS Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Lun, agosto 21, 2023 17:04:26

Leo con asombro la relajada y amable entrevista que Esther Jaén ha realizado a Unai Sordo en el The Objective del día 5 de este mes de agosto. Mi sorpresa no radica tanto en el tono benévolo de la periodista como en que el entrevistado parece más el portavoz de un gobierno que el secretario general de un sindicato de clase. Sus loas a las políticas del Ejecutivo sobrepasan con mucho las de Calviño, Escrivá y Yolanda Díaz juntas.

Me gustaría contestar a muchas de las aseveraciones que en materia económica se hacen en la entrevista, pero otro es el objetivo que me he propuesto en este artículo. Me libera de lo primero el hecho de que en múltiples ocasiones me he referido en diversos artículos publicados en este medio a la evolución de la economía española, desmontando creo yo la política triunfalista del Gobierno y, por lo que parece ahora, también de CC. OO. Citaré tan solo dos de ellos: el del 16 de febrero de 2023, titulado “Nadia en el país de las maravillas”  y el del 29 de junio de este mismo año que lleva por título “La economía española, como una moto”.

A menudo se dice que citarse a uno mismo constituye una pedantería. Puede ser cierto cuando se efectúa como argumento de autoridad. Desde luego, en mi caso nada más lejos de esa finalidad. En primer lugar, porque, a diferencia de Nadia, no me tengo por tal y, en segundo término, porque no me han gustado nunca demasiado ese tipo de argumentos. Mi propósito se orienta, por un lado, a evitar en lo posible reiteraciones y, por otro, ya que ante la limitación de espacio de un artículo muchas afirmaciones por fuerza tienen que quedar sin aclarar, creo yo que ello en parte puede solucionarse citando otros artículos en los que la idea está mucho más desarrollada.

Pero volviendo a la entrevista y a mi extrañeza, diré que hasta cierto punto es habitual el triunfalismo de un gobierno. Aznar y zapatero se empeñaron en decirnos que todo iba fenomenal y nos armaron una buena. Lo que ya no es tan frecuente es que sea el secretario general de un sindicato de clase el que adopte esta postura. En cualquier caso, tal como anteriormente decía, me quiero referir en este artículo únicamente a una de las expresiones de Unai Sordo, y que Esther Jaén coloca como titular y frontispicio de la entrevista: “Llamar Frankenstein al Gobierno es llamárselo al país. España es así. Plural”.

España puede ser plural. Pienso que no mucho más que otros países, pero sus ciudadanos no son golpistas ni filoterroristas ni en general están huidos de la justicia. Tampoco son simpatizantes de ellos. No lo son ni siquiera la gran mayoría de los que hayan podido votar al PSOE o a Sumar. Estoy convencido de que muchos lo han hecho tapándose las narices y quizás ante la falsa idea de que daban su adhesión a un gobierno progresista.

El problema no está en la pluralidad, sino en un fenómeno anómalo y totalmente desquiciante que se está produciendo en nuestra democracia. La mezcla de partidos nacionales que, al menos en teoría, se mueven en el eje izquierda-derecha, con otros denominados partidos nacionalistas en los que esta contraposición tiene un sentido totalmente accesorio, mientras que su casi exclusiva finalidad es la defensa de sus territorios que, en la mayoría de los casos, como es lógico, va en detrimento del resto. Sus diputados no van a las Cortes a defender el interés general, sino tan solo el interés particular de determinadas regiones.

Si el nacionalismo se extrapolase a todas las Comunidades, se habría terminado la contienda ideológica en la política y sería sustituida por la lucha territorial. La coexistencia de estas dos clases de formaciones políticas origina que en aquellas Autonomías en las que no existen partidos nacionalistas los ciudadanos se ven en una situación de inferioridad, puesto que en el Congreso o en el Senado no habrá nadie que anteponga sus intereses por encima de cualquier otra cosa. Paradójicamente, los votos entregados a los partidos nacionales se terminarán empleando en la compra de las formaciones nacionalistas y consecuentemente en contra de los intereses de los que votaron por ideología (acertada o erróneamente) y no lo hicieron en función de querencias territoriales.

Desde la Transición, con la finalidad de atraer a los nacionalistas (vano intento), se ha dado a estos un trato de favor. Es más, cuando el partido ganador (bien fuese el PSOE o el PP) no tenía mayoría absoluta reclamaban el apoyo de una formación nacionalista, que se lo prestaba, pero siempre con un precio. Eso ha hecho que a lo largo de estos años los desequilibrios territoriales se hayan ido incrementando, mientras el Estado ha sido incapaz de corregirlos. Cataluña y el País Vasco han salido altamente beneficiadas situándose entre las Comunidades con mayores rentas, sin que por su parte contribuyan apenas a la solidaridad interterritorial.

