Blog Image

ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

EL DISCURSO GOLPISTA DE SÁNCHEZ

CATALUÑA, PODEMOS, SANCHISMO Posted on Dom, octubre 01, 2023 22:33:45

Dicen que los que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma opinión. Será por eso por lo que Sánchez al llegar a la Moncloa lo primero que hizo fue alardear de que iba a cambiar el colchón. Tal vez quería hacer ostentación de que él no tenía nada que ver con Rajoy, ni con la derecha. Pero lo cierto es que, sin embargo, a lo largo de todos estos años no le ha importado encamarse con los independentistas -más bien ya golpistas. Y el refrán parece que funciona, porque él y sus acólitos han ido poco a poco asimilando el discurso de aquellos, hasta el punto de que apenas se encuentra ya diferencia entre ellos.

Casi todos los comentaristas afirman que el resultado de las últimas elecciones indica que en la ciudadanía de Cataluña se ha reducido la proporción de soberanistas. Discrepo. Lo que ha ocurrido es que un número importante de independentistas reconoce a Sánchez como uno de los suyos y, teniendo en cuenta que se trataba de elecciones generales, pensaron que votarle a él era más práctico que hacerlo a otras formaciones independentistas.

El otro día en la ONU, en Nueva York -los anuncios importantes siempre los hace en el extranjero- Sánchez afirmó que, tal como había pensado siempre: “La crisis política de Cataluña nunca debió derivar en una acción judicial”. Dejemos al margen lo de “siempre” porque es bien sabido que Sánchez no es que tenga doble, sino múltiples personalidades, en función de cuáles sean sus intereses en cada momento. Fijémonos, sin embargo, en la frase en sí misma, que constituye una enmienda a la totalidad de la democracia. Él y sus adláteres ya habían repetido antes una expresión parecida, aunque con un matiz distinto: “Hay que desjudicializar la política”. Esta última frase indica un proyecto para el futuro. La manifestada en la ONU implica algo más, es una condena de todo el pasado. Aunque, en cualquier caso, de alguna forma el sentido de ambas es el mismo: declarar que ni la ley ni el derecho pintan nada en la política, y la justicia menos.

Habrá que preguntarse qué se pensaría de alguien que defendiese que no hay que judicializar el sistema fiscal y por lo tanto que a los defraudadores no se les deberían aplicar la ley y las sanciones, sino que la Agencia Tributaria tendría que dedicarse a parlamentar y platicar con ellos. Crear una mesa de diálogo.

Y ahora que los sindicatos están tan identificados con el Gobierno y defendieron los indultos de los golpistas, me pregunto cómo se pondrían si a alguien se le ocurriese afirmar que no hay que judicializar la actividad laboral y reclamase que se eliminara la jurisdicción de trabajo y el derecho laboral para reducir todo al diálogo y a la negociación.

Y, por último, sería interesante ver la reacción del Gobierno y sus  correligionarias feministas si alguien se atreviese a plantear que hay que desjudicializar las relaciones de pareja y la violencia de género para reducirlas a un problema doméstico y que, dado que los métodos penales y de represión no funcionan, habría que sustituirlos por la concordia y el diálogo. Nada de aconsejar a las mujeres que denuncien al agresor, sino todo lo contrario, que se sienten a negociar con él.

Pedro Sánchez afirmó también que, siendo líder de la oposición, cuando el fiscal general José Manuel Maza, ya fallecido, abrió la puerta a todas estas causas judiciales a través de la Audiencia Nacional, trasladó su malestar al señor Rajoy. No merece la pena detenerse en la verdad o la falsedad de este hecho. La hemeroteca lo contradice en múltiples ocasiones, ya que en el pasado son muy variadas sus declaraciones públicas que van en dirección contraria. No obstante, esta manifestación es perfectamente indicativa del concepto que Pedro Sánchez tiene de la justicia. En su fantasía la protesta la dirige al presidente del Gobierno de entonces suponiendo que tanto la Audiencia Nacional como la Fiscalía están a sus órdenes. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso…

Después de las afirmaciones del presidente del Gobierno no nos puede extrañar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) haya accedido a estudiar los recursos de los nueve condenados a penas de prisión en el juicio del procés. Ni puede sorprendernos que sea precisamente ahora. Será toda la justicia europea la que debe de estar hecha un lío. Si es el mismo presidente del Gobierno el que dice que el proceso judicial no procedía, ¿qué van a decir los tribunales extranjeros?

No puede por menos que causar hilaridad recordar ahora las palabras de Borrell, cuando era ministro de Exteriores de Pedro Sánchez, quejándose de que los gobiernos de Rajoy no habían sabido combatir adecuadamente el discurso de los golpistas en el extranjero, y comprometiéndose a que los gobiernos de Sánchez se dedicarían con ahínco a esta tarea. Borrell, al margen de cuáles fuesen sus intenciones, tendría que haber inferido que un gobierno que debía el poder a los golpistas sería incapaz de refutar sus prédicas. Después de estos años, se puede comprobar que no solo es que no las haya rebatido, sino que ha terminado asumiendo su mismo discurso.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se ha dirigido al Gobierno español para que conteste las alegaciones de los demandantes antes del 14 de enero próximo. ¡Oh, paradoja!, en realidad la solicitud se dirige a los propios demandantes. Porque en esas fechas, e incluso ya ahora, serán Puigdemont y Oriol Junqueras los que estarán detrás del Ejecutivo, y por lo tanto responderán las preguntas.

Hasta ahora el TEDH ha rechazado todos los recursos del procés. Después de la postura de Sánchez y de la de una vicepresidenta del Gobierno yendo a Bruselas a rendir pleitesía a un prófugo no parece  probable que en el futuro haga lo mismo.

republica.com 28-9-2023



EL QUE SE MUEVE SÍ SALE EN LA FOTO

GOBIERNO, PSOE Posted on Mar, septiembre 26, 2023 00:17:10

La portavoz del PSOE -y no sé si también ministra de Hacienda- perdió una ocasión magnifica de callarse. Le ocurre siempre igual. Habla, habla y habla y está dispuesta a manifestar que una cosa es verde, aunque todo el mundo esté viendo que es roja. No tiene ningún pudor. Pero constituye una marca de la casa, una característica del sanchismo. Todos suelen repetir la misma consigna, consigna que consiste casi siempre en predicar de los otros lo que con mucha más razón se les puede achacar a ellos.

Estos días han repetido hasta la náusea que Aznar era un golpista y que había llamado a la rebelión. En la exageración llegan hasta el ridículo, porque simpático no es que sea, pero de ahí a golpista va un buen trecho. Sobre todo, uno no sale del estupor, cuando ve que con toda desfachatez hablan de golpismo aquellos que llevan gobernando con los golpistas cinco años, a costa de haberles colmado de mercedes y que en este momento están negociando una nueva legislatura en la que, según parece, van a  comprometerse en concesiones increíbles. Es más, alguien podría sospechar que es el propio sanchismo el que está preparando el golpe al proyectar hacerse con el gobierno a base de transgredir la Constitución con los medios que le proporciona el haber conseguido un Tribunal Constitucional a su medida.

La señora Montero dijo eso de que en este PSOE el que se mueve sí sale en la foto. Precisamente lo fue a decir el día antes de que expulsasen a Nicolás Redondo, sin expediente alguno, sin Comisión de garantías ni nada, y tan solo por el ordeno y mando del caudillo.

No es preciso que me detenga a elogiar la historia política de Nico y de su familia. Es de todos conocida. Diré tan solo que había que amar mucho unas siglas y tener bastantes agallas para ser militante del PSOE en el País Vasco en los años del plomo, y que nadie puede reprocharle que se le revuelvan las tripas al ver la frivolidad con que esas siglas se ligan ahora con los herederos de los que amenazaban de muerte a él y a su familia. Añadire que me uno con agrado a la petición hecha desde estas mismas páginas por Pablo Sebastián para que se convoque un homenaje a Nicolás Redondo Terreros.

Pero, dicho esto, no puedo por menos que referirme a un hecho que me ha parecido desconcertante. Se trata del comentario de Felipe González: “Su padre me convocó una huelga general y no se me ocurrió expulsarle”. No sé qué hay que admirar más si la falta de memoria o la arrogancia. Nicolás Redondo Urbieta convocó no una huelga general, sino tres: diciembre de 1988, julio de 1992 y enero de 1994. Y todas con bastante seguimiento. Supongo que González se refería exclusivamente a la del 14 de diciembre de 1988, que paralizó el país. No se le ocurrió expulsarle porque le habría resultado totalmente imposible.

El éxito de la huelga fue tan grande que lo que sí se le ocurrió a González fue dimitir, y estuvo a punto de hacerlo y de encomendar el gobierno a Narcís Serra. Al final le convencieron de que quien aguanta gana. Eso es lo único que sabe muy bien Sánchez, que una vez que se abandona el poder es difícil recuperarlo. Felipe aguantó, pero no tuvo más remedio que sentarse a negociar con los sindicatos. No podía expulsarlo, pero hizo algo peor, que fue, años después, intrigar con los bancos para que cortasen la financiación a la PSV, por lo que esta tuvo que quebrar y con ello logró que el sindicato entrara en crisis.

El carácter absolutamente caudillista que impera en el actual PSOE y el desprecio que mantiene por la legalidad y las formas no puede servir tampoco para que dibujemos -como algunos pretenden- un escenario idílico del PSOE de Felipe González. En esos tiempos se perseguía también al disidente, ya fuese en el partido o en la Administración. Doy testimonio de ello. No sé en otras latitudes, pero en nuestro país los partidos no se han caracterizado por su buen funcionamiento democrático. Cosa bien distinta es que el sanchismo haya roto todos los moldes y sobrepasado todas las barreras y líneas rojas.