Sin embargo, estas disfunciones -al menos hasta el 2008- se mantuvieron siempre dentro de un orden y ningún partido nacional (PSOE, PP e IU) sobrepasó nunca respecto al independentismo las líneas rojas. Bien es verdad que el PSOE tuvo que lidiar con las veleidades del PSC, que casi siempre tiraba al monte, e IU con las de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y las de Madrazo y ‎Ezker Batua en el País Vasco. La expresión más clara de esta contención fue el Plan Ibarretxe, consistente en un nuevo estatuto cuyo contenido fundamental era el reconocimiento del llamado derecho a decidir (la autodeterminación) del pueblo vasco. En enero de 2005 el Congreso de los Diputados rechazó el nuevo estatuto por 313 votos, 29 a favor y 2 abstenciones. Tanto el PSOE como IU votaron en contra, solo ICV se abstuvo.

No obstante, en los últimos años se han producido tres acontecimientos que han distorsionado por completo el escenario político y agravado la desigualdad territorial. El primero consiste en la metamorfosis acaecida en el ámbito nacionalista, en el que todos han pasado a ser independentistas. En la mayoría de los casos se ha ido más allá. En Cataluña dieron un golpe de Estado y declararon unilateralmente la independencia; en el País Vasco y Navarra se ha fortalecido Bildu, formación política continuadora de ETA, sino en sus acciones violentas sí en el relato. Ya no se trataba de pactar con nacionalistas, sino con delincuentes o defensores de delincuentes.

El segundo suceso radica en la progresiva convergencia ideológica entre izquierda y derecha. La globalización, la Unión Europea (EU) y fundamentalmente la Moneda Única, van borrando progresivamente las diferencias. La UE, a pesar de englobar bastantes elementos del Estado de bienestar, se ha construido fundamentalmente en materia económica sobre principios liberales y con unos parámetros en los que resulta casi imposible mantener una ideología socialdemócrata y mucho menos ponerla en práctica.

Ante esta nueva situación, la izquierda ha ido abandonando en buena medida la lucha social para refugiarse como quehacer propio en determinados objetivos que sin embargo son transversales: conseguir la igualdad objetiva entre hombres y mujeres, la protección de los derechos de los homosexuales y de los emigrantes, la lucha frente al cambio climático, incluso el animalismo, etc. En esa lista, al menos en España, se ha incorporado la defensa del nacionalismo, como si sus derechos fuesen los que están siendo atacados y no fuesen ellos los que agreden las libertades de todos los demás.

La tercera circunstancia consiste en la aparición de un aventurero llamado Pedro Sánchez, dispuesto a todo por conseguir el poder. Con los resultados del partido socialista más bajos de la historia, se propuso llegar a la presidencia del gobierno por el único sistema que le resultaba posible, saltándose todas las barreras y líneas rojas.

Estos tres acontecimientos han creado en España un escenario político nuevo basado en contradicciones y desequilibrios que progresivamente se va deteriorando y, a su vez, va consolidando una radical injusticia. Los votos cosechados entre los ciudadanos de unas Comunidades terminan beneficiando a los independentistas de otras, con el consiguiente menoscabo de los intereses de los primeros. Puede ocurrir que los ciudadanos de Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Madrid, etc.  contemplen que los votos que han dado al PSOE o a Sumar se emplean a favor de los independentistas vascos o catalanes y en su perjuicio.

Relata la historia que uno de los vicios más extendidos en el cristianismo durante la Edad Media era el de simonía, la compra de beneficios o cargos eclesiásticos. El nombre proviene de Los Hechos de los apóstoles en los que un personaje denominado Simón el Mago quedó tan impresionado por el poder taumatúrgico de San Pedro que deseó comprar tal facultad, y que fue condenado por el apóstol en estos términos: «¡Que tu dinero perezca contigo, ya que creíste que el don de Dios se podía comprar por dinero”.