Entiendo perfectamente la tristeza y en cierto modo la desesperación de personas como Felipe González, Alfonso Guerra y otros muchos más que han estado implicados en la Transición y en estos cuarenta años de democracia, al ver con qué frivolidad unos alfeñiques ponen en solfa todo el sistema político y conspiran contra una Carta Magna que, con todos sus defectos, ha mantenido la estabilidad política y económica durante un largo periodo de tiempo. Como afirmó Guerra en el homenaje a Laborda: “Vivimos en un mundo desde la política en el que se relega a los capitanes con destreza y experiencia a permanecer en la orilla mientras se entrega el gobierno a los grumetes”. ¿Cómo no entenderles cuando se pretende tirar por la borda todo aquello que en buena medida ha dado sentido a sus vidas?

Ahora bien, no estaría mal tampoco que hiciesen algo de examen de conciencia y se interrogasen si en cierta manera no han sido ellos un poco culpables de la situación insólita a la que hemos llegado. Sánchez y sus adláteres no han surgido por generación espontánea. Hay que preguntarse si en el PSOE antiguo no estaba ya el germen del monstruo actual; si, como decía el banderillero de Juan  Belmonte, también el PSOE ha llegado al sanchismo mediante el zapaterismo, degenerando, degenerando… Aunque hay que reconocer que la degeneración comenzó ya con el felipismo.

Pero abramos el abanico porque la decadencia no se ha producido exclusivamente en el PSOE. Ha surgido en todos los partidos. Hace tiempo vengo afirmando que la Ley de Gresham de la economía (“la moneda mala expulsa a la buena”) donde mejor se cumple es en la política. Y de aquellos polvos vienen estos lodos. Las trampas con que nos estamos encontrando ahora tienen su origen mucho tiempo atrás.

Quizás el primer error cometido se encuentre en la propia Constitución que, a diferencia de la alemana, se definió como no militante y consiente la existencia de partidos políticos que defienden abiertamente la ruptura de España. Asimismo permite que determinadas Comunidades gocen de ciertos privilegios (a los que llaman fueros) en materia presupuestaria y fiscal, propios de la Edad Media. A ello tal vez haya que añadir la propia ley electoral, que otorga una representación mayor de la que corresponde a los partidos nacionalistas y no impuso su presencia en un número mínimo de provincias para poder tener diputados en el Parlamento español, medida que hubiese sido necesaria para que los intereses de todos los parlamentarios coincidan con el interés general de la nación y evitar así que el Congreso se convierta en una subasta en la que se puja por votos a cambio de privilegios localistas.

Durante los muchos años que el sistema ha girado alrededor del bipartidismo, los partidos nacionalistas de Cataluña y del País Vasco, mediante la cesión de sus votos en las Cortes Generales, obtuvieron pingües privilegios y consolidaron sus posiciones en sus respectivas Comunidades Autónomas. Tanto el PSOE como el PP, cuando estaban en el gobierno, les dejaron actuar libremente en sus territorios a cambio de contar con su apoyo en el Parlamento nacional. Poco a poco, en parte mediante un fuerte adoctrinamiento, en parte mediante un continuo trasvase de competencias y en parte debido a la pasividad de los gobiernos centrales, Cataluña y el País Vasco han ido conformándose como Estados independientes, si no de iure, sí de facto, de tal modo que al final los separatistas terminan creyendo que también lo son de pleno derecho.

No obstante, hay que reconocer que todo ello se mantuvo durante muchos años dentro de un orden, guardando cierta medida. Tanto González como Aznar pensaron que siempre se iban a respetar los límites. Craso error. Cuando se dan los vacíos legales siempre surge el peligro. Ha bastado con la llegada de un aventurero sin escrúpulos para que, colándose por los agujeros existentes, tirase el tablero y pusiese todo patas arriba. Sánchez, al igual que los mandatarios de algunas repúblicas autocráticas de América Latina, piensa que la democracia se reduce a las urnas. La elección da derecho a todo, todo se puede cambiar de acuerdo con los intereses del caudillo. Montero afirmó que en este PSOE el que se mueve sí sale en la foto. Difícil, porque lo que ocurre es que no hay foto en la que salir, porque la única foto es la de Pedro Sánchez.

republica.com 21-9-2023



HAY QUE BUSCAR UN ENCAJE PARA CATALUÑA ¿OTRA VEZ?

CATALUÑA, GOBIERNO, PSOE, SANCHISMO Posted on Sáb, septiembre 16, 2023 11:16:11

En esa especie de locura en la que se mueve hoy la política española, Feijóo, después del mitin de Puigdemont en Bruselas, ha propuesto un pacto para el encaje territorial de Cataluña. Lo de “virtus in medio” pierde al presidente del PP. Hay temas en los que el medio no es posible. Llevo más de 45 años oyendo que hay que buscar un encaje para Cataluña. Uno de los principios que informaron la Constitución de 1978 fue el de encajar no solo a Cataluña, sino también a todos los nacionalistas en España.

El tema, sin duda, viene de lejos. Una vez más, hay que recordar la intervención de Ortega y Gasset en el Congreso de los Diputados en el debate sobre el Estatuto de Cataluña. Entresaco un párrafo de un texto mucho más amplio que transcribí en el artículo publicado en este mismo diario el 27 de febrero de 2020, titulado “Ortega y Gasset y la mesa de diálogo de Sánchez”:

“…Se nos ha dicho: «Hay que resolver el problema catalán y hay que resolverlo de una vez para siempre, de raíz. La República fracasaría si no lograse resolver este conflicto que la monarquía no acertó a solventar… ¿Qué es eso de proponernos conminativamente que resolvamos de una vez para siempre y de raíz un problema, sin parar en las mientes de si ese problema, él por sí mismo, es soluble, soluble en esa forma radical y fulminante?… Yo sostengo que el problema catalán, como todos los parejos a él, que han existido y existen en otras naciones, es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar, y al decir esto, conste que significo con ello, no sólo que los demás españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que conllevarse con los demás españoles…”.

El problema es que, como también afirma Ortega, el nacionalismo particularista (es su nomenclatura) nunca ha querido conllevarse, sino que ambiciona separarse políticamente del resto de los españoles.

A lo largo de estos años, la Constitución de 1978 se ha estirado como si fuera un chicle para proporcionar más y más encaje a los independentistas, hasta el extremo de que desde hace tiempo estas minorías tienen más derechos que la propia mayoría. A pesar de todo ello, los nacionalistas no se han sentido nunca a gusto y han pedido siempre más y más. Pero ha sido con Sánchez -y sus ambiciones- cuando las cesiones han dado un salto cualitativo, pactando en 2018 con aquellos que acababan de dar un golpe de Estado, y quedando el gobierno de España en cierta forma a su albur.

Tras las elecciones del 23-J y la entrada en escena de Puigdemont, las exigencias se han elevado al máximo y se demuestra una vez más que los independentistas no quieren ningún encaje. Después de la elección de la mesa del Congreso, todas las voces del PSOE -incluyendo los tertulianos afectos-, siguiendo la consigna, se lanzaron a pregonar la idea de que se había pagado un precio muy reducido. Disiento. Lo primero que hay que cuestionar es por qué la totalidad de españoles deben pagar un precio a una minoría independentista tan solo para que la señora Armengol sea la presidenta del Congreso, como primer paso para que lo sea Sánchez del Gobierno de España. Uno tendería a pensar que la constitución de la mesa es un problema de mayorías y pactos dentro de las distintas ideologías y no un mercado turco de favores.

La segunda cuestión es que el precio no tiene nada de barato. El tema de la amnistía ha desplazado de la tribuna pública todo lo anterior, pero las concesiones realizadas para algo tan simple como elegir los miembros que deben dirigir la Cámara han sido cuantiosas y de alto coste. Comenzando por la designación de la propia presidenta de la mesa, desalojando a Batet para poner en su lugar a Armengol, a fin de dar gusto a los separatistas. No es que precisamente Batet fuese sospechosa de probidad o de falta de disciplina. Pertenece al PSC y en sus tiempos defendió ardorosamente el derecho a decidir. Eso ya nos puede dar una idea de por dónde se mueve la actual presidenta, cuando los soberanistas la prefieren, aunque ciertamente nos debería bastar su trayectoria en el gobierno balear. El diario El País -siempre predispuesto a blanquear los actos de Sánchez- defendió que su nombramiento era un guiño a la España periférica. ¿Quizás a Extremadura, Andalucía, Murcia, Galicia, a Cantabria, a Asturias? No creo. ¿A Baleares que la acaba de echar? Imposible. Solo al País Vasco y a Cataluña. Sus primeros actos como presidenta de las Cortes indican de manera bastante fehaciente cuál va a ser su trayectoria: dogmática y sectaria.

Pero es que, además, el lote exigido por los independentistas ha ido mucho más lejos. Las cesiones han sido múltiples, pero todas van dirigidas al mismo objetivo: a situarse en mejor posición de cara a una nueva declaración unilateral de independencia. En esa línea consideran esencial que el Gobierno español los reconozca como nación frente a Europa. De ahí la importancia que dan al uso de las lenguas cooficiales.

Uno de los problemas que tiene el nacionalismo surgido en el siglo XIX es que, en los tiempos actuales, resulta difícil -en muchos casos imposible- determinar el contorno de la teórica nación. ¿Dónde empieza y dónde acaba?, ¿qué es lo que los distingue de los demás?: los famosos hechos diferenciales. Acudir a la entidad étnica (y al RH) está muy mal visto después de la Segunda Guerra Mundial, de manera que los distintos nacionalismos no tuvieron más remedio que refugiarse en la entidad cultural. Pero hoy en día, tras la globalización, la integración financiera y comercial, la movilidad de las personas y los negocios resulta muy difícil mantener la ligazón con el terruño y encontrar la llamada identidad cultural. Las distintas cavilaciones y las teóricas naciones se difuminan y solo permanecen las entidades políticas y jurídicas, es decir, los Estados.

¿Quiénes son los catalanes?, ¿los que ahora habitan en la Comunidad Autónoma, aunque acaben de llegar, o todos los nacidos en Cataluña vivan donde vivan? ¿Por qué van a poder votar los catalanes residentes en Costa Rica y no los residentes en Madrid? ¿Quién es el sujeto de ese derecho a decidir que se invoca? ¿Cuál es criterio a seguir? ¿Los nacidos en la Comunidad Autónoma de Cataluña, definida curiosamente de acuerdo con la Constitución del 78, formada por cuatro provincias, con los límites que estableció el ordenamiento jurídico en 1833?, ¿o más bien los residentes en ella, sean oriundos de donde sean? ¿Y por qué no escoger a todos los países catalanes o al antiguo Reino de Aragón, con lo que seguramente el resultado sería muy distinto?, ¿o cada provincia tomada individualmente? ¿Qué ocurriría si la mayoría en Barcelona y Tarragona se pronunciase en contra de la escisión, aunque la mayoría de la Comunidad se mostrase a favor?, ¿se independizarían tan solo Lérida y Gerona? ¿Y qué sería de los municipios que se pronunciasen en contra de lo decidido por sus correspondientes provincias?…

Al nacionalismo solo le queda como elemento identitario el lenguaje. Es por eso por lo que le concede tanta importancia, por lo que lo convierte en un concepto casi ontológico. Lo asimila con el espíritu del pueblo. De ahí que pretenda que el catalán sea hegemónico en Cataluña y, en consecuencia, su lucha en contra del castellano; de ahí que planteen como un acto de reafirmación que el Gobierno español reclame el catalán como idioma oficial en Europa; de ahí que exijan también la autorización para poder utilizar, casi como un acto de desafío y de forma inmediata, las lenguas cooficiales en el Congreso.

El último recurso identitario que les queda a los nacionalistas es la lengua. Esta deja de ser para ellos un simple instrumento de comunicación y, como tal, con una finalidad práctica y subordinada a conseguir el fin para el que ha nacido que es entrar en relación con los otros  seres humanos. Desde esta ultima perspectiva, el uso de distintos idiomas en el Parlamento va a suponer un atraso.

Es de sobra conocido ese pasaje de la Biblia (Génesis 11; 1-9) que narra la construcción de la torre de Babel y cómo Yahvé, ofendido por la osadía de los que querían llegar hasta el cielo, se dijo a sí mismo: “Hablan un solo idioma, podrán lograr todo lo que se propongan, mejor será que confundamos su lengua, y hagamos que tengan que explicarse en distintos idiomas, de manera que no se entiendan entre sí”.  En el relato bíblico -y se supone que las diferentes civilizaciones antiguas eran del mismo criterio-, las distintas lenguas, lejos de ser un lujo, una riqueza,  un avance, son un impedimento.

Dado que según el artículo tercero de la Constitución, los españoles tenemos el derecho y el deber de conocer el castellano como lengua oficial del Estado. La introducción de las lenguas cooficiales en el Congreso no va a ayudar precisamente a la comunicación entre los parlamentarios, y menos aún entre estos y la gran mayoría de los epañoles. Cualquiera que haya usado la traducción simultánea sabe que por muy buenos que sean los traductores, cosa que no es frecuente, su uso se convierte en un auténtico incordio, la comprensión se hace mucho más difícil y se pierden cantidad de matices.

Todo aquel que considere que lo que está diciendo es importante y que pretenda que su mensaje se escuche, sea nacionalista o no, terminará hablando en español. Pasado el furor del momento y el acto de reivindicación que los soberanistas suponen que representa intuyo las lenguas cooficiales se van a usar muy poco. La hacienda pública española se va a gastar un montón de dinero sin ninguna utilidad, excepto para Sánchez y sus ansias de permanecer en la Moncloa. Para vergüenza de los señores diputados (y como testimonio de la poca utilidad de las sesiones parlamentarias cuando se impone la apisonadora de una mayoría absoluta forjada en los pasillos), a menudo el hemiciclo se queda casi vacío. ¿Podemos imaginarnos lo que ocurrirá si se mantiene el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso? Lo más seguro es que, pasado el fervorín de los primeros momentos y excepto algún hooligan, todo el mundo antes o después termine empleando el castellano.

Ahora bien, las cesiones realizadas para la constitución de la cámara van más allá. Se dirigen también a que el Estado (Gobierno y Congreso) reconozcan que Cataluña ha sido y es una región oprimida y que ha soportado de España toda clase de oprobios y persecuciones. Eso es lo que se pretende con la creación en el Congreso de dos comisiones de investigación orientadas una a investigar la posible ilegalidad de haber espiado a los independentistas mediante el programa Pegasus, y la otra a esclarecer la supuesta complicidad de los servicios secretos españoles en los atentados de las Ramblas de Barcelona. De ambas quizás hablemos otro día, pero digamos al menos ahora que su simple constitución es un acto incomprensible de humillación por parte del Estado.  

republica.com 14-9-2023



YOLANDA Y EL PROFUGO

CATALUÑA, PODEMOS, SANCHISMO Posted on Dom, septiembre 10, 2023 19:32:14

En política no vale todo y una etiqueta de izquierdas o de comunista (¿dónde estarán ahora los comunistas?) no puede tapar ni mucho menos justificar la deshonestidad. Viene esto a cuenta de dos noticias que hacen referencia a la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno. La primera se encuentra en que se ha negado a entrevistarse con Feijóo. Está en su derecho, aun cuando haya sido el ganador de las elecciones y le hayan votado ocho millones largos de españoles. En la presente tesitura para los miembros del Gobierno Frankenstein parece que si no son catalanes no cuentan, incluso aunque sean gallegos como Yolanda, y no todos los catalanes puesto que el PP ha obtenido en Cataluña más votos que Puigdemont, pero estos son de segunda clase, no son independentistas. También está en su derecho de mandar en su lugar a la portavoz de su formación, persona “brillante” y “muy conocida”. Aunque es posible que algunos vean en este último gesto cierta -por no decir mucha- arrogancia.

La otra noticia que también afecta a la señora vicepresidenta segunda del Gobierno es que se ha desplazado a Bélgica a entrevistarse con Puigdemont. Es el contraste entre ambas noticias el que genera bochorno e indignación. No creo que la líder de Sumar se atreva a justificar la diferencia aduciendo que Feijóo es el presidente de un partido de derechas, porque la historia política desde la Transición ha dejado bien a las claras que son CiU  -del que Junts per Catalunya es heredero- y el PNV (Dios y ley vieja) los dos partidos más conservadores del arco parlamentario, no solo porque han defendido siempre la desigualdad territorial, sino también porque se han situado invariablemente al lado de los intereses de las clases altas.

Con Feijóo se puede tener discrepancias políticas. Yo las tengo, y muchas, principalmente en materia fiscal. Claro que desde finales de los ochenta también las mantengo con los gobiernos socialistas, que en esta materia no han hecho una política muy distinta de la del PP. Con el Gobierno Frankenstein seguramente también las tendría si lograse saber cuál es la política que pretenden seguir. En cualquier caso, lo que no se puede decir de Feijóo es que sea un delincuente ni un huido de la justicia. A pesar de haber tenido cuatro mayorías absolutas en Galicia, no ha pretendido nunca valerse de ellas para rebelarse contra el Estado español, ni ha defraudado al erario público miles de millones de euros.

Puigdemont es un chisgarabís, que llegó de rebote a la presidencia de la Generalitat, que convocó un referéndum ilegal y que, después de proclamar por miedo a ser tenido por botifler la república catalana, se escapó en el maletero de un coche para no comparecer ante la justicia dejando a sus compañeros a los pies de los caballos. Causa sonrojo y estupor contemplar a toda una vicepresidenta del Gobierno español acudir a Bruselas a prestarle homenaje, precisamente el día previo al que va a comparecer en público a imponer sus condiciones. Aun cuando ella lo ha desmentido, es difícil no sospechar que detrás de este viaje no se encuentre (tras los muchos arrumacos que se prodigaron durante la campaña electoral) el presidente del Gobierno, que no se atrevió a dar un desplante al líder del partido que había ganado las elecciones y que tampoco se atreve ahora a ir a Belgica. Para ambos menesteres tiene a Yolanda Díaz, que ha demostrado sobradamente sus dotes para el papel de escudero.

La situación en los momentos actuales es tan escandalosa que ha merecido un editorial del Washington Post afirmando que «España es rehén de una facción de extremistas regionales disidentes» que, a pesar de su escasa representación, se van hacer con la gobernabilidad del Estado. Muestra además su preocupación por la intervención de Rusia, ya que Puigdemont pidió ayuda al gobierno de Putin para romper los lazos con España.

No es la primera vez que desde el extranjero contemplan con prevención la deriva populista que está experimentando nuestro sistema político, hasta el punto de preguntarse si España no es un Estado fallido.  Por citar algunos casos, en octubre de 2020 el francés Benoît Pellistrandi, miembro de la Real Academia de la Historia, subía a la web del centro de estudios Telos un artículo titulado “¿España fracasada?”. A su vez, el diario suizo Neue Zurcher Zeitung publicó una tribuna de Friedrich Leopold Sell, catedrático de Economía en la Universidad Bundeswehr de Munich, con el siguiente título: “¿Es España un Estado fallido y cómo deberá tratar la UE a este miembro?”.

El economista alemán ponía en el punto de mira al Gobierno secesionista catalán, que se encuentra en rebeldía permanente frente al Estado español, siendo ello posible por la pasividad, si no complicidad, del Gobierno de Pedro Sánchez, que precisa de los independentistas para mantenerse en el poder. A su vez, Pellistrandi señalaba también a los separatistas catalanes y los consideraba la clave fundamental de la estabilidad parlamentaria del Gobierno central. Incluso, el profesor francés apuntaba la victoria simbólica que obtuvieron vetando la presencia del Rey en Barcelona.

La visita de Yolanda Díaz a Bruselas no puede por menos que  causar sofoco y vergüenza. Solo semejante a la indignidad protagonizada por el otrora su jefe político y mentor- mal que le pese- Pablo Iglesias, cuando comparó una de las escenas más sombrías de nuestra historia, la triste hégira que tuvieron que emprender casi medio millón de españoles tras la Guerra Civil con un vodevil que causa sonrojo y risa, la fuga de Puigdemont escondido en el maletero de un coche, después de habernos obsequiado con un auténtico sainete de “síes” y “noes” hasta terminar declarando una república independiente, vergonzante. La diferencia es tan notable que resulta difícil explicar cómo alguien en su sano juicio podía plantearla, a no ser que hubiera sucumbido al sectarismo independentista.