Sánchez ha instaurado la simonía política, lleva desde el principio comprando el gobierno con todo tipo de mercedes, solo que paga con dinero ajeno, el dinero de todos los españoles, y con los bienes y derechos de los ciudadanos de todas las Autonomías. El hecho de que los recursos y los votos con los que se compra el gobierno Frankenstein provengan de toda España no hace a todo el país Frankenstein, tal como afirma el secretario general de CC. OO. ni responsable de la simonía ni de los abusos cometidos contra la democracia. Más bien los hace paganos a la fuerza de la fiesta. ¿Qué ocurriría si esos acuerdos se sometiesen a referéndum?

A la mayoría de los votantes del PSOE y de Sumar se les ha pedido el voto en clave de izquierdas-derechas: un gobierno del progreso frente a la involución, al retroceso, a la caverna. Pero en cuanto han pasado las elecciones el escenario ha cambiado. Todo el juego se centra en el precio que tendrá que pagar Sánchez a los independentistas para gobernar, precio que terminará sufragando el resto de los españoles.

Pensemos en un extremeño, un andaluz o un gallego que se creyó ese relato de que venía la reacción, y que le iban a despojar de todos sus derechos. En suma, que se retrocedería al franquismo -bien es verdad que la mayoría ni siquiera lo habrá conocido. Y en función de todo ello votó al bloque que se denominaba de progreso. Pero he aquí que comienza a ver que, una vez transcurridos los comicios, lo primero que se discute es si se condona la deuda de 70 mil millones de euros a una de las Comunidades más ricas de España, condonación que, lógicamente, se haría a costa de la totalidad de los españoles.

Asimismo, empieza a constatar que en las negociaciones se está tratando también la posibilidad de extrapolar a Cataluña el modelo del cupo aplicado al País Vasco, con lo que se dañaría gravemente la función redistributiva del Estado. Tal vez -y aparentemente con menos ambición, pero con resultados similares-, se plantea como alternativa un nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas basado en el axioma catalán de que “España nos roba”, y que en román paladino quiere decir acabemos con la solidaridad interterritorial, que las regiones pobres sean cada vez más pobres y las ricas cada vez más ricas.

Otros temas que se están mercadeando sotto voce quizás sean más abstractos para el extremeño o el castellanomanchego de nuestro ejemplo, pero no por eso son menos importantes. Se dé cuenta o no, está sobre el tablero si se les priva de un derecho básico: la soberanía sobre todo el territorio nacional (y de todo lo que conlleva de participación en la decisión democrática). Se cuestiona si esta va a quedar cercenada por los privilegios a determinadas Comunidades Autónomas.  También está en juego la igualdad en las posibilidades de empleo y si el idioma va a constituir una frontera infranqueable; o si el Estado (es decir, todos los españoles) pierde las competencias sobre los puertos, los aeropuertos, etc. Incluso si el Tribunal Supremo va a tener algo que decir en Cataluña.

Sánchez afirma que denunciar todo esto es enfrentar a los territorios entre sí, pero lo que en realidad pone a unas regiones contra otras es incrementar sus diferencias para conseguir el gobierno de la nación y para permanecer en él. Se habla continuamente de la desigualdad entre hombres y mujeres, pero habría que preguntarse si en España el mayor desnivel económico no se produce entre los que viven en una u otra Comunidad.

Hay muchas voces, acaso bien intencionadas, que arguyen que esto son peticiones del oyente y que después no se llevan a la práctica. La verdad es que decían lo mismo de los indultos, de la eliminación del delito de sedición y de la rebaja del de malversación, o de otras muchas actuaciones que parecían inverosímiles al principio; y también afirmaban que no se iban a realizar nunca y, sin embargo, después se han hecho realidad.

En la entrevista citada, Sordo asegura que los acuerdos se harán dentro de la legalidad y el Gobierno reitera que se respetará la Constitución. Pero la Constitución puede interpretarse de manera muy flexible (sobre todo cuando se cuenta con un Tribunal Constitucional colonizado y a la medida), y las leyes se pueden cambiar. ¿Qué pensaría el secretario general de Comisiones si, por ejemplo, se aprobase un tipo único para el IRPF desarmando al gravamen de toda progresividad y privándole de su carácter redistributivo? Sería legal, al igual que sería legal si el Gobierno y las Cortes eliminasen el seguro de desempleo. Pero por ello no dejaría de ser una iniquidad.