El antagonismo más radical se encuentra en que los exiliados republicanos habían sido objeto de un golpe de Estado y huían de una dictadura militar, mientras que ha sido el propio Puigdemont el que ha dado el golpe y se fugo de la justicia de una sociedad democrática, con sus defectos, sin duda, pero equiparable a la de los principales países europeos, por lo menos si no se destruye o adultera por el populismo y el secesionismo. La disparidad es esencial. Entre víctimas y delincuentes. Víctimas de un régimen sanguinario y delincuentes en una sociedad tan garantista que no consiente juzgarles en rebeldía y les permite presentarse como candidatos a todas las elecciones, y en una Europa tan llena de contradicciones que les reconoce, por lo menos hasta ahora, como eurodiputados.

En algún artículo he afirmado que quizás quien más se parezca a Sánchez sea Yolanda Díaz. Da la sensación de que está dispuesta a todo por mantenerse en el poder. Parece que es a ella a quien le interesa más que no haya repetición electoral. Su inestable coalición podría peligrar. París bien vale una misa. La líder de Sumar piensa tragarse todas las misas necesarias, incluso funerales, porque de entierro se trata lo que hizo con Podemos. Se tenga la opinión que se tenga de esta formación política, es difícil no experimentar repugnancia ante la conducta seguida respecto a ella por la hasta ahora vicepresidenta segunda del Gobierno. En fin, tampoco son tan raros en política este tipo de comportamientos. Ya los describió hace varios siglos Maquiavelo en su Príncipe. Solo hay que pedirle que por favor no hable después de progreso, ni de izquierdas ni de política social. Hablemos de poder, solo de poder y de sillones.

republica.com 7-9-2023



ALGO FALLA EN NUESTRO SISTEMA POLÍTICO

APUNTES POLÍTICOS, PSOE, SANCHISMO Posted on Dom, septiembre 03, 2023 09:00:22

Sánchez se caracteriza, aparte de por otras cosas, por cambiar de opinión –según él, no por mentir- con frecuencia y por defender un día con la misma pasión aquello que el día anterior había denigrado. Juega a su favor la escasa memoria  de la mayoría de los españoles, a pesar de que andemos para arriba y para abajo con la memoria histórica y la memoria democrática. En esta ocasión, el presidente del Gobierno y sus mariachis han arremetido duramente contra Feijóo, recriminándole su intención de presentarse a la investidura porque, según dicen, carece de los apoyos necesarios, lo que no puede por menos que sorprendernos si consultamos la hemeroteca y nos fijamos en todos los exabruptos que el propio Sánchez lanzó contra Rajoy después de las elecciones de 2015, cuando el presidente del PP manifestó que no iba a someterse al debate de investidura, al considerarla fallida de antemano.

Y ciertamente lo era, desde el mismo momento en el que el PSOE de Sánchez se negó no ya a negociar, sino ni siquiera a sentarse a dialogar con él. No daban los números, a no ser que se pactase con los independentistas catalanes y afines, que estaban ya preparando un golpe de Estado, lo que era inasumible para el PP, para Ciudadanos e incluso para el PSOE de entonces, es decir, para todos aquellos que no tuviesen tan pocos escrúpulos como Sánchez. Sánchez sí acariciaba ya la idea, lo que explica que facilitase al PNV un puesto en la mesa del Senado, al tiempo que prestaba tanto a Esquerra como a CiU los diputados suficientes (y eso que no estaba muy sobrado de ellos) para que pudieran constituir grupo parlamentario. Lo mismo que ha hecho ahora.

En aquel momento a Sánchez todo se le iba en decir que era el tiempo de Rajoy y que después vendría el suyo. Así nos hizo perder un mes a todos hasta que se ofreció al Rey, mintiendo y asegurándole que tenía los apoyos necesarios, lo que al final se comprobó que era falso, al resultar fracasada la investidura. A pesar de ello, no abandonó su objetivo de llegar a la presidencia del gobierno, aunque ya era evidente que solo tenía un camino, la alianza Frankenstein. La historia es de sobra conocida y cómo esta pretensión chocó con el Comité Federal de su partido, etc. Lo cierto es que estuvo mareando la perdiz durante varios meses, se entrevistó hasta con las asociaciones de vecinos e hizo perder el tiempo a toda España. Curiosamente, ahora la bancada sanchista arremete contra Feijóo porque, según ellos, nos hace perder el tiempo.

Los días previos a la ronda de entrevistas, ante el grupo parlamentario del PSOE, Sánchez, en tono profesoral tal como le gusta adoptar, manifestó que no era tiempo (eso de ser o no ser el tiempo le priva) de presionar a la Corona, en una clara intención de acusar a Feijóo de hacerlo, cuando lo cierto es que eran él y sus seguidores los que pretendían chantajear a la Casa Real asegurando que solo había un posible candidato. Callaban que en todo caso hoy, eso solo es viable pasando, entre otras cosas, por la amnistía a los malversadores y golpistas catalanes del procés, por el referéndum de autodeterminación y rompiendo la solidaridad y la política de redistribución entre las regiones de España. Es más, una vez que Felipe VI había tomado la decisión (si no Sánchez directamente, sí sus monaguillos), han arremetido contra el jefe del Estado, alegando que había sobrepasado sus funciones y que borboneaba.

La decisión tomada por el Rey, sin embargo, fue totalmente lógica, no porque Feijóo encabezase la lista más votada -aunque hasta ahora haya sido siempre así-, ya que de ser este el criterio sobraría el paseíllo a la Zarzuela, la designación sería automática. La auténtica razón es que en ese momento contaba con 172 adhesiones, todas ellas contrastadas por el monarca en sus encuentros con las fuerzas políticas que habían ido a visitarle. Número si bien no suficiente para la investidura (la mayoría está en 176), sí muy por encima de las que contaba Sánchez, tan solo las de Sumar y Bildu, aparte de las suyas.

Ello no obsta para que todos sospechemos que la investidura de Feijóo fracasará y que con bastante probabilidad la de Sánchez saldrá adelante, aunque sin que eso represente precisamente un honor o mérito, sino un tremendo estigma que será por lo único por lo que pasará a la historia, cuestión que parece interesarle tanto. En cualquier caso, la decisión del Rey, como es lógico, no puede basarse en sospechas o informaciones de prensa, ni siquiera en la palabra del propio candidato asegurando que cuenta con tales o cuales apoyos. De lo contrario, volveríamos a lo anterior, sobrarían los paseíllos de todos los partidos por el palacio de la Zarzuela. Sería suficiente con que fuesen al ver al Rey aquellos aspirantes que creyesen disponer de los votos precisos.

Si se produce la visita al jefe del Estado de todos los partidos políticos con representación en el Congreso es para que este pueda constatar por sí mismo las adhesiones. Y con ello entramos en un tema escabroso. Parece ser que hay cuatro fuerzas políticas que se niegan a ir a ver al monarca. Supongamos que vaya Sánchez a visitar al jefe del Estado y le diga: “Mire usted (nunca le llamaría majestad, con tal de que no le trate de tú nos conformamos), cuento con los apoyos de Bildu, del BNG, de Esquerra y de Junts per Catalunya. Se lo digo yo, porque ellos no quieren venir a verle, pero no se lo tome como cosa personal, ni siquiera como un desprecio a la monarquía. A quien realmente aborrecen es a España y al Estado y si se niegan a visitarle es porque usted es el jefe del Estado. Aunque da igual, yo le aseguro que puedo contar con ellos en la investidura, les voy a dar todo lo que pidan.” ¿Seria esto valido?

Imaginemos que en una boda se presentase ante el cura o el juez solo la novia o el novio y le indicase: “Perdone usted, pero el otro cónyuge no accede a venir a verle, aunque yo testifico que quiere casarse conmigo”. O que en la compraventa de una casa se presentara ante el notario únicamente el comprador afirmando que la otra parte tiene alergia a las formalidades pero que es igual, porque él garantiza que está dispuesto a venderle la casa. ¿Sería posible que en la vida civil aceptásemos estos comportamientos o algunos parecidos?

En la política damos por buenas situaciones que nunca toleraríamos en otros ámbitos sociales. El otro día el juramento a la Constitución por parte de los señores diputados se convirtió en un festival circense. Cada uno empleó la fórmula que le pareció oportuna, viniese o no viniese a cuento, fuese o no fuese congruente. Supongamos que alguien invocando la libertad de expresión reclamase su derecho a realizar la declaración de la renta con el impreso y formulario que considere conveniente, o que en la celebración de un matrimonio ante la pregunta de si aceptas a la otra persona por marido o por mujer uno contestase, por ejemplo, “clarinete” y el otro “naturaca”, como si se tratase de un sainete de Arninches. No creo que pudiésemos dar por bueno ninguno de estos comportamientos y tantos otros que podríamos citar como ejemplo. La vida social y las actuaciones públicas exigen formalidades que no se pueden evitar. ¿Por qué sin embargo admitimos el caos en las maneras y en las prácticas políticas? Algo falla en nuestro sistema democrático.

Nuestra Constitución, y en general la Transición, fue extremadamente generosa con los partidos nacionalistas. A diferencia de las de otros países, nuestra carta magna no es militante, es decir, que admite la existencia de formaciones políticas que defiendan la posible independencia de un determinado territorio, pero siempre que sea por métodos legales y por los procedimientos que marca la propia Constitución. Pero una cosa es defender el derecho de expresión y el respeto a las minorías y otra cosa es que esas minorías terminen teniendo más derechos que las mayorías.