Muchas actuaciones, medidas o hechos son injustos, abusivos o despóticos, y en bastantes casos constituyen un claro fraude, aunque no contradigan directamente la Constitución y las leyes. El diccionario de la Real Academia establece como primera acepción de fraude: “Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete“. No habla para nada de Constitución ni de leyes. ¿Acaso no se pueden calificar de fraude electoral los acuerdos que va a firmar Sánchez? Perjudican a casi todos los que le han ofrecido el voto, voto que se les ha pedido recurriendo al eje izquierda-derecha y ahora los utiliza en beneficio de los independentistas para comprar su permanencia en el gobierno.

república.com 17-8-2023



LA PAZ SOCIAL Y LA PRODIGALIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

ECONOMÍA, GOBIERNO, MERCADO LABORAL, SINDICATOS Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Sáb, mayo 20, 2023 09:56:17

Uno de los sofismas más utilizados por Sánchez y el actual Gobierno es contraponer la crisis del 2008 a la actual. En realidad, no se pretende comparar las crisis en sí, sino las respuestas dadas a ellas por los distintos gobiernos. Según dicen, dos modelos: el de la derecha y el del gobierno de progreso, es decir, el de Frankenstein. Dolor y lágrimas entonces, un camino de rosas en la actualidad.

Se olvidan de que no era la derecha la que estaba en el poder en 2008, sino el Gobierno “ilusionante” de Zapatero, que fue el primero que se vio obligado a los ajustes, y en una cuantía muy considerable, hasta el punto de dar lugar al surgimiento del movimiento del 15-M. No contemplan tampoco que las crisis puedan ser muy diferentes y, de hecho, la actual es radicalmente distinta de la anterior. Pero es que, además, las consecuencias negativas para los ciudadanos que se han producido en uno y otro caso solo son diferentes en apariencia.

Ya en el artículo de la semana pasada señalaba cómo en esta crisis, mediante la inflación, se producen tantos o más recortes presupuestarios que en la pasada, y me refería en concreto a los empleados públicos, cuyas retribuciones se van a ver mermadas en mayor medida que en la anterior crisis.

Pero es que los ajustes ni en la crisis pasada ni en la actual impactan únicamente en los funcionarios, sino que afectan a la mayor parte de la población; por supuesto, a los trabajadores del sector privado cuyos salarios reales se encuentran entre los que más se han minorado de todos los países de la OCDE. En la anterior crisis, el fuerte desequilibrio creado en el sector exterior por los Gobiernos de Aznar y Zapatero y ante la imposibilidad de depreciar la moneda, fue preciso hacer una devaluación interna de precios y salarios que, como siempre, afectó principalmente a las retribuciones de los trabajadores reduciéndolas de forma significativa. Me temo, sin embargo, que, en la actual y debido al desfase entre precios y salarios, la diminución en términos reales va a ser mayor.

Se acaba de firmar un acuerdo social entre los sindicatos y la CEOE que no tendría que dejar muy contentos a los trabajadores. Constituye una recomendación para que en los futuros convenios sectoriales y de empresa se estipulen incrementos de sueldos de un 4% en 2023, y de un 3% en 2024 y en 2025. Habrá que ver si la tasa de inflación para esos años se comporta con la moderación que el acuerdo prevé, ya que la posibilidad de revalorización se fija como máximo en un punto. No está nada claro que la inflación se vaya a controlar en los próximos ejercicios, cuando los gobiernos están dejando solo al BCE en el control de los precios.

No obstante, el problema central, del que el acuerdo no trata en absoluto, es la revisión de precios para 2022 (incluso para 2021), que fue cuando realmente se produjo el desfase entre los salarios y la inflación. En realidad, este era el verdadero punto conflictivo -del que la CEOE no quería ni oír hablar- y el que estaba obstaculizando el acuerdo.

Resulta muy curioso que una semana después de la manifestación del primero de mayo -en la que los sindicatos, jaleados por algunos ministros, vociferaban contra los empresarios, amenazando con disturbios, conflictos y huelgas- se entreguen a la patronal con armas y bagajes, se avengan a ratificar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores para 2022 y que esta pérdida se consolide para el futuro. Parece ser que todos los gritos del 1 de mayo eran meras bravuconadas. Quizás tuvieran por objetivo preparar la rendición, de manera que esta no apareciese como tal. 

Lo más irónico de la situación es la inmediata comparecencia de Sánchez anunciando que en España, al contrario que en otros países, reina la paz social, resultado del buen hacer del Gobierno. Alguien podría haber añadido que es la paz de los cementerios, la paz por incomparecencia de uno de los contrincantes, la conseguida a base de la debilidad de los sindicatos, que han dejado de ser de clase para convertirse en sindicatos de cámara, palaciegos, que se refugian entre los faldones del Gobierno y que son incapaces de conseguir algo por sí mismos. Parece que la autonomía sindical ha pasado a mejor vida y que las organizaciones sindicales se han convertido de nuevo en correa de transmisión de las fuerzas políticas.

Pero el ajuste en esta crisis, debido a la inflación, no recae únicamente en los recortes presupuestarios o en las retribuciones de los trabajadores, sino en la mayoría de la población a través de otros mecanismos, especialmente mediante la actuación del BCE. El hecho de que los gobiernos le hayan dejado solo en el control de la inflación obstaculiza y retrasa la consecución de este objetivo. La autoridad monetaria se ve obligada a subir una y otra vez los tipos de interés, con graves consecuencias para todos aquellos que están  endeudados a tipos variables, sea mediante hipoteca o no.

Hace unos días, el BCE, siguiendo la senda marcada por la Reserva Federal, subió un cuartillo el tipo de interés. Los bancos centrales, ante las turbulencias financieras ocurridas recientemente, tienen que proceder con suma cautela, pero al mismo tiempo no pueden dejar de actuar, no solo porque sea su misión, sino porque si la subida de tipos tiene efectos muy dañinos para un buen número de ciudadanos, la cronicidad de la inflación los tiene mayores.

Por eso se entiende mal la postura adoptada por las autoridades europeas y los gobiernos de los distintos países actuando como si la inflación no fuese con ellos, dejando su control como cometido exclusivo del BCE. Se produce la paradoja de que este organismo y los gobiernos practican políticas opuestas entre sí. Mientras que el primero, mediante la subida de los tipos de interés, pretende reducir la demanda, los Estados nacionales aplican una política fiscal expansiva que la incrementa.

La actuación de los gobiernos -y en un puesto de honor el de España-, incrementando el déficit, principalmente mediante la aprobación de una serie de gastos sin demasiado sentido, muchas veces ocurrencias, tiene como única finalidad mostrarse magnánimos ante los ciudadanos y obtener así una rentabilidad política. Lo cierto es que se ocultan los efectos negativos que tal política tiene, al obligar al BCE a radicalizar sus actuaciones y permitir que la inflación dure más de lo que sería necesario y conveniente. Lo que a menudo se presenta como política social puede volverse en contra de los ciudadanos cuando se tiene en cuenta el coste de oportunidad y que el saldo es negativo.

Resulta bastante incomprensible que la Comisión tenga suspendidas las normas fiscales en estos momentos. Es posible que haber mantenido la excepcionalidad al principio de la pandemia fuese lógico, pero se debería haber vuelto a la normalidad tan pronto como apareció la inflación, de manera que la política fiscal y la política monetaria actuasen en la misma dirección. Resulta extraña la parsimonia con la que la Comisión se ha tomado el retorno a la disciplina presupuestaria.

La verdad es que también en esta materia la Unión Europea se está cubriendo de gloria. En la pasada crisis se pasó de frenada en el afán de imponer el rigor en los ajustes fiscales, aun cuando no existía inflación. Incluso en los años en los que el BCE se esforzaba en aplicar una política monetaria expansiva con el objetivo de reactivar la economía, y Draghi rogaba a los gobiernos que colaborasen mediante la política fiscal, esta, sin embargo, continuó siendo restrictiva, ya que las autoridades nacionales hicieron oídos sordos, y siguieron más bien las indicaciones de la Comisión. No prestaron ninguna atención a las quejas del presidente del BCE que les recordaba que la política monetaria tenía sus limitaciones a la hora de expandir la actividad económica, tal como había señalado Keynes con la metáfora de que se podía llevar el caballo al abrevadero, pero no se le podía obligar a beber.

Por el contrario, en la actualidad, en presencia de una tasa de inflación muy elevada y alarmante, la Comisión y los gobiernos nacionales mantienen una política fiscal totalmente laxa que dificulta y contradice las actuaciones del BCE dirigidas a controlar los incrementos en los precios. Los gobiernos se guían exclusivamente por el beneficio político que les puede proporcionar una postura pródiga en el gasto público, sin sentirse responsables del coste que las medidas pueden ocasionar en el área monetaria y en los precios.

Europa cae una vez más en una especie de esquizofrenia en la que la actuación de la Comisión y de los Estados nacionales va en dirección contraria a la del instituto emisor. Ese es, entre otros, el peligro cuando se está en una unión que es solo parcial, en la que si bien hay una integración monetaria se carece de ella casi por completo en el ámbito fiscal y presupuestario.

republia.com 18-5-2023