Con la cesión de diputados por parte del PSOE y de Sumar a los independentistas catalanes, va a resultar que PNV, Bildu, Esquerra y Junts per Catalunya, que han obtenido en conjunto escasamente un millón y medio de votos, van a contar con cuatro grupos parlamentarios, igual que el PP, el PSOE, Vox y Sumar, que lograron casi 22 millones. Y si este cálculo lo aplicamos a la estructura territorial, llegamos a la conclusión de que la voz que tienen en el Congreso el País Vasco y Cataluña es infinitamente mayor que la del resto de las Autonomías, ya que poseen para ellas solas el 50% de los grupos parlamentarios, amén de participar en la proporción que les corresponde del otro 50%. Alguien que no conociese nada de la realidad política y territorial de España y leyese las actas del Congreso de diputados podría llegar quizás a la conclusión de que nuestro país se reduce poco más que a Cataluña y al País Vasco. Algo falla en nuestro sistema político.

Hay dos hechos que añaden mayor gravedad a la situación actual. El primero es que los nacionalistas casi en su totalidad se han convertido en independentistas y la gran mayoría o bien han dado un golpe de Estado -y lo que es más importante dicen a quien quiera oírles que en cuanto puedan volverán a hacerlo- o bien no condenan el terrorismo y no tienen ningún empacho en rendir homenajes a los etarras. El segundo hecho es la existencia al frente del PSOE de un aventurero que para ser presidente del gobierno no solo permite que esta minoría tenga mucha más voz en el Congreso que la mayoría, sino que está dispuesto a poner a sus pies la gobernabilidad de España.

La decisión de Feijóo de presentarse a la investidura, aun cuando sabemos que muy posiblemente será fallida, es tan respetable como la de Rajoy de no acudir en 2015. Es entendible que el presidente actual del PP, aun cuando con toda probabilidad no pueda conseguir los cuatro votos que le faltan, quiera, por una parte, explicar su programa de gobierno en las Cortes al tiempo que manifiesta la impostura sobre la que se va a asentar la candidatura de Sánchez; y, por otra parte, aspire a poner cuanto antes el reloj en marcha hacia unas supuestas elecciones, dejando el mínimo tiempo posible a la negociación del PSOE con los independentistas.

Pero por eso mismo lo que tiene difícil explicación es que haya demandado, o al menos haya aceptado, un retraso tal a la hora de fijar la fecha para la sesión de su investidura, como no sea para evitar que una previsible repetición de elecciones se celebrase en Navidad. Pero entonces debería haber quedado claro que ese era el motivo y no porque el candidato del PP necesitase tiempo para negociar, y desde luego mucho menos con los golpistas y con los fugados de la justicia. Existe la impresión de que la nueva dirección del PP está asumiendo el falaz discurso del sanchismo acerca de la soledad y del aislamiento. Hay ciertas amistades que en lugar de sumar restan y son tóxicas. El baldón radica no en estar separados de ellas, sino en amancebarse con ellas asumiendo su discurso y sus planteamientos. La vergüenza es la que deberían sentir aquellos diputados que aunque sea tan solo por unos días tengan que incorporarse a su grupo parlamentario. Algo falla en nuestro sistema político cuando para ser presidente del gobierno tienes que encamarte con prófugos, golpistas y filoterroristas.

Ante la futura sesión de investidura de Feijóo, quizás lo único que tenga sentido sea ese llamamiento no solo al grupo parlamentario socialista, sino en general a todo el hemiciclo a que existan cuatro hombres justos que den un paso hacia adelante e impidan el bochorno de que el gobierno de España dependa de un prófugo de la justicia acusado de delitos tan graves como el de sedición y el de malversación de caudales públicos. No es una llamada al transfuguismo, como nos quieren hacer ver desde el sanchismo, sino más bien una llamada a la vergüenza y a la dignidad y a que se separen del auténtico transfuguismo: el de todos aquellos que han abandonado los valores y las ideas. Pero me temo que, como en Sodoma y Gomorra, (allí se trataba de diez) no va a haber ni cuatro ni tres ni uno siquiera que dé un paso hacia adelante. Algo falla en nuestro sistema democrático porque, como hace mucho tiempo escribió Montesquieu, si los gobernantes son buenos, mejor que mejor, pero en cualquier caso hay que diseñar unas leyes y unos procedimientos que les impidan no serlo.

republica.com 31-8-2023



MELONI Y SÁNCHEZ, LOS EXTREM0S SE TOCAN

APUNTES POLÍTICOS, HACIENDA PÚBLICA Posted on Lun, agosto 28, 2023 12:23:36

Sánchez se habrá llevado un gran disgusto. Se ha pasado toda la campaña electoral asustando con la ultraderecha y la derecha extrema, demonizando a Vox y a todas las formaciones políticas similares de Europa. Y he aquí que Meloni -prima hermana de Abascal- le copia la medida estrella y estandarte de su progresismo, un impuesto extraordinario a la banca. La pérfida Albión (léase la ultraderecha) adopta la misma medida que “el gobierno más progresista de Europa”. Y ambos coinciden con Erdogan y el Gobierno de Hungría, país al que la Comisión Europea tiene en cuarentena y que fue pionero en crear un impuesto extraordinario a las entidades bancarias.

Y es que ni esta medida es de izquierdas ni este gobierno es progresista ni Meloni ni Abascal son tan diabólicos como Sánchez pretende hacernos creer. Los extremos se tocan, porque todos los populismos son iguales por mucho que porten caretas distintas, unos de izquierdas, otros de derechas. Ejecutan de una o de otra forma políticas parecidas. A pesar de mantener un discurso demagógico y  en apariencia a favor de las clases bajas y medias, sus medidas no buscan incrementar la igualdad real, sino las que tengan apariencia de tales. El resultado social importa poco, lo relevante es conseguir la adhesión de las masas. Todo ello suele ir unido a la precipitación en las medidas y a la ausencia de conocimientos económicos en aquellos que las adoptan, con lo que las actuaciones no solo son contraproducentes, también son chapuceras.

Chapucero fue sin duda el tributo extraordinario sobre la banca creado por el Gobierno español, ya que entre otras cosas, no se entiende muy bien por qué se discrimina por el tamaño de las entidades. Es aplicar un criterio que tiene sentido para las personas físicas, pero no para las jurídicas, que no por ser más grandes son más ricas. Chapuza es, que el gravamen se establezca no sobre los beneficios (ni extraordinarios ni ordinarios), sino sobre los intereses y comisiones de los créditos. El 4 de agosto del año pasado, desde este mismo diario digital en un artículo titulado “Un impuesto a los depósitos bancarios”, mostré claramente mi opinión sobre este tributo.

El que establece ahora el Gobierno de Italia no es más congruente, porque si bien es verdad que pretende hacer recaer el gravamen (con un tipo del 40%) sobre los beneficios extraordinarios, el problema aparece a la hora de cifrarlos. En este cometido se pierde en un laberinto, considerando tales a las ganancias de 2022 que sean superiores en un 3% a las de 2021, y a las de 2023 que se encuentren por encima del 6% de las de 2022. El carácter arbitrario de tales porcentajes se hizo patente rápidamente cuando el Gobierno, ante la reacción muy negativa de la bolsa, se vio en la obligación de modificar al alza esos porcentajes (al 5% y al 10%, respectivamente). No constituye ninguna novedad que el populismo tenga que rectificar, y si no que se lo digan a Sánchez con la ley del sí es sí.

Meloni justificó el gravamen porque: “No es impuesto sobre un margen legítimo, sino sobre un margen injusto”. Un discurso que nos resulta conocido. Como nos resulta conocido todo lo que describe Lorena Pacho en El País del día 18 de este mes acerca del abuso de legislar mediante decretos leyes, sobre todo si tienen el carácter de ómnibus, ya que dejan sin margen y sin capacidad de contestación a la oposición y a las cámaras. Pero noten ustedes que me estoy refiriendo a una información de El País. Es decir, que la descripción y la crítica no tienen por objeto a España ni al comportamiento del gobierno de Sánchez, sino a Italia y a Meloni. El escándalo en este país ha sido tan grande que, según cuentan, ha tenido que intervenir el presidente de la República advirtiendo al Gobierno y a las Cámaras del riesgo que esta forma de legislar comporta y que solo está permitida en casos extraordinarios y de urgencia. No obstante, leyendo el artículo parece que está hablando de nuestro país y de este Gobierno tan progresista. Solo que nosotros no tenemos presidente de la República que reprenda, sino un rey que no puede interferir en la forma de gobernar. A los sanchistas, que tan poco les gusta la monarquía, no saben la suerte que tienen.

Pero retornando al impuesto, en el imaginario populista la banca aparece como la representación de la explotación económica y de la perversidad social. Muy distinta debería ser la opinión en una verdadera ideología de izquierda o socialdemócrata. El progreso económico ha dependido tanto o más del desarrollo de la actividad financiera que de la revolución industrial. Se debe reconocer la gran importancia que las entidades bancarias tienen en una economía moderna. De ahí que no se las pueda ver como enemigos, tal como las quiere presentar el populismo para ganar votos, sino como un instrumento a controlar y utilizar. Solo se convierten en dañinas cuando el poder político las deja actuar a sus anchas o cuando se encama con ellas.

Un pensamiento auténticamente progresista, a la hora de tomar medidas redistributivas no se fija tanto en una entidad abstracta como la banca, sino que intenta profundizar en los intereses y agentes que se encuentran en el interior de esa cáscara: tomadores de créditos, depositantes, accionistas, ejecutivos…

A menudo, desde el populismo, bien sea de derechas o de izquierdas, se confunde a las entidades financieras con sus ejecutivos. Craso error, porque por muy alta que sea la participación de estos en el capital de un banco será siempre ínfima; y si es a ellos a los que se quiere gravar por el escándalo que producen sus altas retribuciones, el procedimiento no debe ser a través de un impuesto nuevo a las entidades, sino mediante una modificación del IRPF, incrementando sustancialmente el tipo marginal máximo. Esta medida tiene además la ventaja de ser más equitativa al recaer sobre todos los directivos según su renta, sea cual sea el sector en el que prestan su actividad, sin quedar reducida al bancario. Bien es verdad que la carga fiscal, al ser más general, sería más impopular, y eso no entra en los planes del populismo.

Tras las entidades financieras se encuentran también los accionistas, que son los auténticos dueños del banco. Pero conviene señalar desde el primer momento que el capital o patrimonio neto es una parte más bien reducida de todo el pasivo de la entidad. Por otra parte, la condición de accionista puede ser muy dispar. Existen pequeños, medianos y grandes, y si es a estos a los que se pretende incrementar el gravamen, no parece justo castigar a todos por igual, ni siquiera proporcionalmente, sino progresivamente; lo que nos remite a la tributación de las rentas de capital en el IRPF que, como mínimo, debería ser igual a la de los ingresos de trabajo y, en cualquier caso, someterlas a una escala de tipos más progresiva.

Este tratamiento, al igual que en el caso anterior, aportaría mayor equidad porque se aplicaría a todas las rentas de capital y no solo a los accionistas de los bancos. Es más, para ser coherente debería completarse con una reforma en profundidad del impuesto de patrimonio y del de sucesiones, tendente a evitar que los ingresos permaneciesen estancados en las sociedades sin tributar.

Antes de imponer un impuesto extraordinario a la banca, el Estado debería tener en cuenta la repercusión que va a tener sobre los clientes de las entidades financieras, ya sean del activo o del pasivo, es decir, tomadores de crédito o depositantes. Estos últimos están expuestos a las posibles crisis o quiebras que puedan sufrir las entidades. Ello conduce a que una de las tareas primeras de los poderes públicos en el sector bancario sea la de vigilar la solvencia de las entidades. En España tenemos demasiada experiencia de cómo en las tres últimas décadas las crisis bancarias han forzado a la intervención del Estado para salvar los intereses de los depositantes y en cierta medida para que no influyesen de forma muy perjudicial sobre la economía nacional. Estas actuaciones han comportado casi siempre enormes agujeros en el erario público.

Un impuesto extraordinario sobre la banca puede influir negativamente también tanto sobre los depositantes como sobre los demandantes de crédito. Por mucho que se diga lo contrario, las entidades pueden repercutir el gravamen a los clientes y todo indica que ello ocurre y va a seguir ocurriendo. El Gobierno español -de forma chapucera y lindando con la ignorancia o con la hipocresía- prometía que no se iba a trasladar el gravamen. La norma establecía fuertes sanciones a los incumplidores y encomendaba el control al Banco de España y a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, control que resulta totalmente imposible realizar. Las entidades tienen múltiples medios de burlar la vigilancia y trasladar la carga a los clientes. Existe una forma inmediata de hacerlo que ya señalaba en el artículo del año pasado anteriormente citado, consiste en no hacer nada en realidad. Basta con aplicar la subida de tipos de interés al activo y no trasladarlo al pasivo.

La gran economista Calviño abroncaba a los bancos españoles porque, a diferencia de los extranjeros, no incrementaban la retribución de los depósitos. Parece que no se le ha ocurrido pensar que es el impuesto de su Gobierno el causante de ello, gravamen que lógicamente no actúa sobre los bancos extranjeros.

Meloni ha justificado el tributo sobre la base de que, dada la concentración existente en el sector, se produce una ausencia de competencia y de que las entidades financieras están elevando los tipos de activo y no de pasivo. Tampoco está muy fina la primera ministra italiana. No parece tener en cuenta que precisamente por esa falta de concurrencia que denuncia las entidades financieras no tendrán ningún problema en repercutir el gravamen, con lo que se perjudicará a aquellos a los que la señora Meloni dice querer favorecer, a los clientes.

En España la chapuza se ha producido también en el procedimiento de tramitación, lo que ha ocasionado que la norma se haya recurrido ante los tribunales. Solo faltaría que la sentencia fuese contraria a la Administración y que después de que el impuesto haya recaído sobre los clientes, el Estado, es decir todos los españoles, tuviese que devolver el dinero a la banca. El culmen del progresismo. Bien es verdad que presidiendo Conde-Pumpido el Tribunal Constitucional no hay peligro de que ocurra esto último.

republica.com 24-8-2023



SIMONÍA Y FRAUDE ELECTORAL

GOBIERNO, PSOE, SINDICATOS Posted on Lun, agosto 21, 2023 17:04:26

Leo con asombro la relajada y amable entrevista que Esther Jaén ha realizado a Unai Sordo en el The Objective del día 5 de este mes de agosto. Mi sorpresa no radica tanto en el tono benévolo de la periodista como en que el entrevistado parece más el portavoz de un gobierno que el secretario general de un sindicato de clase. Sus loas a las políticas del Ejecutivo sobrepasan con mucho las de Calviño, Escrivá y Yolanda Díaz juntas.

Me gustaría contestar a muchas de las aseveraciones que en materia económica se hacen en la entrevista, pero otro es el objetivo que me he propuesto en este artículo. Me libera de lo primero el hecho de que en múltiples ocasiones me he referido en diversos artículos publicados en este medio a la evolución de la economía española, desmontando creo yo la política triunfalista del Gobierno y, por lo que parece ahora, también de CC. OO. Citaré tan solo dos de ellos: el del 16 de febrero de 2023, titulado “Nadia en el país de las maravillas”  y el del 29 de junio de este mismo año que lleva por título “La economía española, como una moto”.

A menudo se dice que citarse a uno mismo constituye una pedantería. Puede ser cierto cuando se efectúa como argumento de autoridad. Desde luego, en mi caso nada más lejos de esa finalidad. En primer lugar, porque, a diferencia de Nadia, no me tengo por tal y, en segundo término, porque no me han gustado nunca demasiado ese tipo de argumentos. Mi propósito se orienta, por un lado, a evitar en lo posible reiteraciones y, por otro, ya que ante la limitación de espacio de un artículo muchas afirmaciones por fuerza tienen que quedar sin aclarar, creo yo que ello en parte puede solucionarse citando otros artículos en los que la idea está mucho más desarrollada.

Pero volviendo a la entrevista y a mi extrañeza, diré que hasta cierto punto es habitual el triunfalismo de un gobierno. Aznar y zapatero se empeñaron en decirnos que todo iba fenomenal y nos armaron una buena. Lo que ya no es tan frecuente es que sea el secretario general de un sindicato de clase el que adopte esta postura. En cualquier caso, tal como anteriormente decía, me quiero referir en este artículo únicamente a una de las expresiones de Unai Sordo, y que Esther Jaén coloca como titular y frontispicio de la entrevista: “Llamar Frankenstein al Gobierno es llamárselo al país. España es así. Plural”.

España puede ser plural. Pienso que no mucho más que otros países, pero sus ciudadanos no son golpistas ni filoterroristas ni en general están huidos de la justicia. Tampoco son simpatizantes de ellos. No lo son ni siquiera la gran mayoría de los que hayan podido votar al PSOE o a Sumar. Estoy convencido de que muchos lo han hecho tapándose las narices y quizás ante la falsa idea de que daban su adhesión a un gobierno progresista.

El problema no está en la pluralidad, sino en un fenómeno anómalo y totalmente desquiciante que se está produciendo en nuestra democracia. La mezcla de partidos nacionales que, al menos en teoría, se mueven en el eje izquierda-derecha, con otros denominados partidos nacionalistas en los que esta contraposición tiene un sentido totalmente accesorio, mientras que su casi exclusiva finalidad es la defensa de sus territorios que, en la mayoría de los casos, como es lógico, va en detrimento del resto. Sus diputados no van a las Cortes a defender el interés general, sino tan solo el interés particular de determinadas regiones.

Si el nacionalismo se extrapolase a todas las Comunidades, se habría terminado la contienda ideológica en la política y sería sustituida por la lucha territorial. La coexistencia de estas dos clases de formaciones políticas origina que en aquellas Autonomías en las que no existen partidos nacionalistas los ciudadanos se ven en una situación de inferioridad, puesto que en el Congreso o en el Senado no habrá nadie que anteponga sus intereses por encima de cualquier otra cosa. Paradójicamente, los votos entregados a los partidos nacionales se terminarán empleando en la compra de las formaciones nacionalistas y consecuentemente en contra de los intereses de los que votaron por ideología (acertada o erróneamente) y no lo hicieron en función de querencias territoriales.

Desde la Transición, con la finalidad de atraer a los nacionalistas (vano intento), se ha dado a estos un trato de favor. Es más, cuando el partido ganador (bien fuese el PSOE o el PP) no tenía mayoría absoluta reclamaban el apoyo de una formación nacionalista, que se lo prestaba, pero siempre con un precio. Eso ha hecho que a lo largo de estos años los desequilibrios territoriales se hayan ido incrementando, mientras el Estado ha sido incapaz de corregirlos. Cataluña y el País Vasco han salido altamente beneficiadas situándose entre las Comunidades con mayores rentas, sin que por su parte contribuyan apenas a la solidaridad interterritorial.

Sin embargo, estas disfunciones -al menos hasta el 2008- se mantuvieron siempre dentro de un orden y ningún partido nacional (PSOE, PP e IU) sobrepasó nunca respecto al independentismo las líneas rojas. Bien es verdad que el PSOE tuvo que lidiar con las veleidades del PSC, que casi siempre tiraba al monte, e IU con las de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y las de Madrazo y ‎Ezker Batua en el País Vasco. La expresión más clara de esta contención fue el Plan Ibarretxe, consistente en un nuevo estatuto cuyo contenido fundamental era el reconocimiento del llamado derecho a decidir (la autodeterminación) del pueblo vasco. En enero de 2005 el Congreso de los Diputados rechazó el nuevo estatuto por 313 votos, 29 a favor y 2 abstenciones. Tanto el PSOE como IU votaron en contra, solo ICV se abstuvo.

No obstante, en los últimos años se han producido tres acontecimientos que han distorsionado por completo el escenario político y agravado la desigualdad territorial. El primero consiste en la metamorfosis acaecida en el ámbito nacionalista, en el que todos han pasado a ser independentistas. En la mayoría de los casos se ha ido más allá. En Cataluña dieron un golpe de Estado y declararon unilateralmente la independencia; en el País Vasco y Navarra se ha fortalecido Bildu, formación política continuadora de ETA, sino en sus acciones violentas sí en el relato. Ya no se trataba de pactar con nacionalistas, sino con delincuentes o defensores de delincuentes.

El segundo suceso radica en la progresiva convergencia ideológica entre izquierda y derecha. La globalización, la Unión Europea (EU) y fundamentalmente la Moneda Única, van borrando progresivamente las diferencias. La UE, a pesar de englobar bastantes elementos del Estado de bienestar, se ha construido fundamentalmente en materia económica sobre principios liberales y con unos parámetros en los que resulta casi imposible mantener una ideología socialdemócrata y mucho menos ponerla en práctica.

Ante esta nueva situación, la izquierda ha ido abandonando en buena medida la lucha social para refugiarse como quehacer propio en determinados objetivos que sin embargo son transversales: conseguir la igualdad objetiva entre hombres y mujeres, la protección de los derechos de los homosexuales y de los emigrantes, la lucha frente al cambio climático, incluso el animalismo, etc. En esa lista, al menos en España, se ha incorporado la defensa del nacionalismo, como si sus derechos fuesen los que están siendo atacados y no fuesen ellos los que agreden las libertades de todos los demás.

La tercera circunstancia consiste en la aparición de un aventurero llamado Pedro Sánchez, dispuesto a todo por conseguir el poder. Con los resultados del partido socialista más bajos de la historia, se propuso llegar a la presidencia del gobierno por el único sistema que le resultaba posible, saltándose todas las barreras y líneas rojas.

Estos tres acontecimientos han creado en España un escenario político nuevo basado en contradicciones y desequilibrios que progresivamente se va deteriorando y, a su vez, va consolidando una radical injusticia. Los votos cosechados entre los ciudadanos de unas Comunidades terminan beneficiando a los independentistas de otras, con el consiguiente menoscabo de los intereses de los primeros. Puede ocurrir que los ciudadanos de Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Madrid, etc.  contemplen que los votos que han dado al PSOE o a Sumar se emplean a favor de los independentistas vascos o catalanes y en su perjuicio.

Relata la historia que uno de los vicios más extendidos en el cristianismo durante la Edad Media era el de simonía, la compra de beneficios o cargos eclesiásticos. El nombre proviene de Los Hechos de los apóstoles en los que un personaje denominado Simón el Mago quedó tan impresionado por el poder taumatúrgico de San Pedro que deseó comprar tal facultad, y que fue condenado por el apóstol en estos términos: «¡Que tu dinero perezca contigo, ya que creíste que el don de Dios se podía comprar por dinero”.

Sánchez ha instaurado la simonía política, lleva desde el principio comprando el gobierno con todo tipo de mercedes, solo que paga con dinero ajeno, el dinero de todos los españoles, y con los bienes y derechos de los ciudadanos de todas las Autonomías. El hecho de que los recursos y los votos con los que se compra el gobierno Frankenstein provengan de toda España no hace a todo el país Frankenstein, tal como afirma el secretario general de CC. OO. ni responsable de la simonía ni de los abusos cometidos contra la democracia. Más bien los hace paganos a la fuerza de la fiesta. ¿Qué ocurriría si esos acuerdos se sometiesen a referéndum?

A la mayoría de los votantes del PSOE y de Sumar se les ha pedido el voto en clave de izquierdas-derechas: un gobierno del progreso frente a la involución, al retroceso, a la caverna. Pero en cuanto han pasado las elecciones el escenario ha cambiado. Todo el juego se centra en el precio que tendrá que pagar Sánchez a los independentistas para gobernar, precio que terminará sufragando el resto de los españoles.

Pensemos en un extremeño, un andaluz o un gallego que se creyó ese relato de que venía la reacción, y que le iban a despojar de todos sus derechos. En suma, que se retrocedería al franquismo -bien es verdad que la mayoría ni siquiera lo habrá conocido. Y en función de todo ello votó al bloque que se denominaba de progreso. Pero he aquí que comienza a ver que, una vez transcurridos los comicios, lo primero que se discute es si se condona la deuda de 70 mil millones de euros a una de las Comunidades más ricas de España, condonación que, lógicamente, se haría a costa de la totalidad de los españoles.

Asimismo, empieza a constatar que en las negociaciones se está tratando también la posibilidad de extrapolar a Cataluña el modelo del cupo aplicado al País Vasco, con lo que se dañaría gravemente la función redistributiva del Estado. Tal vez -y aparentemente con menos ambición, pero con resultados similares-, se plantea como alternativa un nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas basado en el axioma catalán de que “España nos roba”, y que en román paladino quiere decir acabemos con la solidaridad interterritorial, que las regiones pobres sean cada vez más pobres y las ricas cada vez más ricas.

Otros temas que se están mercadeando sotto voce quizás sean más abstractos para el extremeño o el castellanomanchego de nuestro ejemplo, pero no por eso son menos importantes. Se dé cuenta o no, está sobre el tablero si se les priva de un derecho básico: la soberanía sobre todo el territorio nacional (y de todo lo que conlleva de participación en la decisión democrática). Se cuestiona si esta va a quedar cercenada por los privilegios a determinadas Comunidades Autónomas.  También está en juego la igualdad en las posibilidades de empleo y si el idioma va a constituir una frontera infranqueable; o si el Estado (es decir, todos los españoles) pierde las competencias sobre los puertos, los aeropuertos, etc. Incluso si el Tribunal Supremo va a tener algo que decir en Cataluña.

Sánchez afirma que denunciar todo esto es enfrentar a los territorios entre sí, pero lo que en realidad pone a unas regiones contra otras es incrementar sus diferencias para conseguir el gobierno de la nación y para permanecer en él. Se habla continuamente de la desigualdad entre hombres y mujeres, pero habría que preguntarse si en España el mayor desnivel económico no se produce entre los que viven en una u otra Comunidad.

Hay muchas voces, acaso bien intencionadas, que arguyen que esto son peticiones del oyente y que después no se llevan a la práctica. La verdad es que decían lo mismo de los indultos, de la eliminación del delito de sedición y de la rebaja del de malversación, o de otras muchas actuaciones que parecían inverosímiles al principio; y también afirmaban que no se iban a realizar nunca y, sin embargo, después se han hecho realidad.

En la entrevista citada, Sordo asegura que los acuerdos se harán dentro de la legalidad y el Gobierno reitera que se respetará la Constitución. Pero la Constitución puede interpretarse de manera muy flexible (sobre todo cuando se cuenta con un Tribunal Constitucional colonizado y a la medida), y las leyes se pueden cambiar. ¿Qué pensaría el secretario general de Comisiones si, por ejemplo, se aprobase un tipo único para el IRPF desarmando al gravamen de toda progresividad y privándole de su carácter redistributivo? Sería legal, al igual que sería legal si el Gobierno y las Cortes eliminasen el seguro de desempleo. Pero por ello no dejaría de ser una iniquidad.

Muchas actuaciones, medidas o hechos son injustos, abusivos o despóticos, y en bastantes casos constituyen un claro fraude, aunque no contradigan directamente la Constitución y las leyes. El diccionario de la Real Academia establece como primera acepción de fraude: “Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete“. No habla para nada de Constitución ni de leyes. ¿Acaso no se pueden calificar de fraude electoral los acuerdos que va a firmar Sánchez? Perjudican a casi todos los que le han ofrecido el voto, voto que se les ha pedido recurriendo al eje izquierda-derecha y ahora los utiliza en beneficio de los independentistas para comprar su permanencia en el gobierno.

república.com 17-8-2023



¿QUÉ SERÍA DE SÁNCHEZ SIN VOX?

PARTIDOS POLÍTICOS, PSOE Posted on Lun, agosto 14, 2023 09:42:13

Si no existiese Vox, Sánchez debería haberlo inventado, del mismo modo que ha forjado Sumar. Gracias a Vox es presidente del Gobierno y parece que gracias a Vox, y a pesar de su última declaración, va a continuar siéndolo. Todo extremismo es malo; todo fanatismo, nefasto. El maximalismo, sea del signo que sea, suele conducir a resultados contrarios a los que se buscan. El origen de Vox se encuentra en el PP, en la parte más montaraz del Partido Popular que, frente al sectarismo de Zapatero, querían la revancha. Consideraban que la política de Rajoy, basada en buena medida en la moderación y el centrismo, no saciaba sus ansias de desquite.

El semillero se encuentra también en unos periodistas o unos medios de comunicación que, acostumbrados a mandar y a mangonear en el PP con Aznar, ante la postura más digna e independiente de Rajoy se confabularon para criticarle y llamarle Maricomplejines. El caldo de cultivo en el que nació Vox se halla igualmente en el propio Aznar, que no supo mantenerse en su sitio e interfirió más de lo debido en el partido tras dejar de ser su presidente. Sirvió siempre de contrapunto a la política de Rajoy, y se esforzó por hacer notar que en buena medida era su dedo el que le había designado como presidente del partido y que, como consecuencia de ello, le correspondía el papel de reina madre.

En el sector más reaccionario del PP ha pervivido la nostalgia de la etapa de Aznar, lo que no deja de ser curioso porque, en mi opinión, en ese periodo se conformaron gobiernos bastante nefastos, aun cuando se juzguen desde una óptica conservadora. Las cesiones de Aznar a los nacionalistas en la primera legislatura -principalmente a CiU en el pacto del Majestic-, tras hablar catalán en la intimidad, fueron de lo más humillantes y dañinos para el Estado. Baste citar las transferencias realizadas a las comunidades en materia fiscal con autonomía normativa incluida. Se introdujeron en los territorios españoles los mismos defectos de dumping fiscal que la Unión Europea había creado entre los países miembros.

Aznar nos incorporó a la Unión Monetaria con las graves taras y desequilibrios que ha comportado y continúa comportando para la economía española. No hay, ciertamente, espacio para extenderse en este punto. Digamos tan solo que todos aquellos que se han esforzado en exaltar los muchos beneficios que para España ha tenido la pertenencia a la moneda única deberían echar un vistazo a la marcha de la economía polaca, que ha permanecido fuera del euro y no parece existir entre sus ciudadanos y mandatarios demasiado interés por entrar.

Las apariencias a menudo son distintas de la realidad. Esto se cumple casi siempre en el ámbito social y político en el que el poder del relato de los medios de comunicación es tan importante, y no digamos en el área económica en la que los resultados quizá solo se vean muchos años después. El memorable eslogan de que “España va bien” ocultaba en su fondo un agujero negro: la enorme tara de que el crecimiento de todos estos años era a crédito, es decir, con préstamos del exterior.

Aznar en 1996 heredó una economía bastante saneada. Las cuatro devaluaciones de los últimos años (tres Solchaga y una Solbes) habían corregido los desequilibrios creados por nuestra pertenencia al Sistema Monetario Europeo. La progresiva generación de un elevado diferencial de inflación con respecto a otros países, principalmente con Alemania, generaron de nuevo esos desequilibrios: déficits en nuestra balanza por cuenta corriente, con el consiguiente endeudamiento en el exterior. La diferencia era que a partir del año 2000 ya no era posible la devaluación, el euro lo impedía.

Esta misma política desafortunada fue seguida por Zapatero, que también se jactaba de que nuestra renta per cápita había superado a la italiana, sin considerar que el edificio estaba basado en un equilibrio totalmente inestable y que se derrumbaría, como así ocurrió en 2007 con la llegada de la crisis. Se habla de esta crisis como si fuera única, aunque tal vez lo único común en todos los países fuera el detonante, que provocó el miedo en los mercados.  Sin embargo cada país tenía sus propios desequilibrios. En Grecia, el déficit y el endeudamiento público; en nuestro país, el déficit y el endeudamiento exterior de carácter privado.

Si he hecho este inciso tan largo es porque me parecía importante dejar clara la herencia envenenada que recibió Rajoy. No digo que no cometiese errores. En mis artículos semanales, durante sus seis años en el poder critiqué frecuentemente las medidas que el gobierno tomaba, pero eso no obsta para reconocer la difícil encrucijada que heredó tanto en el ámbito económico como en el territorial, y que si Zapatero hubiese seguido gobernando el resultado habría sido bastante más adverso; y lo que incluso es más relevante, que el Ejecutivo que le ha sucedido ha sido peor. En este último caso no podemos hablar de un gobierno de progreso sino de un gobierno de, incompetentes, prepotentes e independentistas, que dejarán hipotecada la economía española para mucho tiempo. La valoración no se puede hacer en términos de izquierdas o derechas -cuya diferenciación dentro de la Unión Europea es bastante reducida-, sino de legalidad, democracia e idoneidad.

Mal negocio se hicieron a sí mismos los que desde el partido popular se dedicaron a desgastar a Rajoy. El primer efecto negativo para ellos fue la constitución de un nuevo partido a la derecha del PP (precisamente en el que ahora militan la mayoría de los críticos), que dividió el voto conservador. Ciertamente las figuras más significativas de la contestación no dieron el salto a la hora de la verdad, pero sus actuaciones y manifestaciones incentivaron a que otros lo diesen. La aparición de una nueva formación política, Vox, sirvió también como plataforma para atraer a personas y asociaciones en posiciones más bien extremistas y que hasta entonces habían estado fuera de la política oficial.

El simple surgimiento de este nuevo partido origina, de acuerdo con la ley electoral, que el mismo número de votos se traduzca en un número menor de escaños. Ya en 2019, la suma de votos conseguidos por el PP, Ciudadanos y Vox fue de 10.354.337, más o menos igual que los que obtuvo Aznar en el año 2000, que le valieron la mayoría absoluta, y unos pocos menos que Rajoy en 2011 (10.867.344), con los que también consiguió mayoría absoluta y el gobierno. Pero, sin duda, la conclusión aparece de forma más clara en las elecciones celebradas recientemente el 23 de julio, en las que Ciudadanos no se presentó y la suma de votos logrados por PP y Vox alcanzó la cifra de 11.135. 584, superior a la obtenida por Aznar y Rajoy en el año 2000 y 2011, respectivamente.

Paradójicamente, la mera existencia de Vox va a permitir, por tanto, que continúe gobernando el PSOE. Si detrás de la constitución de Vox se encuentra la reacción de algunos frente a lo que ellos creían que era una postura permisiva de Rajoy con los separatistas, y más concretamente con el golpismo catalán, (la derechita cobarde) el resultado obtenido con el nuevo partido es precisamente el contrario, han hecho posible un gobierno Frankenstein, que se ha sostenido a base de chalaneos y concesiones soberanistas.

Pero la utilización que Sánchez ha hecho y quiere seguir haciendo de Vox va mucho más allá. Ha pretendido -y en parte lo ha logrado- que muchos ciudadanos vean a este partido como un monstruo que va a quitarles todos sus derechos civiles, políticos y económicos. Lo ha anatematizado e intenta que cualquier pacto que el PP pueda hacer con él aparezca como un atentado contra la democracia. No deja de tener gracia que esta consideración salga de aquellos que han negociado con golpistas condenados, herederos de terroristas y piensan hacerlo ahora con prófugos de la justicia y, lo que es peor, a los que han hecho todo tipo de concesiones. En los momentos actuales, mientras critican duramente los pactos del PP con Vox, el PSC está negociando y llegando a pactos con Esquerra y con los hombres de Puigdemont en todos los ayuntamientos catalanes, y Chivite llegará a presidenta de la Comunidad de Navarra mediante el acuerdo con Bildu.

Por muy mala opinión que se tenga de Vox, nadie puede decir de ellos que han dado un golpe de Estado o que defienden la violencia política, o que proponen de forma ilegal un cambio de la Constitución o que sus principales dirigentes están huidos de la justicia. No creo que sean fascistas, como tampoco considero comunistas a los miembros de Podemos por mucho que algunos de ellos se empeñen en calificarse de ese modo. Creo que hoy en día habría que salir con el farol de Diógenes de Sinope para poder encontrar de verdad un fascista o un comunista.

Pero dicho todo esto, lo cierto es que los dirigentes de Vox no han estado hasta el momento muy finos y que se lo han puesto bastante fácil a Sánchez. En mi opinión, uno de los defectos más llamativos de esta formación política se encuentra en la chulería de muchos de sus dirigentes, casi fanfarronería, que a menudo les hace antipáticos y siempre resulta contraproducente en campaña electoral. En estas elecciones ha habido múltiples anécdotas que Sánchez y su brigada mediática han sabido aprovechar adecuadamente.

No resulta demasiado político amenazar en medio de unos comicios con aplicar el artículo 155 a Cataluña. No hay porque dudar de que sea una medida constitucional y como tal perfectamente defendible, pero no parece que en estos momentos haya suficientes motivos ni sobre todo el consenso político preciso para que sea viable. Da la impresión de que se trata más bien de una balandronada que de otra cosa. De cualquier modo, no constituye creo yo una afirmación muy prudente en plena campaña electoral. Es posible que esta intimidación haya colaborado a los buenos resultados que tanto el PSOE como los Comunes han obtenido en Cataluña.

No existe ninguna razón para tildar de homófobos a los concejales de una corporación municipal por el hecho de que consideren inapropiado que la bandera LGTBI (al igual que cualquier otra que no sea oficial) ondee en un edificio público, ni es lógico afirmar que tal planteamiento viola los derechos de los homosexuales. Pero difícilmente puede extrañarnos que el sanchismo haya aprovechado la ocasión en plena campaña electoral. Quizás Vox lo debería haber tenido en cuenta.

Los sanchistas y su brigada mediática se esfuerzan en presentar a Vox como una amenaza contra las mujeres. Estar en contra de las listas cremallera o defender que a igual delito corresponda la misma pena no parece que represente un ataque al género femenino. Son opiniones tan respetables como las contrarias. Incluso hay muchas mujeres que defienden estos postulados. No obstante, lo que sí es cierto es que Vox hace de ello un problema casi metafísico, con lo que ayuda al relato tendencioso de Sánchez. Se pierde en un debate nominalista acerca de si se trata de violencia de género o violencia doméstica, en lugar de reducirlo a una cuestión de derecho penal.

Estos hechos y otros parecidos han dado ocasión a que, exagerándolos, el sanchismo haya elaborado acerca de Vox una leyenda negra. Al margen de que esta formación defienda posiciones más o menos equivocadas, no es desde luego razonable que se la quiera comparar con los defensores del terrorismo, con los golpistas o con los prófugos de la justicia. Sin embargo, Vox no ha hecho nada para combatir esta campaña de desprestigio. Parece más bien indicar que se sienten a gusto con el papel que se les estaba asignando. Han tendido a plantear de forma provocadora los problemas más polémicos. Sus dirigentes a menudo han actuado se diría que satisfechos, como enfants terribles. Da la impresión de que se sentían orgullosos de ello.

Esa estrategia de desacreditar al partido popular a través de la demonización de Vox ha estado presente también, qué duda cabe, a la hora de fijar la fecha de las elecciones generales. El pasado 1 de junio, tan solo dos días después de que fuesen convocadas por Sánchez, escribí un artículo en este diario digital en el que incluía entre las razones por las que creía yo que se había escogido una fecha tan extraña y atípica la de embarrar la campaña electoral haciéndola coincidir con la constitución de los gobiernos de las autonomías y ayuntamientos y, por tanto, con los pactos inevitables del PP con Vox.

Se pensaba que serviría para ahondar en el relato de que el PP está unido ineludiblemente a Vox, al tiempo que se anatematizaba más y más a este último. La cosa podría haber sido muy distinta si se hubiese esperado a diciembre para convocar elecciones, ya que la sociedad española hubiera podido comprobar quizás que no ocurría nada grave por el hecho de que el PP gobernase en algunos sitios mediante acuerdos con Vox.

Lo que no podía suponer yo entonces es que la jugada le saliese tan bien a Sánchez, debido precisamente a la colaboración de Vox, que ha entablado las negociaciones en las comunidades de una manera en extremo montaraz y tozuda. Pero para hablar más extensamente de estos pactos necesitaríamos como mínimo otro artículo. Quizás en el futuro.

republica.com 10-8-2923



« AnteriorSiguiente »